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EUROPAPRESS* : El juzgado de Instrucción nº2 de Trujillo citará próximamente a declarar al ex alcalde de la localidad cacereña de Plasenzuela, José Villegas (PSOE), y al actual regidor del municipio cacereño de Torremocha, Domingo Galán (PP), como imputados por presuntos delitos de corrupción.
La investigación que instruye este juzgado comenzó en julio de 2008, a raíz de una denuncia interpuesta por el actual alcalde de Plasenzuela, Adrián González, del Partido Socialista, quien al reemplazar en el cargo a su sucesor detectó al observar la documentación del Ayuntamiento que "había bastantes irregularidades", y una deuda en las arcas municipales de "5.100.000 euros", en un municipio que cuenta tan sólo con 500 habitantes.
Así lo expuso el denunciante a Europa Press Televisión, quien señaló que su antecesor está presuntamente imputado de "varios" supuestos delitos, entre ellos malversación, prevaricación y estafa a la Seguridad Social.
ARRUINADOS
Como consecuencia de estas presuntas irregularidades, el alcalde asegura que a día de hoy al municipio está "arruinado", y que "todos los edificios públicos" del mismo "están embargados o hipotecados" a excepción del Ayuntamiento y el cementerio.
Además, advirtió de que "al no tener las cuentas" municipales "en regla" no pueden recibir subvenciones del Estado con lo que se encuentran "con las manos cerradas" y sin capacidad adquisitiva, además de no tener fondos para pagar a las constructoras que realizaron trabajos encargados por el anterior alcalde, que permaneció en su cargo desde 1997 hasta el 2008.
Por ello y tras haber prestado declaración ante la juez que lleva el caso, espera que "se haga justicia" y si José Villegas "es culpable" de esta situación "que pague".
Asimismo, recalcó que la deuda del municipio se inició en el año 1997 fruto de supuestos "fraudes" a la Seguridad Social, también a las "subvenciones sin justificar" que se habrían otorgado desde alcaldía y otras actuaciones relacionadas con urbanismo, precisó.
El juzgado de Trujillo, al parecer, también ha imputado en este mismo asunto al ex concejal socialista de Francisco Crespo, al secretario municipal, Leopoldo B.L., ambos del equipo del anterior alcalde de Plasenzuela y el alcalde de la localidad cacereña de Torremocha, Domingo Galán (PP).
En relación al regidor de Torremocha, según indicó el denunciante, se habría beneficiado de "adjudicaciones de obras" encargadas por el ex alcalde de Plasenzuela a su empresa de construcción, aunque señaló desconocer lo que haya ocurrido en otros ayuntamientos.
Para finalizar, Adrián González explicó que han comprobado que una de las empresas con las que al parecer el ex alcalde y el ex concejal de su municipio gestionan "varias residencias de ancianos" está domiciliada en la localidad, coincidiendo con la misma dirección que ocupa el centro cultural del pueblo.
Al parecer, Villegas, fue apartado del puesto por el propio PSOE un año después de las últimas elecciones municipales, según informaron fuentes de esta formación.
En cuanto al alcalde de Torremocha, según informaron desde el Ayuntamiento, se encuentra de vacaciones, mientras el hermano de este político, Cecilio Galán, defendió la gestión de su familiar al frente del municipio, ya que en su caso "ha sido imputado por la empresa de construcción" que dirige y no con "la alcaldía" y apostilló que "está tranquilo" pues "no tiene nada que esconder".
Respecto al resto de imputados se negaron a declarar al respecto o prefirieron no realizar guardar silencio hasta su citación ante la juez de Trujillo , como en el caso del secretario Leopoldo B.L, que hoy se encontraba en sus funciones en Plasenzuela y quien al parecer es el hijo del secretario de Marbella que fue acusado en la operación 'Malaya'.
REACCIONES
Los dos principales partidos de la región han dado a conocer su postura sobre este asunto. Así, el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Juan Ramón Ferreira, recordó ayer ,en nota de prensa, que el ex alcalde socialista de Plasenzuela José Villegas fue apartado de su cargo por la propia formación socialista, "cuando se advirtieron de las sospechas de irregularidad que el propio PSOE puso en manos del fiscal".
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cáceres, Laureano León, señaló que de la investigación interna abierta por los 'populares' extremeños sobre el alcalde de Torremocha, Domingo Galán, se desprende que las actuaciones de este último "no deben aparecer vinculadas ni asemejadas con las que les están siendo imputadas al ex alcalde de Plasenzuela, José Villegas" y que el alcalde de Torremocha "ha actuado con honestidad y no se encuentran indicios de delito".
* Europa Press - 27.10.09
Foto: E. P.
