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ELPAÍS/Alicante* : El juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de Alicante anula el acuerdo plenario de La Vila Joiosa de 16 de marzo de 2006 por el que se aprobó la cesión de la condición de Agente Urbanizador de los planes parciales conocidos como Xarco 1 y Xarco 2, a L'Illa de Naxos, SL. En estos dos sectores, en primera línea de playa, el PGOU de 1999 prevé la construcción de 1.200 viviendas unifamiliares.
La adjudicataria de estos dos sectores era en un primer momento Edificaciones Calpe, SA, del Grupo Ballester, mientras que la sociedad que obtuvo la cesión, L'Illa de Naxos, está participada por otras tres empresas.
El juez da la razón al concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, que pedía la impugnación del acuerdo por no ajustarse a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que exige que para la cesión esté ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, así como la falta de clasificación para contratar con la Administración por parte de la cesionaria. Pedro Lloret mostró su satisfacción: "Hasta ahora a los aspirantes no se les requería acreditación de solvencia de los contratistas y control administrativo". Durante los anteriores gobiernos locales del PP "varios sectores del PGOU fueron adjudicados a mercantiles de nueva creación, con socios que no habían tenido antes nada que ver con la construcción".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - 18.12.2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
Un juez anula dos proyectos urbanísticos en La Vila
Un juez paraliza el nuevo 'cerco' a Numancia
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ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Soria ha acordado la suspensión cautelar de la expropiación -aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Soria el pasado uno de agosto- de las 117 hectáreas de terreno en el entorno de los yacimientos de Numancia para la construcción del polígono Soria II, que promueve la empresa pública Gesturcal.
Un error en la notificación del Ayuntamiento de Soria a uno de los miembros de la familia Marichalar, propietaria de parte de los terrenos a expropiar, ha sido la causa de la suspensión.
Aunque el proyecto cuenta con el beneplácito de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Soria, numerosos colectivos han protestado contra la actuación, argumentando que afectaría no ya a los propios restos arqueológicos, sino al paisaje en el que se enmarcan.
Así, desde las inmediaciones del yacimiento se pueden divisar siete columnas que marcan los siete campamentos romanos que, al mando de Escipión el Africano, asediaron a la población celtíbera hasta que sus habitantes prendieron fuego a la ciudad. La panorámica quedaría truncada con la incorporación de las naves industriales, como se puede ver en la recreación de arriba.
Los afectados por las expropiaciones argumentan que nunca se ha justificado económicamente la construcción de un nuevo polígono industrial de semejante tamaño en una ciudad que demanda 1,5 hectáreas de suelo industrial al año y que tiene aún sin aprovechar tres kilómetros cuadrados de este suelo. También denuncian las irregularidades en la tramitación del proyecto, especialmente la ausencia de una memoria económica y un informe de sostenibilidad ambiental y estratégica.
El responsable del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO (ICOMOS, en sus siglas en inglés) visitó recientemente las ruinas para mostrar su rechazo a la construcción del proyecto. También la Real Academia de la Historia emitió un informe negativo: "Una intervención urbanística en este sentido en el paraje en cuestión entrañaría (...) un considerable impacto paisajístico y rompería la armonía del borde de la paramera. Ese detrimento vendría incrementado por el hecho de tratarse en una zona de tan gran interés cultural con toda la secuencia de puntos de interés histórico y arqueológico como son los que jalonan el Duero en este entorno".
Tras destacar el "gran valor paisajístico y cultural del entorno de la ciudad de Soria", la Real Academia de Historia afirmó a través de su informe que "puede llamar la atención el estrecho criterio paisajístico que se ha manejado, ajeno a toda la normativa reciente, tanto europea como española: en efecto, el paisaje no se circunscribe ni mucho menos a los elementos en sí, a un hito, a un paraje. Incorpora el sistema de vistas, panorámicas, cuencas visuales, posibilidad de impactos visuales, mayor o menor fragilidad".
Y, a continuación incluye la definición del Convenio Europeo del Paisaje, en vigor desde 2003: "Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/ o humanos".
Del mismo modo, la Academia de Bellas Artes de San Fernando también se manifestó en contra del polígono, en un dictamen de noviembre de 2007: "Esta Real Academia de Bellas Artes, sumándose a lo ya informado por la Academia de Historia, denunciará, ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Soria y ante la Junta de Castilla y León, la gravedad del impacto que el polígono industrial proyectado en El Cabezo supondrá para este paisaje histórico y cultural de singular belleza e interés, cuya protección debería mantenerse dentro del carácter rústico que contempla el plan general de ordenación urbana vigente para esta ciudad".
