,+dunas+zona+de+les+Deveses+-+diarioinformacion.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha desestimado un segundo recurso interpuesto contra el Plan Transitorio (PGT) de Dénia que protegió parte de los terrenos anteriormente urbanizables que existen en primera línea de playa de les Deveses, justo en el último tramo virgen de dunas que subsiste en el litoral norte.
Se trata de la segunda sentencia en poco más de un mes que hace referencia al mismo emplazamiento, una zona protegida por el valor ambiental y paisajístico al tratarse de las últimas dunas vírgenes de la costa de Dénia. En mayo este diario se hizo eco de otra sentencia del TSJ que anulaba la intención de una promotora de construir 31 apartamentos con parking y piscina en una parcela en la zona de Racons.
En esta ocasión, el TSJ frena la posibilidad de que un particular construya 124 apartamentos en un espacio que el anterior Plan General (anulado por el mismo tribunal) calificaba como suelo urbano de uso residencial. Sin embargo, con la entrada en vigor del Plan Transitorio, se modifica la consideración del suelo, pues incorpora el deslinde provisional aprobado por Costas, lo que se traduce en que parte de los terrenos pasan a ser de dominio marítimo terrestre.
Además, la zona queda incluida en el Catálogo de Zonas de Interés Botánico y Paisajístico, pues, según la sentencia, "se trata del único relicto del sistema dunar con una cohorte florística extensa y una estructuración fitosociológica bastante buena. En realidad debería considerarse la posibilidad de una protección incluso a escala supramunicipal".
El demandante destaca especialmente la "contradicción que existe entre la protección que se dispensa en la zona y el gasoducto que se proyecta". Cabe recordar que la empresa Enagás S. A. tiene previsto ubicar en les Deveses esta infraestructura.
En este punto, la sentencia es clara: "esa contradicción no es manifiesta, pues se desconoce la situación final de la tubería y, en consecuencia, si van a resultar finalmente alterados los 10.000 metros cuadrados que aproximadamente integran la zona de protección". De otra parte, las obras del gas "van enterradas y, acaso pudiera ser posible, la restauración de los valores ecológicos a proteger".
A estos fallos judiciales hay que sumar la medida cautelar del TSJ en les Marines al suspender el PGT en el litoral norte hasta que se resuelva el contencioso-administrativo que el Ayuntamiento de Dénia interpuso a la aprobación definitiva del documento.
En el PGT la Conselleria permitía acumular la edificabilidad en las parcelas que lindan con el dominio marítimo terrestre. Una decisión que a PSPV y Bloc no agradó. El gobierno local decidió acudir a los tribunales para frenar así la construcción en la zona.
Font (CU) y Llobell (GD) se reparten el área de Urbanismo
El nuevo gobierno pentapartito (PP, Gent de Dénia, Centre Unificat, PSD y el edil tránsfuga Juan Collado) cumple a medias el guión. Si el próximo día 7 de julio triunfa la moción de censura, este nuevo pacto se dotará de un organigrama que, en principio, parece cantado. El único concejal que parece que se sale del guión es Juan Sancho (PSD), quien suena para las concejalías de Educación y Cultura. El urbanismo, como en tiempos del pacto entre PSPV, PP y Gent de Dénia se reparte entre dos concejales. Pepa Font, la portavoz del Centre Unificat, se ocupará del área de Planeamiento Urbanístico, mientras que Miguel Llobell, de Gent de Dénia, se hará cargo de Disciplina Urbanística.
* Información - M. J. MASCARELL - 01 de julio de 2008
Foto: La zona de les Deveses aún conserva un sistema dunar vírgen - ernest weber, diarioinformacion.com
Otra sentencia frena la construcción en primera línea de les Marines
Empieza el juicio del caso Tótem con 18 imputados, entre ellos, el alcalde de Totana
,+juzgados+3+-+laverdad.es.jpg)
20MINUTOS/Murcia* : Un total de dieciocho personas, 15 de ellos imputados en el caso Tótem sobre presunta corrupción urbanística en Totana, comenzarán a declarar este martes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
Esta Sala investiga la presunta implicación del ex alcalde Juan Morales en la supuesta trama de cobro de comisiones para recalificar unos terrenos donde la empresa gallega Inmonuar, del grupo Nuaria, pretendía construir varios miles de viviendas.
