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ELPAÍS/Cádiz* : El Ayuntamiento de Chiclana inició ayer la legalización de unas 15.000 viviendas construidas al margen del planeamiento urbanístico. Los terrenos deberán ser, una vez urbanizados, incluidos en el PGOU con la consideración de suelo urbano no consolidado. A diferencia de modelos anteriores, la ordenanza aprobada ayer por el pleno concede a los propietarios la posibilidad de realizar pagos fraccionados de las cargas urbanísticas.
A partir de la aprobación provisional, y durante 60 días, el texto queda abierto al periodo de alegaciones. A pesar de que el actual equipo de gobierno, de mayoría socialista, ha acordado los detalles de la ordenanza con las asociaciones locales de vecinos, algunos de los propietarios expresaron ayer en el Ayuntamiento su oposición a la medida, al considerar excesivos los precios establecidos para la normalización de sus viviendas ilegales.
"A partir de ahora, y por primera vez, los vecinos podrán tener un documento jurídico en el que apoyarse", explicó ayer a la salida del pleno la concejal de Urbanismo, Cándida Verdier (PSOE).
Por su parte, el Consejero de Gobernación, Luis Pizarro, declaró en Cádiz que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge la posibilidad de regularizar, en algunos casos, viviendas ilegales, y advirtió que "lo que no sea posible legalizar, también tiene una respuesta administrativa, que es la demolición".
El gobierno local confía en poder iniciar en otoño los trabajos de urbanización de los terrenos y de normalización administrativa de las construcciones.
* ELPAIS.com - F. J. R. - Cádiz - 31/07/2009
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
Chiclana inicia la legalización de 15.000 casas irregulares
Imputado el alcalde de Alpicat por irregularidades urbanísticas
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ELPAÍS/Lleida* : El alcalde de Alpicat, Pau Cabré (CiU), y 10 miembros más del Consistorio leridano, entre técnicos, asesores y funcionarios, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción nº1 de Lleida como presuntos autores de varios delitos urbanísticos. A petición de la fiscalía, el alcalde y su anterior secretario municipal fueron llamados ayer a declarar ante el Juzgado de Lleida, ya que tras una investigación iniciada a principios de año por la Guardia Civil a raíz de una denuncia se concluyó que hay indicios de delito.
A Cabré y a los otros 10 imputados se les acusa en concreto de un delito contra la ordenación del territorio por haber dado licencia para la construcción de una empresa en suelo rústico no urbanizable. También se les atribuye un delito de prevaricación por otorgar licencias y alienar terrenos de forma irregular. Por último, se les acusa de un delito de tráfico de influencias por haber favorecido en la concesión de una terraza a una vecina relacionada con su partido.
Pau Cabré ha negado ante el juez los delitos que se le imputan. Explica que todo se debe a una denuncia realizada por la oposición socialista porque sólo falta un año y medio para las elecciones municipales. "Es lamentable que por una acusación falsa tenga que verme involucrado en este lamentable asunto. Es una caza de brujas", ha asegurado.
Pese a que el alcalde confía en que la causa se acabará archivando, explica que ha encargado una auditoría externa al despacho Cuatrecasas para que determine si ha habido alguna irregularidad.
* ELPAIS.com - D. T. - Lleida - 31/07/2009
Foto: Alpicat (Lleida) - bisbatlleida.org
El TSJC confirma la ilegalidad 76 chalés en el sur de Tenerife
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EUROPAPRESS* : La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha informado en un comunicado que "ha recibido recientemente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Tenarona, S.L. y el Ayuntamiento de Vilaflor contra una decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santa Cruz de Tenerife, que estimaba que la licencia urbanística de obras municipal para la ejecución de 76 chales pareados en el camino Real en la Escalona contravenía la normativa".
El asunto se remonta al año 2006 cuando ATAN tuvo conocimiento de la ejecución de una serie de edificaciones generando un importante impacto paisajístico en un entorno "eminentemente rural" de la zona baja del municipio de Vilaflor, constatando que la licencia concedida vulneraba la normativa urbanística.
Para ATAN, lo asombroso de esta ilegalidad es que todos los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales eran "desfavorables" al otorgamiento de la licencia, a pesar de lo cual el alcalde "sin ningún tipo de justificación que desvirtuara lo argumentado por sus técnicos concedió la licencia".
