LEVANTE* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, por las obras de construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte y le ha citado a declarar como imputado el 8 de junio. Así lo han indicado a EFE fuentes municipales y de la asociación Cercle Obert, que denunció en febrero ante la Fiscalía la iniciativa municipal al considerarla un "expolio". La Fiscalía denunció a Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio por las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia para construir, en 2004, el aparcamiento existente en el subsuelo de los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
En este sentido, el portavoz de Cercle Obert, Antonio Marín, ha señalado que la justicia "tiene ahora que seguir su camino" y que la asociación ha hecho "lo que tenía que hacer ante presuntas irregularidades". "Todo Bien de Interés Cultural y su entorno merecen protección", ha aseverado Marín, quien ha instado al Ayuntamiento de Valencia a "respetar la Ley y el patrimonio cultural valenciano". Por ello, ha destacado la "necesidad" de aprobar un Plan Especial de Protección, "sin el que no se puede intervenir ningún BIC" porque la actuación se convierte en "un atentado contra el patrimonio".
Por su parte, el concejal socialista Juan Soto ha mostrado su "absoluto respeto a las decisiones de la justicia" y ha destacado también que esta noticia "pone en evidencia la falta de planes especiales de protección de los BIC". Estos planes "determinan las líneas rojas que no se pueden traspasar", como "un aparcamiento contiguo a los Jardines de Monforte, que afectan de manera clara a un bien protegido".
* Levante-EMV - 12.05.10
Foto: Valencia, jardín de Monforte - flickr.com
Valencia: Bellver, imputado por el parking del Jardín de Monforte
Se ofrece empleo: 500 euros al día de peón en Dubai
PÚBLICO* : El boca a boca reunió ayer en Punta Umbría (Huelva) a una multitud, cientos de trabajadores en busca de un supuesto chollo: un contrato como albañil en Dubai, con la promesa de pago de 50 euros la hora, lo que supondría un jornal de más de 500 euros al día. Es decir, quien esté dispuesto a colocar cristales "de unos 8 ó 9 kilos de peso" a destajo, en altura, con un sol de justicia y con un control exhaustivo de su trabajo, cobraría en poco más de un mes el salario medio de un año en España: unos 21.500 euros, según la estimación de la Unión Europea para 2008.
"Tenemos conocidos en los Emiratos. Nos ofrecieron la posibilidad de poner mano de obra para terminar edificios", dijo a Público en conversación telefónica José Manuel Garrido, la persona que se está ocupando de las contrataciones. Garrido, intermediario de unos empresarios a quienes se negó a identificar en reiteradas ocasiones ("no se puede decir; ni a usted ni a nadie", aseguró), organizó ayer unas peculiares pruebas de selección en Punta Umbría.
2.000 peones
Con el objetivo declarado de contratar 2.000 peones, que partirían ya en junio en viajes pagados por "estos señores", según Garrido, el intermediario improvisó una oficina en una tienda de electrodomésticos, Electrofruit, cedida para la ocasión por un responsable, que también se apuntó. Allí recogió las solicitudes, y talló y pesó a los candidatos.
"Allí no se va a jugar ni nada. Se te pone uno pegado a la oreja y si no cumples, pues chico...", afirmó gráficamente Garrido para explicar que los salarios son altos porque la exigencia es muy alta. El requisito principal es medir más de 1,75 metros y pesar no más de 90 kilos.
Además de en Punta Umbría, se llevaron a cabo otras selecciones en Almonte (Huelva), Málaga y Sevilla. Los solicitantes se movían entre la incredulidad y la esperanza. Los elegidos trabajarían seis días a la semana. Ya en Dubai, y después de una prueba de 15 días, se firmaría el contrato por una duración de tres meses. Dubai es un emirato donde los trabajadores, asiáticos en buena parte, cobran salarios bajos, de unos 90 euros al mes.
* Plico - 12.05.10
Foto: Vista panorámica de Jumeirah Beach y Jumeirah Beach Residence (JBR) en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).EFE/ALI HAIDER
La fiscal de Valladolid investiga una posible mafia en el Seprona
ELPAÍS* : Los agentes cobraban por asesorar a empresas, según su jefe.
La Unión de Oficiales ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por los supuestos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y cohecho.
La denuncia incorpora un informe de más de 100 folios elaborado por el jefe del Seprona de Valladolid, quien al llegar a su puesto, en 2007, según relata, detectó irregularidades en una decena de agentes que se ofrecían como asesores medioambientales a las empresas que debían inspeccionar, aconsejándoles, por ejemplo, sobre cómo evitar costosas sanciones medioambientales a cambio de dinero.
"Iban a inspeccionar una empresa, le decían que habían cometido alguna irregularidad sancionable con 30.000 o 40.000 euros y, acto seguido, se ofrecían a solucionarles el problema facilitándoles la documentación que les hacía falta a cambio de dinero", aseguran fuentes de la Guardia Civil.
