ELPERIÓDICO/Málaga* : La Policía ha localizado una cuenta bancaria en Andorra con más de 10 millones de euros atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona Pedro López en el marco del "Caso Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. Según han informado fuentes cercanas al caso, los informes policiales recogen que el dinero estaba oculto a nombre de los familiares de López, que fue gerente de Urbanismo por el Partido Estepona durante el pacto de gobierno con el PSOE entre el periodo de gobierno 2003-2007.
El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento.
Las fuentes han señalado que el dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria enviada a las autoridades de Andorra y que varios familiares de López fueron arrestados e interrogados la semana pasada, y han añadido que se produjeron varios registros y se incautaron vehículos de alta gama.
A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho.
Días atrás, el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, que instruye la causa, prorrogó hasta mañana el secreto de sumario ante la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación.
De momento se desconoce si prorrogará un mes más el secreto de las actuaciones o levantará el sumario.
El "Caso Astapa" suma ya 68 imputados, entre ellos el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, y ocho concejales de la Corporación municipal, entre los que se encuentran cinco ex integrantes del PSOE, dos del Partido Estepona y un ex integrante del PA.
* El Periódico - 22.02.10
Foto: Estepona (Málaga) - wikipedia.org
Hallan una cuenta con 10 millones atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona
El galimatías de El Algarrobico
ELPAÍS/Almería* : "Ni para adelante, ni para atrás, sino todo lo contrario". La frase sintetiza el estado de El Algarrobico, en Carboneras. Es de Antonio Baena, portavoz de la promotora del hotel que amenaza con perpetuarse como enorme ruina sobre lo que algún día fue uno de los parajes más vírgenes del litoral. Pese a los cuatro años que ahora se cumplen desde que se paralizaron las obras, cuestiones como si será derribado u otras tan básicas como si el paraje es urbanizable (como apunta la Junta) siguen abiertas a falta de que la justicia desenrede el galimatías de El Algarrobico.
A día de hoy, éstas son las dudas que todavía suscita el hotel:
- ¿Cuál es el estado actual? "La Justicia indicará cómo, cuándo y quién lo derribará". La frase de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ilustra la postura de las administraciones en torno al hotel, cuyos 75.000 metros cúbicos de hormigón han causado y causan un "indudable perjuicio" al espacio protegido, según sostiene el Gobierno en diversos documentos que chocan con los postulados de la Junta, que duda de estos daños. Curiosamente, esta Administración ha admitido en un escrito ante el TSJA que el plan de ordenación de Cabo de Gata, que aprobó en 2008 como el mejor instrumento para regenerar el paraje, "no empece (impida) su consideración de urbanizable". Esta calificación la ratificó en noviembre el Ayuntamiento de Carboneras, que proyecta 250 viviendas en esta zona del Parque Natural de Cabo de Gata.
La reciente decisión del Consistorio, gobernado por el PSOE, ha devuelto prácticamente la situación al punto en que se encontraba en 1987, cuando se aprobó el planeamiento de Carboneras, que ya preveía el uso residencial y el hotel que Azata tramitó con el aval de las Administraciones.
- ¿Por qué se paralizó entonces la construcción del inmueble?
El maridaje entre constructora y Administraciones se resquebrajó en noviembre de 2005, cuando el Gobierno aprobó el deslinde, ratificado por el Supremo y la Audiencia Nacional, que impedía toda construcción a menos de 100 metros del mar. Dos meses después, un juez detuvo las obras, ejecutadas para entonces al 94%, al ocupar con mucho la franja de protección, que Junta y Ayuntamiento sitúan aún hoy en 50 y 20 metros. El juez puso también en tela de juicio que los suelos sobre los que se alza el hotel fueran urbanizables. Varios órganos judiciales coinciden en que el paraje es desde 1994 un área natural de interés general incompatible con el uso urbanístico.
