EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Tarragona ve indicios de delito en algunas actuaciones urbanísticas del ex alcalde de Salou (Tarragona), Esteve Ferran, y de su hijo, Esteve Ferran Gombau. Por ello presentará acusación por presuntas irregularidades urbanísticas. Según informó hoy 'El Mundo', la Fiscalía investigará las presuntas irregularidades que se refieren a actuaciones inmobiliarias poco claras en el barranco de Barenys y la concesión de un geriátrico, entre otros casos.
Uno de los elementos que se investiga se refiere a las adquisiciones de terreno que realizó el ex concejal de Urbanismo e hijo del alcalde, que compró por 300.506 euros terreno rústico hace casi dos años en la partida de Castellots y Barenys, cuando su valor catastral es tan sólo algo superior a los 35.000 euros.
Este suelo quedará libre tras el desvío del barranco de Barenys previsto en el Plan Parcial y que recalifica suelo rústico en urbano, hotelero, residencial y deportivo. Cabe recordar que como concejal de Urbanismo, Ferran Gombau, tenía acceso a información sobre los planes del consistorio respecto los terrenos.
Otro caso que se investiga es el incendio hace cinco años de la sala Galas de Salou porque el anterior ayuntamiento, presuntamente, envió datos falsos a la oficina del catastro respecto la superficie afectada. Esto podría haber beneficiado a un socio del ex concejal de Urbanismo encargado de la promoción de las viviendas que se construyeron en el mismo lugar tras el incendio. Según el citado diario, el ayuntamiento magnificó los datos de superficie para así asegurar la máxima edificabilidad tras el siniestro.
Según el rotativo, la Fiscalía tampoco ve con buenos ojos la participación, cuando aún tenían el cargo público, del ex alcalde, su hijo y las esposas de ambos en una sociedad que tiene por objeto social la promoción inmobiliaria con un capital social de 690.000 euros.
* Europa Press - TARRAGONA, 11 Oct
Foto: Salou - jccm.es
La Fiscalía ve indicios de delito en algunas actuaciones urbanísticas del ex alcalde de Salou
Un juez frena una urbanización en El Puerto por no tener garantizado el suministro de agua
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ELPAÍS* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz ha declarado "nulo" en acuerdo del pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) que, en agosto de 2004, concedió la licencia para una urbanización en la zona residencial de Vistahermosa, en la costa oeste de la ciudad, para la construcción de un parque de viviendas y la ampliación del campo de golf. La sentencia considera que el Consistorio autorizó el inicio de las obras a pesar de que el proyecto carece de las "dotaciones necesarias" para la prestación de servicios básicos, en concreto, el suministro de agua.
El juez destaca que el terreno no sólo no cuenta con sistemas necesarios para el suministro de agua a 325 nuevas viviendas y la ampliación del campo de golf, sino que, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había anunciado su negativa a llevar el suministro a la urbanización antes de que se iniciaran las obras, según informó ayer La Voz de Cádiz.
La decisión deja ahora en suspenso la legalidad de las obras, que de hecho se encuentran ya muy avanzadas. Los promotores, la firmas Factor Inmobiliario, Noriega, Proconspor y MVG, han edificado gran parte de las 325 nuevas viviendas de lujo que contempla el proyecto. Además, las empresas han iniciado los desbroces y los movimientos de tierra para acometer la ampliación del Campo de Golf de Vistahermosa, una de la zona más elitistas de El Puerto.
El juzgado responde a una denuncia presentada por los vecinos, representados en la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y la asociación local para la Defensa y el Patrimonio de la Identidad de Vistahermosa. Ambas organizaciones entendían que el plan urbanístico, en los términos aprobados, iba a causar muchos y graves perjuicios a los residentes y reduciría los niveles de calidad de vida de la zona.
A la denuncia se sumaron también Ecologistas en Acción por considerar que el diseño incumplía aspectos básicos de las normativas de protección ambiental y provocaba un daño severo a las masas arbóreas y a las colonias de camaleones, una especie protegida. Así mismo, los proteccionistas denunciaron el incremento del consumo de agua que iba a suponer la ampliación prevista del campo de golf ubicado en una zona con graves deficiencias de suministro.
El Ayuntamiento de El Puerto (PP) no precisó ayer si presentará un recurso contra el fallo judicial. Un portavoz se limitó a señalar que el área de Urbanismo está "estudiando la sentencia".
La aprobación del plan de urbanización fue probado por el anterior gobierno local, presidido por Independientes Portuenses, que era consciente de las limitaciones del área y las dificultades que entrañaba su urbanización. El entonces alcalde, Hernán Díaz Cortés, justificó la aprobación en el convencimiento de que se podrían iniciar las obras a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aceptara ampliar la red de suministro. Finalmente, los técnicos de la Confederación decidieron desestimar la petición, para lo que se basaron en la demanda de agua que podría llegar a generar, sobre todo, la ampliación del complejo deportivo.
