ELPERIÓDICO/Lleida* : La Comisión recuerda que falta un estudio medioambiental y amenaza con sanción. A la Comisión Europea (CE) le ha irritado que el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, inauguraran el domingo un tramo del canal Segarra-Garrigues antes de que Bruselas diga la última palabra sobre las zonas de protección de aves (Zepas).
«Inaugurar el primer tramo tras una respuesta negativa de la CE cuando ambas partes aún no se han sentado a negociar es jugar al hecho consumado», denunció ayer Dimitri Giotakos, miembro del gabinete del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
La infraestructura «no cuenta con un estudio de impacto medioambiental», señaló a Efe Giotakos, que tachó de «sorprendente» que la ministra Elena Espinosa enviase una carta el 16 de junio donde pedía detener el procedimiento de infracción abierto por la CE, a cambio de tomar las medidas correctoras oportunas.
PROCESO DE INFRACCIÓN /«Hemos confiado en su buena voluntad, hemos detenido el proceso, pero nos han hecho quedar en ridículo», aseguró Giotakos, disgustado porque, al final, el Gobierno español haya autorizado la puesta en marcha del canal. Por todo ello, afirmó el funcionario, es probable que la próxima semana se reabra el proceso de infracción contra España.
El siguiente paso será enviar un dictamen motivado y en caso de no recibir una respuesta en dos meses, se interpondrá un recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitará una multa por incumplimiento de la sentencia que obliga a ampliar las Zepas del Segarra-Garrigues.
EXPROPIACIONES / Horas antes de las afirmaciones de Giotakos, la Generalitat hizo pública la expropiación de nuevos terrenos afectados por las obras del canal en las comarcas del Urgell y Les Garrigues. Un anuncio que los consellers de Agricultura, Joaquim Llena, y de Trabajo, Mar Serna, aprovecharon para asegurar que ni la Generalitat ni el Gobierno habían recibido notificación oficial sobre el malestar causado por la inauguración.
El Ministerio de Medio Ambiente aseguró anoche en un comunicado que el tramo del canal ya en marcha «no tiene ninguna afección» con la zona de protección de aves.
Para quien no fue una sorpresa la irritación de la CE fue para el sindicato agrario Unió de Pagesos. Sus dirigentes ya se ausentaron el domingo del acto de inauguración. En cambio, para los regantes la amenaza comunitaria fue una gran decepción. «Éramos tan felices», dijo el presidente de la comunidad de regantes, Josep París.
* El Periódico - ROSA MATAS - 8.07.09
Foto: ROSA MATAS, elperiodico.com
Bruselas arremete contra la apertura del Segarra-Garrigues
La juez paraliza la obra de las torres del Canódromo
CANARIAS7/Las Palmas* : Las obras de las torres del Canódromo no podrán seguir adelante. Un auto judicial ordena la suspensión cautelar de la licencia a la que se acogía la empresa constructora para seguir con la obra de la polémica, la segunda que se revisa en sede judicial. La licencia, distinta de la primera ya anulada, fue prorrogada en noviembre.
Un auto judicial dictado el viernes por la titular del juzgado de lo Contencioso número cuatro de la capital grancanaria dispone la «suspensión» de la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de esta ciudad a Realia Business en noviembre de 2006, y prorrogada dos años después. La decisión reconoce los argumentos expresados por la representación legal de la asociación vecinal Avecalta, que mantiene desde hace varios años una auténtica batalla jurídica para impedir que se edifiquen dos torres de quince plantas en una parcela de 1.608 metros cuadrados en la esquina nororiental del parque del Canódromo.
La suspensión de la licencia deberá acarrear la paralización de las obras, una decisión que deberá adoptar el ayuntamiento tan pronto como tenga conocimiento de la resolución judicial. Aunque decidan recurrir el auto, la medida tendrá que ser ejecutada porque el texto reduce las opciones a un «recurso de apelación en un solo efecto» en el plazo de quince días.
La licencia ahora suspendida es distinta de la que ya fue anulada en octubre de 2008, una decisión que fue recurrida entonces por el ayuntamiento. La nueva medida cautelar analiza el permiso con el que la constructora pudo poner en marcha la obra, hasta levantar por completo la primera de las torres y parte de la segunda. Mientras la primera licencia se aprobó en marzo de 2006, la segunda, ahora suspendida, se tramitó como una reforma de la anterior, y entró en vigor ocho meses después, ambas aún bajo el anterior mandato del PP. El recurso de Avecalta se presentó el pasado 17 de junio.
efecto útil. La orden judicial, de hecho, es la primera del amplio expediente judicial del Canódromo que frena una decisión del actual grupo de gobierno (PSOE- Compromiso), que el 5 de noviembre de 2008 concedió la prórroga de la licencia ahora suspendida. Mientras el permiso inicial preveía 121 plazas de aparcamiento y 133 trasteros en la base del complejo, la reforma aumentó a 165 las plazas de aparcamiento a costa de construir sólo 101 trasteros.