La condición de diputado regional de Morales, y por tanto de aforado, obligó al TSJ a abrir una nueva vía judicial por el caso, además de la iniciada en Totana por la titular del juzgado número 1 Asunción Navarro, a raíz de las investigaciones realizadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El magistrado instructor de la causa en el TSJ Julián Pérez-Templado tomó declaración a Morales a primeros de abril y tras ello ahora ha llamado otras 17 personas, entre imputados y testigos para ampliar esta declaración.
Los imputados, uno a uno
Los imputados Joaquín Carmona Abellán, al que se relaciona con la empresa Nubia Inversiones en libertad bajo fianza de 24.000 euros, y Gabriel Martínez Navarro, gerente del grupo empresarial Maryper y que pagó 90.000 euros por su libertad tras sus primeras declaraciones, serán los primeros en comparecer el martes día 1 de julio.
A continuación están citados otros tres imputados, los hermanos Fulgencio y Juan Marín Bravo, empresarios, y José Antonio Alcántara Nicolás, relacionado con la empresa gallega Inmonuar y supuesto "intermediario", que debió abonar 24.000 euros como fianza.
Continuará con otros tres imputados, los hermanos Francisco y Domingo Sánchez Martínez, y la ciudadana brasileña Vaneide Freyta, compañera sentimental de Morales, así como el testigo Matías Navarro Lorente.
El calendario fijado indica que a continuación lo harán en calidad de imputados Emiliano Ovide Castillo, empresario y presunto intermediario con quien se entrevista en Albacete el alcalde Andreo; así como José Antonio Carrocera García, empleado en Madrid del grupo Nuaria; Pablo Maceira Galarza, responsable de Inmonuar y en libertad bajo fianza de 24.000 euros, así como el máximo responsable del grupo empresarial, el abogado Manuel Núñez Arias.
En la penúltima sesión de la agenda de declaraciones, prevista para el día 7 han sido llamados ante el magistrado el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, que salió de la cárcel después de mes y medio tras pagar 70.000 euros de fianza.
Asimismo deberán hacerlo Juan Francisco Casanova, empresario y ex concejal del PP de Totana (15.000 euros de fianza), como imputado, así como el peluquero Manuel Cánovas y su mujer Raquel Vigil López, en calidad de testigos.
El último llamado a comparecer será Juan Morales Cánovas, en libertad tras abonar 200.000 euros para eludir la prisión provisional.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 30.06.2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
Las empresas privadas retiran su dinero del plan de El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : El proyecto estrella de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se queda sin apoyo privado. Las 11 promotoras y constructoras que aceptaron en 2005 entrar como socias en la sociedad mixta que desarrollará el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal han decidido vender su participación y dar la espalda al proyecto.
En el consejo de Cabanyal 2010, SA, celebrado ayer, las empresas presentaron en bloque un documento en el que anuncian la "intención" de vender todas sus acciones, que suponen el 45% del capital social desembolsado. La mayoría, con un 55%, está en manos de la Generalitat -a través del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA)- y del Ayuntamiento de Valencia, representada por la empresa municipal Aumsa. Las administraciones públicas tendrán que prescindir así del soporte de la empresa privada para sacar adelante un plan que exige una inversión mínima de 240 millones de euros para pagar las expropiaciones de los propietarios de las 1.600 viviendas que serán derribadas para abrir la avenida y construir equipamientos y nuevos pisos.
El Ayuntamiento y la Generalitat tienen el derecho de compra preferente de las acciones, y ayer anunciaron que lo ejercerán. La decisión final solo está a expensas de que estudien la oferta de las constructoras, que piden por sus acciones un total de 7.875.000 euros -la misma cantidad que desembolsaron-, a los que se anadiría una compensación en concepto del IPC más un punto desde julio de 2005, cuando se constituyó Cabanyal 2010, SA. La crisis inmobiliaria ha alejado al capital privado de un proyecto en el que no ve negocio.La crisis del ladrillo ha empezado a hacer mella en constructoras y promotoras inmobiliarias, que en esta situación no ven rentable mantener su dinero ligado a un proyecto de larga tramitación y que se enfrenta al conflicto social con los vecinos que rechazan dejar sus casas. "Estamos tiesos como la mojama, no hay negocio", afirmaban ayer fuentes de una de las empresas que vende sus acciones. Las constructoras necesitan liquidez y el plan de abrir la avenida de Blasco Ibáñez, por su complejidad y envergadura, exigirá contratar créditos para llevarlo adelante. "El horno no está para bollos", sentenciaron fuentes del sector de la construcción.
