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XORNAL/Pontevedra* : El grupo valenciano Sedesa, investigado por su posible vinculación al caso Gürtel, reclama 4,8 millones de euros al Concello de Sanxenxo. La cantidad fue abonada por la empresa por una “exención de obligación” de construir viviendas protegidas en una promoción urbanística en el municipio.
El pasado lunes, la alcaldesa, Catalina González, firmó la “inadmisión del recurso” de la compañía y llevará el tema a un pleno que se celebrará este lunes a las 9.30 horas.
Los precedentes del caso arrancan en 2003, cuando el PXOM de Sanxenxo aprueba dos promociones urbanísticas en Monte Faro. El alcalde era por entonces Telmo Martín. No sería hasta 2006 cuando Mirador de Sanxenxo, filial de Sedesa, recibe la autorización para el proyecto. Ambas partes llegan a un acuerdo por el cual la empresa abonó la cantidad de 4.797.796 euros por “la exención de obligación de reserva de edificabilidad destinada a vivienda sujeta a protección”.
La promoción se demoró con posterioridad, debido entre otras cosas a la paralización de la misma por parte de la Consellería de Medio Ambiente del bipartito. La Xunta consideró que el proyecto carecía de un plan de saneamiento y depuración de aguas adecuado.
El pasado 10 de septiembre, el Ejecutivo del PP sí dio luz verde a la urbanización, pero la compañía se encuentra con un nuevo problema. La Consellería de Vivenda, cuando estaba en manos de la nacionalista Teresa Táboas, modificó la normativa vigente para que, de forma obligatoria, el 20% de cada promoción se destinase a vivienda protegida.
DEVOLUCIÓN DEL DINERO
Ante esta nueva obligación legal, Mirador de Sanxenxo presentó el pasado mes de septiembre un recurso en el que se solicita la devolución de los casi cinco millones de euros. “De hecho, por medio de la presente, solicitamos el reembolso de dicha cantidad por cuanto la misma fue entregada para modalizar el cumplimiento de tal obligación que inicialmente, antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2008, podía ser objeto de exención”, sostiene la empresa.
El texto continúa: “Esta parte no logra comprender en virtud de qué hechos y fundamentos esta administración supone que tal importe no debe reintegrarse a quien lo aportó, como consecuencia de que no cabe ahora tramitar un plan parcial que no incorpore la reserva del 20% para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”.
En el recurso, la filial de Sedesa acusa al Concello de Sanxenxo de “un enriquecimiento sin causa alguna y, por tanto, un enriquecimiento injusto, puesto que la causa de la entrega de la modalización se fundamentó en no reservar el 20% del suelo para la construcción de viviendas sujetas a protección”.
RESPUESTA MUNICIPAL
En la contestación de la alcaldesa a la empresa, el pasado lunes día 2, el grupo de gobierno propone al pleno municipal la “inadmisión” del recurso de reposición de Mirador de Sanxenxo.
“Non caben os recursos en vía administrativa contra o acordo de Aprobación Definitiva do Plan Parcial de Solo Urbanizable número 14 (SU-14) do vixente PXOM de Sanxenxo; sendo unicamente viable, de conformidade co referido art. 107 LPC e a xurisprudencia do máis Alto Tribunal ó respecto, o recurso ante a xurisdicción contencioso-administrativa”, sostiene el texto firmado por la alcaldesa, que además apunta: “Obvio é dicir, que a inadmisión do recurso, en boa técnica forense, imposibilita entrar no fondo do asunto”. Si en el pleno del lunes se confirma el rechazo, la empresa no descarta tomar otro tipo de medidas.
* Xornal - Pablo G. Quintas - 07/11/2009
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Sedesa, salpicada por el ‘Gürtel’, exige 4,8 millones a Sanxenxo
Palma: Jaume Matas solo ha justificado el pago del 5% de la reforma de su ´palacete´
DIARIODEMALLORCA* : Jaume Matas, ex president del Govern del Partido Popular (PP) e imputado en el sumario por la presunta corrupción en torno al velódromo Palma Arena, solo justificó con facturas menos del 5 por ciento del coste de dos millones de euros de la rehabilitación de su vivienda en la calle San Felio 8 de Palma, bautizada coloquialmente como el ´palacete´.
