INTERVIÚ* : Luis Díaz Alperi dimitió por sorpresa como alcalde de Alicante cuando estalló el ‘caso Riviera’, una gigantesca estafa inmobiliaria que por un montante superior a los 60 millones de euros afecta a 1.000 familias que invirtieron sus ahorros en la compra de pisos en Alicante, Murcia, Málaga y Granada.
Cuando dimitió después de 13 años en el cargo el alcalde, Luis Díaz Alperi, todavía parlamentario autonómico del PP, no dio explicación alguna. Cedió su bastón de mando a su concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, y enmudeció. Claude Roch, primogénito del clan Tabarot, una familia de políticos de la UMP, el partido de Nicolás Sarkozy, había sido detenido la noche antes en el aeropuerto de Alicante cuando se disponía a volar en un jet privado a Marruecos con un selecto grupo de directivos de su inmobiliaria Riviera Coast. Gracias al Ayuntamiento de Alicante, que dirigía Díaz Alperi, esta empresa construyó su lujosa sede en el antiguo Liceo Francés: sin permiso de obras, sin licencia, tras una inspección de la policía municipal que denunció las irregularidades urbanísticas y sobre suelo de uso escolar. ¿Como lo consiguió?
Documentos que obran en poder de interviú confirman que Claude Roch Tabarot logró lo imposible en el Ayuntamiento durante el mandato de Díaz Alperi. Cuando la prensa, algunos vecinos y la oposición municipal habían denunciado que una inmobiliaria edificaba su sede en el antiguo Liceo Francés, todo fueron silencios. “Se hizo la vista gorda, ahora nos lo explicamos todo”, dice el abogado de los afectados, José Luis Escobar.
Según esta documentación, el 26 de marzo de 2007, la inmobiliaria solicita licencia para acondicionar el interior del Liceo Francés y ubicar allí la Fundación Riviera, una presunta tapadera con la que se concederían becas a jóvenes tenistas para poder practicar su deporte, junto con la sede social del Club G-7. La realidad es que se construyó allí la inmobiliaria. “Hemos comprobado en la contabilidad que la Fundación sólo movió 2.500 euros y los afectados nos dicen que las dos plantas de su sede siempre estaban vacías”, señala Escobar.
Las obras además poseían mayor calado. Se cambió la fachada, se colocó un letrero luminoso con el nombre de la inmobiliaria y sobre el patio del colegio y las pistas deportivas se iba a hacer un aparcamiento. “Se levantó un acta de disciplina urbanística, la policía municipal se personó y constató las irregularidades”, confirma la concejala socialista Loles Fernández, “pero todos ignorábamos quiénes eran los que estaban detrás de Riviera Coast, sólo sabíamos que se estaba mirando para otro lado”.
El 21 de agosto de 2007 (ver documentos en página anterior) los técnicos municipales deniegan al Grupo Riviera el permiso de obra mayor para ubicar la sede de su inmobiliaria en el suelo escolar del Liceo Francés. Cuatro meses después se desestima su recurso de reposición, pero la inmobiliaria sigue adelante. Ni se paralizan las obras ni se cierran las oficinas ni se expedienta o multa a sus propietarios. ¿Quiénes eran los influyentes y poderosos empresarios que se escondían tras el Grupo Riviera?
El mes pasado lo supieron. El 11 de septiembre, a las 21.00 horas, la cúpula de Riviera Coast era detenida en el aeropuerto de Alicante. Toda la prensa del día siguiente anunciaba el escándalo. A las 16.00 horas, dimitía por sorpresa el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), y los afectados creen que no es mera casualidad: “Antiguos empleados nos aseguran que el Liceo Francés estaba ligado al patriarca Robert Tabarot pero lo más relevante es que el suelo dotacional de un colegio se transformó de súbito en edificio de oficinas. A un particular jamás le dejarían y le paralizarían las obras. Pero el ayuntamiento que presidía Alperi lo aprobó. Su actividad era prácticamente nula y el negocio, redondo. Y al venirse todo al suelo y estallar el caso con las detenciones, no era difícil prever lo que se avecinaba”.
La alcaldesa y el concejal
Una fotografía de un sonriente Nicolas Sarkozy posando junto a ella preside el despacho de la alcaldesa de Le Cannet y diputada en París, Michèlle Tabarot. Su hermano Philippe es concejal en Cannes también por la UMP, aunque en la oposición. Y el primogénito, Claude Roch, está a la espera de juicio tras pasar por prisión, dictada desde la Audiencia Nacional por el caso Riviera. El padre, Robert Tabarot, un ex boxeador (peso medio y medio-pesado) que dirigió la OAS –grupo de extrema derecha que reivindicaba Argelia como colonia de Francia– vive en Alicante y allí nació su hija Michèlle. Un grupo cerrado, muy pétreo, que se reúne en secreto y sigue un supersticioso ritual antes de cada cita electoral para planificarla como si fuera un combate de boxeo, según desveló el semanario L’Express cuando ella accedió la última vez al cargo. En Francia se les considera un clan, pero sólo en el plano político.
El problema ha surgido cuando han saltado a los negocios. El juez Santiago Pedraz y la Brigada de Delitos Económicos investigan cómo pudo Claude Roch Tabarot arruinar a más de mil familias españolas en más de 60 millones de euros. Pero la fórmula es la de siempre: un extraordinario poder de seducción con la política como telón de fondo y un lujo ostentoso. Coches de alta gama –un Porsche adquirido por leasing–, relojes de 6.000 euros que cambian de mano, restaurantes lujosos, nombres famosos como reclamo... Pero en esta ocasión, a las celebridades del deporte o el espectáculo se les unía como novedad las de la política.