Desde el Ayuntamiento admitieron que las empresas no ven negocio en El Cabanyal. "Habrán hecho números y con la crisis inmobiliaria ahora no verán mercado", afirmaron fuentes municipales. Para el equipo de gobierno, la salida del capital privado demostraría también que no hay pelotazos detrás del plan. "Es un proyecto de calado social, con mucha vivienda protegida, edificios de cuatro alturas, zonas verdes y equipamientos", destacaron las mismas fuentes. Pero las posibilidades de "ganar dinero legítimamente" que debieron percibir hace tres años al entrar en la sociedad, se han esfumado. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda hizo hincapié en que la propuesta de salida de las empresas se realiza "de mutuo acuerdo". "El proyecto es de interés general y la intención es que sea una iniciativa pública".
No era esa la perspectiva en enero de 2005, cuando Barberá lanzó la sociedad mixta junto a la Generalitat e invitó al sector privado a participar "en una de las grandes apuestas" de su gobierno. Las administraciones del PP, fuertemente endeudadas, contaban con el capital privado. Sin embargo, la sociedad Cabanyal 2010, con un capital suscrito de 35 millones de euros, sólo ha llegado a desembolsar 17,5 millones, entre aportaciones públicas y privadas. Ahora las instituciones s deberán desembolsar al menos 7,8 millones de euros en tres años para hacerse con las acciones y crear una sociedad enteramente pública para afrontar el proyecto.
Para el concejal socialista Vicente González Móstoles, la decisión de los socios privados "es el indicador más fiable de que la operación ha perdido todo su sentido económico", y es reflejo de su "nula viabilidad" social. Salvem El Cabanyal celebró la retirada empresarial, porque a su juicio "sin su soporte económico el plan de expropiación será muy difícil" de ejecutar.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 01/07/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
Tarragona: Un restaurante con cuatro lustros de ilegalidad
PÚBLICO* : Poco podía imaginarse el ejército británico que el fortín conocido popularmente como el de la Virreina, construido por sus ingenieros en Tarragona durante el siglo XVIII, acabaría dejando al descubierto las miserias de una administración.
Para ser más precisos, ha sido la administración local quien durante casi 19 años (y con alcaldes socialistas y convergentes) ha alentado el negocio privado en forma de restaurante de altos vuelos en este espacio catalogado como protegido, a pesar de las reiteradas sentencias que certificaban su ilegalidad, emitidas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y por el Tribunal Supremo. El recurso desesperado del Ayuntamiento de implicar al Constitucional no fue tomado en consideración por este órgano.
El alcalde socialista surgido de las elecciones del 2007, Josep Fèlix Ballesteros, ha entendido, por fin, que las sentencias están para cumplirlas y ha contratado, por casi 700.000 euros, los servicios de una empresa para derribar este mes de julio el negocio (que ha calado hondo en el imaginario social de la ciudad porque ha sido escenario de los banquetes de bodas de media Tarragona) y devolver al fortín su condición original eliminando, entre otros elementos, las ventanas con vistas al
Mediterráneo.
A fuerza de voluntad
En esta historia hay una protagonista indiscutible: la procuradora Rosa Elias, que impugnó en 1989 la licencia de obras para la construcción del restaurante concedida al propietario de los terrenos por parte del alcalde socialista Josep Maria Recasens, basándose en un informe favorable y sorprendente del secretario municipal, que obvió que el plan urbanístico vigente en aquel momento calificaba ese espacio de “zona verde”, según explica a Público la propia Elias y tal y como han ratificado todos los tribunales desde entonces.