- ¿Es ilegal el hotel? Una docena de resoluciones judiciales apuntan que la construcción del edificio a 28 metros del mar no fue conforme a derecho. Entre ellas destaca la emitida en septiembre de 2008 por el mismo juez que paralizó las obras, que apreció indicios de nulidad en la licencia por no haber tenido en cuenta ni el deslinde de 100 metros, ni que los suelos figuraban como protegidos. La sentencia fue recurrida por Consistorio y promotora ante el TSJA, que se tomará aún su tiempo para resolver esta cuestión.
- ¿Por qué se edificó en suelos aparentemente no aptos? En la sentencia que advierte de la posible nulidad de la licencia, el juez achacó el despropósito de El Algarrobico a la "desidia" de Ayuntamiento y Junta para con la defensa de la normativa de Costas y de Medio Ambiente. El juez censuró especialmente a la Junta, que en 1997 alteró los planos en los que El Algarrobico figuraba como espacio protegido para clasificarlo como urbanizable. La fiscalía ha eximido de responsabilidad penal al Consistorio y a la Junta, a la que disculpa al entender que alteró los planos "sin mala fe" para corregir un error.
- ¿Quién y cuándo determinará el porvenir del edificio? Con el Ayuntamiento de Carboneras enrocado en la defensa del inmueble -"propongan 25 hoteles más y que crezcamos en riqueza", llegó a decir el alcalde, Cristóbal Fernández-, Gobierno y Junta han optado por instalarse en la retaguardia. Así, tras el carpetazo en 2009 a la expropiación del hotel, ambas Administraciones han dejado en manos de la justicia toda decisión sobre su futuro. Con alrededor de 15 recursos y contrarrecursos abiertos, el principal es el que afecta a la licencia, los juristas estiman que las respuestas se demorarán al menos seis años, espera que puede sentenciar medioambientalmente a El Algarrobico, cuyo hotel no es hoy más que sinónimo de degradación y ruina.
* ELPAIS.com - 22.02.10
Foto: El Algarrobico (Almería)- 20minutos.es
El Barça pone en peligro una importante reserva natural
20MINUTOS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Viladecans y el F.C. Barcelona quieren construir un macro-complejo comercial, deportivo, hotelero y lúdico en el Delta del Llobregat, justo al lado de una zona de altísimo valor ecológico protegida tanto por la Generalitat catalana como por la Red Natura 2000 de la Unión Europea, la reserva natural del Remolar-Filipines.
De acuerdo con la denuncia de Ecologistas en Acción, este proyecto significaría destruir cerca de 30 hectáreas de terrenos en primera línea de mar. Un entorno donde se conservan las últimas zonas húmedas naturales de todo el Delta del Llobregat, absolutamente imprescindibles para garantizar su equilibro ecológico y la calidad de unos humedales que son parada obligatoria en las migraciones de un centenar de especies de aves entre África y el centro y norte de Europa.
Además, el "Parque del Barça" contribuiría al cambio climático debido al enorme consumo de recursos (cemento, metales, agua, suelo) y energía necesario para su construcción y funcionamiento, y también porque fomenta un modelo de economía basado en la construcción y en la movilidad exagerada del transporte privado (se prevén cerca de 20.000 vehículos diarios).
Por todo esto, Ecologistas en Acción ha lanzado una ciberacción con la que pretenden hacer saber a sus máximos responsables (presidente del Barça y alcalde de Viladecans) su rechazo a lo que consideran una barbaridad urbanística de alto impacto ambiental.
Sin embargo, desde el Barça su presidente, Joan Laporta, y el resto de la Junta Directiva defienden que esta macrourbanización "tendrá una labor específica en el campo del cuidado y la puesta en valor de la riqueza medioambiental y paisajística del lugar". Osea, que será beneficiosa para el entorno, pues desarrollo urbanístico y protección de la naturaleza son, en su opinión, perfectamente compatibles.
