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ABC/Tarragona* : En un ambiente festivo, pero a la vez reivindicativo, los manifestantes, con pegatinas que indicaban "No al cementerio nuclear" y pancartas alusivas al mismo tema, han hecho oír su voz con lemas como: "Ascó, Cataluña dice que no" y "Alcalde dimisión". Una furgoneta con un ataúd negro y tres bidones supuestamente con residuos radiactivos, un piragüista con su piragua y una máscara antigás y dos gigantes han puesto la nota de color, mientras la música ha amenizado el recorrido, entre el Casal y la Plaza de la Iglesia de Ascó.
Y si de las calles de Ascó colgaban pancartas 'oficiales' con la leyenda "Sí ATC", el sentir de los vecinos era muy diferente. Así, uno señalaba que "no pueden hacer lo que quieran con los votos.
Habría que colgarlos a todos", otro preguntaba "por qué no ponen empresas, en vez de nucleares", y un tercero afirmaba que "esta comarca ha cumplido de sobras su cuota nuclear. Es una vergüenza".
El ayuntamiento de Ascó tiene previsto aprobar el próximo martes en un pleno extraordinario la presentación de su candidatura para acoger el ATC, instalación a la que ya opta oficialmente la localidad de Yebra (Guadalajara).
Una pancarta con los lemas "No al cementerio. No a las nucleares", que llevaban los convocantes, abría la marcha. Detrás, otra que rezaba "No cementerio nuclear" la portaban, entre otros, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, y el líder de ICV, Joan Herrera.
Para el portavoz de la CACN, Sergi Saladia, la manifestación es una manera de "presionar para que se retire la convocatoria y no se celebre el pleno. Y si la mantienen, el martes nos concentraremos ante el ayuntamiento para mostrar nuestro rechazo y el de 62 consistorios, siete consejos comarcales, un centenar de entidades y el Parlament de Cataluña, y para denunciar que la toma de esta decisión no puede quedar en manos de nueve personas".
Saladia ha añadido que "espera que CDC lleve a la práctica" la suspensión de militancia de sus concejales en Ascó si el martes aprueban presentar la candidatura al ATC, como anunció Felip Puig.
Para Saladia, el ATC tendrá una capacidad de 6.700 toneladas y ha denunciado la "hipocresía" de las eléctricas, que "ganan 600.000 euros al día con una central nuclear" y presionan al Gobierno para que les resuelva el problema de los residuos.
Entre pancartas en las que se leía "No queremos más mierda en la Ribera" o "No todo tiene precio", Saladia ha añadido que "los grupos en el Ayuntamiento de Ascó no llevaban en su programa electoral el ATC, por lo que no están legitimados para ser la voz de un pueblo y, en todo caso, se le tendría que consultar".
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha dicho "estar convencido de que el Gobierno tendrá que acatar y cumplir" la resolución de marzo pasado de la Cámara catalana, aprobada por CiU, ERC e ICV, en contra de la instalación de un cementerio nuclear en Cataluña.
"Presionaremos para que haya un pronunciamiento claro y nítido por parte del Gobierno catalán. El miércoles en sesión plenaria le haré la pregunta al respecto al presidente Montilla", ha afirmado Puigcercós, para quien "la trascendencia de una instalación de este tipo va más allá de un municipio".
Por su parte, el líder de ICV, Joan Herrera, ha apuntado que "es una decisión del país, no solo de Ascó, y no puede ser que un solo municipio tenga todos los residuos del Estado y menos sin saber hasta cuándo se generan".EFE
* ABC - 24.01.10
Foto: Imagen de la marcha que ha tenido lugar en Ascó para protestar contra la iniciativa de ubicar en esta localidad el nuevo cementerio nuclear - lavanguardia.es
Más de 6.000 personas piden que Ascó no acoja el almacén nuclear
Carratraca, cuna de la insurrección urbanística
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ELPAÍS/Málaga* : "Qué bien se vive sin jefe ¿eh?". El barrendero municipal de Carratraca, uno de los 12 empleados de este ayuntamiento malagueño de 860 habitantes, lleva dos días aguantando la misma broma de sus vecinos. El viernes, tres días después de que el alcalde, Óscar Román, de IU, presentara su renuncia al cargo y dejara al municipio sin dirección política, el Ayuntamiento funcionaba a medio gas.
Los administrativos recogían solicitudes de los vecinos que quedarán sin contestar hasta que se nombre -si se nombra- nuevo regidor; y Rafael, el empleado de servicios operativos, a falta de alcalde, preguntaba a Antonia, la secretaria municipal, si debía ir a reparar unas tuberías que habían quedado al aire con las últimas lluvias y a qué trabajadores contratar. Mientras tanto, el despacho de Román en la casa consistorial -un edificio neo-árabe antigua residencia de verano de la burguesía malagueña- permanecía a oscuras.
Óscar Román, un guarda forestal de 45 años, casado, y con dos hijas y un nieto, se ha convertido en el protagonista político de la semana al ser el primer alcalde que lleva su rebelión política contra la ley del suelo andaluza al plano de los hechos. El martes pasado, en un pleno abarrotado, dejó el cargo de alcalde porque no quiere ser "el verdugo" que ejecute un centenar de expedientes sobre irregularidades urbanísticas en su municipio. Los infractores son casi todos vecinos de la localidad, y algunos, gente próxima al propio alcalde.