La práctica estaba tan instaurada, según las mismas fuentes, que los agentes recibían a las empresas a las que iban a asesorar a cambio de un sobresueldo, en la misma comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. También utilizaban sus correos electrónicos corporativos para hacerles llegar informes medioambientales o consejos para evitar o recurrir sanciones.
Una patrulla de la Guardia Civil ajena al Seprona detectó las irregularidades al presentarse a inspeccionar una empresa que, cuando les vio, según fuentes de la Guardia Civil, les increpó que para qué estaban pagando entonces a la Guardia Civil si iban a inspeccionarles de todos modos.
Los hechos fueron denunciados a nivel interno y se abrió expediente disciplinario por falta muy grave a varios agentes aunque hasta ayer, ninguno había sido apartado de su puesto, según las mismas fuentes.
Uno de los agentes se desplaza a su lugar de trabajo en una motocicleta que está a nombre de una de las empresas que les contrataron y otro de ellos en una furgoneta con el logo de una compañía de gestión de residuos.
En total, según consta en la denuncia, los agentes de los equipos de investigación del Seprona cobraron por prestar asesoramiento medioambiental de al menos 14 empresas y siete Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, como Tudela de Duero, Quintanilla de Arriba y Venta de Baños.
El jefe del Seprona asegura en su informe que los agentes implicados utilizaban una fundación sin ánimo de lucro, Proyecto Árbol, para canalizar sus trabajos de asesoramiento hasta el punto que dos agentes del Seprona y la mujer de uno de ellos ocupan cargos en la dirección de la fundación. El Ayuntamiento de Venta de Baños ha cedido a la entidad las instalaciones que utilizan como sede.
Según su página web, esta fundación pone "a disposición de empresas y entidades una serie de servicios, que aplicados al desarrollo de su actividad, tiendan a conseguir reducir costes, impactos en el entorno ambiental y mejora de métodos".
El jefe del Seprona que ha denunciado estas presuntas irregularidades ha sido denunciado a su vez por varios agentes, que le acusan de acoso. La baja psicológica de uno de ellos, según el jefe del Seprona, la firma un abogado vinculado a la Fundación Proyecto Árbol, médico de formación. La Unión de Oficiales vincula la denuncia con las irregularidades destapadas y describe lo ocurrido como "una infundada campaña de descrédito" inmediata a la "alerta por conducto reglamentario" que dio el jefe del Seprona de Valladolid sobre los hechos denunciados.
De momento, no existe una estimación sobre el dinero que los agentes habrían podido reunir con estos trabajos extra, pero el jefe del Seprona que denunció los hechos cree que sin duda, "estaríamos hablando de decenas de miles de euros".
La Unión de Oficiales ha instado a la Dirección General de la Guardia Civil a que intervenga en este asunto y "evite que se pretendan ocultar responsabilidades graves vilipendiando infundadamente a un oficial que se ha limitado a cumplir escrupulosamente con su deber". Hoy se reúnen con el vicepresidente de la Comisión de Interior en el Congreso, Juan Luis Rascón, del Grupo Socialista, para hablar del asunto.
* ELPAÍS.com - 12.05.10
Foto: Seprona, medio ambiente (archivo) - efe
Acusan al ex alcalde de Gondomar de firmar escritos que se vendían por 500 euros para legalizar casas
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LAVOZ/Pontevedra* : El ex alcalde de Gondomar y concejal del PP José Carlos Silva Mariño alegó ayer desconocimiento de los hechos en un juicio por un delito continuado de falsedad documental. El fiscal lo acusa de expedir tres certificados de antigüedad falsos de sendas casas del municipio en el 2005 y el 2006 para los que no tenía competencia y pide para él una pena de dos años de cárcel. Los beneficiados pagaron 500 euros por cada escrito, que usaron para legalizar sus viviendas.
El ex regidor popular, que ocupó ocho años el cargo, reconoció ayer el papel y los sellos de la alcaldía, y su rúbrica en dos de los tres escritos que le mostró la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Sin embargo, aclaró que pudo haber firmado los papeles que le pasaron los funcionarios en su despacho pero sin leerlos. «No me puedo parar a leer todos los expedientes, me pasan incluso certificados de empadronamiento. Doy por supuesto que vienen revisados por los departamentos», alegó. Rubricaba a toda prisa, incluso de pie, declaró.
La secretaria del Concello aclaró que era difícil que alguien le diese dichos certificados a firmar al alcalde porque, por ley, carece de competencias para rubricarlos. Los empleados que le presentaban la documentación tampoco recuerdan dichos modelos. Y los papeles no iban acompañados de la carpeta con el expediente.