"La consecuencia es que ahora procede la ejecución de la sentencia y deberá procederse a restituir la legalidad y la realidad física alterada", explica la asociación que adelanta que ejercerá acciones contra el alcalde de Vilaflor, entre otra medidas, mediante la solicitud de responsabilidad patrimonial personal del primer edil, tal y como prevé el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, --como ya apunta el propio magistrado en la sentencia de fecha 20 de mayo de 2008 ahora ratificada por el TSJC-- y ello porque "no se puede consentir que por una acción de irresponsabilidad de este cargo público el coste económico de esta situación recaiga sobre los vecinos de Vilaflor".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. 2009
Foto: Vilaflor (Tenerife) - costa-adeje.es
Vigo legaliza los primeros 180 pisos con orden de derribo y abre la vía a 1.800
LAVOZDEGALICIA* : Apenas diez segundos bastaron ayer a la gerencia de Urbanismo de Vigo para conceder licencia a un inmueble y acabar con una década de ansiedad de 180 vecinos por las sucesivas sentencias de derribo de sus viviendas. El edificio en cuestión está situado en la calle Jacinto Benavente y acoge un gran centro comercial de juguetes.
La sentencia de demolición fue dictada hace una década y ratificada en el 2003 por el Tribunal Supremo, que anulaba la licencia. Desde entonces los vecinos vivían en vilo, pendientes de una posible solución, que ha llegado de la mano del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal al que se ha adaptado.
Pese a que en su día la licencia del Concello preveía la construcción de un edificio de siete alturas, en la práctica fueron superadas. También se había sobrepasado la edificabilidad, a la que se añadieron unos 14.000 metros cuadrados más de los previstos.
Con esta legalización el Concello de Vigo se libra de una indemnización que podría rondar los cincuenta millones de euros. Además, abre la vía a la legalización de otras 1.800 viviendas.
El abogado defensor de los vecinos, José Luis Barros Ferreira, confirma que después de tres años de trámites y de presión constante, el edificio ya es «legal e inderribable». Achaca todo lo sucedido a un error en la suma del coeficiente de uso residencial, mal calculado por el arquitecto y lamenta que el equipo jurídico municipal no lo defendiera en su día como debiera, lo que ha afectado a la calidad de vida de los vecinos.
Reacciones
Ayer el alcalde, Abel Caballero, achacó lo sucedido con el edificio de Jacinto Benavente y otros que se encuentran en la misma situación a «la deficiencia de los gobiernos de aquel año» y a un plan defectuoso. Curiosamente el Plan General de Urbanismo de 1993, que dio lugar a las sentencias de demolición, fue aprobado por un alcalde de su mismo partido socialista.
Sobre la posibilidad de legalizar el resto de inmuebles con sentencia de derribo, Caballero informó que los técnicos de la gerencia dirán qué edificios son legalizables y cuales no, a medida que vayan solicitando la licencia, aunque se negó a decir cuántos lo habían hecho hasta la fecha.
De la colina de Castrelos dijo, «no es subsanable porque lo decidió una sentencia» y de la Finca do Conde añadió que tiene una enorme construcción con un informe en contra de los técnicos de la gerencia «y además, se decía que el local comercial iba bajo suelo», matizó.
«El problema del edificio de Jacinto Benavente no era un problema de pelotazo, sino de tramitación; hay otros que fueron pelotazos, se dieron licencias sin informe técnico, ni aval y a lo mejor resulta que no son legalizables», concluyó.
Precisamente en este sentido se pronunció el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, quien tras congratularse de que se haya subsanado un error del Plan General de 1993 para acabar con la incertidumbre de los ciudadanos, advirtió que será un primer paso insuficiente si no se trata al resto de edificios de igual modo.
En realidad, su temor se refiere de forma implícita al hecho de que el alcalde solo solucione los problemas surgidos en la época de los gobiernos socialistas y deje sin resolver algún caso registrado durante la época del gobierno municipal del PP, como el de Finca do Conde.
Figueroa espera que no provoque la misma inseguridad el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado hace un año.
Más optimista se mostró la portavoz del BNG en el Concello vigués, María Méndez, para quien la licencia concedida al inmueble de Jacinto Benavente abre una nueva vía para legalizar el resto de edificios con sentencias de derribo.
Como parte del gobierno municipal se felicitó por esta primera solución, aunque sea el caso más fácil de todos, ya que, dijo, la ejecución de la sentencia sería inasumible para las arcas municipales.
* La Voz de Galicia - María Jesús Fuente - 31.07.09
Foto: El edificio de la calle Jacinto Benavente ya no será demolido - XOÁN CARLOS GIL, lavozdegalicia.es