Juan Serra Cladera, el constructor que hizo la reforma de la planta noble de la antigua casa señorial de Can Sales Menor para Matas, simultaneó estos trabajos con las obras de la nueva sede del PP en la calle Palau Real.
Una primera estimación de los peritos que el pasado viernes asistieron al registro de la casa de Matas en San Felio elevó a unos dos millones de euros el coste de la reforma y adaptación de la planta primera de la antigua Can Sales Menor.
Este primer peritaje ha sido cuestionado por algunos expertos en reformas inmobiliarias que, sin haber visto la casa de Matas y partiendo de una superficie de vivienda útil de unos 500 metros cuadrados, han tachado de exagerado el precio de cuatro mil euros por metro cuadrado de rehabilitación.
No obstante, los datos recogidos en la dilatada inspección ocular del pasado viernes tendrán que ser plasmados en un informe, que se redactará con otros elementos y pruebas periciales.
Cuando la vivienda de San Felio fue comprada, en abril de 2004, por el entonces president del Govern y su familia, el inmueble estaba en un estado muy deplorable y era casi inhabitable. En las pesquisas realizadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil únicamente han aparecido facturas por unos 92.000 euros, de la reforma tasada en 2 millones de euros.
Estos documentos han sido entregados a los investigadores por Juan Serra Cladera, vecino de sa Pobla, conocido de los ex presidentes del Govern Gabriel Cañellas y Jaume Matas, y único constructor identificado dentro de la rehabilitación del ´palacete´.
Arquitectos del Palma Arena
Serra ha manifestado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que, a mediados de 2004, estaba realizando las obras de la nueva sede del PP en la calle Palau Reial. Estos trabajos fueron dirigidos por los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, que luego fueron fichados verbalmente por Jaume Matas para acabar el velódromo Palma Arena. Los dos técnicos y el ex dirigente conservador se hallan entre los principales imputados por el sumario del Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno a la construcción y primeros eventos celebrados en dicho velódromo.
El constructor de sa Pobla ha explicado que disponía de una cuadrilla de unos once obreros, que trabajaban en Palau Reial. Sin embargo, y de forma no permanente, el industrial destinó tres o cuatro albañiles para que fueran adelantado trabajo en San Felio.
"Maite Areal (esposa de Matas y también encausada) nos daba las instrucciones sobre la reforma integral que hicimos en el inmueble", ha señalado el testigo Serra.
El constructor dijo que inicialmente desmontaron y acondicionaron la primera planta de la vieja casa señorial y tomaron catas para determinar el estado real del inmueble. Según Serra, las obras del ´palacete´ estuvieron paradas unos meses y se prolongaron durante cerca de dos años, entre 2004 y 2006.
El testigo sostiene que su tarea consistió en "desmontar dos chimeneas antiguas"; hacer tres baños en otras tantas habitaciones; "reformar otros dos baños que ya había en la casa"; "picar varias paredes y volverlas a enlucir"; embaldosar una cocina y una terraza anexa; y realizar todas las obras de albañilería requeridas por fontaneros, electricistas, especialistas en climatización y otros profesionales.
Serra cobró a Matas y Areal un poco más de 92.000 euros por sus servicios. El industrial ha reconocido que hasta finales del 2006 no facturó sus trabajos y recibió ese dinero, pero ha explicado que el entonces president del Govern era una persona que ofrecía todas las garantías para poder aplazar el cobro.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. - 10.11.09
Foto: Un instante del registro en el número 8 de San Felio. - Efe
Sevilla: El TSJA da un revés a los dueños de Tablada al impedirles construir
ELPAÍS* : Los dueños de Tablada, la mayor bolsa de suelo virgen de Sevilla (367,4 hectáreas), han recibido el primer gran varapalo judicial desde que el Ayuntamiento inició, hace más de ocho años, la batalla para impedir que se urbanice la dehesa. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por los propietarios, unidos en la agrupación Tablada Híspalis, contra la resolución de la Consejería de Obras Públicas que aprobó definitivamente el nuevo PGOU de Sevilla.
En concreto, los empresarios pedían que se anularan los puntos del plan referidos a la calificación de Tablada como suelo no urbanizable de especial protección.
