LAVOZ/Salamanca* : El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para el Huerto de las ADoratrices. Una nueva misión de expertos elaborará un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca.
La UNESCO recuerda que, según la Convención de París, debe ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes.
Comunicado de prensa de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio
El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en su 32ª Sesión, celebrada en Québec (Canadá) del 2 al 10 de julio de 2008, ha rechazado el proyecto de construcción de un edificio en el Huerto de las Adoratrices de Salamanca, promovido por Caja Duero.
A pesar de valorar que el proyecto de Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández reduce alturas y volúmenes con respecto al anterior proyecto, el Comité considera que no se han atendido las recomendaciones de la misión enviada en el año 2002. Así, califica el proyecto de contradictorio y ambiguo y pide que se suspenda su desarrollo hasta que una nueva misión de expertos evalúe el estado de conservación de la zona protegida, el proyecto en sí, las medidas de gestión y la protección de las zonas colindantes. Además, el Comité lamenta que no se haya producido ningún avance en el desarrollo de un Plan Integral de Gestión de la zona declarada, como viene solicitando desde hace años, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.
Solicita que se elabore un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca en cuanto Bien declarado Patrimonio de la Humanidad.
También solicita ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes, algo que no ocurre en la actualidad. En el último año, desde nuestra Asociación, se ha informado puntualmente al Comité de la evolución de tres proyectos: construcción de un edificio de nueva planta en el huerto de las MM. Adoratrices, construcción de un aparcamiento subterráneo de vehículos en la plaza de los Bandos y construcción de un edificio de nueva planta en la parcela de la Casa de los Niños de Coro, todos estos proyectos estarían inscritos en la zona declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
Por último, el Comité pide explicaciones acerca del desarrollo del Convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, firmado en 2007, para establecer objetivos de conservación del patrimonio declarado.
Desde la Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” lamentamos que, una vez más (y precisamente en el año 2008, cuando la ciudad se prepara para celebrar los 20 años como miembro integrante de la lista de Ciudades declaradas Patrimonio Mundial), Salamanca vuelva a aparecer en la lista de Bienes objeto de debate en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial. Desde el año 2002, el Comité, año tras año, ha dicho no a la destrucción del huerto de las MM. Adoratrices y no a la construcción de edificio alguno en un espacio libre en cuyo entorno se ubican hasta siete Bienes de Interés Cultural. Aparecer en esta lista es señal de que las cosas no se hacen bien. Aparecer siete años seguidos es una vergüenza. En este año, tan sólo dos bienes españoles son analizados por el Comité: Obras de Antonio Gaudí (por el paso del AVE bajo la Sagrada Familia) y la Ciudad Vieja de Salamanca. El empeño de Caja Duero, inconsciente, y la actitud, irresponsable, de las administraciones públicas derivan en un riesgo que Salamanca no debe correr. De momento, recalcamos, el Comité auditará el estado de conservación de Salamanca a fin de saber si por su “integridad y autenticidad” debe seguir mereciendo el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y solicita, formalmente (algo que nunca antes había ocurrido), la suspensión de toda tramitación administrativa relativa al polémico proyecto de Caja Duero.
Es hora de que nuestras autoridades, que desde hace días conocen las decisiones adoptadas por el Comité, se tomen en serio la labor de gestionar un Bien declarado Patrimonio Mundial con el fin de que el nombre de la ciudad desaparezca del listado de asuntos analizados en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Porque, en este caso, no estar en la lista es señal de que la gestión es correcta.
* La Voz de Salamanca - AGENCIAS / José A. Andrés - 12 de julio de 2008
Foto: Salamanca, Las Adoratrices - lavozdesalamanca.com
La UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para las Adoratrices
ARCA augura "en breve" acciones penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias de derribo
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EUROPAPRESS* : La asociación ecologista ARCA cree que "en breve" se empezarán a mover en Cantabria "acciones" penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias firmes de derribo, porque podrían estar incurriendo en delito de desobediencia. Está por ver, según dice, si esas acciones partirán de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o de la propia asociación, pero lo que tienen "más que claro" es que los hechos pueden tener "relevancia penal".
Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de la asociación, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, justo un día después de hacerse públicas cuatro nuevas sentencias que suponen la anulación de las licencias concedidas a Fadesa para la construcción de 122 viviendas en el Alto del Cuco, cuyo derribo pedirá Arca tan pronto como las sentencias sean firmes.
Según señaló Herrera, Arca está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales contra aquellos alcaldes que están "simulando" ejecutar las sentencias de derribo pero "no tienen intención" de llevarlas a efecto. Y es que, destacó, los propios fiscales "se dan cuenta de que la no ejecución de las sentencias de derribo es uno de los principales escollos para aplicar la normativa urbanística".
"Las sentencias firmes de derribo deben ser ejecutadas porque esto es el sustento del estado de derecho. Lo que no puede ser es que lo que esté hoy prohibido, mañana, a través de soluciones parlamentarias o de presiones, esté permitido", recalcó el vicepresidente de Arca, quien opinó que puede tratarse de un delito de desobediencia por no ejecución de sentencia, sancionable al igual que el caso Atutxa.
Para Herrera, en Cantabria se está "larvando" un debate sobre la ejecución o no de sentencias que demuestra que su sociedad "no ha alcanzado un nivel democrático saludable" porque en sociedades con buenos niveles democráticos "las sentencias se cumplen, no se buscan artimañas".
Con la anulación de licencias de estas 122 viviendas en el Alto del Cuco, el vicepresidente de ARCA explicó que se suman nuevas viviendas con sentencia de derribo a la "bolsa" de 500 que ya había en la región, lo que eleva prácticamente a 630 esa bolsa.
PRINCIPAL FOCO DE CORRUPCIÓN
Las cuatro sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander demuestran además, a juicio de Canales, que Arca ha hecho una vez más "de forma acertada" su trabajo en defensa del medio ambiente y que la justicia "ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha hecho bien su trabajo".
Pero esto, pone a la vez de manifiesto que "el resto de administraciones no lo están haciendo bien" y que la administración "está implicada en estos procedimientos de urbanismo salvaje" y está manteniendo una gestión "nefasta", que va "contra la legalidad" y se "salta" las normas que ella misma hace, agregó.
En palabras de Canales, con estas sentencias también se hace patente que los ayuntamientos "siguen siendo el principal foco de desórdenes urbanísticos e incumplimientos contra le ley del Suelo y Ordenación del Territorio" y "el principal foco de corrupción urbanística".
Para hacer frente a esa situación, la asociación apuesta por abordar modificaciones legislativas, la primera de ellas en relación a la Ley del Suelo para "quitar" competencias a los ayuntamientos, fundamentalmente para que no puedan aprobar planes parciales ni modificaciones de su planeamiento y un organismo regional se ocupe de ello.
La otra modificación que propone Arca, según explicó Canales, es que los políticos y los promotores "respondan con su patrimonio personal de los daños causados" porque "no puede ser que se vayan de rositas" y se intente "reparar" el daño con "el dinero de todos". Puso el ejemplo de los directivos de Fadesa --promotora de las viviendas del Alto del Cuco-- que, según dijo, viajan "en avión privado" y tienen contratos "blindados", mientras "van dejando marrones" como éste.
MÁS LICENCIAS RECURRIDAS
José Ángel Herrera explicó que las sentencias sobre las licencias de las 122 viviendas del Alto del Cuco conocidas ayer eran "más que esperables" y estaban "absolutamente cantadas", puesto que el Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco ya había sido anulado.
Ahora habrá que esperar a ver qué sucede con las demás licencias (eran unas once en total), porque la asociación recurrió todas las concedidas para la construcción de las cerca de 400 viviendas proyectadas en el Alto del Cuco. Herrera se mostró convencido de que se aplicará la misma doctrina que en las cuatro primeras sentencias y quedarán con ello anuladas las licencias.