Antes de renunciar al cargo, aunque no al acta de concejal, Román redactó un decreto aceptando la renuncia de su teniente alcalde, Francisco Duque (IU). Con este cese, de las tres instituciones municipales de obligada existencia que contempla la ley -alcalde, teniente alcalde y pleno-, sólo quedaba esta última, con competencias muy limitadas. El próximo miércoles a mediodía, el pleno se reúne para nombrar un nuevo regidor.
Ayer por la tarde, la asamblea local de IU -primera fuerza política en Carratraca con tres concejales- celebró una reunión. En ella debían decidir si se pliegan a las presiones de la dirección provincial y presentan un candidato a alcalde, que se vería obligado por ley a aplicar la disciplina urbanística, o rechazaban el primer sillón municipal. Los dos ediles que tienen respectivamente PP y PSOE están dispuestos a asumir la alcaldía, aunque para ello, las direcciones provinciales de ambos partidos exigen "garantías de gobernabilidad y estabilidad".
La rebelión de Román ha sorprendido sólo a medias a los alcaldes de pequeños pueblos del interior, también acuciados, incluso judicialmente, por expedientes urbanísticos. José Manuel Aranda (PSOE), regidor de Canillas de Aceituno, en la Axarquía, entiende la postura de Román "desde el punto de vista personal". Políticamente, sin embargo, es contrario: "La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es anterior a las elecciones. Si no quería aplicarla, no debía haberse presentado", afirma Aranda, que no descarta que algún día en otra localidad "dimita no sólo el alcalde, sino toda la corporación".
Por su parte, Antonio Benítez, regidor de Alfarnatejo y también socialista, recuerda que "en los pueblos pequeños, cuando los vecinos tienen problemas, no acuden al Ayuntamiento sino a la casa del alcalde". Al igual que otros regidores, Benítez opina que con la ley urbanística vigente "el interior está pagando los excesos de la costa".
En el despacho sin luz de Óscar Román dos cajas de color naranja se apilan en una esquina. Son los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Carratraca. Su redactor, el arquitecto Salvador Moreno Peralta, critica que la Consejería de Cultura declarara el casco urbano del pueblo -con varios edificios interesantes, como el balneario de aguas sulfurosas- conjunto histórico artístico: "para poder cambiar la puerta de una casa vulgar y corriente, los vecinos tienen que pedir permiso a la comisión de Patrimonio, es tremendo", afirma. El colmo de la "hipocresía", según Moreno Peralta, es que obliguen a rebajar una planta al edificio de las termas y se hayan permitido 32 aerogeneradores en la sierra que domina el pueblo o un parque solar junto al casco histórico.
* ELPAIS.com - 24.01.10
Foto: Carratraca (Málaga) - andaluciarustica.com
El juzgado da un último plazo de diez meses al Concello de Caldas para derribar el edificio ilegal de la calle Real
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LAVOZ/Pontevedra* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Pontevedra ha vuelto a poner contra las cuerdas al Ayuntamiento de Caldas por el caso del edificio ilegal de la calle Real. Pese a que el Concello se había comprometido a cumplir la sentencia y a derribar «parcialmente» el inmueble ubicado en el número 57, los tiempos que manejan ambas partes parecen ir por caminos distintos.
Una providencia del pasado 23 de noviembre, que trascendió ayer, concede a la Administración local «un último plazo de diez meses» para que ejecute el fallo. El magistrado especifica que el cumplimiento de la sentencia tiene que hacerse «dentro de dicho plazo (dándole prioridad con respecto a otros asuntos) y en su totalidad». También obliga al Ayuntamiento a informar mensualmente al juzgado acerca del estado de la ejecución del fallo, dentro de los cinco primeros días de cada mes.
La resolución, que expresamente se tuvo que notificar al alcalde, el socialista Juan Manuel Rey, advierte al regidor de que el incumplimiento de la obligación de informar cada mes «supondrá la imposición de multas, en la cantidad inicial de 600 euros».
Recurso de súplica
El Concello disponía de un plazo de cinco días para recurrir esta resolución y para hacerlo era obligatoria la constitución de un depósito de 25 euros en la cuenta del juzgado. El partido Independentes de Caldas (ICdR), que hizo público el contenido de la providencia, no precisó si finalmente se interpuso el recurso de súplica.
El caso, que heredó el actual alcalde de su predecesor, José María Tobío, se remonta a hace ocho años. El 19 de febrero del 2002 una sentencia anuló la licencia otorgada por la comisión de gobierno a la empresa Promotora Caldense S.???L. por haber incumplido la normativa del fondo edificable. Según el fallo se permitió un inmueble con un fondo de 21,85 metros por la calle Real y de 32 por la de Porto do Río, cuando las normas subsidiarias municipales prevén para estos viales un fondo de 14 y 24 metros, respectivamente.
El Ayuntamiento pretendía legalizar el inmueble, que está acabado pero sin habitar, con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que está en tramitación. Según la tesis de los técnicos municipales, el derribo es incompatible con la nueva normativa urbanística pendiente de aprobar, por lo que la única salida, que no prosperó, era solicitar la inejecutabilidad.
* La Voz de Galicia - 24.01.10
Foto: El edificio ilegal está ubicado en el número 57 de la calle Real - lavozdegalicia.es