Los jueces, sin embargo, consideran que la Administración es la que tiene "la potestad del planeamiento". Pero más allá de los aspectos formales, los jueces consideran que la Junta y el Ayuntamiento tienen razón al calificar Tablada como no urbanizable para poder preservar "el carácter natural o rural de los suelos de la dehesa". También queda en entredicho la decisión de los empresarios de impugnar la revisión del PGOU justo en un aspecto, la calificación de Tablada como no urbanizable, que no se ha modificado en el nuevo plan. "Se impugna la revisión del plan general, pero en lo que se refiere a los terrenos objeto de las actuaciones, la revisión del plan general no ha variado la clasificación del suelo, pues en el Plan General del 87, la clasificación correspondía a la categoría de no urbanizables, la que se mantiene".
Tampoco dan los jueces la razón a los empresarios cuando tratan de esgrimir un convenio firmado en 1999 entre el Ayuntamiento y las cajas de ahorro El Monte y San Fernando (entonces dueñas de los suelos) para declarar urbanizable la zona cuando se revisara el PGOU. "Sabido es que los convenios urbanísticos no vinculan las potestades de planeamiento", advierte la sentencia, que también desestima la intención de los empresarios de utilizar para combatir la actual clasificación del suelo las dos sentencias en contra que ha recibido la intención municipal de expropiar Tablada.
A lo largo del texto, los jueces avalan en varias ocasiones la adecuación del PGOU a la normativa estatal y autonómica "sin vulneración en la clasificación de precepto estatal ni autonómico alguno". Pero quizás los argumentos que más implicaciones pueden tener para el futuro de Tablada sean los que advierten de la imposibilidad de llevar a cabo en estos terrenos los proyectos urbanísticos de los actuales propietarios y respaldan los planes municipales.
Este espaldarazo del TSJA llama la atención, sobre todo, porque supone un cambio de criterio respecto al último fallo del alto tribunal sobre la dehesa y ello a pesar de que dos de los tres jueces que firman esta sentencia son los mismos que redactaron la anterior. Los magistrados dan ahora la vuelta a alguno de sus argumentos para concluir que Tablada no podrá acoger edificios, pero sí el parque periurbano que planea el Ayuntamiento o incluso el recinto de la Feria de Abril, otra de las posibilidades que ha sugerido el gobierno local.
La sentencia favorece sin duda al Ayuntamiento. Con todo, según el fallo anterior del TSJA, la condición de no urbanizable impide la expropiación, por lo que las dos partes están condenadas a negociar. En ese diálogo, la calificación de Tablada como no urbanizable abarata el coste de los suelos y favorece al gobierno.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 10/11/2009
Foto: Vista aérea de los terrenos de Tablada, con Sevilla al fondo, tomada desde la Punta del Verde. - diariodesevilla.es
Málaga: Urbanismo privatiza Echeverría
LAOPINIÓN* : El Ayuntamiento de Málaga ha decidido declarar como privado uno de los dos conjuntos que forman la urbanización Echeverría de El Palo, que desde su construcción en 1975 tienen el carácter de público, haciendo caso omiso para ello de varios decretos y resoluciones municipales, además de dos sentencias judiciales que a lo largo de estos 34 años han promulgado el carácter público de estos dos conjuntos.
El carácter privado de esta urbanización que tiene 464 viviendas y 51 locales lo firmó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el pasado mes de agosto.
Frente a un importante número de vecinos que han aplaudido la medida, hay otros que se muestran en contra y la han recurrido. Estos últimos muestran su extrañeza de que el Ayuntamiento haya tomado una decisión que consideran que va en contra de anteriores medidas municipales y de fallos judiciales y además es contradictoria, ya que ha decretado la privacidad de uno solo de los dos conjuntos mientras que el otro, de idénticas características, permanece con su carácter público.
A la cabeza de los vecinos que se oponen a dar carácter privado a este recinto se encuentra Luis Gutiérrez, presidente de uno de los bloques de viviendas. Gutiérrez ha presentado un recurso administrativo contra la decisión municipal. Argumenta que la consideración de pública de la zona viene reflejada en el Plan General (PGOU), que aprobó el pleno municipal, por lo que algo aprobado en sesión plenaria no puede ser "cambiado diametralmente" por un simple decreto.