Las cuatro sentencias ya conocidas no son firmes, porque cabe recurso y la asociación no sabe si el Ayuntamiento, Fadesa o alguno de los particulares afectados habrá recurrido la decisión. En cualquier caso, Arca esperará a que sean firmes para pedir entonces la aclaración de sentencia y el derribo de las viviendas, aunque, según Canales, "se sobreentiende" que la anulación firme de licencias conlleva la demolición.
La asociación también pedirá entonces la restauración del monte que, a su juicio, puede resultar más costosa económicamente que las indemnizaciones a los afectados.
* Europa Press - SANTANDER, 23 Jul. 2008
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
Uno de los cerebros del 'Guateque' admite que recibió gratificaciones
ELPAÍS/Madrid* : "En vez de invitarme a una comida, me pagaba". Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de Impacto Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid y supuesto cabecilla del caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales), reconoció ayer ante el juez Santiago Torres que recibió dinero de la arquitecta técnica Pilar García Uceda, con la que había colaborado en varios trabajos.
Entre los dos realizaban proyectos de expedientes que más tarde se mandaban a la Concejalía de Medio Ambiente, según fuentes jurídicas. Además de Ceballos, también declararon otros tres funcionarios municipales y 10 empresarios en una maratoniana jornada en el Juzgado de Instrucción número 32 de Plaza de Castilla.
Al supuesto cerebro del caso Guateque se le imputa un delito de actividades prohibidas a los funcionarios, el cobro de gratificaciones. A las preguntas sobre la incompatibilidad de las colaboraciones con su condición de funcionario, Ceballos aseguró ante el juez que pensaba que ya estaría "jubilado" cuando "los proyectos llegasen a su departamento debido a la larga tramitación que soportan los expedientes".
Al entrar en la sala, Ceballos explicó al magistrado durante más de una hora cuál fue la tramitación de "tres o cuatro" expedientes de licencias de locales de 2005. "Todos siguieron el curso habitual. No se han producido irregularidades", afirmó después en los pasillos de los juzgados. "No cobré un duro ni por los informes ni por acelerar expedientes". El antiguo funcionario, sin embargo, admitió que sólo se aceleraban las licencias que "políticamente se mandaban adelantar". Antes de declarar, Ceballos insistió en que "no hay ninguna trama", y achacó su imputación a que era el único funcionario que evaluaba los informes que pasaban por Medio Ambiente. "Por eso todos tienen mi firma", puntualizó.
El otro principal imputado que compareció ayer fue Joaquín Fernández de Castro, antiguo jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Coincidió, y charló en varias ocasiones, cerca de tres horas en los pasillos del juzgado con Ceballos. Entre paseo y paseo, Fernández de Castro declaró que "se está cometiendo un atropello disparatado". Ya ante el juez, el funcionario afirmó que habría destituido a Ceballos en el caso de haber tenido constancia de las irregularidades. Ambos funcionarios, que salieron de prisión el pasado 24 de enero, previo pago de 60.000 euros, están imputados por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios.
La anécdota del día corrió a cargo de Antonio López González, socio en la cafetería Nuevo Riaño de Manuel Pérez Gallego. Éste debía declarar ayer como imputado. "Pero si murió hace tres años", dijo López González cuando su socio fue llamado por el tribunal.
Miguel Ángel García Jodar, ex técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, fue el encargado de abrir la sesión matinal. Él preguntó acerca de unos expedientes en la calle de Lagasca y el funcionario respondió que él sólo hizo las mediciones y nunca falseó datos.
El único empresario imputado que realizó declaraciones fue José Fernando Hurtado Roma, dueño del pub Deyavu, en Ciudad Lineal, y acusado de pagar una comisión por una licencia municipal. Se mostró muy sorprendido por la citación porque pidió una licencia en mayo de 2006 y aún no la tiene. "Lo que he pagado han sido 1.102 euros por un proyecto", aclaró.