Por su parte, el Ayuntamiento considera el proyecto como modélico, pues supone "aplicar políticas de desarrollo sostenible que permitan compatibilizar la preservación de las zonas naturales con el derecho de todos sus ciudadanos y ciudadanas a disfrutar del frente litoral del municipio". En realidad llevan décadas queriendo urbanizar la zona, ya fuera construyendo en ella una Ciudad del Reposo y las Vacaciones, un centro naútico, un centro hípico, un parque acuático o un campo de golf. Ahora es el fútbol quien parece que lo vaya a conseguir.
La presión humana en el Delta del Llobregat es insostenible. Barcelona y su gigantesca área metropolitana se lo están comiendo a grandes dentelladas a costa de ampliar el aeropuerto, pasar por encima cuatro autopistas y cinco vías ferroviarias incluida la nueva del AVE, convirtiéndolo en una isla desconectada del resto de los espacios naturales.
Una vez más, el progreso parece reñido con la conservación de la naturaleza, a pesar de que en este caso tan sólo es un mínimo retazo lo que se pretende dejar sin urbanizar.
¿Tan difícil es conservar este último refugio de vida natural, aunque sólo sea para recordarnos lo que tuvimos y perdimos?
* 20 Minutos - 22.02.10
Foto: Macroproyecto del BarÇa - 20minutos.es
El fiscal acusa a más de cien propietarios en Nules
LEVANTE/Castelló : El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló, Javier Carceller, presentó hace año y medio ante el juez decano de Castelló una denuncia contra el anterior alcalde de Nules, Salvador Górriz, el secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo. Carceller consideraba -a la vista de las diligencias seguidas- que existen indicios de un delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación por omisión, al haber "consentido" movimientos de tierra y construcciones ilegales en el marjal de Nules-Burriana, declarado zona protegida.
Asimismo, el fiscal jefe acusa también de un delito medioambiental a más de 100 propietarios de 86 construcciones ilegales en suelo protegido. Ha pasado el tiempo y, a fecha de hoy, nada se sabe del proceso judicial.
En su escrito, Carceller argumentaba que los responsables municipales han "consentido estas actuaciones teniendo conocimiento absoluto de las actividades de aterramientos y construcciones realizadas".
La Fiscalía Provincial culpaba así al que fuera alcalde de "no haber realizado nada para impedir estas actuaciones contraviniendo la normativa reguladora de las normas urbanísticas y medioambientales". De esta manera, Carceller remitió un decreto con sus conclusiones al juez decano de Castelló para su presentación en el juzgado competente solicitando que se tenga por recibida la denuncia y que se inicien las diligencias oportunas incluyendo la relación de las 86 obras consideradas ilegales, su situación y su extensión. No obstante, quizás por la saturación de los juzgados de Nules, nada ha trascendido del tema.
La intervención del fiscal jefe, que se produjo en junio de 2008, llegaba un año y medio después de que el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunciara ante la Fiscalía al anterior alcalde por posibles delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y por prevaricación al permitir construcciones ilegales en el marjal a pesar de tener constancia de que se trataba de una zona protegida.
Durante el mandato de Górriz, el ayuntamiento de la localidad instruyó unos 60 expedientes por la construcción ilegal dentro del espacio protegido sin que ninguno de ellos haya finalizado con órdenes de restablecimiento de la legalidad urbanística, según denunció el Gecen ante la Fiscalía. Cabe recordar que el marjal se encuentra dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat desde 2002 y cualquier construcción en dicha zona está totalmente prohibida. La grave situación que vive el marjal supuso que el Seprona denunciara en 2006 a 12 propietarios por construcciones y movimientos de tierra ilegales.
* Levante-EMV - 22.02.10
Foto: Nules - comunitatvalenciana.com
Madrid: Un tribunal declara "nula" una vía que favorecía al ex director de Urbanismo
ELPAÍS : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el pasado 21 de enero el proyecto de construcción de una carretera en Villanueva de la Cañada, denominada Vía Ronda, por saltarse trámites medioambientales. Esta avenida conecta las urbanizaciones de Los Pocillos y Las Cárcavas con la M-503 y la M-600, rodeando Villanueva, a 37,5 kilómetros de Madrid, por el este.
