Para la Plataforma por una Vivienda Digna*, la reforma debería incluir medidas como la limitación de cuantías y plazos de las hipotecas y el aumento de la información que debe dar el banco sobre un préstamo. Según la plataforma, sería un grave error subvencionar la subida de tipos de interés.
El Congreso de los Diputados, y más concretamente su Comisión de Economía y Hacienda, se encuentra actualmente tramitando el proyecto de reforma de la ley hipotecaria. Después de analizar dicho proyecto y las distintas enmiendas, desde la Plataforma por una Vivienda Digna encontramos que el texto se ha redactado a la medida de las entidades financieras, pasando por alto varios problemas graves de la sociedad española y que, en su conjunto, es inaceptable para alcanzar el objetivo de una vivienda asequible y digna para todos los ciudadanos.
La vivienda es una necesidad vital y en los últimos años, las características del mercado en España, con posibilidades de alquiler escasas y unas políticas de vivienda nefastas, han propiciado que muchos ciudadanos se hipotequen hasta el máximo que pueden pagar y en algunos casos más allá: hasta el máximo que una entidad financiera ha estado dispuesta a prestarle.
Esta cota ha superado para muchas familias lo razonable debido a varios factores, desde el hecho de que el inmueble es tasado al alza por una sociedad de tasación controlada por el banco (la mayoría de las tasadoras lo están), hasta la falta de información sobre la posible evolución de los tipos, pasando por una excesiva generosidad en las cuantías y plazos de las hipotecas.
En un escenario de crecimiento de los tipos de interés como el actual, las familias o los jóvenes que siguen endeudándose al máximo se convierten en auténticos “kamikazes hipotecarios”, con una alta probabilidad de impagos y desahucios en unos años.
Pero la generosidad interesada de los bancos a la hora de conceder créditos no sólo ha disparado el endeudamiento, sino que ha contribuido a la subida de precios, ya que a mayores posibilidades de financiación más fácil es que un ciudadano acepte el precio que se le pide, incluso a sabiendas de que está inflado. Recordemos la frase, acuñada por un conocido profesor universitario en una entrevista radiofónica: “las viviendas no cuestan lo que valen, cuestan lo máximo que la gente puede pagar por ellas”. Así, no es de extrañar que hoy un piso en el ensanche de Vallecas, en las afueras de Madrid, cueste casi el doble que uno similar en el centro de Berlín.
Aunque nos parece positiva la inclusión en el proyecto de medidas que buscan una mayor independencia de las tasadoras, para la PVD el texto llevado al Congreso es, sencillamente, inaceptable, ya que no encara los asuntos fundamentales. Entre éstos, algunos urgentes como el sobreendeudamiento, que puede convertirse en uno de los principales problemas sociales de nuestro país a corto plazo.
Limitación de cuantía y plazos de los créditos hipotecarios
Por estas razones demandamos a los legisladores y a los grupos con representación en el Parlamento que, en la nueva ley hipotecaria, se tengan en cuenta las enmiendas relativas a la limitación de la cuantía de los créditos, recordando que este tipo de medidas se aplican en otros países europeos como Francia y garantizan así, que nadie pueda hipotecarse más allá de sus posibilidades. Eso sí, esta medida no puede venir sola y ha de venir acompañada de una verdadera política de vivienda y fiscal enfocada hacia el alojamiento directo de los más necesitados y no en el fomento de la cultura de la propiedad como la actual.
Desde la Plataforma instamos también al gobierno y a la comisión económica del Congreso a limitar los crecientes plazos de las hipotecas (que llegan ya a los 50 años), porque ayudan a la compra de viviendas con sobreprecio y son una de las causas del mantenimiento de la actual burbuja inmobiliaria. Aunque a primera vista el alargamiento de los plazos puede parecer una solución concreta para algunas personas, en un análisis más detenido perjudica gravemente al conjunto de la sociedad y dificulta el acceso a la vivienda de los jóvenes (y de muchos no tan jóvenes) y de las generaciones futuras, apuntalando un modelo no sostenible.
Obligación de información previa en la contratación de hipotecas
El mayor riesgo de impago que existe actualmente por la subida de los tipos de referencia se debe a que muchos compradores de vivienda firmaron su hipoteca con una escasísima información. Desde la Plataforma demandamos a los legisladores que están actualmente revisando la ley hipotecaria que las entidades financieras tengan la obligación de ampliar la información que ofrecen sobre el crédito. Además de los datos del préstamo, el cliente debe saber, como mínimo, en qué situación están los tipos de interés con respecto a series históricas, y cómo afectarían a la cuota diferentes tipos de interés que puedan darse en el futuro.
No a las subvenciones a la compra
Reclamamos también que no prosperen aquellas enmiendas destinadas a paliar con subvenciones directas las sucesivas subidas de los tipos de interés. Esto sería ahondar aún más en el profundo error de subvencionar la propiedad de la vivienda y existen fórmulas mucho más razonables para ayudar a las familias que se han visto sorprendidas por este cambio de escenario económico. Estas ayudas, de materializarse, irían a parar en realidad a las entidades financieras. Nos parece un escándalo siquiera plantear que el dinero público se emplee para subvencionar, aunque sea indirectamente, a uno de los sectores económicos más beneficiados con la situación actual.
Control de la refinanciación
También nos merece especial atención que el anteproyecto incluya escasas medidas para el control de las empresas de refinanciación y las emisoras de créditos de alto riesgo, hipotecas con carencia, etc. Este tipo de empresas están provocando verdaderos dramas familiares en otros países occidentales y con ese ejemplo se debería legislar en este.