Alega igualmente el perjuicio que acarreará a muchos de los locales comerciales del recinto y que también va a suponer para los vecinos "un desembolso económico muy importante" para costear su mantenimiento, "al que muchos no podrán hacer frente". La documentación aportada por el Ayuntamiento sobre esta urbanización permite constatar cómo desde su inicio, según reflejan sus propias escrituras de constitución, la zona está considerada pública.
Antecedentes
En 1990, siendo alcalde el socialista Pedro Aparicio, éste envió al juzgado número 4 un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que afirmaba que "la totalidad de los terrenos ocupados por la denominada plaza Miramar de El Palo tienen y han tenido desde el momento en que acabó su construcción la consideración de públicos", y añadía más adelante que el PGOU "no recoge el suelo que ocupa la plaza como patio interior de la urbanización, sino como viario". En 1996, con Celia Villalobos (PP) de alcaldesa, ésta contestó a una pregunta afirmando en su respuesta que "según los datos obrantes en el servicio de planeamiento y gestión urbanística del patrimonio municipal, la parcela que forma el Pasaje Miramar de El Palo es pública".
También la justicia ha sido clara. En 1991, el juzgado número 2 falló en contra de la comunidad de propietarios, que había exigido a los dueños de locales que tenían puertas abiertas en la parte interior del recinto que las cerrasen al ser un recinto privado. El juez consideró esa exigencia "contraria a la ley" al concluir que los locales están en lugares comunes (públicos).
Las críticas
Luis Gutiérrez y los otros vecinos contrarios al carácter privado del recinto señalan a Ricardo Abá, el presidente del conjunto de bloques de la urbanización, como el "instigador" que ha hecho posible el cambio de postura del Ayuntamiento.
Gutiérrez explica que Ricardo Abá "siempre ha considerado la urbanización como privada sin serlo, y ha actuado en consecuencia". Así, cuentan que el presidente "ordenó quitar y guardar todas las papeleras que había en el recinto porque llevaban grabado el escudo y el emblema del Ayuntamiento".
También critican que Abá ha sido el que ha logrado introducir la seguridad privada en el recinto, "que supone un coste mensual de unos 7.000 euros y que sería innecesaria ya que si la zona es pública debía estar bajo control de la Policía Local".
Para estos vecinos contrarios a la privacidad del recinto, detrás de la obtención del carácter privado "hay otros intereses" y apuntan al proyecto que está preparando Ricardo Abá para renovar toda la solería, jardinería y el patio interior que "tiene un primer presupuesto de 1,3 millones de euros que al ser ahora un recinto privado deberemos costear todos los vecinos".
A éstas y otras críticas no ha querido responder Ricardo Abá, que ha declinado, pese a la insistencia, hacer declaraciones al respecto.
* La Opinión de Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 10.11.09
Foto: Enjaulados. La urbanización está rodeada por una verja con puertas que se cierran de noche y los fines de semana - G. Torres, laopiniondemalaga.es
El Puerto de Marín alega que es imposible demoler el relleno ilegal
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ELPAÍS/Pontevedra* : El presidente del Puerto de Marín-Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, convocó ayer un consejo de administración extraordinario para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de Placeres, uno de los mayores de Galicia. El fallo, que anula todo el Plan Especial portuario, cuestiona seriamente la legalidad de los rellenos ejecutados en la ría pontevedresa, que tantas veces han denunciado ecologistas y mariscadores.
Suárez Costa se desmarcó con una advertencia: desmontar el relleno puede tener un coste ambiental más agresivo que el propio relleno. Su aviso no ha hecho mella en la asociación que recurrió el relleno, que ayer anunció que irá a por la ejecución de la sentencia "con todas las consecuencias".
Suárez Costa defendió que "todas las obras que ha hecho esta Autoridad Portuaria cuentan con una declaración de impacto ambiental", por lo que sostiene: "Desde ese punto de vista, no hay ningún fallo". El hecho es que la sentencia se basa precisamente en la ausencia de ese estudio para el relleno, de más de 300.000 metros cuadrados de superficie. El futuro pasa ahora, dijo el presidente del Puerto, por pedir consejo al jefe de la Abogacía del Estado para determinar los próximos pasos. Suárez Costa también tiene previsto reunirse con el director del ente portuario para conocer los trámites realizados en este sentido, ya que hace sólo unos meses que ocupa la presidencia.