El auto del juez, hecho público el miércoles, atiende la medida cautelar solicitada por uno de los miembros de la familia, Ana Marichalar, al entender que "se ha vulnerado el derecho de la recurrente a ser notificado personalmente de los trámites esenciales de este procedimiento expropiatorio por tasación conjunta, y por tanto, el acuerdo municipal adolece de vicios invalidantes por no haberse observado el procedimiento, lo que conduce a la nulidad radical de dicho acuerdo definitivo de expropiación".
* El Mundo - VÍCTOR F. MORENO | DARÍO PRIETO - 18.12.2008
Foto: Numancia (Soria) - elimparcial.es
El Algarrobico era zona de especial protección antes de construirse el hotel
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado por tercera vez la "conformidad a derecho" de la orden ministerial de 8 de noviembre de 2005 que amplió hasta los 100 metros la zona de servidumbre en el paraje de El Algarrobico (Almería) en un fallo que señala, además, que los terrenos "en litigio" donde se asienta el hotel de Azata del Sol estaban clasificados como C1 -Áreas Naturales de Interés General- y contaban con figuras de protección LIC y ZEPA en la fecha en que fue aprobado el Plan Parcial frente a lo sostenido por Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso interpuesto por la promotora del hotel en los mismos términos en los que se fundamentaron fallos precedentes de la AN contra las demandas del Ayuntamiento de Carboneras y un particular, que perdieron sus procesos febrero y julio de 2008, respectivamente.
La magistrada ponente, Elisa Veiga, considera probado que Plan Parcial del sector R-5 se aprobó en mayo de 1988 y, por tanto, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas por lo que, en este caso, sería de aplicación la Disposición Transitoria Tercera del la citada normativa que obliga a revisar y aplicar la servidumbre de 100 metros frente a los 20 metros inicialmente aprobados para la construcción del inmueble.
Rechaza, en esta línea, que el caso del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico concurran los requisitos recogidos en la Disposición Transitoria Novena y va más allá de las sentencias precedentes que no consideran el paraje suelo urbano hasta el año 2003 al asegurar que, en realidad, cuando se implantó el deslinde en 2006 "los terrenos objeto de pleito aún no habían alcanzado tal clasificación".
Tras desgranar las pruebas documentales en las que sustenta y por las que deduce que el Plan Parcial del sector R-5 se ajustaba a la Ley de Costas y que las determinaciones en él incluidas permitían respetar los 100 metros de servidumbre de protección, la sentencia detalla un informe presentado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en que se sitúa el hotel en zona C1, según los planos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicados en BOJA en 1994.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN hace esta aseveración frente a la tesis sostenida por la Consejería de Medio Ambiente, que situaba la zona en litigio en área D2 -urbanizable- antes de aprobar un nuevo PORN en febrero de 2008, ahora suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en lo que se refiere al Algarrobico al considerar que la nueva protección podría suponer "un uso efectivo" del establecimiento hotelero.
El juez de Almería que ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico (Carboneras) y declaró en septiembre nula la licencia municipal atribuyó a la Junta de Andalucía en su sentencia "una burda maniobra" para sustituir la planimetría del PORN publicada oficialmente en BOJA en 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra del hotel en terrenos de especial protección.
Sin embargo, el nuevo PORN del parque natural Cabo de Gata-Níjar, según sostiene la Consejería de Medio Ambiente, desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico (Carboneras), donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable y lo sitúa bajo el grado de protección C3 como "núcleo habitado existente o zona transformada", que afecta a 269 hectáreas, un 0,5 por ciento del total de la superficie del espacio.
* Andalucía Información - Europa Press - 17.12.2008
Foto: Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org
Vecinos dicen que el Ayuntamiento ‘adelanta el periodo de rebajas’ con la Operación Calderón
MADRIDDIGITAL* : Desde que el 30 de julio de 2007 el Ayuntamiento firmara con el club Atlético de Madrid y la empresa Mahou un protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico del ámbito “Mahou Vicente Calderón” y la cesión del Estadio de La Peineta, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Coordinadora Vecinal de San Blas se han mostrado contrarias a un plan negociado sin consultar ni tener en cuenta el parecer de los grupos políticos de la oposición municipal y de las asociaciones vecinales del ámbito afectado.
