Argoños: Ordenan el inicio del derribo de quince viviendas de Las Llamas

ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander ha dado un plazo de quince días al alcalde de Argoños, Juan José Barretabueña (PP), para que inicie el derribo de quince viviendas de la urbanización Las Llamas I que tienen sentencias firmes de demolición. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Santander advierte al alcalde de que si en quince días no ha iniciado los trámites necesarios para ejecutar la orden y empezar el derribo material de las casas podría ser castigado con una multa de entre 300 y 1.500 euros.

El Juzgado de lo Contencioso ha emitido tres autos referidos a quince casas de las dieciséis que componen la urbanización Las Llamas I, que fue recurrida por la asociación ecologista ARCA en un proceso que concluyó con una primera orden de derribo en diciembre de 2002.
Dos de esos autos afectan cada uno de ellos a una vivienda, y un tercero se refiere a otras trece. Y ha habido ya otra resolución judicial que se ha pronunciado en los mismos términos sobre la otra casa que se integra en la urbanización, según ha informado la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Los autos destacan que la dilación en la ejecución de las órdenes de derribo de las casas es "extremada" y ordena al Ayuntamiento de Argoños que comience a ejecutar el derribo en el plazo de quince días.
En caso de que no comiencen a ejecutarse esos trabajos de demolición en el tiempo que se ha fijado, se impondrán al alcalde multas coercitivas de entre 300 y 1.500 euros, que se reiterarán en el plazo de veinte días hasta que la ejecución del fallo se complete.
Estas resoluciones del Juzgado de lo Contencioso se pueden recurrir ante ese mismo órgano en el plazo de cinco días.
En un comunicado de prensa, AMA, colectivo que agrupa a gran parte de los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria , ha lamentado la situación de los propietarios de las casas de Las Llamas I, que tuvieron "todos los permisos habidos y por haber".
Esta asociación ha pedido al presidente de Cantabria , Miguel Ángel Revilla, que facilite una solución a los afectados por las órdenes judiciales de derribo.
"No puede seguir sin asumir su cuota de responsabilidad", señala este colectivo, que recuerda que Revilla ha sido consejero de Urbanismo en varias legislaturas antes de ser presidente del Gobierno.
Para AMA, ésta "parece una historia sin final de un maltrato continuado de familias inocentes".
"En este caso, podemos decir tres mazazos, tres autos de derribo, que se sienten como puñaladas en la moral de todos los afectados", destaca AMA, que incide en que dieciséis familias "ven su vida alterada" y "notan la presión de la Justicia", a pesar de que no han cometido ningún hecho ilícito.
Este colectivo cree que esta situación es "vergonzosa" y advierte de que no deben esperar los derribos "sin oír gritos de rabia, de incomprensión, de injusticia". "Nos están enterrando junto con nuestras viviendas", agrega.





* El Diario Montañés - 4.05.10
Foto: Urbanización Las Llamas I, en Argoños, con sentencia de derribo./ DM

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Marbella: La mano derecha de Roca en Urbanismo firmó informes hasta el pasado marzo

SUR/Málaga* : Durante buena parte de la denominada 'era GIL' fue la encargada de advertir a los concejales sobre las licencias urbanísticas que debían ser aprobadas, según han relatado los concejales protagonistas de aquellas comisiones de gobierno. Su poder, según los ex ediles, emanaba del principal procesado del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, de quien era su mano derecha en Urbanismo. Su mensajera en dichas comisiones de gobierno. La abogada Raquel Escobar también era la responsable de los informes jurídicos que otorgaban la bendición de las licencias.

