DIARIODEMALLORCA : Más de 10.000 personas viven en casas construidas de forma ilegal a lo largo de las dos últimas décadas en el suelo rústico de Palma. Esa es al menos la cifra orientativa que maneja la concejala de Urbanismo de Cort, Yolanda Garví, en relación a las personas que viven en alguna de las 94 parcelaciones rústicas ilegales existentes en el término municipal.
Garví hizo estas declaraciones al término de la comisión de Urbanismo, en la que el equipo de gobierno rechazó una proposición del grupo municipal del Partido Popular en la que se instaba a la creación de una comisión no permanente con el fin de "estudiar en profundidad el alcance de las parcelaciones ilegales, el número de construcciones existentes en estos momentos y la forma de afrontar esta situación cada día de mayores proporciones".
Según la responsable de Urbanismo, no es necesario crear esta comisión ya que su departamento tiene bajo control las parcelaciones existentes y su situación urbanística.
Al respecto, afirmó que el sistema que incorporó hace diez años el Plan General con el fin de regularizar la situación urbanística de 43 de las 94 parcelaciones ilegales existentes "ha fracasado", puesto que, en estos momentos ninguna de ellas ha conseguido la aprobación definitiva del Plan Especial que se les exigía.
En concreto, recordó que sólo 36 de las 43 parcelaciones consideradas en el Plan General como Zonas de Régimen Especial tienen aprobado inicialmente el Plan Especial y de éstas, sólo tres ha conseguido su aprobación provisional por parte del pleno del Ayuntamiento.
Se trata de sa Vinya de Son Llebre, Cas Patró y, próximamente, el Secar de Son Sardina. No obstante, advirtió que ninguna de ellas dispone de la aprobación definitiva del instrumento urbanístico que posibilitaría su regularización, puesto que el Consell de Mallorca no ha aprobado definitivamente ninguno.
Las zonas incluidas en el Plan General para su posible regularización urbanística deben disponer, entre otros requisitos, de parcelas mínimas de 1.000 metros cuadrados a efectos de construir una vivienda unifamiliar y el número de parcelas y sus dimensione debe ser la misma que la existente el día 1 de enero de 1993.
Desde la aprobación del Plan Territorial en 2004, los requisitos para nuevas incorporaciones de Zonas de Régimen Especial son más exigentes. La parcela mínima para construir una vivienda unifamiliar es de 1.775 metros cuadrados si el suelo es rústico común y de 3.000 metros cuadrados en suelo protegido. Además, la segregación de las parcelas no debe ser posterior al 12 de octubre de 1999.
Otro requisito que deben cumplir estas zonas es que no pueden aumentar la superficie que tenían en diciembre de 1998, cuando se aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que permitía su regularización.
* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA. - 21.04.09
Foto: Son Olivaret es una de las parcelaciones rústicas cuya regularización está en trámite - lorenzo, diariodemallorca.es
Palma: Más de 10.000 personas viven en casas ilegales en suelo rústico
Zamora: Una sentencia judicial deja sin efecto el nuevo PGOU
ELMUNDO* : Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora declara nulo el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de la capital y el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, por el que esta última entidad llevó a cabo la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según dio a conocer este martes el secretario provincial del PSOE y portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Carlos Hernández.
La sentencia considera que a la hora de adjudicar al Instituto de Urbanística de Valladolid la revisión del PGOU no se tuvieron en cuenta los principios de competitividad, publicidad y libre concurrencia. Considera que hubiera sido más adecuado iniciar un proceso de contratación.
Carlos Hernández señaló que se había dado ese encargo al Instituto de Urbanística de Valladolid porque en él trabaja el sobrino del anterior alcalde, Antonio Vázquez, y aludió a la responsabilidad que tiene en esta sentencia contraria al Ayuntamiento de Zamora uno de los asesores de la alcaldesa, que fue concejal de Urbanismo durante la anterior legislatura.
La consecuencia más inmediata de esta sentencia, según explicó Carlos Hernández, es que son nulos también todos los acuerdos, decisiones y trabajos que se produjeron tras la firma del convenio entre ambas partes, lo que supone de manera directa que sería nulo el Plan General de Ordenación Urbana, que actualmente se encuentra en periodo de exposición pública. El documento cuenta ya con el apoyo de la Agrupación de Electores Independientes de Zamora (Adeiza), lo que permitiría al PP sacar adelante el documento que regirá el desarrollo urbanístico de la capital durante los próximos años.
La sentencia es consecuencia de la denuncia planteada en su día por el PSOE, después de que el equipo de Gobierno no admitiera a trámite un recurso de reposición contra la decisión tomada por la Junta Local de Gobierno, alegando que los concejales socialistas no forman parte de este órgano de decisión municipal. La sentencia recrimina esta decisión del PP y reconoce el derecho de la oposición a presentar recursos, como establece la jurisprudencia. La magistrado dice que el PP tuvo una "actitud temeraria" al negar ese derecho e incluso estima que fue una burla el decreto de alcaldía en el que se hace constar la negativa a admitirlo.
