Huelva: La crisis y los planes urbanísticos dejan casi la mitad del suelo sin urbanizar

HUELVAINFORMACIÓN* : La crisis del ladrillo, las dificultades económicas y la paralización de los nuevos planes urbanísticos están propiciando que cada vez haya más suelo disponible para urbanizar en la provincia de Huelva. Según los últimos datos de la Dirección General del Catastro (cerrados a noviembre de 2009), Huelva tiene vacante el 46,36% de su suelo urbanizable, o dicho de otra forma, está disponible casi la mitad de la superficie de las parcelas urbanas de la provincia, que se traducen en 25.741 parcelas sin edificar con 5.730 hectáreas libres.

Un porcentaje que refleja un leve incremento de un punto respecto a los datos correspondientes al mes de agosto de 2008 y que es superior a las medias andaluza y nacional (45,43% y 45,45%, respectivamente) y también mayor de la que la provincia presentaba hace un año (45,57%).

El incremento en la superficie de parcelas urbanas, a través de mecanismos como los planes generales o las reclasificaciones de suelo, que finalmente no han sido construidas -por la falta de financiación para poder edificar- explica el avance en disponibilidad de suelo que ha experimentado el urbanismo onubense. Fundamentalmente, el segundo, ya que han sido escasos los planes a los que se ha dado luz verde. Un caso claro, y prácticamente una excepción, el del municipio de Aroche, que en 2008 tan sólo presentaba el 4,79% de suelo vacante, frente al 18,73% actual. En el resto de localidades de la provincia, pocos cambios hay respecto al ejercicio anterior.

La radiografía provincial deja Ayamonte como el municipio con más posibilidades para edificar. Cuenta con 849,58 hectáreas disponibles, el 76,28% del suelo. En términos absolutos no hay ningún otro municipio con resultados similares, aunque en los relativos le supera Cumbres de Enmedio, con el 84,65% de suelo disponible sin edificar, que se traduce en tan sólo 13,37 hectáreas.

Está claro que la crisis ha frenado la presión urbanística en Huelva, como también ha ocurrido en otras provincias andaluzas como Almería (con el 56,13% de su suelo vacante, el mayor volumen registrado en la región), Granada (51,84%) o Málaga (51,44%), aunque el onubense es bien distinto al perfil urbanístico de Córdoba (donde sólo el 35,50% del suelo está disponible), Cádiz (37,47%), o incluso Jaén (40,29%) y Sevilla (41,85%).

El censo catastral valora en 1.057 millones el suelo urbanizable que actualmente existe en la provincia. Un valor que no guarda relación con el valor de mercado (se calcula que no llega ni a la tercera parte de éste), pero que sirve de base oficial para liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y valorar determinadas rentas en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio. A pesar de no contar con el mayor número de parcelas, la capital muestra la valoración más elevada (casi mil unidades que cuestan 155,4 millones). Lepe, sin embargo, casi duplica el número de parcelas que tiene registradas el Catastro, pero su valor se queda en 46,09 millones, lo que sin duda deja una tasación media catastral muy por debajo a la que tiene la capital onubense e inferior a la de Palos de la Frontera, con el segundo valor más elevado de la provincia (122,59 millones) y Lepe, el tercero, con 119,52 millones. Las diferentes valoraciones que se aplican a cada municipio e incluso la antigüedad de los que se denomina la ponencia de valores (donde se recogen los criterios y escalas para determinar el valor general de cada zona) deja curiosidades en la estadísticas como éstas.

Al margen de ellas, lo que prácticamente no deja lugar para dudas es que la recesión económica que, al igual que el resto de España, sufre la provincia de Huelva no sólo ha provocado el cierre de empresas y un desbordamiento de las listas de desempleados, sino que también ha modificado (o al menos retrasado) los planes de expansión de muchas firmas que habían puesto sus ojos en nuestra geografía.