Unos informes jurídicos que la letrada ha seguido firmando hasta pocos días antes de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avalara su despido el pasado abril. Eso sí, lejos de Urbanismo. En Bienestar Social y en Comercio y Vía Pública. «Su trabajo como técnico era hacer informes», sostiene el coordinador de Personal, Carlos Rubio, que defiende la decisión del equipo de Gobierno del PP que Escobar siguiera emitiendo dictámenes jurídicos hasta que se resolviera su situación laboral y «siempre que no fuera en Urbanismo».
Un último dictamen
En su puesto como técnico de la delegación municipal de Comercio y Vía Pública la abogada emitía el pasado 30 de marzo el informe jurídico a las alegaciones formuladas por IU a la nueva ordenanza sobre protección de espacios públicos. En el dictamen, al que ha tenido acceso SUR, Escobar desestimaba todas ellas, decisión respaldada por la asesoría jurídica del Ayuntamiento.
La letrada fue despedida por primera vez por el Ejecutivo local en noviembre de 2007, junto a otra serie de trabajadores vinculados al GIL cuyas nóminas suponían un coste anual para el Ayuntamiento de casi 611.000 euros. Un ahorro que el Gobierno municipal cifra en cerca de 4 millones de euros al sumar los 72 despidos acometidos en los tres últimos años.
La resolución sobre Escobar no prosperó en los tribunales, que dieron la razón a la ex colaboradora de Roca en las dos ocasiones en las que el Ayuntamiento la despidió. Las sentencias obligaron a readmitirla. El TSJA, sin embargo, sí declaró justificado el despido con motivo de la amortización de su plaza por razones económicas el pasado abril.
El sueldo de la abogada alcanzaba los 4.998,06 euros al mes, por lo que la extinción de la relación contractual supone un ahorro de casi 60.000 euros anuales a las arcas municipales. Eso sí, la ex asesora jurídica no se marcha con las manos vacías. Percibirá, según la resolución judicial, más de 32.000 euros en concepto de indemnización y salarios por falta de preaviso en el cese.





* SUR - 4.05.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Zaragoza: El Abogado del Estado estima que las presiones a Urbanismo tuvieron éxito

ELPERIÓDICO* : El Abogado del Estado sostiene que un ejecutivo de Construcciones Sagain imputado en la Operación Molinos, Patxi Aramburu, "trató de influir sobre diversos miembros" de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) de Zaragoza "hasta conseguir que, pocos meses después, sin haber variado sustancialmente las circunstancias, por la misma se modificara el criterio y se adoptara la decisión de aprobación" de la sexta fase del polígono industrial Centrovía, denegada en julio del 2008.

La Abogacía del Estado incluye esta afirmación en el escrito por el que pide a la Audiencia Provincial de Zaragoza que ratifique el auto con el que el juez de La Almunia desestimó la petición de archivo de las actuaciones formulada por la defensa de Aramburu. En esa resolución, el instructor de la Operación Molinos señalaba que la CPOT "cambió el criterio que mantenía" y adoptó "una nueva decisión completamente diferente" sobre la sexta fase de Centrovía "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias" que le llevaron a establecer el criterio inicial.

Esa afirmación del magistrado llevó al abogado del ejecutivo, Antxón Masse, a indicar, en su recurso de apelación, que "la grave acusación que se hace" contra los miembros de la CPOT "requiere imperativamente que todos y cada unos sean llamados como imputados en la causa junto con el señor Aramburu y por los mismos contactos que se dicen en la resolución". Los únicos integrantes de ese órgano encartados en la Operación Molinos son el exjefe de la ponencia técnica, Carlos Martín Rafecas, y la propia alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla. Masse se refiere a resto como "influidos´ e inimputables".

ADHESIÓN El escrito del Abogado del Estado, a cuyo contenido se ha adherido la Fiscalía, señala que las intervenciones telefónicas efectuadas por la Policía durante la primera fase de la investigación ponen en "evidencia" que Aramburu "mantuvo numerosos contactos con representantes y responsables del Ayuntamiento de La Muela y con miembros de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio" de Zaragoza, "con posterioridad" a la denegación inicial del permiso para la sexta fase de Centrovía.

En este sentido, la Abogacía del Estado, considera que "existen, pues, indicios probados de la concurrencia de un posible delito de tráfico de influencias imputable al señor Aramburu" y que este habría cometido "en unos casos directamente y en otros a través de terceros como la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y el arquitecto municipal", Francisco Núñez.