Reforma inútil e inaceptable
Estamos de acuerdo en que debe modificarse la ley hipotecaria, pero llama poderosamente la atención que se ponga en marcha precisamente ahora, en un cambio de ciclo del mercado. Nos parece de un descaro sin precedentes el que, con millones de jóvenes sin poder optar a una vivienda, millones de parejas que no pueden desarrollar su vida familiar al no poder optar a una vivienda mayor, y millones de familias al borde de la bancarrota, el grueso de la ley vaya dirigido a aumentar las garantías bancarias y a regular nuevos modelos como la hipoteca inversa, con la que las personas de avanzada edad pueden ceder su propiedad a cambio de una pensión vitalicia.
Aunque ayer hemos conocido la tardía intención del Gobierno de replantearse las desgravaciones fiscales y la hemos saludado positivamente a pesar de su inexplicable retraso, en el caso de este anteproyecto de Ley analizado, de ser aprobado tal y como está, se habrá perdido una oportunidad más de poner coto a los intereses especulativos que manejan el mercado de la vivienda en España y se habrá demostrado de nuevo hasta qué punto una gran parte de los políticos y legisladores de nuestro país, están al servicio de las grandes empresas, los bancos y los intereses inmobiliarios. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna exigimos los cambios en el proyecto reseñados anteriormente para elaborar una ley hipotecaria que piense en todos los ciudadanos, que sirva de instrumento a un mercado sostenible, y que ayude a avanzar hacia el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución para todas las generaciones.
Más información:
Contacto:
Correo-e: info@viviendadigna.org
Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
http://www.viviendadigna.org
* ANIA - 21/06/2007
La reforma de la ley hipotecaria es inaceptable, según " Vivienda Digna"
Contra la corrupción
ANTONIO PAPELL* : "El pasado martes, se producía la detención masiva de 18 constructores presuntamente vinculados a la trama de corrupción del municipio malagueño de Alhaurín el Grande. Antes de las elecciones del 27-M fueron detenidos el alcalde de la localidad y el concejal de Urbanismo, que están procesados y en libertad condicional bajo fianza; se difundió entonces una grabación en la que este último, condenado por cierto por maltrato psíquico a su ex pareja, exigía a un constructor 121.000 euros para no paralizar una obra de viviendas levantadas con una licencia irregular otorgada por decreto. Tras aquellas primeras detenciones, el alcalde en cuestión, perteneciente al PP (es irrelevante su filiación política, como resulta obvio, pero hay que especificarla para entender la trama), afirmó en declaraciones ampliamente difundidas no sólo su inocencia sino su convicción de que era víctima de una persecución política.
El juez y el fiscal estaban, pues, prevaricando porque «en la república de Zapatero» las personas honradas van a la cárcel y los etarras salen a la calle. Aquellas manifestaciones manipuladoras surtieron efecto puesto que la lista del alcalde consiguió el pasado 27-M el 55,9% de los sufragios de los electores, víctimas de una especie de síndrome de Estocolmo semejante al que padecían los votantes de Gil en Marbella. Ha hecho estragos aquella malsana teoría que consideraba inocua y aun beneficiosa la delincuencia urbanística porque, supuestamente, no sólo enriquece a quienes la gestionan sino también a toda la sociedad.
Hay docenas de investigaciones semejantes en marcha en prácticamente todo el territorio español, por lo que el caso de Alhaurín es simplemente paradigmático; en él se han dado, según fuentes de la investigación, las dos fórmulas más habituales de corrupción: el desvío de las entregas de los constructores para equipamiento público a bolsillos particulares y el cobro de cantidades en metálico por el silencio municipal ante las construcciones irregulares. Delitos difíciles de detectar por una Justicia mal dotada y por una Fiscalía que trabaja generalmente en precario. En cualquier caso, es inimaginable que jueces y fiscales desempeñen sistemáticamente su labor al dictado del Gobierno o de algún interés de partido; ni siquiera es creíble que se produzcan casos aislados de prevaricación, que serían muy fáciles de detectar.
El suceso de Alhaurín y la reacción social que lo arropa forman un escenario preocupante, tanto porque todo indica que no se ha extirpado todavía la profunda corrupción que invade el urbanismo de este país en el ámbito municipal cuanto porque queda de manifiesto que la sociedad no se ha percatado de la envergadura de la grave infección.
* Diario de León - 23 de Junio de 2007
La Fiscalía lleva al juez al alcalde de San Miguel de Salinas por prevaricación
S.N.- El País/Alicante* : "La Fiscalía de Alicante ha remitido al juzgado una denuncia contra el alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez, del PP, y los ediles de la comisión de gobierno del anterior mandato por un supuesto delito de prevaricación derivado de la aprobación de un convenio urbanístico con los informes en contra de los técnicos de la corporación. El ministerio público "aprecia indicios de delitos" en la iniciativa. Sáez revalidó el cargo de alcalde el pasado 27 de mayo con mayoría absoluta. La denuncia fue presentada el 30 de abril por la asociación de vecinos San Miguel Arcángel tras la ratificación del acuerdo en el pleno.
En esa fecha, el Consistorio autorizó un convenio urbanístico con la mercantil Villamartín para urbanizar el sector denominado Entrenaranjos.
El proyecto contempla urbanizar un total de medio millón de metros cuadrados de suelo rústico, ubicados al sur del término. Sin embargo, el acuerdo contó los informes en contra de los técnicos municipales, en concreto del asesor de Urbanismo y el secretario de la corporación.
Los funcionarios mantienen que el plan parcial y su correspondiente recalificación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento pendiente de su aprobación definitiva.
* ELPAIS.com - 23/06/2007
Foto: La Vega baja no se Vende /nodo50.org