* Huelva Información - 25.01.10
Foto: Terrenos reservados para el futuro desarrollo del Ensanche. - huelvainformacion.es

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El ex diputado balear Vicens, citado a declarar como imputado en el 'caso Andratx'

LAVANGUARDIA/Mallorca* : El Juez de Instrucción nº12 de Palma ha citado a declarar el próximo 16 de febrero, en calidad de imputado, al ex diputado Bartomeu Vicens, en relación a la pieza número 68 del caso Andratx, en la que se investiga una recalificación de solares de dicho municipio, en cuya tramitación intervino la comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, de la que Vicens formaba parte, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

Vicens, que ha sido citado a las 13.00 horas, no había sido imputado hasta la fecha el caso Andratx, donde su principal encausado, el ex alcalde, Eugenio Hidalgo, se encuentra en prisión desde el pasado 28 de diciembre, cuando ingresó en el centro penitenciario de Palma después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena de cuatro años de cárcel dictada por la Audiencia Provincial en mayo de 2008, por la construcción de una vivienda en un área rural de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.

Junto a Hidalgo, y por la misma causa, también ingresó en prisión el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, condenado a tres y medio de cárcel. Así, Bartomeu Vicens está imputado en varios casos de corrupción, por los que ha tenido que pagar cuantiosas fianzas para eludir la cárcel.

El pasado 22 de diciembre, abonó dos fianzas de 100.000 euros cada una para poder evitar entrar en prisión por los casos Maquillaje y Son Oms. Pero el ex diputado, que abandonó su escaño en el Parlament el pasado 21 de diciembre, fue condenado cuatro día antes, el día 17 de ese mismo mes, por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.

La sentencia consideró probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular en la pasada legislatura, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.





* La Vanguardia - 25.01.10
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es

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Un promotor se apropia de suelo público en La Vila Joiosa y lo vende

ELPAÍS/Alicante* : Han pasado cuatro alcaldes desde que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa obtuvo en 1995 la titularidad de 3.740 metros de zona verde en primera línea de mar. La empresa Jónico Mediterráneo, S. L. (que los había comprado el 2 de agosto de 1994) los cedió al Consistorio a cambio de transferir su aprovechamiento a un edificio llamado Varadero. La mercantil ha vuelto a venderlos porque el suelo ha figurado desde entonces como dos parcelas diferentes a nombre de esa sociedad en el Registro de la Propiedad.

La parcela nunca fue anotada en un registro de bienes municipales.

La comisión de gobierno del Ayuntamiento aceptó la cesión de los 3.740 metros de zona verde el 22 de marzo de 1995 a cambio de 1.870 metros cuadrados de aprovechamiento para el edificio Varadero.

Este terreno ya fue objeto de denuncias porque se usó como aparcamiento de una discoteca que gestionaban un concejal del PP y un cargo de confianza del actual alcalde popular, Jaime Lloret. Además, el PP votó en contra de que se iniciaran "cuantas acciones legales correspondan para obtener el uso, disfrute y pleno dominio" de dicho suelo público en un pleno del 3 de enero de 2002. Pero los mismos que desde la oposición criticaron ese mismo año el uso privado de la parcela (PSPV-PSOE, Bloc, Esquerra Unida e Iniciativa Independiente), no hicieron nada por resolverlo cuando formaron gobierno tras las elecciones de 2007.

Es más, a pesar de ser un solar de titularidad pública, el propietario volvió a vender las dos parcelas el 9 de noviembre de 2007, es decir, cinco meses después de formarse el cuatripartito. Según el Registro de la Propiedad, Rancallosa, SL compró 1.517 metros y Estudiantes Beach, SL otros 1.378. Ambas sociedades están promoviendo justo al lado la construcción del hotel Elbim. El complejo estuvo paralizado casi diez años por exceso de obra, pero fue legalizado poco antes de las elecciones de 2007 por el anterior alcalde popular, José Miguel Llorca.