Un año después el poder municipal cambiaba de manos gracias a una moción de censura y el convergente Joan Miquel Nadal iniciaba un reinado que lo mantendría como alcalde hasta el 2007. Y a pesar de todo, no arregló el entuerto y su obstinación en la defensa del restaurante fue tal que Elias empezó a vivir una pesadilla personal. Afirma haber padecido mobbing por parte de la policía local y haber recibido una oferta de dinero para retirar la denuncia.
Al final, el hartazgo de los tribunales ha sido tal ante la resistencia del Ayuntamiento que Nadal fue condenado a pagar de su bolsillo una multa de 1.500 euros por cada 15 días de retraso en la ejecución de la sentencia. En los últimos días también se ha barajado la posibilidad de que el propietario del restaurante cobre una indemnización millonaria.
* Público - JORDI SIRÉ - Tarragona - 30/06/2008
Foto: Vistas del fortín de la Virreina, en Tarragona. - PEP IGLESIAS, publico.es
12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Málaga* : La vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento de Estepona no está siendo fácil. Al menos 12 de los imputados en la trama de corrupción siguen en sus puestos de trabajo dos semanas después de que la policía pusiera patas arriba las dependencias municipales y la juez enviara a prisión a su alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE.
Los cuatro concejales del equipo de gobierno detenidos volvieron a sus puestos de trabajo casi directamente de los calabozos. Lo mismo ocurrió con los técnicos de Urbanismo implicados.
Pero la situación no se ha calmado. A finales de la semana pasada, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, al que los investigadores han tomado declaración como imputado, alertó de un posible riesgo de destrucción o eliminación de pruebas por la continuidad de cinco técnicos implicados en el caso Astapa.
El edil remitió una nota interna al concejal de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pidiéndole que los apartase para evitar que se manipulen informes técnicos. La carta ha provocado un pulso entre Zamorano, expulsado del PSOE por su imputación, y Duarte, al que el partido no ha retirado su confianza y postula como posible alcalde de la ciudad.
Zamorano contestó a Duarte ayer asegurando que no existe ningún auto que limite el acceso a dependencias municipales a los implicados. La respuesta llegó en forma de escrito, difundido previamente por los medios de comunicación.En la carta, Zamorano rehúsa adoptar cualquier medida. "Cada concejal ostenta la máxima responsabilidad (...), por lo que deberá ser usted quien eleve
tanto ésta como cualquier decisión oportuna", recoge la nota. El concejal adjunta un informe jurídico en el que le explica cómo actuar en cada caso. Con los empleados de libre designación debe abrir un expediente, motivar la decisión y elevarlo a alcaldía, mientras que con los funcionarios se debe abrir un procedimiento sancionador.
El edil de Hacienda, del que dependen las contrataciones, ha sido el primero en hacer despidos tras su imputación en el caso Astapa. Así, notificó el cese a Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona, alegando que había desaparecido la confianza que depositó en él cuando fue contratado en 2003. Tres días antes, Gurrea había declarado como testigo ante los investigadores.
Los técnicos de Urbanismo implicados y cuya permanencia en sus puestos de trabajo podría hacer peligrar posibles pruebas son el ingeniero Héctor Ruiz, director técnico de la Empresa Municipal de la Vivienda, y los arquitectos Tomás Álvarez y Arturo Cebrián.
Este último aparecía en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. También continúan en su puesto el responsable de los servicios jurídicos, Andrés Flores, y el jefe de servicios técnicos, Ignacio de la Hoz, a quien trabajadores municipales supuestamente sorprendieron a finales de la semana pasada manipulando el ordenador del responsable de las tasaciones, Javier Wittmeur, en prisión preventiva.
De la Hoz, en libertad bajo fianza de 50.000 euros está acusado de fraude y malversación. Flores quedó en libertad con cargos de cohecho y blanqueo tras una larga declaración. El edil de Urbanismo entiende que ninguno de lo dos puede seguir en sus puestos como cargos de libre designación.
Dentro del área de Urbanismo también están implicados el gerente Juan Manuel Ramos y la coordinadora Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Para ellos no se ha pedido ninguna medida de separación. Según fuentes municipales, sus cargos tienen un carácter "eminentemente político".