En 2005, la Delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento portuense de la irregularidad cometida y pidió la rectificación del proyecto antes de que éste fuera aprobado definitiva.
En sus actuales términos, la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Cádizque obliga al Ayuntamiento a devolver a su punto de origen el trámite administrativo de todo el proyecto. El gobierno municipal tendrá que buscar la fórmula de encajar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un proyecto de urbanización renovado. En la actualidad el Ayuntamiento redacta un nuevo PGOU, que cumple ya ocho años de retrasos por sucesivos fallos políticos y condicionantes técnicos. Recientemente, el equipo redactor del plan ha presentado su dimisión ante la falta de avances, por lo que no se espera una respuesta rápida a la situación generada por la sentencia.
* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN - El Puerto - 12/10/2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Los madrileños suspenden a Aguirre en materia de vivienda
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BOTTUP* : La mayor parte de los madrileños está descontento con la gestión del Gobierno de la Comunidad en materia de vivienda. En concreto el 60,5% de los madrileños la considera "mala" o "muy mala" durante los últimos cuatro años, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sólo el 1,8% de los ciudadanos cree que es "muy buena" la labor desempeñada por el Gobierno de Esperaza Aguirre en políticas de vivienda, el 11,5% la califica de "buena" y el 22,7% la tacha de "regular".
Además, para los madrileños la vivienda es "el principal problema que existe actualmente en la Comunidad", con un respaldo del 30,5% de los encuestados. Por detrás se encuentra el problema de la inseguridad ciudadana (21,9%), la inmigración (21,8%) y el paro (17,4%).
La presidenta regional Esperanza Aguirre, en el balance de su primera legislatura, explicaba que había batido "record" en construcción de pisos protegidos de toda España, y defendía que una de cada cuatro viviendas protegidas que se levanta en España lo hace en la región madrileña.
Después de ganar las elecciones autonómicas por segunda vez, incluyó en su ejecutivo una nueva Consejería de Vivienda, con Ana Isabel Mariño al frente, con el objetivo de dar un impulsos a las políticas de esta materia.
* Bottup - SM / RB - 11 de octubre de 2007
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Jacarilla multiplicará su población por 15 con el visto bueno de la Generalitat
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ELPAÍS/Alicante* : Jacarilla multiplicará por 15 su censo (1.776 habitantes) con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por la Generalitat en diciembre de 2006. El documento prevé la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados. El dueño de uno de los sectores, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, aportó 100.000 euros al Ayuntamiento, gobernado por el PP, en concepto "de cooperación" para la redacción del PGOU. Este empresario está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Orihuela por irregularidades urbanísticas.
El nuevo planeamiento urbano de Jacarilla fue aprobado definitivamente por la extinta Consejería de Territorio y Vivienda en diciembre de 2006 y un mes más tarde fue recogido en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento sustituye a las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio desde 1993 e incluye la incorporación al proceso urbanizador de cinco nuevos sectores, que en total prevén la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico, básicamente forestal y agrícola.
Una vez consolidado todo el desarrollo urbano previsto en el nuevo PGOU, el municipio multiplicará por 15 su actual censo de población, de apenas dos millares de habitantes. El plazo de ejecución de los distintos sectores que recoge el plan es de 10 años.
Sólo uno de los cinco sectores, que el Consistorio sacó a concurso público el pasado verano, ocupará casi un millón de metros cuadrados con campo de golf incluido, a cuya sombra está previsto levantar 2.400 viviendas. Este PAI se ubica en el paraje de las Asomadas, en el límite con el término municipal de la vecina localidad de Orihuela. El suelo es propiedad de la mercantil Agrícola del Segura, SA. Esta empresa, según han confirmado fuentes municipales, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Jacarilla para los trabajos de redacción del nuevo PGOU que incluía una aportación económica de 100.000 euros por parte de la firma al Consistorio.
Esta mercantil es también propietaria del terreno recalificado en la misma zona por el vecino Ayuntamiento de Orihuela para levantar 10.000 casas y un campo de golf. El promotor de ese PAI, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano por supuestas irregularidades urbanísticas y contables. Grau Pomares es también el dueño de un lujoso chalé en el que reside el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, y a su vez titular del Rolls Royce que ocasionalmente conduce el ex regidor oriolano. En su declaración ante el juez como imputado por estos hechos, Medina admitió las acusaciones del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
Para el desarrollo de los otros tres sectores previstos en el nuevo planeamiento urbano de Jacarilla, tres empresas, entre ellas la mencionada mercantil Agrícola del Segura, presentaron alternativas al Ayuntamiento el pasado verano. Estos tres PAI, que en total también suman cerca del millón de metros cuadrados, prevén un parque de viviendas de 3.500 unidades para una población previsible de 11.744 nuevos habitantes.