En la actualidad, lo que debería ser una zona verde en primera línea de playa está vallada y es usada por las obras del hotel. Su promotor asegura que en el terreno instalará una carpa de uso privado. Juan Pérez Flores, apoderado de Rancallosa, manifestó a este periódico que actuó "de buena fe" comprando la zona verde pública porque "estaba a nombre de una mercantil".

El representante de Jónico Mediterráneo, Joaquín Garmendia, considera que no ha vulnerado la ley "porque el registro de la propiedad nos reconoce la titularidad de la zona verde".

El grupo ecologista Xoriguer denunció en diciembre 2008 posibles irregularidades en la construcción del hotel Elbim y ahora pide que "se investigue cómo es posible que una parcela de 3.740 metros que debería ser de propiedad pública aparezca en manos privadas".

Este periódico ha intentado sin éxito conocer la opinión del concejal de Urbanismo de La Vila, Jerónimo Lloret.





* ELPAIS.com - 25.01.10
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), - diarioinformacion.com

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Un tribunal juzga a la ex alcaldesa de Cártama por dos delitos urbanísticos

MÁLAGAHOY* : La diputada provincial del Partido Popular y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Cártama (Málaga), Leonor García Agua, será juzgada mañana martes por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio por los que la Fiscalía le pide dos años de cárcel y otros 16 de inhabilitación.

Los hechos que han originado este procedimiento judicial se remontan a junio de 2003, periodo en el que García Agua era alcaldesa de Cártama. Entonces, de acuerdo con el escrito provisional de acusación emitido por el Ministerio Fiscal, firmó dos decretos de segregación de fincas en suelos de protección especial por formar parte de los regadíos del Guadalhorce.

En el primer decreto expedía licencia municipal a una vecina del municipio para que segregara de una finca cinco parcelas de entre 2.500 y 7.400 metros de superficie cada una. En el segundo autorizaba a la misma vecina a separar otros dos solares, de 5.000 metros cada uno, en esos mismos terrenos. El fiscal indica en el escrito de acusación que la finca está situada en tierras clasificadas como no urbanizables de protección especial compatible con paisaje agrario singular, por lo que tanto las normas subsidiarias que imperaban en 2003 como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que acababa de entrar en vigor entonces prohibían "cualquier parcelación urbanística".

Según la acusación, esta circunstancia "no podía ser ignorada por la acusada". Además, resalta que "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente" establecido para la concesión de las licencias", ya que dio luz verde a ambas licencias sin contar con los informes técnicos y jurídicos preceptivos, una circunstancia que se recoge "expresamente en los decretos".

Tanto la ausencia como la necesidad de estos informes técnicos le fue advertida a la ex alcaldesa de Cártama en cada uno de los expedientes por el secretario del Ayuntamiento, de acuerdo con el escrito de acusación provisional. La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio y reclama por cada uno de estos hechos un año de cárcel y otros ocho años de inhabilitación para cargo público. Además, solicita que se determine la nulidad de las dos licencias de parcelación.

El juicio se celebrará mañana a mediodía en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga. El origen de esta causa reside en unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía en 2008 que dieron lugar a la interposición de una denuncia tramitada por el Juzgado de Instrucción número 11.




* Málaga Hoy - 25.01.10
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com

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Ciudadanos de Villena se alían con Xixona y El Campello contra las basuras de Castelló

LEVANTE* : La Plataforma en defensa del Medio y el Entorno de Villena ha certificado su alianza con homólogos de Xixona y El Campello para el acto público contra la llegada de más basuras que celebrarán el próximo viernes para dar a conocer a la ciudadanía los Las declaraciones del conseller Cotino imponiendo el traslado de residuos de Castelló han echado más leña al movimiento ciudadano y político que ha puesto a Villena en contra de las decisiones de la administración autonómica.