El viernes pasado el concejal de Seguridad Antonio Sánchez (PSOE) envió una patrulla de Policía Local a la delegación de Urbanismo para evitar que cualquier persona ajena al edificio accediera a las oficinas sin un motivo justificado. Según fuentes municipales, el día anterior, el abogado Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acudió a las instalaciones municipales y amedrentó a varios de los empleados de Urbanismo diciéndoles que ellos también resultarían acusados de irregularidades. Ante esta peculiar visita, Rafael Duarte dio instrucciones al servicio de seguridad para que no se permitiera el acceso al abogado sin su consentimiento previo. Hasta el inicio de la operación, Simón entraba y salía a placer del edificio, en el que también se encuentra la delegación de Personal.
El concejal de Seguridad Ciudadana ha ordenado a la empresa que vigila el edificio Puerto Sol de que impida el acceso a cualquier persona que no tenga autorización expresa y ha pedido a las patrullas de la Policía Local cercanas que estén alerta y puedan acudir ante cualquier incidencia. Las concejalas Asunción López (Cultura), Mariví López (Educación) y Marisa Rodríguez (Playas) son los otros cargos políticos que siguen en sus puestos, al igual que Zamorano.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 01/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
«En los ayuntamientos hay una enorme falta de cumplimiento de la ley urbanística»
ABC/Entrevista* : Ángel Núñez, Coordinador de la Red de Fiscales de Medio Ambiente de Andalucía. Nació en Sevilla en 1965, y trabaja en la Fiscalía de Cádiz desde 1991. A partir de su creación se integró en la Red de Fiscales de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo de Andalucía. Dos semanas atrás Ángel Núñez fue nombrado coordinador de este grupo.
-La Red cumple ahora cinco años. ¿Qué balance puede hacer? ¿Está cumpliendo sus objetivos que se marcaron?
-El balance es muy positivo. Hemos conseguido en principio alcanzar la unidad de actuación en una materia muy nueva desde el punto de vista jurídico que requería interpretaciones de los textos legales. Y esa interpretación que nosotros hemos hecho desde la unidad de actuación en la mayor parte de los casos la hemos logrado trasladar a las resoluciones judiciales, que han ido acogiendo nuestros planteamientos. Hemos conseguido una potenciación de al concienciación social en relación con las materias medioambientales, fundamentalmente urbanística, que es el gran problema hoy en día en Andalucía. Y en ese sentido el balance es muy positivo.
-En las diferentes Memorias anuales de las Fiscalías de Medio ambiente se han quejado de falta de medios materiales y humanos. ¿Se va a corregir ese déficit alguna vez?
-Se va mejorando, pero seguimos teniendo una importante carencia de medios, tanto desde el punto de vista de personal, no sólo en el Ministerio Fiscal, sino también entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está avanzando. Se han creado en la Guardia Civil los equipos de delincuencia urbanística; en las unidades de Policía Autonómica hay ya áreas de ordenación del territorio, pero siguen estando desbordados por el caudal de trabajo que hay frente a los medios personales con los que se cuenta. Sigue siendo también una asignatura pendiente el que la Fiscalía cuente con instancias periciales imparciales. En muchas ocasiones tenemos enormes dificultades para obtener periciales imparciales en materias urbanísticas o en materias ecotoxicológicas de vertidos al medio marino o al medio fluvial y a la atmósfera. Es una reclamación que venimos haciendo, también en la Memoria de este año.
-¿Cuál es el grado de colaboración de las Fiscalías con las diferentes administraciones?
-En líneas generales es muy buena. Con la Junta de Andalucía la relación es magnífica. Tanto con la Consejería de Cultura como con la de Medio Ambiente y Obras Públicas. No lo es tanto con los ayuntamientos. Nosotros venimos denunciando año tras año que por parte de los ayuntamientos no se cumple con las funciones de disciplina urbanística que les atribuye el ordenamiento. Y ése es el principal problema. La primera barrera frente al desorden urbanístico es la del Ayuntamiento. Si los ayuntamientos ejercieran adecuadamente los procedimientos sancionadores, sobre todo los del restablecimiento de la legalidad y adoptaran de manera extemporánea las medidas cautelares paralizando las construcciones que se inician, no existiría el problema de la demolición, porque no sería necesario demoler en la medida de que no se habría construido. Entonces, por parte de los ayuntamientos detectamos una enorme falta de cumplimiento de las funciones que les atribuye la ley urbanística
-¿Cree que la normativa urbanística habría que endurecerla?