La juez interpeta que la medida cautelar propuesta por el abogado Yeray Alvarado, del despacho Díaz de Aguilar, que defiende al colectivo vecinal, «se revela como necesaria para garantizar el efecto útil de la sentencia, pues de no accederse a la suspensión solicitada, se podría consumar la ejecución de unas obras al amparo de una licencia que pudiera resultar ilegal, con la consiguiente necesidad de demolición». El auto tiene en cuenta que la licencia, aunque reformada, ya ha sido declara nula en una sentencia anterior, y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha decretado antes la nulidad tanto del Plan Especial del Canódromo, como de las determinaciones del Plan General que le daban cobertura.
* Canarias 7 - G.H.M. - 7.07.09
Foto: Gerardo Montesdeoca, canarias7.es
A la Cañada le quedan 48 horas de vida
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ELPAÍS/Madrid* : Dos días de reflexión. Después de más de 50 años de existencia, las construcciones ilegales de la Cañada Real Galiana, una variada serpentina de 14,2 kilómetros y más de 40.000 habitantes, ya tienen fecha de caducidad. Este martes, la mesa especial constituida por el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Rivas, San Fernando y Coslada se reunió por segunda y última vez. Se dieron 48 horas para presentar la ley general definitiva que regulará la vía pecuaria.
Un articulado que, en resumen, convertirá un terreno público en uno propiedad de la Comunidad, que, a su vez, dejará a cada consistorio afectado decidir lo que hace con su tramo.
La norma permite la desafección de la Cañada, lo que significa que los terrenos se podrán vender, legalizar, construir, convertir en zona verde... Lo que quieran los ayuntamientos.
El único problema, el desacuerdo que retrasa un par de jornadas el desenlace, es una disposición adicional para que quede fijado en negro sobre blanco que, antes de hacer cualquier cosa, los afectados deben presentar un plan urbanístico y social que contemple qué sucederá con los actuales habitantes. Una petición cuyo sentido último, según fuentes de los asistentes a la reunión, es el de evitar el desorden que supondría un desalojo de esa magnitud en zonas conflictivas. La Delegación del Gobierno y Coslada han sido "la parte de la mesa", según uno de los presentes, que ha solicitado ver ese anexo por escrito antes de dar su aprobación.
Los ediles de Madrid y de Rivas "se fían de la Comunidad y han aceptado los términos en los que ya está redactada la ley". Uno de ellos reconoce que "debe ser un instrumento jurídicamente vago" el que garantice los realojos u otras soluciones que se den a los moradores de la vía. Ninguno de los actores participantes quiso hacer valoraciones oficiales, pidiendo que se aguarde a la solución final para emitir su opinión, aunque ya disponen del documento casi final.
La Delegación del Gobierno no quiso hacer valoraciones. "El modelo está cerrado. Nuestras propuestas se han aceptado. El Ayuntamiento de Rivas y de Madrid y la Comunidad de Madrid estamos de acuerdo. Tenemos que felicitarnos", explicó este martes la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. Precisamente, el Consistorio madrileño presionó para que se incluyera en la disposición segunda de la ley el previo acuerdo social y urbanístico antes de que los terrenos puedan desafectarse. Y la Comunidad ha aceptado. El Ayuntamiento de Coslada y la Delegación del Gobierno quieren verlo por escrito.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirmó este martes el principio de acuerdo alcanzado y previó el desenlace final dentro de unas 48 horas o, incluso, a principios de la semana que viene.
Pero la sustancia de lo discutido, lo más relevante del texto que regulará la zona por ley y que ya está redactado, es que la norma dará a los ayuntamientos "los instrumentos urbanísticos necesarios para solventar el problema específico de cada sector". Y lo hará porqué elimina el dominio patrimonial sobre el medieval camino de rebaños, ocupado por viviendas, grandes chalés y chabolas desde finales de los años cincuenta.
Sin embargo, aunque casi todos dan por concluidos los trabajos y consideran que esta es la norma definitiva, sus resultados no se podrán ver hasta dentro de al menos seis meses. La causa es que para que se cumpla con la obligación que marcará la ley de tener un proyecto urbanístico definido antes de hacer nada, se debe concluir el censo completo de la senda. Una tarea que ya comenzó hace algunos meses en colaboración con los técnicos de los municipios, pero que está lejos de concluir.