Ante las graves repercusiones que podría tener la reposición de la legalidad (dos empresas se asientan en ese suelo: Pérez Torres y Gonvarri), advirtió que el daño ambiental de esa actuación para devolver los terrenos a su estado original podría ser mayor que al ya realizado. La sentencia obliga a Xunta, Diputación de Pontevedra y Autoridad Portuaria a efectuar "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado". El Supremo establece un reparto del coste de esta reposición del 30% para la Administración autonómica, 20% para la provincial y 50% para el Puerto.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recordó ayer que el Partido Popular gobernaba entonces en la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento, tres instituciones directamente afectadas por el fallo judicial, mientras que el BNG local ya votó en contra del relleno a fin de evitar convertir el puerto "en un polígono industrial". "Se saltaron los informes municipales", pese que "se advirtió claramente la necesidad de declaración de impacto ambiental".
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha decidido esperar a tener la sentencia en sus manos para pronunciarse. De momento, sin embargo, ha descargado responsabilidades, ya que la aprobación del Plan Especial se produjo en el 1993, cuando la presidencia provincial la ocupaba César Mera, "y de cuya corporación Louzán no formaba parte", puntualizan fuentes del organismo. El documento, insistió ayer Louzán, fue respaldado por todos los grupos (PP, BNG y PSOE) con excepción del independiente Antonio Nieto Figueroa, Leri.
Además, el presidente de la institución provincial puso sobre la mesa que éste es un ejemplo de cómo la "lentitud" de los propios procesos judiciales puede conllevar prejuicios a terceros. Ahora, señaló, "16 años después tendrán que sentarse todas las administraciones implicadas y ver qué puede ejecutarse de la sentencia", ya que "habrá cosas inejecutables" para las que deberá establecerse alguna fórmula compensatoria.
La asociación que presentó la demanda, una plataforma vecinal de Placeres, se apresuró a anunciar que considera que todo el fallo del alto tribunal puede ejecutarse. "Hasta se establecen los porcentajes del gasto", señala Manuel García, portavoz de la organización.
La plataforma estudia con su equipo jurídico una petición formal al Supremo para que inste a las administraciones a desmontar el relleno, "tenga el coste económico que tenga", y recelan del argumento del mayor daño ambiental que supondría la obra.
Pero la sentencia tiene más vertientes que la propia ejecución del relleno. Al ilegalizar la ampliación y el Plan Especial que lo sustenta, las licencias que amparan a las industrias allí instaladas "deben ser revocadas", sostienen los vecinos de Placeres. "Lamentamos que no sea el mejor momento económico para que ocurra esto, pero defenderemos la legalidad", asegura Manuel García. "Todo lo que está encima del relleno es tan ilegal como el propio relleno. No hay vuelta de hoja: pediremos que se ejecute la anulación de las licencias".
La otra administración implicada, la Xunta, que en octubre de 2000 aprobó el Plan Especial del Puerto pese a las deficiencias señaladas por el Tribunal Supremo, eludió comentar la sentencia.
Fuentes próximas a Urbanismo de la administración autonómica coincidieron con el presidente del Puerto en considerar que la sentencia es de difícil ejecución y que los daños ambientales pueden ser relevantes.
Porro sigue adelante con el Areal
La sentencia del Tribunal Supremo no altera los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo. El puerto vigués carece, como el de Marín-Pontevedra, de un Plan de Utilización de Espacios Portuarios que avale el crecimiento sobre el mar, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declara ilegal la ampliación de Placeres. Pero la presidenta, Corina Porro, cree que son casos totalmente distintos, por lo que anunció que sigue adelante con sus proyectos.
Entre estos planes se encuentra el relleno del Areal, que en su primera fase ganará 40.000 metros al mar. Porro rechaza que se trate de un relleno, dado el sistema de sustentación por pilotes de la nueva plataforma. "No voy a autorizar ni un metro cuadrado de relleno en Vigo", sostiene. Y sobre el Plan Especial que ampara las obras -un documento que, según el Supremo, no puede prever actuaciones de este tipo-, señala que "cuenta con todas las bendiciones ambientales". "Siempre que hemos ido a los tribunales, la justicia ha acabado dando la razón al Puerto", asegura.