-Pienso que los instrumentos legales son los adecuados para cumplir los fines que se pretenden. Evidentemente, toda legislación es susceptible de mejora. Y aunque el instrumento es el adecuado, el problema está en su aplicación, o mejor dicho en su falta de aplicación por quienes tienen la competencia para ello, que en primera instancia son los ayuntamientos. Lo que nosotros reclamamos es una reforma, no administrativa sino penal, de la figura de la prevaricación omisiva. Entendemos que cuando nos encontramos con dejación de funciones por parte de funcionarios públicos, no siempre es fácil articular acusaciones de prevaricación omisiva. En ese sentido sí sería necesario reformas del Código Penal.
-¿En urbanismo se practica mucho la política de hechos consumados? ¿Quienes cometen irregularidades confían en que tarde o temprano se legalizará la situación?
-Efectivamente. Es obvio que cuando nos encontramos con una situación como en el caso de Chiclana, de 30.000 viviendas ilegales, no se pude meter una excavadora y derribarlas. Lo que sucede es que hasta ahora los procesos de regularización no han venido acompañados de algo que a nosotros se nos antoja imprescindible, el rigor a partir de ese momento en el ejercicio de la disciplina urbanística. Hasta ahora lo que hemos visto es que se han regularizado viviendas y eso ha dado lugar a que continúe la construcción ilegal, precisamente al amparo de esa expectativa de que pueda haber una posterior regularización. La regularización, si no viene acompañada de un hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora ejerceremos con rigor la disciplina urbanística, los procedimientos sancionadores y el restablecimiento de la legalidad, no hay ninguna solución. Y además se acaba con lo que es la esencia del planeamiento. El planeamiento lo que pretende es la planificación ordenada de la ciudad, y en lo que se convierte es sencillamente en la legitimación de facto de lo que ya se ha producido de manera desordenada.
-Los fiscales vienen criticando desde hace tiempo la pasividad de los ayuntamientos a la hora de combatir el urbanismo ilegal. Sin embargo, consistorios como el de Marbella o Estepona lo que presuntamente hacen es utilizar el urbanismo para saltar la barrera establecida por el Código Penal ¿Qué opina al respecto?
-Año tras año venimos denunciando esa pasividad. Las causas son múltiples. En algunos casos habrá falta de medios, en otros la falta de voluntad por asumir los costes, probablemente electorales, que pueden tener la adopción de medidas impopulares, como los derribos, y en otras ocasiones, los titulares están en los periódicos, son casos de flagrante corrupción. No creo tanto que se trate de sustraer competencias a los ayuntamientos, porque en definitiva son los más adecuados para llevar a cabo estas funciones, pero sí hay que establecer consecuencias sancionadoras, de naturaleza penal, para aquellos que de manera dolosa no cumplan las funciones que tienen encomendadas.
-¿Casos concretos como los de Marbella o Estepona se pueden evitar?
-Lo fundamental es contar con medios adecuados para llevar a cabo investigaciones. En Cádiz, donde hemos desarrollado investigaciones, como la de la «Operación Obra Nueva» de Chiclana, ha puesto de manifiesto una conducta que estaba generalizada, pero que hasta ahora no había aflorado porque no había medios para realizar investigaciones. Por otra parte, hace falta una mejora de los textos legales penales que permitan sancionar esas conductas. Pero todo esto surge al amparo de ese espíritu de relajamiento en relación con el cumplimiento de las normas que venimos denunciando.
-¿Los procesos de recalificación de suelos son caldo de cultivo para el delito urbanístico?
-En los procedimientos de reclasificación se producen determinados delitos. ahí nos encontramos con los cohechos, las prevaricaciones, y no tanto con los delitos de construcciones ilegales. Y se proponen diferentes soluciones. La Ley estatal del Suelo ha supuesto una mejora en el sentido de que ha limitado las enormes expectativas de beneficios que se derivaban de los procedimientos de reclasificación. Yo creo que lo esencial es que haya transparencia y que se garanticen instancias de control e inspección en los procesos de reclasificación.
* ABC - JOSÉ CEJUDO. SEVILLA - 30 de junio de 2008