La complejidad de la norma también se debe a las diferencias que hay entre los tramos. Desde la zona de Coslada, en la que residen familias completamente normalizadas y hay hasta hoteles y restaurantes, hasta el extremo de Valdemingómez, donde está instalado desde 2006 el mayor supermercado de drogas de España, pasando por los sectores de Vicálvaro o Rivas, principalmente habitados por inmigrantes, sobre todo marroquíes.
Todos ellos tendrán que empezar a buscar soluciones.
* ELPAIS.com - DANIEL BORASTEROS / DANIEL VERDÚ - Madrid - 07/07/2009
Foto: Madrid, chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)
Ordenan la apertura de jucio contra el ex alcalde de Zurgena por delito urbanístico
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IDEAL/Almería* : El juez instructor de la causa contra el ex alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), quienes fueron detenidos en abril de 2008 en el marco de la operación 'Costurero', resolvió incoar procedimiento abreviado al estimar que ambos incurrieron en la comisión de presunta prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del ex edil desde que presentase su renuncia en mayo, suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.
En el auto dictado el día 19 por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, David Villagrá, al que tuvo acceso Europa Press, se atribuye al ex regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas «ilegales» mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación, sin cumplir requisitos exigidos por la ley.
Señala, en esta línea, la construcción de cinco viviendas unifamiliares en un solar situado en el paraje de Los Menchones y un edificio de tres alturas en el centro urbano del municipio sobre suelo que eran propiedad de su padre por parte de empresas promotoras a las que, al parecer, «se daba trato de favor» y la existencia de «cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros» en cuentas bancarias donde Trabalón figura como titular.
Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra un total de 25 imputados entre los que figuran constructores, funcionarios y arquitectos, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable «a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico» y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.
Trabajo «encubierto»
El ex edil de Urbanismo, según se desprende la instrucción incoada en 2008, habría aceptado, asimismo, el uso de un vehículo adquirido por la constructora propiedad de Antonio López para la que trabajaba de forma «encubierta» y habría percibido cantidades de dinero por la concesión de licencias que justificó, al parecer, con informes técnicos preceptivos favorables pero «inexistentes» mientras que Trabalón certificaba antiguedades de viviendas que no existían antes de que él accediese a la Alcaldía. A Tijeras se le imputa junto a dos arquitectos municipales que también fueron detenidos y un técnico del Ayuntamiento un delito de negociaciones prohibidas en funcionarios públicos. En el primer caso, se le achaca el realizar actividades directamente dirigidas a favorecer la obtención de permisos para obras sobre suelo no urbanizable por parte del constructor citado anteriormente, también detenido en abril de 2008 y, por tanto, imputado por delito contra la ordenación del territorio y cohecho.
La actuación al frente de la corporación local zurgenera y el que también fuera primer teniente de alcalde ha arrastrado también a ocho ediles del PA y del PSOE, partido con el que los andalucistas gobernaron en coalición durante el mandato entre 2003 y 2007. El juez considera que todos, a excepción del único concejal con acta del PP, incurrieron en un delito de prevaricación urbanística al emitir voto favorable en pleno a «multitud de licencias en suelo no urbanizable».
Funcionarios
En las diligencias previas de las que ha derivado el auto notificado a las partes el pasado día 22 para la incoación de procedimiento abreviado contra 25 personas por cientos de viviendas irregulares en La Alfoquía, Los Llanos del Peral o Los Menchones figuran imputados hasta cuatro funcionarios del Ayuntamiento que habrían dado cobertura «a sabiendas de que se permitía la construcción en suelo no urbanizable». Además de los dos arquitectos, de los que uno simultaneaba su trabajo con colaboraciones para un estudio vinculado con una promotora investigada, el juez señala a la secretaria del Consistorio, Trinidad Lidueña y a un técnico municipal que ejercía como administrador solidario de la empresa 'New Medina Villas'.
El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa cita a esta sociedad, encargada de levantar el inmueble de tres alturas en un solar propiedad del padre del primer edil, al desgranar otras como 'Dizu' (propiedad del empresario también arrestado Tomás Zurano) 'Solnor', 'Welcome to Spanish Home', 'Procosona' y 'Colyar', un entramado de empresas que levantaron cientos de viviendas unifamiliares en el término municipal destinadas al emergente y pujante mercado británico.
* Ideal - 08.07.09 -EUROPA PRESS
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