Así, pide al instructor de la Operación Molinos que remita a la Audiencia Provincial, entre otras partes del sumario, "las diligencias a través de las cuales el señor Aramburu presionó a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza para la aprobación del plan parcial de la sexta fase del polígono Centrovía".





* El Periódico Aragón - 5.05.10
Foto: La Muela (Zaragoza), Parque_eolico - elpais.com

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Córdoba: La Fiscalía solicita la demolición de un chalé y una piscina construidas en plena Sierra

ELDÍA* : Un vecino de la parcelación Montón de la Sierra, en plena Sierra Morena, se sentará próximamente en el banquillo de los acusados por un presunto delito urbanístico por el que la Fiscalía Provincial de Córdoba solicita tres años de cárcel y el derribo de la construcción. Según el relato provisional del Ministerio Público, a lo largo de 2008 el imputado -cuya identidad responde a las iniciales R. P. P.- procedió a la edificación de una casa de unos 80 metros cuadrados y una piscina anejas aproximadamente en un terreno de su propiedad "sin solicitar licencia o autorización alguna".


El fiscal insiste en que el chalé no es autorizable conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos vigentes, ya que el suelo sobre el que se levanta está clasificado como "no urbanizable" y se encuentra protegido.

Según el relato del Ministerio Público, la Gerencia de Urbanismo ordenó el 19 de febrero del año pasado la "inmediata suspensión de las obras" y el precinto de la actividad ilegal, pero el 13 de abril los agentes de la Policía Local comprobaron que la construcción no se había suspendido y que el inmueble se encontraba "prácticamente concluido", por lo que la Fiscalía también acusa al parcelista de un delito de desobediencia.

En los últimos dos años, la provincia ha registrado los primeros derribos de viviendas ilegales por orden judicial. En el término municipal de Córdoba, el Juzgado de lo Penal número 4 ordenó la primera demolición de un chalé en Las Pitas, próximo al yacimiento arqueológico de Medina Azahara, en el mes de marzo de 2008.

La resolución consideró probado que los acusados iniciaron en septiembre de 2006 la construcción de una casa junto a la ciudad palatina, "a pesar de tener conocimiento de que esta zona está protegida y sin solicitar licencia de obras ni autorización a la Junta de Andalucía". Los inculpados levantaron una vivienda de una planta de 17 metros de fachada por 12 de lateral.





* El Día de Córdoba - 4.05.10
Foto: Una excavadora tira una vivienda en el cerro de San Cristóbal. - eldiadecordoba.es

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Xicola, ‘rey del ladrillo’, arrastra cientos de denuncias del Fisco, empleados y proveedores

ELCONFIDENCIAL* : El que pretendía ser el nuevo rey del ladrillo, Josep Xicola, tiene cientos de expedientes abiertos en Hacienda, la Seguridad Social, Ayuntamientos y juzgados de lo social y lo civil. Xicola, que el pasado viernes fue detenido por los Mossos d’Esquadra en una vivienda de lujo de la costa barcelonesa, controlaba unas cincuenta empresas, de las que una treintena arrastran deudas millonarias. La Policía Autonómica catalana, que le seguía los pasos desde hace meses, sospecha que la red que había creado Xicola ha logrado estafar más de 25 millones de euros.

La perla del imperio de Xicola era Fincas Corral, la gran inmobiliaria que compró a mediados del año 2008. Y es ahí donde se concentra la mayor parte de la deuda. Según datos a los que ha tenido acceso El Confidencial, esta compañía tiene 82 expedientes abiertos en Hacienda, 275 expedientes en la Seguridad Social (a la que debe más de 717.000 euros) y denuncias por deudas de 13,5 millones de euros. Otra empresa filial, Fincas Corral Informática, tiene también media docena de expedientes en el fisco, nueve en la Seguridad Social y arrastra deudas por casi 200.000 euros en los juzgados. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, cuando Xicola se hizo con la inmobiliaria, las deudas reconocidas eran de sólo 11,4 millones de euros.