* ELPAIS.com - ROBERTO TAMAYO - Madrid - 23/07/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
Roca: "Di el dinero a Urquía en dos sobres"
ELPAÍS* : La sorpresa saltó a las 9.45. Por primera vez desde su detención por la trama de corrupción de Marbella, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca se autoinculpó ayer ante un juez. "Yo pagué 73.800 euros a Urquía para la compra de su casa. Preparé los pagos personalmente y se lo entregué en dos sobres distintos. Quedamos en vernos a mediodía, sobre las tres de la tarde, cuando no había nadie en mi oficina".
Estaba en pleno juicio acusado de pagar al magistrado para conseguir favores judiciales. En concreto, la suspensión judicial de un programa que se emitió en marzo de 2006 en una televisión local en el que se hacía público su patrimonio.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) juzga a Roca junto al magistrado Francisco Javier de Urquía, ex titular del juzgado número 2 de Marbella, y el empresario Arnaud Fabrice Albouhair en una causa derivada del caso Malaya. Todos se enfrentan a tres años de prisión por delitos de cohecho y negociación prohibida a funcionario público. El magistrado, apartado de la carrera judicial desde hace un año, está acusado además de prevaricación judicial.
Era el turno de Roca para decir si estaba de acuerdo o no con los cargos. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, pidió que se acercara al micrófono para oír mejor lo que decía. "He decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado. Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió después.
El giro de Roca, que en dos declaraciones anteriores negó todos los cargos, cayó como un rayo en la defensa de Urquía. El abogado Antonio González Cuéllar trató sin éxito de volver a suspender el juicio, aunque sí logró un receso para asimilarlo y preparar su interrogatorio.
El ex asesor de Urbanismo no relacionó el pago al juez con la suspensión del programa de televisión que tanto le incordiaba. "Le entregué el dinero para que me ayudara con temas judiciales", dijo. Roca negó haber hablado con el juez sobre el programa, pero reconoció a preguntas del fiscal que era "el único asunto" que tenía pendiente en el juzgado de Urquía.
Cuando le llegó el turno al juez, lo negó todo. "Roca miente (...) el dinero me lo dieron mi padre y mi esposa", dijo. El juez insinuó que el giro de Roca se debe a que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Aseguró que le habían llegado "rumores" de "compañeros de Madrid y de Granada" sobre un "acuerdo para que Roca consiga trato de favor en otras instancias". El ex asesor de Urbanismo lo negó.
Urquía no declaró en el banquillo. Al ser abogado y defenderse a sí mismo, lo hizo desde el estrado y con la toga puesta. Durante la hora que duró su interrogatorio negó haber asesorado a Roca. Para Urquía, el ex asesor de Urbanismo marbellí era prácticamente un desconocido. "No he hablado en mi vida con él por teléfono, he coincidido dos veces en actos sociales" en el local de su amigo Albouhair.
Dos de los inspectores del caso Malaya explicaron al tribunal cómo surgió el caso, que el magistrado Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya, derivó al TSJA porque estaba implicado un juez. "Todo comenzó cuando el juez Torres nos pidió que averiguáramos dónde habían ido a parar 150.000 euros que el promotor Ávila Rojas reconoció haber pagado a Roca", contó un policía. En los apuntes de contabilidad intervenidos vieron que ese dinero se desglosaba en dos pagos, uno de 63.000 euros y otro de 10.800 y tras hacer un rastreo descubrieron que las cantidades coincidían con el contrato de compra venta de una vivienda en la urbanización marbellí Azalea Beach y dos recibos a nombre de Francisco de Urquía Peña.