Cáceres: Imputan al ex alcalde de Plasenzuela y al alcalde de Torremocha por corrupción
Detenidos dos ex altos cargos de Jordi Pujol y un alcalde del PSC por corrupción
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PÚBLICO/Barcelona: La Guardia Civil ha detenido este martes a al menos ocho personas en varios municipios de la provincia de Barcelona por presunta corrupción urbanística. Entre los arrestados se encuentran Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de Jordi Pujol, y el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz -del Partido Socialista de Catalunya (PSC)-, según fuentes de la investigación.
La operación Pretoria ha sido ordenada por el juez Garzón en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. La investigación viene de 2007 y está relacionada con otra investigación que realizó el propio magistrado en 2005, informa Ángeles Vázquez.
Los delitos que se les imputan son: tráfico de influencia, blanqueo de capitales y cohecho. La causa es secreta.
También ha sido detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco Touriño, presidente de la empresa Gramepark, que gestionaba el 40% del patrimonio de vivienda del Consistorio.
El resto de arrestados son el director gerente de Servicios del consistorio, Pascual Vela, el ex diputado del PSC, Luis García, y a dos empresarios, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, con intereses en la provincia de Barcelona.
Macià Alavedra y Lluís Prenafeta fueron durante los años 80 personas de la máxima confianza del presiente de la Generalitat, Jordi Pujol. Alavedra, hijo del que fuera secretario personal de Francesc Macià Joan Alavedra, fue conseller de Governación primero y de Economía después con los gobiernos.
Otros registros
En la operación llevada a cabo esta mañana también se han producido registros en los consistorios de Badalona y San Andreu de Llavaneres y en otros lugares de Barcelona capital y L'Hospitalet de Llobregat.
También ha habido registros en otros lugares de Barcelona capital y L'Hospitalet de Llobregat
Sin embargo, el Consistorio de Badalona ha desmentido dichos registros. El portavoz del PSC del Ayuntamiento, Francesc Serrano, que no ha recibido a la prensa, ha negado que dos agentes de paisano se hayan personado allí.
Serrano ha asegurado que todos se han quedado sorprendidos por el registro de Santa Coloma y que nadie en nombre de la Audiencia se ha personado allí.
Además, el alcalde de Sant Andreu de Llaveneres ha asegurado que le han requerido un convenio urbanístico del 2006, cuando gobernaba el PP con el PSC y ha añadido que este convenio estaría relacionado con un caso que ya está investigando el juzgado de Mataró y en el que están imputados el ex alcalde Víctor Ros (PP), un ex edil y un ex técnico de Urbanismo, informa Efe.
Los agentes se presentaron a las 10,00 horas en el Consistorio de Santa Coloma con un auto del juez Garzón para el registro. Han acudido directamente a Urbanismo, Servicios Jurídicos e Intervenciones y les han pedido que dejaran los ordenadores y teléfonos que tuvieran conectados y salieran.
"Se veía venir"
Los Agentes de la Guardia Civil que se han desplazado a la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet han reclamado diversos expedientes y documentación de la Secretaría General, los Servicios Jurídicos y el Departamento de Informática, han informado fuentes municipales.
Uno de los funcionarios comentaba que se trata de un Ayuntamiento normal y que cada año envían sus cuentas a la Sindicatura de Contes.
Además, de entre la multitud de vecinos que se encontraban a las afueras del Consistorio, alguno de ellos comentaba que esto podía pasar.
"Favores a inmobiliarias"
"Esto se veía venir. El alcalde tenía maneras muy autoritarias. Se sospechaba desde hacía tiempo de favores a ciertas inmobiliarias y cobros de comisiones ilegales".
Los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet y Badalona están gobernados por el PSC y el de San Andreu de Llavaneres por CiU.
En concreto, el alcalde de Badalona es Jordi Serra y el de San Andreu Bernat Graupera i Fàbregas.
PSC: "Los echaremos si son imputados"
El PSC ya ha anunciado que echarán del partido al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, el edil de Urbanismo y cualquier otro detenido si la autoridad judicial toma medidas contra ellos.
El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, ha asegurado que ante estas sospechas de corrupción, el PSC actúa con "celeridad y transparencia".
Preguntado por si creía en la inocencia del alcalde, ha añadido: "No tengo conocimiento. Esto lo ha de decidir el juez".
* Público - ALBERT MARTÍN / FERRAN CASAS / LEA DEL POZO - Barcelona / Madrid - 27/10/2009
Foto: Santa Coloma (Barcelona), ayuntamiento - publico.es
Barcelona: Decenas de familias sin recursos invaden pisos protegidos vacíos
ELPERIÓDICO* : Los propios ocupantes lo llaman «vivir de patada». Se trata de una expresión muy utilizada en los barrios de Baró de Viver y Via Trajana, donde más de 20 familias han optado por derribar a puntapiés las puertas de pisos sociales públicos que llevan hasta nueve años vacíos por la lentitud de la Administración en encontrar adjudicatarios que se puedan beneficiar de alquileres bajos.