El portavoz de la plataforma villenense, Fernando Úbeda, calificó ayer las manifestaciones de Juan Cotino como de "una irresponsabilidad supina" y "una salida de tono contra la provincia de Alicante", al intentar suplir los errores del Consell con el Plan Integral de Residuos de 1997, que establecía 10 plantas de las cuales, sólo se ha construido la de El Campello. Para Úbeda, Villena, según Úbeda, no "puede ni debe" albergar más basura porque hemos traspasado el límite de la solidaridad con otras poblaciones", en referencia a las toneladas de residuos procedentes de ciudades fuera del zona XII que soporta la planta desde 2005 y que ha ido creciendo año tras año. En la actualidad, dicha infraestructura recibe basuras procedentes del sur de la provincia de Castellón y comarcas valencianas como La Costera, entre otras.
Úbeda señala, además, que la Generalitat "incumple de manera reiterada todos los protocolos urbanísticos y de medio ambiente al consentir que se pueda ampliar la planta de Vaersa sin licencia y sin tener en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Villena. Sobre las reacciones del equipo de gobierno de la ciudad ante esta situación, Úbeda reconoce que no se puede hablar de unidad en sus declaraciones. "Unos dicen que no lo van a permitir, otros callan, hay discrepancia de opiniones y así no se resuelve nada"

Llamamiento
Por último, el portavoz de la plataforma ciudadana quiso hacer un llamamiento a toda la población de Villena para acudir al acto que se celebrará el viernes a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura. Allí, adelantó Úbeda, "haremos público, como hasta ahora, lo que sólo estaba en los despachos, porque parece que el tratamiento de basuras se lleva tan en secreto como la política de interior". Además sus homólogos de Xixona y El Campello, se espera también la asistencia de ciudadanos de la localidad valenciana de Llanera de Ranes, donde la Generalitat tiene previsto construir una gran planta de tratamiento de residuos. "Tenemos que solidarizarnos con las pequeñas poblaciones que sufren o van a sufrir este problema".
Las rotundas manifestaciones de Cotino también encontraron el previsible rechazo del grupo socialista del Ayuntamiento de Villena. Su portavoz, Carlos Beltrán, recordó que ya en septiembre de 2008 se opusieron al convenio firmado por la alcaldesa popular Celia Lledó con el entonces conseller García Antón, que establecía que el Ayuntamiento no se opondría a una posible ampliación de la planta y que "dejaba claro que se podrían traer residuos de otras poblaciones", contemplando para ello una compensación del cinco euros por tonelada. Los socialistas, como ya declaró Beltrán el pasado martes, presentarán al pleno del próximo jueves una propuesta para que se anule el convenio con Vaersa, la empresa que gestiona la planta, en aquellos apartados que le dan "carta blanca para traer basuras de donde quieran". De igual manera, como se anunció la semana pasada, está previsto que Los Verdes hagan lo propio en la misma sesión del jueves.

La alcaldesa de Villena, la popular Celia Lledó, ha evitado pronunciarse en el última semana sobre el aluvión de noticias generadas ante la llegada de más basura procedente de otras provincias, aunque sí lo han hecho miembros de su equipo de gobierno como la concejal de Medio Ambiente Mari Paz Poveda, posicionándose claramente en contra. Pese a todo, y tras las rotundas declaraciones de Cotino, el gabinete de prensa del Ayuntamiento confirmó que la alcaldesa, conocedora ayer mismo de las palabras del conseller, prefería esperar hasta hoy para profundizar en el tema y pronunciarse, presumiblemente, hoy mismo.





* Levante-EMV - 25.01.10
Foto: Residuos que se amontonan en la planta de Villena. cruces-ernes, levante-emv.com


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La muerte de los principios

ENRIC HERNÀNDEZ* : El debate político-mediático en Cataluña y en el resto de España -ahí apenas opera el fet diferencial- se asemeja cada vez más a un tiovivo viejo y oxidado: los caballitos, desconchados, ruedan siempre en el mismo orden, y la música, aunque ensordecedora, no acalla el chirrido de los engranajes. Transmutados en charlatanes de feria, ciertos políticos vociferan a diario justo aquello que creen que el público quiere oír, y la altisonante propaganda oficial apenas camufla sus incongruencias y contradicciones internas. Pero, comoquiera que el auditorio es diverso y las opiniones plurales, los partidos acaban pregonando una cosa y la contraria, en un cínico ejercicio que fía su éxito en la complicidad gremial del adversario y en la estulticia del populacho.