El denominado plan de usos de Vigo, en tramitación, tardará al menos año y medio en entrar en vigor, según cálculos de la Autoridad Portuaria. Y sin ese documento, "la totalidad de los terrenos y láminas de agua del puerto vigués sigue en la más estricta ilegalidad", sostiene la asociación A ría non se vende, que denuncia "el paralelismo entre los casos de Marín y Vigo". La organización ecologista no detiene en Areal los efectos de la sentencia, sino que los extiende al resto de proyectos. Entre ellos, el puerto deportivo de Massó, en Cangas.
* ELPAIS.com - L. VARELA / P. LÓPEZ - Santiago / Vigo - 10/11/2009
Foto: Puerto de Marín-Pontevedra- XURXO LOBATO, elpais.com
Vecinos de Las Huertas vuelven a defender su tierra delante de las palas
ELDÍA/Tenerife* : Los que defienden su derecho a la titularidad de la parcela 92 del Polígono que urbaniza Desurcic, filial de Mapfre, obligaron ayer a retirar una excavadora que trabajaba en el límite con el solar más cercano a la entrada al barrio de El Suculum. Vuelven a reclamar "nuestra tierra, no queremos negociar otra cosa". La de ayer fue otra mañana movida en el Valle de las Huertas.
En esta ocasión no en la zona de casi siempre, la baja, sino en la alta, camino de Igueste de San Andrés y muy cerca del llamado "chalet del francés" y de la entrada al barrio de El Suculum. Allí, Jaime Govea García, su esposa, Lourdes Cabrera Pérez, y una sobrina, Macarena, se opusieron al trabajo de una pala de Desurcic, filial de Mapfre, que desde las siete de la mañana trabajaba y a las diez estaba a punto de cruzar el límite, marcado con cal en la pared de piedra, de la parcela 92 que entienden propiedad de Lourdes y su hermana Juana, producto de la herencia de su madre, Juana Pérez Mesa.
Fue Macarena la que se puso delante de la pala, retirada posteriormente sobre el mediodía después de a primera hora tener un cambio de impresiones con la representante de la empresa. Le dijeron al palista que parara y lo hizo de inmediato. Lourdes Cabrera recuerda "una batalla que viene desde hace 45 años. Ya otra vez intentaron entrar por arriba y tuve que coger un taxi con la escritura de propiedad". Añade que "ahí encima está la primera casa que se hizo en El Suculum, en un solar que mi madre le vendió a un vecino, José Belén, para hacer un gallinero. Si no nos ponemos delante hubieran entrado".
"Queremos la tierra".- Jaime Govea fue concluyente: "Queremos nuestra tierra, sin más negociación y este mensaje se lo mandamos a quien lo está intentando. Nuestro caso lo lleva el abogado Juan José Rodríguez y tenemos muy claro lo que queremos. Aquí hay 14.000 metros cuadrados aproximadamente que son herencia de mi mujer y mi cuñada de su madre. Que den la cara los que vendieron a Mapfre. Estamos un poco cansados, pero dispuestos a seguir defendiendo lo que es nuestro. Y hay nuevas generaciones, hijos, nietos y biznietos, dispuestos a mantener la memoria de sus ancestros. Seguro que si no nos oponemos como hemos otras veces se hubieran metido seguro en nuestra parcela".
La depuradora tampoco.- Por otro lado, una comisión creada por la Gerencia de Urbanismo buscará una nueva ubicación a la Estación Depuradora (EDAR) que se pretendía construir en el Valle de Las Huertas, en la zona de La Roseta, a 350 metros del barrio y a unos 30 del campo de fútbol del CD San Andrés. Eso se resolvió tras la reunión celebrada entre el gerente, Eduardo Risueño, y la AAVV Los Pedacillos, junto a su representante legal, Pedro Fernández Arcila al que agradecen "su esfuerzo, igual que a los que han colaborado en esta lucha". La primera cita está prevista el 25 de noviembre. Formarán el grupo de trabajo técnicos municipales, asociaciones vecinales y representantes de la Dirección Técnica de Mapfre. Decidirán una nueva ubicación, fuera de Las Huertas y San Andrés, con alternativas como Jagua o el solar del antiguo Instituto Oceanográfico.
* El Día - JOSÉ D. MÉNDEZ, S/C de Tfe. - 10.11.09
Foto: Zona del Valle de Las Huertas - Tony Cuadrado, eldigitaldecanarias.net