La mayoría de ellos se enfrentan a juicios por desalojo, pero, una vez deshauciados, vuelven a entrar a otras viviendas desocupadas, que son abundantes en las promociones de protección oficial construidas a principios de esta década.
Son casos extremos: mujeres solteras con varios hijos a su cargo, padres con niños minusválidos, enfermos de cáncer. Y casi todos pobres y en el paro. El drama humano se repite detrás de cada patada.
«No pedimos que nos regalen una vivienda. Solamente queremos que nos dejen vivir aquí de forma legal, pagando un alquiler protegido. Tengo tres hijos pequeños, dos de ellos ciegos. Estoy en el paro y no tengo cómo pagar el precio de un piso a precio de mercado», explica Fernando Jiménez, un vecino de la calle de Tiana 12-16 que decidió ocupar un piso social vacío hace seis meses.
Jiménez, como algunos ocupas, no ha solicitado formalmente un piso protegido, porque tiene la creencia de que no tendrá una respuesta positiva de la Administración, tal como ha ocurrido con sus familiares y amigos.
EL 12% ESTÁN DESOCUPADOS/ El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona reconoció a este diario la semana pasada que un 12% de los pisos de alquiler protegido para jóvenes están vacíos. El delegado de Vivienda del ayuntamiento, Antoni Sorolla, explicó que las listas de espera para asignar los nuevos pisos ya han caducado y ahora es necesario asignar las viviendas a través del registro único (una lista común para todos los solicitantes de pisos sociales) que se está comenzando a poner en marcha. El ayuntamiento cree que a final de año disminuirá de forma notable el número de viviendas deshabitadas.
Para evitar las ocupaciones, el patronato y otras empresas públicas que han promovido vivienda social han optado por cerrar con ladrillos y puertas de hierro las viviendas que son abandonadas por sus legítimos inquilinos.
En la promoción de la calle de Tiana, el estado descuidado de la finca también hace que muchos de los solicitantes que han ganado el derecho al piso, terminen por rechazarlo por las malas condiciones del inmueble, según explica la presidenta de la comunidad, Olga Arroyo.
«Si ellos no los quieren, que nos den el piso a nosotros. Queremos pagar y que nos cobren. Es una injusticia que haya pisos vacíos y que nos quieran echar», declara Pedro Santiago, un vecino que ha hecho de la ocupación una forma de vida desde hace cuatro años.
El conflicto también se repite en los bloques de la Via Trajana, un barrio fronterizo entre Barcelona y Sant Adrià que, según denuncian sus vecinos, tiene unos 70 pisos vacíos. «Es injusto que haya viviendas cerradas pese a la gran demanda social. Cuando reformaron el barrio, muchos no pudieron acceder a un piso porque no cumplían los requisitos. Lo que pedimos ahora es que se vuelva a revisar la situación de todos y se le asignen los pisos a aquellos que cumplen», explica Emma, miembro de la asociación de fiestas del barrio que pudo obtener una vivienda social.
REIVINDICACIÓN / Via Trajana mantiene un conflicto latente y la gran mayoría reclama que se ofrezcan las viviendas a los del barrio. Los ocupas, por su parte, ya han recibido denuncias del Incasòl por invadir viviendas públicas. Lorena Rodríguez, una madre soltera con tres hijos, enfrenta una demanda de más de 50.000 euros por ocupar un piso vacío.
Rodríguez y otra decena de afectados aseguran que Adigsa mantiene que los pisos están asignados y no pueden ser ocupados. Pero siguen viendo cómo siguen cerrados y sin habitantes hasta que llega alguien y derriba la puerta a patadas.
* El Periódico - DAVID PLACER - 26.10.09
Foto: Vecinos del número 26 de la Via Trajana con problemas para pagar un alquiler y que ocupan pisos sociales se manifiestan, ayer. Foto: julio carbó, elperiodico.com
Una alcaldesa retrasa derribar el inmueble donde está su negocio en Aldea del Fresno
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20MINUTOS/Madrid* : Es más grande de lo que debería y no respeta los lindes con los vecinos. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Gobierno regional (Dirección General de Urbanismo) y ha anulado la licencia del edificio ubicado en el número 19 de la Carretera de Madrid de Aldea del Fresno, por lo que su Ayuntamiento (PRIM) debe proceder a demolerlo o a reparar sus irregularidades.
Pero el cumplimiento de la sentencia judicial no termina de llegar. Y todo porque, según denuncia el ex concejal de Urbanismo de la localidad Iván Gutiérrez, "en el edificio está la inmobiliaria del marido de la alcaldesa y de la actual concejala de Seguridad Ciudadana", explica.