Carlos Hernández pidió la dimisión de la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, y del concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, al señalar que la ciudad no se merece el daño que están produciendo con su actuación. "Hasta los tribunales les dicen ya que las cosas no pueden hacerse así", puntualizó.
El fallo del Contencioso no es firme y puede ser recurrido en el plazo de quince días, algo que el equipo de gobierno decidirá próximamente, aunque dará su opinión sobre el alcance de la sentencia en las próximas horas.
Los socialistas están dispuestos a pedir la ejecución provisional de la sentencia.
Carlos Hernández señaló que los concejales del PP deberían asumir los costes que va a suponer para el ayuntamiento esta sentencia condenatoria y que supondrán entre 48.000 y 60.000 euros.
* El Mundo - José Luis Cabrero - 21.04.09
Foto: Zamora - wikipedia.org
Alcaldes y cargos del PP en Madrid ofrecieron negocios a la red de Correa
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ELPAÍS* : Dirigentes del PP en Madrid, diputados autonómicos, concejales y cargos municipales intermedios no sólo favorecieron a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa en la adjudicación de contratos en las administraciones donde gobernaban, sino que llegaron a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la red corrupta. Así se desprende de los testimonios y documentos recogidos en el sumario del caso Gürtel, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Algunos cargos del PP, como el ya ex alcalde de Arganda Ginés López, o el diputado autonómico Alfonso Bosch, ofrecieron nuevas posibilidades de negocio a una de las directivas de la trama, Isabel Jordán. López, según la confesión de Jordán al juez, le llegó a plantear la posibilidad de que, al igual que había hecho la red empresarial de Correa en Majadahonda, se instalara en Arganda una Oficina de Atención al Ciudadano privatizada que gestionase la empresa de la trama corrupta. El negocio, al final, no salió adelante. Tampoco prosperó otra componenda que, según la propia Jordán, ideó Alfonso Bosch, diputado autonómico, para que la red empresarial se hiciera con los servicios de la grúa de Boadilla del Monte. En este municipio, Correa echó sus redes y logró cuantiosos contratos. De hecho, un informe de la Agencia Tributaria acredita que Easy Concept, una de las empresas de la trama, tenía en el Ayuntamiento de Boadilla una de sus principales fuentes de ingresos. El entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, recibió como prueba de agradecimiento no sólo comisiones en dinero, sino también trajes de Milano, según la investigación.La directiva de Easy Concept, una de las empresas de la trama corrupta, declaró que en el sector de la publicidad eran "habituales" ese tipo de regalos, que también hizo, según su confesión, a otros concejales de Boadilla.
El director de venta de Milano, José Tomás, corroboró la información al declarar ante la policía que Isabel Jordán acudió en varias ocasiones a su tienda acompañada del entonces alcalde de Boadilla, al que compró unos trajes.
Hubo más regalos. El ex concejal del PP José Luis Peñas, que denunció a la trama corrupta ante la Fiscalía, aseguró en su declaración que Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, recibió una vivienda de una constructora a cambio de permitir el desmontaje de una línea de alta tensión que pasaba por encima del solar donde se iban a edificar pisos.
Los directivos de la trama también confiesan que recibían contratos por sus amistades con cargos relevantes del PP. Así, Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, declara ante la policía: "Conseguía los contratos porque conocía a Jesús Sepúlveda, que era el alcalde de Pozuelo, y a Yolanda, que me daba algunos contratos". La investigación también intenta acreditar el supuesto pago en especia, un vehículo, al alcalde Sepúlveda por sus tratos de favor a la trama corrupta.
Informe de Hacienda
En el informe de Easy Concept elaborado por la Agencia Tributaria, esta empresa de la trama corrupta declara unos ingresos por contratos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón próximos a los 200.000 euros entre 2003 y 2005.
En relación con los numerosos contratos facturados por la trama corrupta con la Comunidad de Madrid, el contacto era Alberto López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relata Isabel Jordán al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, además de eso, había actos que no estaban [previstos], que surgían. De repente, viene AXA a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto [que hicimos] porque ganó el Real Madrid la copa o algo así".
Los nuevos vínculos de la trama corrupta con el PP en la Comunidad de Madrid
Los trajes del alcalde
- Arturo González Panero. El ex alcalde de Boadilla del Monte, al que aún mantiene el PP con responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento, recibió varios trajes de regalo de la empresa Easy Concept, según la responsable de esta compañía y del director de ventas de Milano, José Tomás. En las declaraciones de ambos que obran en el sumario se explican estos regalos. Además, González Panero habría recibido, según la investigación judicial, comisiones millonarias por su intermediación en concursos de suelo.
