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INFORMACIÓN/Alicante* : Nueva constatación de que el Ayuntamiento de Dénia no estaba descargado de razones cuando, en 2007, recurrió las modificaciones introducidas unilateralmente por la entonces Conselleria de Territorio en el Plan General Transitorio (PGT) de la ciudad, a través de una corrección de errores.
Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad anula en otro de sus extremos aquella corrección de errores estimando todo el contencioso interpuesto por el gobierno local de la época (PSPV-Bloc).
Son ya tres las sentencias emitidas por el tribunal, y todas declaran contrarios a derecho otros tantos cambios introducidos por Territorio en el PGT. No habrá muchas más: como desveló la semana pasada el grupo socialista, el gobierno de Dénia (PP, CU, GD, PSD y Juan Collado) ha desistido de todos los contenciosos pendientes de fallar (un total de 10) contra aquella resolución del conseller. Con ello, el Ayuntamiento renuncia a reclamar más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 125 vivendas protegidas o a que se mantenga suspendido el planeamiento en más de un millón de metros cuadrados en los sectores Racons 1 y 2.
La nueva sentencia aborta los planes de la empresa Alcoymorand para llevar a cabo su proyecto de hotel-balneario junto al hospital comarcal, que preveía además un gran aparcamiento subterráneo y otras dotaciones, como una gran rotonda y una estación de servicio. Un proyecto que sólo era posible gracias a la recalificación de los terrenos que introdujo la conselleria con su corrección de errores, ya que el Plan los había pintado como no urbanizables. Pero la sentencia no sólo es un varapalo para los promotores del proyecto. Pone además en entredicho la decisión adoptada por el pentapartito de desistir del resto de recursos interpuestos en su día por la Gerencia de Urbanismo del gobierno anterior. Más cuando el TSJ ha fallado ya en todos los casos en el mismo sentido -a favor del Consistorio- y con similar argumento que el que emplea esta nueva sentencia: una corrección de errores "sirve para la corrección de errores materiales entre lo aprobado por el organismo competente y lo publicado".
* Información - SERGI GARCÍA - 24.06.09
Foto: Recreación del proyecto de hotel-balneario junto al nuevo hospital, promovido por la empresa Alcoymorand - INFORMACION
Dénia: El TSJ anula la recalificación con la que el Consell permitía el balneario
La policía registra los ayuntamientos de Boadilla y Majadahonda por el 'caso Gürtel'
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ELPAÍS/Madrid* : Agentes de la policía judicial de Madrid han llegado esta mañana al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP, para registrar la sede en busca de contratos con empresas de la trama Gürtel. Además, han requisado documentación de la empresa municipal de la vivienda.
El registro llega una semana después de que declarasen ante el juez el contable de la empresa municipal de la vivienda y la secretaria de Alfonso Bosch, ex presidente de esta e imputado en la trama. También han efectuado registros en el Ayuntamiento madrileño de Majadahonda.
El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), está imputado en la trama y el juez le ha impuesto una fianza civil de 1,8 millones de euros, la mayor del caso, por presuntamente rebicir dinero del entramado de Francisco Correa. En la contabilidad B (en dinero negro) de las empresas de Correa aparece una salida de dinero de 510.000 euros a nombre de El Albondiguilla -el apodo con el que se refería a él Correa- y con referencias a "América".
Los agentes han llegado al consistorio de Boadilla sobre las 9.40 y han pedido ver documentos de la empresa de la vivienda y de los contratos del municipio con las empresas de la red que dirigía Francisco Correa.
* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Boadilla del Monte - 24/06/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.esjpg
El TSJ ordena derribar medio centenar de casas en la playa del Puig
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LEVANTE/Valencia* : De forma inexorable y con la ayuda de los tribunales, el Ministerio de Medio Ambiente intenta recuperar el paisaje natural del litoral Mediterráneo, salpicado de construcciones masivas. En esta ocasión, se trata de las 49 casetas de la playa del Puig, unos edificios que datan de finales del siglo XIX y primeros del XX, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ordenado derribar por invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre, es decir, por estar encima de la playa.
La sentencia, con fecha de 13 de mayo, desestima el recurso presentado por los 41 propietarios de las viviendas que se levantan en la playa del Puig contra la orden de demolición dictada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004 a través de la Demarcación de Costas de Valencia.
Ello significa que da vía libre a Costas para la demolición de varias hileras de casetas en la playa del Puig, situadas en los 20 metros de dominio público y, en su mayoría, levantadas antes de la Ley de Costas de 1988.
Costas acordó recuperar de oficio la "posesión de bienes de dominio público marítimo-terrestre, indebidamente ocupado por 49 casas en la playa del Puig, calle Pescadores y paseo marítimo", ordenando su "demolición y la restitución de los terrenos a su primitivo estado".
Del expediente administrativo se desprende que los propietarios de estas viviendas "venían ocupando sus 49 casas litigiosas desde hace muchos años, de forma pública, continuada y de buena fe, estando ubicadas en parcelas del término municipal del Puig, junto a la playa, dentro de los hitos de la zona marítimo-terrestre".