En el apartado de recursos hídricos, el expediente que aportó el Ayuntamiento incluía un informe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con fecha del 22 de enero de 2004, en que garantizaba el suministro de agua a la futura población merced a un programa de desalación hasta la llegada de los recursos procedentes del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. No obstante, esta última posibilidad quedó definitivamente abortada en junio de 2004 cuando el nuevo Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro. Sin embargo, el Ejecutivo valenciano, pese a su oposición frontal al programa de desalación impulsado por el Gobierno central y sabedor de que el trasvase no se ejecutará, autorizó dos años más tarde el nuevo planeamiento.
Un pueblo con alcalde y sin equipo de gobierno
Desde el pasado 27 de mayo cuando José Manuel Gálvez, del PP, perdió la mayoría absoluta con la que había ocupado el cargo de alcalde de Jacarilla en los últimos tres mandatos, el pueblo carece de equipo de gobierno. En esos comicios el PP logró cuatro ediles y el PSPV, tres. La Corporación se completó con otros dos concejales que lideraban un grupo independiente surgido de una escisión del PP.
Gálvez fue investido de nuevo alcalde por encabezar la lista más votada, pero desde entonces ha sido incapaz de formar un equipo de gobierno estable. Por tanto, la gestión municipal la lleva personalmente Gálvez, apoyado en un único funcionario, el interventor.
El alcalde ha convocado para esta noche un pleno extraordinario para dar a conocer su nuevo gobierno, con el previsible apoyo de dos de los tres concejales socialistas.
El posible apoyo de estos dos concejales del PSPV al alcalde del PP en pleno desarrollo del nuevo PGOU del municipio fue objeto ayer de una reunión de la ejecutiva comarcal del PSPV de La Vega Baja. La conclusión fue meridiana. "Los socialistas no vamos a apoyar en ningún caso al alcalde del PP. El que lo haga, que se atenga a las consecuencias, porque será expulsado del partido", señaló José Antonio Martínez, secretario comarcal de organización.
La concejal socialista Carmen Cabrera ya ha anunciado que permanecerá fiel a la disciplina del Grupo Socialista. Las dudas de la dirección socialista se plantean en el caso de los otros dos ediles del grupo: Joaquín Moreno Tenza y Belén Martínez Gálvez. El primero integró la candidatura municipal del PSPV en calidad de independiente, mientras la segunda sí es militante socialista.
El alcalde de Jacarilla declinó ayer atender la llamada de este periódico para conocer su opinión sobre el desarrollo del nuevo PGOU y la gobernabilidad del Ayuntamiento.
No obstante, otras fuentes municipales han desvelado los detalles del pacto de Gálvez con los dos ediles socialistas para garantizar la gobernalidad del municipio. El regidor ha ofrecido a Moreno Tenza la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente y a la concejal Martínez Gálvez, la primera tenencia de alcaldía y dedicación exclusiva.
La dirección socialista insistió anoche en el rechazo al pacto con el alcalde del PP, "máxime en estos momentos, cuando la Corporación se enfrenta de lleno al desarrollo del PGOU", precisaron. "En el pueblo hay en la actualidad una gran polémica con la avalancha de viviendas que se avecina", añadieron. El grupo municipal socialista votó en contra del nuevo planeamiento urbano.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 11/10/2007
Foto: Jacarilla (Alicante), ayuntamiento - convega.com
Nuestras vidas son más importantes
BIBIANA MEDIALDEA GARCÍA* : Por fin nos hemos dado cuenta de que con la vivienda tenemos un problema. Y por fin hemos logrado que el Gobierno asuma públicamente que tiene la obligación de resolverlo. Ahora sólo nos falta que lo haga. Nos hemos cansado de decirlo, de gritarlo. Al final hemos conseguido que los políticos también lo digan: tenemos derecho a una vivienda digna. Eso quiere decir que, pase lo que pase, tenemos que tener la garantía de que podremos habitar dignamente. De la misma forma que sabemos que nuestros hijos pueden ir al colegio o que seremos asistidos en caso de enfermedad. Pase lo que pase. En nuestra sociedad, ese ‘pase lo que pase’ siempre suele referirse a la misma contingencia: puedas o no puedas pagarlo. Es por ello que para garantizarnos un derecho, para asegurarnos que, pase lo que pase, podremos acceder a ciertos bienes y servicios que consideramos básicos, el Estado los saca del mercado. Como la educación o la sanidad. Es la única garantía posible.
“Uff, los tipos de interés no dejan de subir, a este ritmo habrá que sacar a la cría del colegio”. “Vaya, la insulina se ha convertido en el negocio de moda; pobres diabéticos”. Nos parecería pura barbarie. Y es que con estas cosas, con los derechos, no se juega. No nos parece sensato dejar que el mercado juegue con ellos.