Por ello, el fiscal acusa a Silva de un delito de expedición de certificados falsos, no de cobrar dinero por ellos, pues sería cohecho, ni de legalizar las viviendas. «Emitió un certificado pese a no tener derecho a ello sobre algo que no era acorde con la realidad». Sospecha que la única finalidad de dichos documentos, que otorgaban entre seis y diez años de antigüedad a tres construcciones, era darles apariencia de legalidad. Los papeles eran usados para formalizar una escritura notarial de obra nueva. El objetivo final era que prescribiese una irregularidad y el Concello «legalizase lo ilegalizable».
Arreglos en un bar
La defensa quiso demostrar que las tres viviendas afectadas ya existían en las cartografías y planes urbanísticos de hace 15 años, lo que probaría que realmente eran antiguas y que no hubo delito en los certificados.
Todo empezó en abril del 2005. El propietario de una casa y su esposa tenían problemas urbanísticos con dos viviendas situadas en la zona de Prado. Este declaró ayer que compró una finca en el 2005 que el vendedor no quiso escriturar. La casa tenía un porche como elemento moderno. El vecino contactó con una persona que conoció en un bar, que le presentó a un experto que se dedicaba a arreglar herencias y que podría resolverle a buen precio el problema de su casa y la de su mujer. «Le pagué 500 euros por cada certificado», dijo.
Agentes de la Guardia Civil interrogaron al alcalde, quien reconoció su rúbrica, pero no se acordaba de los papeles. La defensa planteó que alguien pudiese haber entrado en la alcaldía y usar los sellos, guardados bajo llave, pues las puertas seguían abiertas por la limpieza. En el juicio declaró como testigo el ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez, quien será juzgado el día 31 por cohecho.
Por otra parte, Silva ha recurrido una condena de 18 meses de prisión por conceder decenas de licencias con un Plan Xeral anulado.
* La Voz de galicia - 12.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
El fiscal insiste en derribar una plaza de tientas junto a Medina Azahara
ELDÍA/Córdoba* : La Fiscalía Provincial de Córdoba insistió ayer en pedir el derribo de una plaza de tientas levantada en el entorno de Medina Azahara después de que en febrero del año pasado el Juzgado de lo Penal número 1 rechazara la acusación y absolviera in voce a los tres encartados, entre los que se encuentra el empresario taurino y ex matador Fermín Vioque. La acusación pública se reservó entonces la posibilidad de apelar y ayer se materializó el recurso por un presunto delito contra la ordenación del territorio ante la Audiencia.
Los hechos se remontan a noviembre de 2004, pocos meses después de que la Junta de Andalucía ampliara la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en las proximidades del monumento omeya. El ex matador encargó el proyecto de diversas obras a un arquitecto -F. J. V. T.- y contrató su ejecución a R. J. C. D. Las actuaciones consistieron en la cimentación de una nave de nueva planta, el allanamiento del terreno para la construcción de una plaza de tientas y un almacén y la apertura de zanjas para la instalación de riego y conducción de agua con una finalidad agrícola y ganadera.
Según la Fiscalía, el propietario encargó el proyecto al arquitecto, quien lo redactó supuestamente sin el visado del colegio profesional y sin haber iniciado ningún trámite para obtener la correspondiente licencia de obras, según pudo comprobar directamente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento el 17 de octubre de 2005. Para el fiscal, por tanto, los acusados "conocían" la ilegalidad de la actuación.
El ganadero procesado, que ayer no acudió a su cita con el tribunal, alegó en febrero del año pasado que "obró con la mejor intención" y que le encargó al arquitecto "que todo estuviera en condiciones". El encartado aseguró que "todo estaba legalizado" y reconoció que, al no poder reformar el inmueble por su deficiente conservación, "se pensó en hacer una nueva plaza de menores dimensiones". Cuando Cultura ordenó la paralización de las obras, ya no volvieron a moverse ladrillos, aseguró el encartado.
* El Día de Córdoba - 12.05.10
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
Los técnicos de Patrimonio se plantan ante las licencias de derribo del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : La comisión municipal de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia ha echado atrás en tres ocasiones cinco licencias de derribo tramitadas por el equipo de gobierno en el conjunto histórico del Cabanyal. A la vista de la nueva situación jurídica derivada de la orden de suspensión del plan especial del Cabanyal del Ministerio de Cultura avalada por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, los técnicos no quieren incurrir en una ilegalidad y se resisten a dar el informa favorable a los derribos.
La comisión de Patrimonio, que está formada por técnicos municipales y una representante de la Conselleria de Cultura, dejó sobre la mesa y sin informar en las reuniones de los días 22 y 29 de abril y 6 de mayo cinco licencias de derribo en la zona Bien de Interés Cultural del Cabanyal. Los expedientes bloqueados afectan a los edificios protegios ubicados en las calles Padre Luis Navarro 221 y 193, Progreso 202 y 170 y José Benlliure 185. Los tres primeros están protegido con nivel 2.