Y es que el inmueble de la polémica consta de seis viviendas y cinco locales comerciales, en uno de los cuales está la inmobiliaria Playa del Alberche, el negocio familiar de la primera edil.
Retirada de competencias
Pero la trama urbanística va más allá. El edificio que tiene que ser demolido o rehabilitado pertenece a José Luis Tello, ex alcalde de la localidad, y con más de una decena de causas abiertas por presuntas irregularidades urbanísticas.
De hecho, Tello fue suspendido de militancia en el PSOE, fundó un partido, y es uno de los pocos alcaldes del país al que se le ha retirado las competencias urbanísticas. Según denuncia Gutiérrez, el Consistorio sigue concediendo licencias de actividad para los locales del inmueble.
Por su parte, la alcaldesa de Aldea del Fresno, M.ª Isabel Hernández, aseguró a 20 minutos que tiene intención de ejecutar la sentencia, aunque habría pedido a la Comunidad una ampliación del plazo.
* 20 Minutos - SUSANA GOZALO. 27.10.2009
Foto: Imagen del edificio y de los locales comerciales que alberga en Aldea del Fresno. - 20minutos.es
Chiclana: La trama Obra Nueva Chiclana suma ya 58 personas imputadas
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DIARIODECÁDIZ* : Una vez que concluya la instrucción, la Fiscalía de Cádiz se plantea solicitar al Juzgado desglosar la causa por "grupos de delitos/acusados", con el objeto de facilitar la pronta celebración de juicio. Nada menos que 58. Ésta es la cifra oficial de personas imputadas, a día de hoy, en la trama Obra Nueva Chiclana, dedicada a la regularización de viviendas ilegales.
La diligencias, que lleva el Juzgado de Instrucción Número 3 de Chiclana, sufrieron un parón importante porque el órgano quedó vacante, estando mucho tiempo sin titular. Al frente ya se halla una nueva juez, nueva también en la carrera judicial, que trabaja a marchas forzadas para ponerse al día en el asunto.
La Fiscalía de Cádiz sigue muy atenta el caso. De hecho, una vez que culmine la instrucción, el Ministerio Público se plantea solicitar al Juzgado que la causa se desglose por grupos de delitos/acusados. Con ello, se pretende "facilitar la pronta celebración de juicio", según ha avanzado a este periódico la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso.
La investigación comenzó en mayo de 2007, a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por un particular. Fue un vecino de Chiclana, que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario, que le prometió la venta de una finca suya. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas, con una vivienda en cada una, cuando en sus terrenos no había inmueble alguno), interpuso la denuncia que dio paso a la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó a la Guardia Civil.
Entre los 58 imputados, se hallan el abogado con bufete en Cádiz José Ignacio Rosano, pieza importante de la trama, según la Guardia Civil, junto al arquitecto Joaquín Pallí Selga, detenido por agentes de la Benemérita hasta en cuatro ocasiones en los últimos dos años, por rubricar presuntamente certificados falsos de antigüedad de viviendas tanto en Chiclana como en El Puerto.
Junto a ellos, están imputados cinco aparejadores, dos empleados de banca (entre ellos, el director del Banco Santander de Cádiz, Enrique Antonio A.A.), tres tasadores de fincas para entidades de crédito (Julio G.G., Agustín J.S. y Jaime Valentín R.C.), varios gestores inmobiliarios, corredores de fincas y un buen número de propietarios.
La primera fase de la operación de la Guardia Civil se llevó a cabo en el verano de 2007. Desde entonces, en sucesivas oleadas, se han ido registrando nuevas detenciones e imputaciones, hasta sumar en la actualidad la cifra oficial de 58.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Guardia Civil sacó a la luz una trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable, sobre las que los imputados procedían a realizar escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas en realidad inexistentes. Para ello, contaban con la participación de algunos arquitectos y arquitectos técnicos, que emitían certificados falsos haciendo constar que las edificaciones tenían más de cinco años de antigüedad, con objeto de que, al haber transcurrido de este modo los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra las viviendas actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad.
A continuación, procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y vendían las parcelas resultantes.
Y aquí entraba en acción el otro gran delito atribuido a esta trama, la estafa. Porque a los compradores de esas parcelas en las que no había vivienda alguna, se les ofrecía financiación para construirlas sin problemas (al haber logrado ya 'probar' la existencia de la casa con las escrituras y la inscripción en el Registro de la Propiedad), a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias, con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes. Lograban así la constitución de una hipoteca sobre una vivienda fantasma consiguiendo el dinero necesario para la edificación.
La Guardia Civil ha detectado irregularidades en más de 200 hipotecas impulsadas por esta trama. Más de 100 se habrían tramitado en oficinas de Unicaja, y 6o en el Banco de Andalucía.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero -26.10.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