Efectivamente, la vida diaria está plagada de ejemplos: en nuestra sociedad la única opción eficaz para garantizar un derecho es asegurar que se puede acceder a él al margen del mercado. De los colegios a los bomberos, de las ambulancias a los abogados de oficio. No hay otra fórmula. Y el derecho a una vivienda digna no es una excepción. Un análisis de las medidas que recientemente ha anunciado el Gobierno no hace más que ratificar esta afirmación.
La primera limitación de las medidas anunciadas, la más clamorosa, es su ámbito de aplicación. ¿Cómo puede considerarse que se garantiza un derecho mediante medidas que afectan a grupos de población particulares? Las ayudas a grupos específicos sirven para regular excepcionalidades, no para asegurar condiciones que han de ser generalizables. De hecho, si el Gobierno pretende garantizar el acceso a una vivienda digna (y aun suponiendo que el mecanismo de la ayuda fuera el indicado para ello), tendría que ir ampliando sucesivamente las ayudas a los diferentes colectivos: además de a los jóvenes de menos de 30 años, a los de entre 30 y 35, a las familias monoparentales, a las numerosas, a los desempleados, a los mileuristas… La misma necesidad de ir sumando ayudas específicas evidencia la obviedad: los derechos no se protegen con reglas particulares, sino con leyes que, como los derechos mismos, han de tener cobertura universal.
Además, y aun suponiendo que el Gobierno ampliara la cobertura de las ayudas a toda la población, la noción misma de ayuda encierra en sí una carencia fundamental. En síntesis, lo que el Gobierno nos propone es darnos una bonificación, una especie de balón de oxígeno de 210 euros mensuales con el cual podremos acudir al mercado de la vivienda en mejores condiciones. Evidentemente, es un avance. Pero es sólo eso, un flotador para la tormenta, y seguramente efímero. Nada nos garantiza que el precio de la vivienda no vaya a seguir subiendo. Nada nos blinda frente al hecho de que el precio que tenemos que pagar por vivir en nuestro barrio siga dependiendo de lo que pase cada mañana en Wall Street (los pisos y solares de nuestras ciudades no son más que espléndidos objetos de negocio para los fondos de inversión extranjeros). Nada nos asegura que esos 210 euros sean una proporción relevante de los alquileres que estemos pagando dentro de un año. ¿Tendremos que pedir entonces un incremento de las ayudas? ¿Tendremos que confiar en la sensibilidad social del gobierno de turno? ¿Estaríamos dispuestos a correr ese riesgo con los servicios sanitarios (tenga usted un cheque de 100 euros y ojalá que las intervenciones quirúrgicas no suban demasiado de precio)?
Si nos paramos a pensarlo, las medidas del Gobierno no son un avance sustancial, dado que no impiden que el precio de la vivienda siga dependiendo de la lógica especulativa. De hecho, destinaremos dinero público a pagar alquileres sobrevalorados y, por tanto, a seguir alimentando esa misma lógica. Es como si la insulina se hubiera convertido en objeto de especulación, hasta el punto de que los precios sobrevalorados impidieran a la población diabética obtener su medicación. Pretenderíamos que el Gobierno prohibiera la especulación con la insulina, no que extendiera cheques para que los diabéticos adquirieran sus medicinas a precios inflados. En vez de proteger el negocio de quienes están especulando con bienes de primera necesidad, lo que necesitamos, precisamente, es que el Estado nos defienda de los especuladores. Que nos garantice que podremos vivir en casas dignas a cambio de lo que sensatamente debería costar vivir en una casa. Que no es, ni más ni menos, que lo que valdría si no fuera por el negocio al que las viviendas están dando lugar.
En definitiva, en cuanto se le dan tres vueltas al tema de la vivienda no es posible concluir algo diferente a lo que en el caso de otros derechos nos resulta tan evidente: si es un negocio, jamás podrá garantizarse el derecho. Y es que la solución del problema de la vivienda no precisa de mucha imaginación. Simplemente, trátese el derecho a la vivienda como un derecho más. Por eso, las medidas recientemente anunciadas por el gobierno no sólo son insuficientes, sino que ni siquiera caminan en la dirección adecuada. Por eso, el 6 de octubre, en múltiples ciudades del Estado, ‘V de vivienda’ vuelve a convocar una manifestación. Ahora que sabemos que nos están escuchando es cuando más alto tenemos que gritar: nuestras vidas son más importantes que sus beneficios. El 6 de octubre, a las 18:00.
* Bibiana Medialdea García es economista y miembro de la Asamblea por la Vivienda de Latina (V de vivienda).
* Público
* Rebelión - 12-10-2007