Otra empresa de Xicola, Análisis Desarrollo y Gestión Empresarial, debe más de 440.000 euros a proveedores y trabajadores, además de tener dos embargos del Ayuntamiento de Lérida. Esta sociedad, dedicada a la comercialización de productos dietéticos y farmacéuticos, tiene su sede en el domicilio particular del empresario, ubicado en la selecta localidad costera de Cabrils. La firma fue la utilizada para hacerse con Fincas Corral, por lo que amplió su objeto social a la promoción inmobiliaria.

La red del empresario catalán se ramifica en compañías de todo tipo, eminentemente inmobiliarias, pero también aseguradoras, consultoras o de otra índole. Gestincor Consultores, por ejemplo, dedicada al asesoramiento financiero, jurídico, contable, fiscal, además de funcionar como agente de propiedad inmobiliaria, debe a la Seguridad Social 57.000 euros, y tiene 13 expedientes del fisco y denuncias en los juzgados por deudas de 270.000 euros. Y Karalia Gestión Inmobiliaria, controlada por Análisis Desarrollo y Gestión Empresarial, debe más de 253.000 euros.

Se trata, en resumen de una larga lista de compañías que, en mayor o menor medida, acumulan denuncias en los juzgados de lo civil, de lo social o que tienen sanciones e Hacienda, de la Seguridad Social o de Ayuntamientos de toda España. Bodegas del Norte de Granada, por ejemplo, tiene seis expedientes abiertos en la Agencia Tributaria, seis en la Seguridad Social y denuncias de trabajadores y proveedores.

Una red de confianza

Para realizar las operaciones financieras, Xicola se valía de algunas personas de confianza. Su estrategia consistía en quedarse con compañías en crisis. A cambio de exonerar de todas las cargas -laborales, financieras, legales, etcétera,- a sus propietarios, compraba las sociedades a un precio simbólico, pero pedía a cambio un 3% en efectivo del total de las deudas de la compañía. Ese dinero pasaba automáticamente a engrosar su patrimonio. Luego, liquidaba los activos de la compañía evitando pagar a proveedores y empleados, levantando el vuelo y desapareciendo de escena. Mediante esta técnica, se hizo un patrimonio considerable que incluía un Ferrari, un Mercedes descapotable y un todoterreno de lujo, además del inmenso chalet de Cabrils.

Una de las personas de confianza de Xicola, Francisca María Flores, de 40 años, que también ha sido detenida, había asumido responsabilidades en algunas de las sociedades que el avispado empresario había comprado, como broker de Financiación Hipotecaria, la propia Fincas Corral, Gestincor Consultora o Patrimonio Inmobiliario Empresarial.

Esta semana, tendrán que declarar ante la Policía dos ex empleados más de Xicola: Joan Batalla Juanola, el broker catalán de 30 años que pretendía comprar Air Comet hace pocas semanas, y Mayra Daga, de 26 años. Todos jóvenes y todos ambiciosos. Pero se da la circunstancia de que tanto Batalla como Daga denunciaron a Xicola por no pagarles los salarios tras la aventura fallida de Fincas Corral. Es más: en algunos círculos financieros se afirma que el empresario tiene inmejorables relaciones con la cúpula de Viajes Marsans y que, por eso, se frustró la operación de venta de Air Comet al fondo luxemburgués que representaba Batalla Juanola. Desde el entorno de éste se duda de tal interés, aunque se admite que Xicola podía estar planeando la compra de la aerolínea de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. De momento, esta empresa no será para nadie. Bastante tiene Xicola con meditar sobre cómo salir de la cárcel.





* El Confidencial - 4.05.10
Foto: Una sucursal de Fincas Corral. - elconfidencial.com

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´El urbanismo ha ido en la Costa del Sol como un caballo desbocado´

LAOPINIÓN/Málaga/Entrevista* : Juan López de Uralde, el director de Greenpeace España, se ha convertido en una persona conocida internacionalmente por una protesta en Copenhague por la que fue detenido. Ahora es el símbolo de la lucha contra el cambio climático. Ayer inauguró con una conferencia la Campaña de Concienciación Ciudadana contra el Cambio Climático organizada por el Área de Medio Ambiente de la Diputación.