A juicio de la FRAVM, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid parece “haber adelantado el período de rebajas”, impulsando una operación urbanística que beneficia, principalmente a tres empresas privadas: la cesión de una instalación pública -La Peineta- que centenares de vecinos utilizaban desde hace años al club Atlético de Madrid; la recalificación de los terrenos de la Mahou, una empresa que abandonó Madrid en 1996 trasladando a Guadalajara a sus 1.000 empleados y cuyos terrenos Gallardón había prometido no recalificar siendo presidente del Gobierno regional, y la explotación de los derechos urbanísticos de la operación a FCC.
Según el Ayuntamiento, el Estadio de Madrid “pretende ser uno de los más modernos equipamientos deportivos de la ciudad (...) por sus condiciones de acceso”. Sin embargo, una de las cuestiones que, amén de la cesión del patrimonio público, más preocupan a las asociaciones vecinales del ámbito es, precisamente, los problemas de movilidad que el traslado del Atlético provocará en la zona.
Citan desde la sobresaturación de la M-40 hasta el desbordamiento de la capacidad de los accesos al distrito, como la avenida de Arcentales, la carretera de Vicálvaro y la calle de Hermanos García Noblejas; sin olvidar los problemas relativos al aparcamiento de vehículos o a la limitada capacidad de la oferta pública de transportes.
La FRAVM denuncia que el convenio firmado por el alcalde de Madrid con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo Torres, para el traslado del club al Estadio de Madrid, ha sido redactado “sin considerar el parecer de los grupos políticos de la oposición municipal y de las asociaciones radicadas en el ámbito afectado, lo que pone de manifiesto el interés del Ayuntamiento por privilegiar el proyecto olímpico sobre las necesidades y el bienestar de los vecinos”.
* Madrid Digital - 17.12.2008
Foto: madriddigital.info
El PGOU y Rabasa
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO* : Basta leer las diferentes opiniones que sobre el PGOU de Alicante se vierten en este diario, para comprender, aunque uno se mueva casi en el terreno de la ignorancia urbanística, que el mismo no se ha hecho atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, a dar cobertura a una visión de ciudad habitable, sino respondiendo a los intereses de los constructores y los beneficios inmediatos que supone esta actividad para las arcas municipales, al desarrollo cuantitativo de la ciudad en metros urbanizables y a proyectos beneficiosos económicamente para unos cuantos -no se sabe cuántos ni quiénes-.
Trasluce todo el entramado proyectado un marcado carácter especulativo que se oculta tras frases majestuosas y humanitarias, sobre los beneficios que lo establecido en el plan va a producir en la creación de puestos de trabajo, en acceso a viviendas que ya no son de protección oficial, sino pública, mucho más caras, por cuanto su precio se ha elevado considerablemente hasta alcanzar los de mercado y a las que pueden acceder los estratos no tan necesitados y ese arrebato protector aparece ahora como una revelación cuando antes no ha sido objeto de las más mínima atención, precisamente por el incremento de su precio.
Todo lo relativo a servicios públicos hospitalarios, educativos, asistenciales, culturales, espacios verdes, es decir, lo que realmente merece el calificativo de general, por afectar a todos, se señala, pero no se concreta con el mismo grado de especificación. Es accesorio frente a la especulación, al crecimiento no sostenible, a la desigualdad que se ha instalado en la ciudad cuyos barrios más clásicos están viéndose degradados a favor de nuevos enclaves sin alma.
Los parques naturales, que se destacan, dependen del real desarrollo de las grandes actuaciones urbanísticas y luego han de ser abonados por el Ayuntamiento, lo que, al menos, cabe poner en duda por los antecedentes.
Entiendo que es una opción, una opción de principios de los ochenta que consistía en que las clases medias pudieran acceder a viviendas y espacios abiertos que les reportaran mayor calidad de vida, pero opción que a la postre se ha mostrado errónea, pues, entre otras cosas, lo que había se ha dejado morir de inanición y lo construido no es otra cosa que un conjunto de viviendas sin conexión con la ciudad y sin servicios suficientes a su alrededor.