La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo expone los motivos por los que el ministerio comenzó el expediente de recuperación y demolición.
Por un lado, la existencia de un deslinde de 1969, que incluía estos inmuebles en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Y, de otro lado, la denegación en 1982 de la legalización de esta ocupación de dominio público.
Los propietarios de las casas se opusieron alegando que las parcelas privadas de sus casas estaban "alejadas originariamente del mar, con títulos pacíficos y públicos". Añadían, además, que habían abonado los "correspondientes impuestos" y que lo que ha ocurrido es que ha "cambiado la morfología del litoral por causas naturales y humanas".
Alegaciones
Además, niegan que se trate de una "apropiación del dominio público", sino que son "propiedades privadas lícitas devenidas en públicas". Y añaden que, salvando alguna escritura aislada, "las propiedades se adquirieron de manera informal a finales del siglo XIX y principios del XX".
El tribunal se apoya en la Ley de Costas que "deniega la prevalencia de las inscripciones del Registro de la Propiedad" sobre unos terrenos que son del Estado. Y, añade, "no hay duda de que los terrenos y viviendas ocupan zona pública marítimo-terrestre" sin la debida autorización, ya que la Administración denegó la legalización de las casas. Esta decisión no fue nunca recurrida.
La sentencia hace especial mención a la Ley de Costas de 1988, que configura una nueva "concepción y naturaleza del dominio publico marítimo-terrestre y de la ribera del mar", con la que se persigue su "protección, conservación y uso público".
Por último, indica la sentencia que "la orden de demolición y la reposición de los terrenos a su primitivo estado no es sino la ineludible consecuencia de la recuperación posesoria de unos bienes demaniales, restaurando la legalidad costera vulnerada".
* Levante-EMV - REGINA LAGUNA - 23.06.09
Foto: Las casas del Puig que se van a derribar.- abelard comes, levante-emv.com
Tres días de protesta contra el cierre norte de la M-50
MADRIDIARIO* : Asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos de izquierda convocan para el próximo fin de semana tres jornadas de protesta contra el proyecto del cierre norte de la M-50, bautizado por la Comunidad como M-61. Consideran que es una obra innecesaria que afectará al medio natural y a la salud de los ciudadanos.
La reunión de abril entre el nuevo ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, desbloqueó el proyecto de conectar la A-1, la M-607 y la A-6, conocido como cierre norte de la M-50. Ahora que el Gobierno regional tiene vía libre, ocho organizaciones han programado una serie de actos contra la conexión.
"Es un proyecto tremendamente impactante que no va solucionar los problemas del tráfico y va a tener una gran afección sobre la salud de los vecinos", resumió Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Para dar a conocer los efectos negativos que, según afirman, tiene la construcción de esta autovía, y pedir la retirada del proyecto se celebrará una concentración-batucada en la Puerta del Sol el sábado a las 19.30 horas.
Además, habrá una marcha, con batucada y paella, desde la Plaza Mayor hasta Dehesa de Navalcarbón en Las Rozas el sábado a partir de las 12.00 horas; y una manifestación, con fiesta, desde la Plaza de la Universidad Popular hasta el parque de Los Arroyos en San Sebastián de los Reyes el domingo a las 11.30 horas.
Problemas de tráfico
Para las organizaciones convocantes, la M-61, como la bautizó la Comunidad, no va a solucionar el problema del tráfico, ya que las "nuevas autovías tienen efecto llamada" y es un despilfarro de fondos públicos. Paco Segura recordó que la última propuesta de la Comunidad ha sido costear la construcción de esta carretera, que tendrá un coste superior a 2.000 millones de euros, a través del peaje en sombra, es decir, que la Comunidad tendría que pagar a las concesionarias por cada coche que circulara.
El emblema de la oposición a la M-50 es el Monte de El Pardo. Para salvaguardarlo, la Comunidad decidió que sería atravesado por túnel. Sin embargo, esta propuesta perjudicaría al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que sufriría las obras y recibiría a través de una chimenea parte de los gases producidos por la circulación subterránea, según destacó este martes Jaime Rodrigues, de IU Las Rozas.
Afección a zonas verdes
El otro tramo de las obras, el situado al Este, afectaría o haría desaparecer varias zonas verdes de San Sebastián de los Reyes, como el parque de la Dehesa, recién construido con fondos europeos, o la Dehesa Boyal, un espacio protegido, según indicó Rafael Herguezabal, de la Plataforma M-50 NO. Además, la carretera pasaría a menos de 100 metros de un polideportivo y dividiría en dos el municipio.
En estos momentos, el proyecto, que recibió un aluvión de alegaciones, está pendiente de la aprobación de la declaración de impacto ambiental por parte de la Comunidad. En este documento, los topillos de cabrera, una especie protegida, podrían provocar que se cambiara el trazado, ya que un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas alertó al Gobierno regional sobre su presencia. "Si se obvia vamos a la Comisión Europea", sentenció el Foro de Movilidad Sostenible, que también se ha sumado a las protestas contra la M-50. Por su parte, CCOO subrayó que lo más importante es "la salud de las personas".
* Madridiario - 23-06-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es