–¿Qué desea transmitir?
–De alguna forma nosotros, a raíz de la cumbre de Copenhague, percibimos que es imprescindible aumentar la concienciación ciudadana sobre el cambio climático. Vimos que si esperamos a que los líderes desde arriba cambien las cosas, éstas no van a cambiar. La presión tiene que venir desde abajo. Me parece encomiable que haya una institución que se implique de este modo con esta campaña y me parece un ejemplo para otras.

–¿Qué le diría a la población?
–Que realmente hay cosas que no porque no se vean dejan de ser graves. El cambio climático a lo mejor no lo estamos viendo de forma tan clara como el vertido de petróleo en el golfo de México pero es exactamente lo mismo. El cambio climático es una tubería de petróleo saliendo sin control que está afectando al clima de la tierra. Al igual que en el golfo de México tenemos que parar ese grifo de petróleo, en el cambio climático tenemos que parar el grifo de dióxido de carbono si queremos salvar la tierra.

–¿Qué reflexión realiza sobre ese vertido de México?
–Ha puesto en evidencia muchas cosas. BP (British Petroleum) había dicho que era imposible que ocurriera un accidente así y ha ocurrido. También vemos cómo la capacidad de influencia de estos lobbies sobre el poder político es tan importante que ha llevado incluso a Obama a abrir nuevas zonas de la costa de Estados Unidos a la explotación petrolífera y, por lo tanto, nos demuestra hasta que punto los intereses de las grandes corporaciones son las que dominan la agenda del planeta y son las que hacen tan difícil que se ponga freno al cambio climático. El poder político de alguna manera se está sometiendo a estas grandes corporaciones.

–¿Qué conclusión extrae del episodio de Copenhague?
–Todavía no ha terminado, estoy a la espera de juicio y de sentencia, pero la verdad es que estoy orgulloso de lo que hicimos. Con esa acción conseguimos una repercusión mundial que hoy en día es muy difícil de lograr y pienso además que muchos millones de personas se sintieron identificados con lo que hicimos. De alguna forma fue la respuesta ciudadana ante un nuevo fracaso de los grandes gobiernos. Se expresó de forma pacífica una protesta por el enésimo fracaso de una gran cumbre.

–¿Qué espera de esa sentencia?
–Espero que los jueces entiendan que se hizo una protesta pacífica para denunciar un delito mucho mayor que es el delito de destrucción de la tierra y que los que están cometiendo ese delito una y otra vez salen impunes. Espero que alguna vez no se encarcele a los que defendemos el medio ambiente sino a los que lo destruyen.

–¿Cómo ve la Costa del Sol?
–La Costa del Sol está prácticamente toda construida. Es una parte de la costa española donde el urbanismo ha ido como un caballo desbocado, cubriéndolo todo y ocupándolo todo.

–¿Qué se debería hacer?
–Lo que se debería hacer es en primer lugar preservar lo poco que queda de la costa. Me llama la atención que todavía se hable de proyectos urbanísticos. En segundo lugar, cumplir las sentencias judiciales, es decir, aquello que es ilegal no debería seguir en pie. Y, en tercer lugar, acometer los planes urbanísticos en función del territorio y no de los intereses económicos. Hay un tema clave que nadie se atreve a acometer y decir que es el cambio del modelo de financiación municipal para que no dependan del urbanismo sino que puedan tener su propia financiación procedente de los presupuestos generales.

–¿Por qué abandera esta lucha del cambio climático?
–Creo que es el principal problema al que se enfrenta el planeta y como es invisible da la sensación de que no existe. Es una cuestión fundamental, no tenemos planeta B al que irnos y circunstancialmente los hechos me han convertido en el mensajero. Me han llegado a llamar el preso del clima.





* La Opinión Málaga - 5.05.10
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)

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