La Fiscalía Anticorrupción investigó y denunció al ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto, por haber favorecido supuestamente un pelotazo urbanístico en Los Pocillos por el que se generaron unas plusvalías de 4,6 millones de euros. Porto era propietario, junto a otros empresarios, de unos terrenos en el sector I de Los Pocillos, junto a la nueva carretera declarada nula por el tribunal.
El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada fue elaborado por la empresa Plarquin en 1998. Entonces pertenecía a Porto. Él fue el administrador y accionista de este despacho hasta 2004, cuando fue designado director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Desde su cargo en la Administración regional aceleró los trámites para recalificar la zona, sector I de los Pocillos, pese a que hasta entonces contaba con informes negativos. Ese mismo año, firmó un informe que daba vía libre a la construcción de la carretera. El plan de la Vía Ronda fue aprobado definitivamente el 31 de noviembre de 2005 por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presidida por Porto.
El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada, redactado por Porto, ya preveía construir una carretera que conectara Los Pocillos con las principales vías de acceso al municipio.
De esta forma, se autorizaba una salida directa y rápida desde el sector donde el ex alto cargo tenía terrenos. Porto dimitió en octubre de 2006 tras recibir la llamada de este periódico para conocer los detalles del pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada, un municipio con 17.000 habitantes. El proceso judicial contra Porto abierto a instancias de Anticorrupción sufrió un parón durante meses, pero el año pasado un juzgado de Móstoles reabrió la investigación.
La Vía de Ronda fue construida y estrenada en 2008. Ahora es conocida como avenida de España. Es una carretera de seis kilómetros con dos carriles por sentido que rodea el centro de Villanueva de la Cañada por el este. Fue diseñada para crear una nueva circunvalación que conectara las nuevas urbanizaciones con la M-600. Por eso, estaba contemplada en el Plan de Variantes de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. La sentencia no implica que desaparezca o se modifique la carretera.
Ahora, el TSJM desestima los recursos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Villanueva contra una sentencia anterior, de diciembre de 2008, que invalidaba el "Proyecto de Urbanización de las Redes Públicas Generales de Infraestructuras de Comunicación Viaria y Espacios Libres de la Vía Ronda (el plan que establece dónde van las calles y avenidas en la zona) por falta de un estudio de impacto ambiental". "La sentencia es muy importante porque pone en entredicho la legalidad de las actuaciones urbanísticas del municipio", asegura Miguel Ángel Hernández, portavoz de la Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible (ICVCS). Hernández lamenta que la sentencia llega tarde porque la carretera ya se encuentra en funcionamiento. Y alerta del peligro de mantener abierta la vía cuando un juez la ha declarado ilegal. "El Ayuntamiento y la Comunidad pretendieron acelerar el proceso y eludir la evaluación de los graves impactos ambientales que provocó la vía". La organización considera que la construcción del vial ha producido graves daños ecológicos al parque forestal de El Pinar y al monte preservado del arroyo de Pedro Elvira, así como a cinco cauces fluviales.
Un portavoz del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada asegura que el Consistorio ya ha remitido a la Comunidad el informe ambiental que estaba pendiente. "La Administración autonómica determinará el procedimiento ambiental a que ha de ser sometido", añade. Así se podrá "incoar el procedimiento necesario para ejecutar el trámite omitido".
* ELPAIS.com -22.02.10
Foto: villanueva de la Cañada (Madrid) - wikipedia.org
PGOU de Marbella: urbanismo insostenible
JUAN CLAVERO* : Cuando saltó el caso Malaya, la Marbella del glamour, de la milla de oro y de la riqueza ostentosa, dio paso al más escandaloso caso de corrupción urbanística de nuestro país, y dejó a la vista de todos la oscura -o no tan oscura- trama diseñada por Gil, con el apoyo entusiasta de grandes empresarios turísticos y de la construcción, para convertir una Administración en un instrumento de saqueo de recursos públicos, y de destrucción de recursos naturales escasos como el suelo y el paisaje. Quien no vio la deriva mafiosa de las distintas legislaturas del GIL es porque no quiso, o porque se aprovechó también de las migajas de ese régimen de corrupción que hizo rico a muchos a costa de destruir un Ayuntamiento y todo un municipio.