Con estos datos, y la fecha en la que se firmó el contrato, los investigadores repasaron las conversaciones telefónicas grabadas a Roca y descubrieron una conversación con Arnaud Fabrice Albouhair, en la que una voz en segundo plano asesoraba al ex asesor de urbanismo sobre la mejor forma de conseguir la retirada del programa de televisión. "Fue el propio Miguel Ángel Torres quien reconoció la voz del juez Urquía en la conversación telefónica", coincidieron. "Esto es una trayectoria de pagos, no un pago único", aseguró uno de los inspectores.
Dos inspectores de Hacienda, que declararon como testigos, explicaron que en el caso Malaya se intervinieron 10 gigas de información y 40.000 documentos que todavía están analizando. "Todavía hay aportes no identificados", dijo uno de ellos.
* ELPAIS.com - JUANA VIUDEZ - Granada - 23/07/2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Benalúa Sur. Otro proyecto caro para la ciudad
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO/Alicante* : Qué pensarían ustedes de alguien que cediera sus propiedades, renunciara a buena parte de los beneficios que pueden derivarse de ellas y posibilitara así que una empresa privada aumentara los suyos? ¿Qué pensarían ustedes si esa conducta la adoptara un Ayuntamiento y que, para realizarla, cesara a los dos técnicos que se oponían a suscribir unos acuerdos aparentemente al menos lesivos para la ciudad? ¿Qué pensarían ustedes si alguien cediera terrenos recibiendo a cambio un valor infinitamente inferior al real?
Cada cual puede pensar lo que estime oportuno dentro de sus preferencias y de su ingenuidad, pero yo, que de ingenuo ya tengo poco, creo que tras este tipo de negocios ruinosos ha de buscarse una razón, la que sea, pero nunca la superior que debe presidir las actuaciones de la Administración Pública.
Puedo entender que haya distintas sensibilidades a la hora de aprobar proyectos de actuación urbanística; puedo entender que existan diversas maneras de concebir el desarrollo de una ciudad; pero nunca, jamás, puedo asumir la pureza absoluta de unas decisiones que han venido acompañadas de actuaciones tan llamativas como el despido y traslado de los técnicos informantes a favor del Ayuntamiento, pero en contra de las decisiones del PP (que no es lo mismo, pues el Ayuntamiento somos todos y el PP unos pocos) y el cambio reiterado de proyectos que, al final, suponen un menoscabo en el patrimonio colectivo que, ese sí, es de todos, no de los que nos gobiernan en este municipio.
El plan parcial Benalúa sur, al que me estoy refiriendo, más allá de la casi anécdota de haber asumido últimamente el pago del levantamiento de un muro para edificar el ansiado colegio de este barrio, está plagado de documentos contradictorios que hacen sentir vergüenza ajena, al menos porque a uno le cabe la duda razonable acerca del cuidado con el que se abordan cuestiones tan elementales como el desarrollo urbanístico de una zona conocida como la milla de oro. O, por qué no -la duda es siempre inherente a la razón-, deducir que tales chapuzas no son ajenas a la forma misma en que se desarrolló un planteamiento urbanístico sujeto a vaivenes de muy difícil catalogación. Porque, fíjense ustedes, en términos sencillos, la propuesta presentada por el urbanizador en el año 1998 era tan simple como que consistía en que él asumiría los costes del desarrollo del plan y así fue aprobada por el Ayuntamiento, para acabar, en el año 2005, con una solución en la que los alicantinos hemos de pagar una buena parte del beneficio del urbanizador y todo ello sobre la base de un caos que movería a la risa si no fuera por la seriedad del asunto y a la inquietud por la gravedad de unos hechos que deben movernos a la reflexión y cuestionarnos muchas cosas, pues lo sucedido entra de lleno en el terreno de la anormalidad.