Rabasa, es un plan problemático al que muchos nos hemos opuesto con criterios nunca discutidos por quienes nos gobiernan, que sabrán en realidad las razones para ello. Y ese plan apoyado por el PSOE bajo la portavocía de Blas Bernal con excusas de un pretendido beneficio social que se entiende poco en ese sentido social y que necesitaría de explicaciones más concretas y exactas, se ha aprobado casi al fin por el Ayuntamiento contra todos los inconvenientes y reparos que se han suscitado y ante el riesgo de que los tribunales puedan paralizarlo. Y todas las viviendas sociales se concentran en ese lugar y bajo el control de unos pocos.
Y se ha aprobado fuera del PGOU; se ha indultado de someterse a una planificación general. Constituye un cuerpo único, una realidad individual que sólo por el hecho de mantenerse así, fuera del conjunto, plantea más dudas que seguridades. Porque no se trata de una simple actuación, sino de la más importante que nunca se ha llevado a efecto en Alicante. Y, porque, no es sólo Rabasa, sino lo que después viene conectado a Rabasa, muy cerca de ahí y previsto en el PGOU que, aunque lo ha mantenido fuera, lo contempla y se supedita a él. Porque Rabasa se ha aprobado fuera del PGOU por el solo hecho de que, incluirlo, aunque lógico y coherente con una planificación superior, hubiera ocasionado ciertos retrasos y perjuicios en la persona de su promotor.
Pero, a cualquier observador no se le oculta, que el PGOU contempla actuaciones íntimamente vinculadas a Rabasa, supeditadas en realidad a dicho proyecto, especialmente en el entorno cercano y conectado en su día, pues así será la zona del Rico Pérez, los centros comerciales previstos y, sin duda, la desaparición como tal de una zona deportiva importante que será engullida por negocios ajenos.
Y, lo más preocupante es que Rabasa se construya ahora y, necesariamente, como siempre sucede, me imagino que con préstamos elevados. Ante el riesgo de que las viviendas no se vendan, cabe preguntarse si las entidades que lo apoyan verán mermada su liquidez y si nuestros ahorros pueden verse en una situación al menos comprometida. En definitiva han sido este tipo de operaciones culpables en buena parte de la crisis económica global y, especialmente, de la gravedad de la española.
Esta forma de comprender el urbanismo ha causado muchos males en la economía española, pues el crecimiento basado en el "ladrillo" es, por su propia naturaleza, especulativo, al coincidir en él múltiples intereses y no ser, por supuesto, un modelo de crecimiento sostenible. Se sale de una crisis que ha acreditado que la economía debe crecer alrededor de otro tipo de actividad, pero se insiste en el PGOU en volver, una y otra vez, a lo mismo, aún cuando es apreciable que cada vez será menor la capacidad de construir y menor, también, la adquisitiva y que una ciudad que crezca en los términos diseñados en ese plan, debe contar con servicios paralelos a sus nuevas necesidades. Y eso se olvida, se relega o, simplemente, se apunta, pero sin prestar la debida atención o dotarlo de apoyo cierto. El desinterés de los gobernantes valencianos ante el urbanismo más allá del día a día es total. Como ejemplo valga la condena de Europa, que ya habla claramente de corrupción urbanística -lo que todos sabemos y acreditan los tribunales-, y los retrasos en el colegio de Benalúa, ejemplo claro del futuro de este tipo de dotaciones que molestan, aunque vengan obligadas, pues suponen gastos donde sólo se quiere hallar ingresos.
Mi rechazo al PGOU y a Rabasa se fundamenta, pues, más allá de los aspectos concretos, en la filosofía misma que inspira ambos, en las bases en que se asienta, en el pan para hoy y hambre para mañana. Un PGOU no es sólo un modelo de planeamiento del crecimiento, sino que debe reflejar una forma de entender la ciudad y sus habitantes, de respeto al entorno, de facilidad de la movilidad interior y periférica. Es un absurdo que el PGOU de Alicante, por ejemplo, no haya atendido a los planes de las ciudades cercanas, al menos para conectarlas mediante el transporte público.
Se ha pensado en pocos y se ha regulado para ellos. Esta es una ciudad poco habitable y el PGOU no lo va a remediar, sino que profundizará en los mismos errores, pues no ha cambiado nada en la forma de entenderla y de comprender la responsabilidad ante la ciudadanía.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Opinión - 16.12.2008