Ahora, la Junta de Andalucía acaba de dar el visto bueno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que, en definitiva, viene a bendecir el enorme despropósito que supuso el urbanismo de la era Gil, consagrando sus ilegalidades y el modelo especulativo que ha caracterizado a este municipio.
En la era Gil se generó una macropoblación con unas 110.000 viviendas, casi tantas como habitantes, la mayoría de segunda residencia o vacías, que se extiende por 29.000.000 de m2, que es económica, territorial y ambientalmente insostenibles. Éste es el modelo de desarrollo que muchos ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, quisieron imitar, un modelo que ha dejado al "municipio de oro" en la bancarrota, con una deuda de 528 millones de euros.
El instrumento más destacado del antiurbanismo del gilismo, y base de la corrupción, fue la concesión de licencias ilegales para construir 30.000 viviendas, de las que se ejecutaron 18.000, en suelo de sistemas generales, de equipamientos, suelos dotacionales, licencias con excesos de edificabilidad... Muchas de ellas están vacías, y cuentan con sentencia firme que anulan las licencias ilegales. Hay que destacar que en este periodo nefasto de poder absoluto de Gil, cuando la mayoría miraba para otro lado deslumbrada por el espejismo de Marbella, Ecologistas en Acción presentó más de TRESCIENTAS denuncias por delito urbanístico en sede Judicial.
¿Qué hace el nuevo PGOU? Pues apuesta por la normalización, o sea, dar carta de legalidad o lo que fue un régimen de permanente ilegalidad. El Ayuntamiento pretendía legalizarlas prácticamente todas, la Junta las "rebaja" a 16.500. ¿Qué harán con las que quedan fuera de ordenación? Por los antecedentes, nada. El Ayuntamiento se ha negado a la revisión de las 1.009 licencias ilegales otorgadas en la era del GIL. Eso, además de ser contrario a mandato expreso de la LOUA, coloca a los promotores en situación de ventaja a la hora de negociar compensaciones, de manera que dificulta o impide la recuperación de los espacios y equipamientos usurpados. La voluntad del Ayuntamiento y de la Junta es no demoler nada, pasándole el problema a los jueces, cuando la disciplina urbanística es una competencia compartida entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. ¿Para esto quieren competencias?
Tras décadas de crecimientos insostenibles e injustificables, con un parque de viviendas sobredimensionado, el PGOU apuesta por más de lo mismo, por la construcción de 27.643 nuevas viviendas, y la recalificación de 15,8 millones de m2. Según la ratio de la propia Junta de Andalucía, estas viviendas supondrían un aumento de población de 66.343 personas, el 50,8% sobre el censo actual de 130.500 habitantes. ¿De dónde saldrán? De nuevo se apuesta por la vivienda como inversión especulativa y no como derecho constitucional de los ciudadanos. Estas previsiones superan el límite del 30% que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Marbella suspende casi en todas las medidas de sostenibilidad, suspende en tener copada por el ladrillo la franja costera, y suspende en insostenibilidad de su consumo de energía y de agua. El nuevo PGOU no prevé la suficiencia de recursos hídricos para garantizar los nuevos crecimientos previstos, ni para los fortísimos consumos de agua de los 14 campos de golf del municipio.
El PGOU era la gran oportunidad para normalizar la legalidad, no dando carta de legitimidad a lo que sin duda ha sido el mayor despropósito urbanístico de este país; era la oportunidad para reordenar la gigantesca ciudad que ha generado la especulación urbanística, no planteando nuevos crecimientos insostenibles; era, en definitiva, la oportunidad para dar un aldabonazo al urbanismo andaluz con una decidida apuesta por la tolerancia cero para con el urbanismo especulativo y la corrupción urbanística. No ha sido así; al final Gil se ha salido con la suya.
* Diario de Sevilla - Opinión - 19.02.10