Y todo esto ha sucedido -e insisto porque me parece esencial-, en un contexto en el que se despide y luego readmite por orden judicial a un técnico municipal, con conocimientos comprobados y que ha ingresado por oposición y se traslada a otro, ambos por oponerse a unas actuaciones muy complejas de entender desde la razón. Y acompañados estos acontecimientos por unas declaraciones de doña Sonia Castedo en las que afirma que el Ayuntamiento necesita técnicos "que se adapten los más fielmente posible al contenido de los puestos de trabajo que integran la organización de la gerencia" (de Urbanismo). A nadie se le oculta que lo que doña Sonia Castedo está preconizando es la sustitución de técnicos independientes, por otros sometidos o dóciles ante las decisiones políticas y que no cumplan fielmente con su función fiscalizadora, es decir, con la crítica y denuncia de lo ilegal o ilícito. Cuando, desde un órgano político se buscan técnicos de este perfil y que sean capaces de obviar la legalidad o de buscar recovecos para incumplirla, debe dudarse de la licitud de las conductas o de la sospecha al menos de su adecuación al ordenamiento jurídico. Y no afirmo que se haya hecho, pues carezco de pruebas, pero sí que de las palabras de la concejala se deduce que es eso lo que se persigue.
Curioso es que, no obstante, el grupo municipal socialista, cuyo portavoz entonces era Blas Bernal, en enero de 2003, diera su aprobación a un plan que ya entonces había experimentado una modificación unilateral del urbanizador en perjuicio de los intereses municipales y curioso es que los seguidores del ex concejal, en esta tribuna y otras similares increpen al portavoz actual, Roque Moreno, pidiéndole actuaciones inmediatas por algo de lo que no es responsable. No me cabe duda, sin embargo, de que este último actuará, pues ningún interés se le conoce y ninguna relación mantiene más allá de aquéllas que le exige el cumplimiento de sus obligaciones. No todos pueden decir lo mismo.
Entiendo que este tipo de comportamientos, de proyectos contradictorios, de documentos que varían sin razón alguna que esté en el origen de la modificación, de pérdida de patrimonio municipal o de un adecuado beneficio, cuando no son controlados desde dentro por técnicos independientes, deben ser sometidos a la decisión de los tribunales. No se trata de judicializar la política como suelen afirmar los que creen que las elecciones legitiman para actuar con total y plena impunidad, sino de restablecer el equilibrio necesario en un Estado de Derecho entre política y respeto a la legalidad. Los mecanismos están previstos, pero cuando los cargos públicos eliminan de la esfera de su actuación todo control interno administrativo y buscan sólo personal de confianza, ha de acudirse al Poder Judicial, que mantiene su independencia y que viene a sustituir de este modo a los profesionales expulsados de la función pública o sancionados por el cumplimiento de su función fiscalizadora.
No emito en esta aportación opinión alguna al respecto de los hechos; no es mi competencia. No obstante, sí manifiesto públicamente mi extrañeza por la existencia de contradicciones en la documentación tan evidentes y de resultados tan opuestos, que es obligado ofrecer alguna explicación pública cuando de los intereses de la ciudadanía se trata. Pasar de un proyecto en el cual los costes se establecían a cargo del urbanizador a otro en el que dichos costes ha de soportarlos en un cincuenta por ciento la ciudad, merece alguna explicación, pues el patrimonio municipal es tan mío como de los concejales de la mayoría y tanta legitimidad tengo yo para oponerme y exigirles claridad, como ellos obligación de dármela. Ganar las elecciones no les hace dueños de la ciudad, sino meros administradores y no son buenos quienes administran y pierden. En cualquier otra empresa estarían cesados.
Nota: Jorge Alarte, para mí el único candidato a la Secretaría General del PSPV que puede encabezar un cambio real, está viendo florecer estrategias innumerables dirigidas a entorpecer lo que la realidad impone y a perpetuar a los inmarcesibles. No creo que a la larga sirvan para nada, pues cuando la esperanza cunde es irrefrenable. La desazón en la que han instalado los de siempre este partido es la prueba de que esta vez no conseguirán sus objetivos.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Opinión - 22 de julio de 2008<