Otro negocio en Arganda
- Ginés López. El ex alcalde de Arganda del Rey, imputado en el caso de la corrupción masiva de la red del empresario Francisco Correa, llegó a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la trama. Según las declaraciones de Isabel Jordán, Ginés López se puso en contacto con ella para estudiar la posibilidad de privatizar la oficina de atención al ciudadano de Arganda, al igual que la red corrupta había hecho, con la connivencia del entonces alcalde Guillermo Ortega, en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Grúas para Boadilla
- Alfonso Bosch. El diputado autonómico del PP trabajaba como director general de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte y, según la investigación policial, intentó que una de las sociedades de la trama corrupta se encargase de gestionar el servicio de la grúa municipal de ese municipio tras la instalación de parquímetros en el mismo. Llegó a contactar con los directivos de la red para que se encargaran de ese contrato, que tenía que salir a concurso. Al final, la operación no salió adelante.
Contratos autonómicos
- Alberto López Viejo. La Comunidad de Madrid fue uno de los clientes principales de la trama corrupta. En la facturación de las distintas empresas, la Administración gobernada por Esperanza Aguirre era, con diferencia, una de las que más facturaba. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue quien metió a la red de Correa en el negocio de los contratos públicos. Los técnicos de su departamento, según las pruebas que obran en el sumario, siempre llamaban a las empresas de Correa, incluso para actos no previstos.
Negocios por amistades
- Jesús Sepúlveda. El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón tenía amistades con los miembros de la trama corrupta, que aprovecharon para lograr contratos en el Ayuntamiento que presidía Sepúlveda. En el informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario sobre Easy Concept, una de las empresas pertenecientes a la red de Correa, aparece el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como uno de los clientes principales. En dos años, la facturación a Pozuelo declarada a Hacienda por Easy Concept casi alcanzó los 200.000 euros.
Un piso para el regidor
- Guillermo Ortega. El ex alcalde de Majadahonda recibió una vivienda como pago de una constructora, a cambio de que permitiera desmontar una torre de alta tensión ubicada en un solar edificable. Lo denunció con documentación un ex concejal del PP en Majadahonda ante la Fiscalía Anticorrupción. En la denuncia, incluida en el sumario, detalló algunas componendas entre Francisco Correa, el jefe de la trama, y Ortega, al que destituyó Esperanza Aguirre como alcalde para hacerle director general de una empresa autonómica.
* ELPAIS.com - 21.04.09
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Los promotores del aeropuerto de Ciudad Real ganarán 3.000 millones con la recalificación
ELMUNDO* : El aeropuerto de Ciudad Real, el primero de capital íntegramente privado, está inmerso en una encrucijada financiera. Su funcionamiento no ha ido todo lo bien que se esperaba y sus actuales accionistas, entre los que se encuentran el empresario Domingo Díaz de Mera, el editor Antonio Miguel Méndez Pozo y Caja Castilla-La Mancha -intervenida por el Banco de España-, tienen una cosa clara: quieren deshacerse cuanto antes del proyecto, que no les está reportando los beneficios que esperaban.
La venta del aeródromo, y la consiguiente multiplicación de las plusvalías para los socios, está pendiente sólo de una modificación legal de gran calado. Se trata de dos cambios en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) de Castilla-La Mancha, introducidas hace seis meses por el Grupo Parlamentario Socialista, presidido por José María Barreda, y a punto de aprobarse en las Cortes regionales.
Las enmiendas incluyen una importante modificación que permitirá a los promotores del proyecto vender por separado los terrenos aledaños al aeropuerto como suelo industrial, a pesar de que ellos lo compraron como rústico. Las plusvalías estimadas que obtendrían con el cambio serían de unos 3.000 millones de euros, según calculan expertos urbanísticos consultados.
Actualmente, la ley no permite que los terrenos del aeropuerto, que ocupan 12,3 millones de metros cuadrados en total, sean segregados. Están considerados como una parcela unitaria, y el único que podría desarrollar proyectos industriales en ese suelo sería el propietario, es decir, la sociedad CR Aeropuertos.
Pero el problema es que los promotores se encuentran ahogados financieramente. Hasta ahora, Caja Castilla-La Mancha había sido la principal financiadora del proyecto. La entidad no sólo participa con un 30% en CR Aeropuertos, sino que ha hecho préstamos millonarios a los principales empresarios que participan también en el aeródromo.
Sin embargo, con la caja intervenida por el Banco de España se hace prácticamente imposible seguir recurriendo a ese grifo financiero. La sociedad no tiene dinero para desarrollar el macro-proyecto urbanístico en los terrenos colindantes, que incluirían, según sus planes iniciales, área logística, zona empresarial, agroalimentaria, área tecnológica, además de una zona de ocio, con hoteles y centros comerciales.
La única salida que les queda a los promotores del aeropuerto es parcelar los terrenos y venderlos de forma independiente. Para ello, ya han conseguido el primer paso.
La Junta ha declarado el aeropuerto de Ciudad Real como Proyecto de Singular Interés y ha permitido modificar el uso de los terrenos aledaños de rústico a industrial. Así, su valor se ha multiplicado de los 10 euros por metro cuadrado que pagaron en su momento como suelo rústico a los 615 euros por metro al convertirse en suelo industrial.
* El Mundo - Cristina Caballero - 21.04.09
Foto: vista del interior dell aeropuerto de Ciudad Real , obra del arquitecto Luis Vidal.|El Mundo