Es así, con mentiras, medias verdades y discursos hueros diseñados de cara a la galería, como la política deviene una repetición de eslóganes y tópicos, un bucle cansino de exabruptos y reproches, una noria falsaria que de tanto girar sobre sí misma se condena al repudio ciudadano. Por caricaturesco que parezca, los episodios recientes de Vic y Ascó respaldan la fidelidad de esta cruda descripción.

Con pretexto o sin él, cíclicamente algún partido -generalmente de la derecha- activa el resorte psicológico del rechazo a la inmigración... ilegal, aunque la coletilla sea sólo para guardar las formas. A continuación, su rival -que gusta definirse de izquierdas- lo tacha de xenófobo y abandera el discurso de la integración. Al final, el que gana las elecciones acaba poniendo trabas a los inmigrantes cuando la situación económica o las encuestas así lo aconsejan.

En 2002, en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas, el ascenso en Francia del ultraderechista y xenófobo Jean-Marie Le Pen llevó al Gobierno del PP a acuñar el falaz binomio inmigración/delincuencia, cuando el único maridaje indisoluble es el que une clandestinidad y marginalidad. El PSOE, entonces en la oposición, se llevó las manos a la cabeza; CiU, en su día adalid del papeles para todos, propuso después imponer un carnet por puntos a los inmigrantes; Mariano Rajoy plagió la idea en 2008 con un tuneado "contrato de integración", y José Luis Rodríguez Zapatero, que abominó de esa propuesta, endureció su política migratoria tras constatar que la firmeza del PP había hecho mella entre el electorado socialista. El Gobierno del PSOE abogó entonces por combatir, cómo no, la inmigración ilegal, pero paradójicamente cegó la única (y tortuosa) vía administrativa que permitía regularizar, por ejemplo, a las empleadas del hogar.

El último capítulo de la instrumentalización del extranjero como arma electoral no se ha inspirado en ningún ultra francés, sino en un franquista catalán cuyo auge ha hecho perder los papeles a las autoridades de Vic. El alcalde, de CiU, en connivencia con sus socios del PSC y ERC, amenazó primero con delatar a los sin papeles para lograr su expulsión; luego, con excluirlos del padrón, aun garantizándoles el acceso a la sanidad y la educación, y al fin, cuando hubo de rectificar, reconoció en estas mismas páginas que su verdadero propósito es dejar de prestar servicios a los inmigrantes.

La fallida maniobra de Vic ha servido, en todo caso, para que supiéramos que otros muchos municipios venían entorpeciendo el ingreso de los extranjeros en el padrón. Y también para que el PP y CiU, con mayor o menor sutileza, aboguen por endurecer la ley -la misma, por cierto, que los nacionalistas votaron el mes pasado en el Congreso- con el muy sesudo argumento de que "aquí no caben todos". Por ahora, los socialistas les afean la conducta, pero la experiencia indica que no tardarán en abrazar sus postulados.

A ese afán de contentar a todos por igual responde también el vodevil del cementerio nuclear. El alcalde popular de Yebra (Guadalajara) lo quiere para sí, mientras la dirección del PP se opone pero le deja hacer. El alcalde convergente de Ascó y sus aliados socialistas, también, y mientras CiU se niega en público y lo autoriza en privado, el PSC calla. Es la táctica del catch-all party: para no perder ningún voto se abraza una ideología y la contraria, lo que equivale a prescindir de toda ideología. Muertos y enterrados los principios, lo extraño es que sólo un 30% de los catalanes perciban la política como un problema.






* ELPAIS.com - Cataluña - 24.01.10

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