37 edificios en el punto de mira
El ayuntamiento gobernado por el PP ha derribado ya 16 edificios (40 viviendas) protegidas en las calles San Pedro, Escalante, Los Ángeles, Progreso, Barraca, Padre Luis Navarro y José Benlliure. El ayuntamiento también ha ido adquiriendo para su posterior derribo otros 37 inmuebles (80 viviendas) a los que el PGOU otorga algún grado de protección.
Las incertidumbres que plantea a los jefes de servicio y técnicos de la delegación de Urbanismo la orden de suspensión del plan han obligado al secretario del área, Manuel Latorre, a emitir una nota aclaratoria en la que informa de que sigan adelante con la tramitación de los expedientes hasta el último trámite, la firma de la resolución, en espera de que los tribunales resuelvan.
Tres de los edificios que plantea derribar el ayuntamiento están protegidos por el PGOU con nivel dos. El concejal de Urbanismo asegura que la suspensión cautelar del plan especial que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez no supone que rige la norma de planeamiento anterior, esto es, el PGOU de 1988 como sostiene el concejal socialista Vicente González Móstoles. El edil de la oposición critica la paralización de todas las licencias de derribo, rehabilitación e incluso obras menores adoptada por el ayuntamiento en cumplimiento de la orden ministerial. Según Móstoles, en base al PGOU "se podrían otorgar licencias" y actuar hasta que resuelvan los tribunales.
Al respecto, la Asociación de Vecinos del Cabanyal sugirió ayer al concejal de Urbanismo que incorpore al PGOU y proteja el centenar de edificios que salvaguardaba el Pepri ahora suspendido, entre los que se incluye la Casa dels Bous. De esta forma, apuntan los vecinos, se evitaría que alguien pida la licencia de derribo como apuntó el lunes Jorge Bellver.
* Levante-EMV - 12.05.10
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo) - levante-emv.com
Torrejón: La justicia anula la gestión privada de un servicio municipal
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ELPAÍS/Madrid* : La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Torrejón de Ardoz (116.455 habitantes) no puede estar en manos privadas. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En una sentencia, ratifica que el Ayuntamiento torrejonense no ha justificado la necesidad de gestión privada en esta empresa pública (adjudicada en 2007) y tampoco ha estipulado de forma clara cómo va a retribuirla. El Tribunal Contencioso Administrativo ya anuló el pasado junio la gestión privada de la EMVS. Ahora el TSJM da por buena aquella resolución con un fallo que es firme.
Pero entre una sentencia y otra, el escenario ha cambiado. Poco después del primer fallo, el Ayuntamiento hizo un nuevo pliego, con correcciones, y sacó de nuevo a concurso la EMVS. Lo ganó una empresa del mismo grupo que la ganadora anterior. La oposición socialista ha llevado a los tribunales esta segunda adjudicación. El equipo de gobierno cree que la nueva adjudicación ha resuelto el asunto.La EMVS de Torrejón empezó a funcionar a finales de 2007, poco después de que el PP llegara al poder en el municipio. El equipo de gobierno redactó los estatutos y sacó a concurso la gestión de la empresa de vivienda. El PSOE denunció el pliego de condiciones ante los tribunales, que le han dado la razón en dos ocasiones, el último caso con una sentencia firme.
Ambas sentencias, la del Contencioso y la del TSJM, consideran que no existía en esa adjudicación "ni un sólo documento" que justificara que es necesaria una gestora privada. Y añaden que el pliego de condiciones no incluye un precio "cierto ni referencial". Los honorarios marcados por los pliegos de la EMVS eran del 6% "del coste total de las actuaciones que se acometan", lo que para el alto tribunal es "ciertamente un precio indeterminado".
Tras la sentencia de junio de 2009, el equipo de gobierno volvió a sacar a concurso la gestión de la empresa municipal, adjudicándola a otra empresa "del mismo grupo que la anterior", según el concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, que figura como vicepresidente de la EMVS que preside el alcalde, Pedro Rollán (PP).
"A raíz de la sentencia del Contencioso adaptamos los pliegos de condiciones para sacar adelante la gestión de la empresa municipal", añade el regidor. El equipo de gobierno considera que con estos cambios, el fallo del TSJM ya no les afecta.
"Con este segundo contrato intentan bordear la ley, por eso hemos vuelto a denunciarlo", según el edil Francisco Martín Rojas (PSOE). "Los socialistas tienen una pataleta porque la gestión de la EMVS está sacando muchos proyectos adelante", le acusa el edil de Urbanismo, que pide que "dejen de judicializar" un asunto "que puede crear alarmismo entre la población", aunque admite que, hasta la fecha, los vecinos de Torrejón no están alarmados.
* ELPAIS.com - 12.05.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