Porque las relaciones de los Tabarot alcanzan la alta esfera pública, la cima del mundo. En la empresa inmobiliaria Aglabahía, de la que Claude Roch es administrador, figura como socio Cossington Consultants Limited, domiciliada en Gibraltar. Su accionista principal es la empresa Valmet Nominees Limited, a la que el diario The New York Times ha relacionado con el blanqueo de 15 millones de dólares a través del Banco de Nueva York y procedentes de la venta de titanio ruso y petróleo siberiano por parte de Roman Abramovich, el magnate ruso afincado en Londres propietario del Chelsea F.C. El diario vinculó también con Valmet a Konstantin Kagalovski, ex representante de Rusia en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ambas operaciones están siendo investigadas por jueces de Estados Unidos y Suiza.
Y es que el clan al que pertenece Claude Roch además “presumía de sus altos contactos políticos, de su hermana diputada y de la cercanía al presidente francés”, señala el abogado José Luis Escobar. Así lograron embaucar a sus inversores, pero hoy todo se ha venido abajo.
En la sección de Toulon de la Liga de los Derechos Humanos (LDH) consta la ficha del patriarca, Robert Tabarot, con varias fotografías: alias Rocher, ex boxeador, creó con Athanase Tassou Georgopoulos la división en Orán de la OAS argelina, “que no vaciló en asesinar a soldados franceses”. Cuando se produjo la descolonización, se estableció en Alicante, donde montó una pizzería. Por eso en esta ciudad española nació Michèlle Tabarot y a Claude Roch con sus contactos y su ostentoso lujo no le fue demasiado difícil acceder a numerosos negocios en la costa de la comunidad valenciana: terrenos alrededor de Terra Mítica, presidente del Casino Costa Blanca de Villajoyosa, hundimiento de la constructora Cleop...
Benidorm y Le Cannet han estado hermanados como pueblos y a los contactos de los Tabarot se les atribuye otra gestión de altura: Claude Roch logró que Severiano Ballesteros, Miguel Induráin y Norma Duval fueran vecinos del complejo de lujo Golf Bahía, para que hiciesen de reclamo hacia otros inversionistas. Pero ya se veía que a Claude Roch le gustaba más el dinero que los ladrillos: la constructora quebró y las viviendas tuvieron que ser terminadas por otra empresa. A sus hermanos también les gusta el glamur y rodearse de famosos para sus aventuras políticas: en sus páginas webs respectivas la alcaldesa Michèlle figura en una fotografía con el futbolista Zidane y el concejal con una bella Miss Francia. Michèlle Tabarot, la que posee un mayor ascendente sobre Sarkozy, también es diputada en la Asamblea Nacional.
El abogado de los afectados, José Luis Escobar, denuncia a interviú que el dinero defraudado pudo evadirse a Marruecos, pues en Marraquech se estableció Riviera Coast Marroc y allí viajaba Claude Roch Tabarot momentos antes de ser detenido y encarcelado junto a su mano derecha, Francisco Fernández Fernández; el director financiero, Luis César Dávalos Coronati; el responsable de construcción, José Antonio Quesada Cordón; el asesor de comunicación, Germán Piñeiro Vázquez, y la abogada Sonsoles Sánchez Albiñana. Todos fueron puestos finalmente en libertad por el juez Grande Marlaska, al encontrarse el titular, Santiago Pedraz, fuera de Madrid. Pero sus pasaportes están retenidos y tienen obligación de presentarse ante el juez. Y es que sus deudas se acumulan: deben doce millones a diferentes bancos y ocho figuran en el Registro de Aceptaciones Impagadas. “Gastaban un millón de euros al año en publicidad”, señala Escobar.
Al inspeccionar las cuentas, los afectados han encontrado que Riviera Coast como matriz y sus cuatro filiales alquilaron un enorme edificio en la madrileña calle José Abascal por 60.000 euros mensuales e invirtieron un millón en su decoración. Hoy sólo quedan pagarés falsos, letras devueltas y un montón de deudas.
* Interviú - Federico UTRERA - 13.10.2008
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
Ladrillazo al ex alcalde de Alicante
Ávila: Hispania Nostra critica el 'grave proceso de degradación de los valores paisajísticos'
ELMUNDO* : La asociación Hispania Nostra ha criticado "el grave proceso de alteración y degradación de los valores culturales y paisajísticos" de la capital abulense, incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Mundial. Según un comunicado de Hispania Nostra, "el más reciente episodio de este proceso lo constituye la construcción de un centro de congresos de gran altura y extensión frente al tramo norte-noroeste de la muralla de la ciudad", junto a la ermita románica de San Segundo.
Al respecto, la asociación ha precisado que ambos monumentos figuran expresamente mencionados en la declaración del conjunto de Ávila como Patrimonio Cultural Mundial realizada por la UNESCO "dada su gran relevancia".
La edificación del nuevo centro de congresos sobre los terrenos del antiguo mercado de ganados, promovida por el Ayuntamiento de la ciudad, "altera y desfigura para siempre la que hasta ahora ha venido siendo considerada mejor vista de la ciudad de Ávila y de su muralla, y también daña irreversiblemente, por su desmesurado volumen, la visión de la ermita de San Segundo".
No obstante, Hispania Nostra ha aseverado que el proceso de alteración y degradación de los valores culturales y paisajísticos de la ciudad de Ávila "no se limita a ese episodio" ya que "surge del inadecuado desarrollo urbanístico de la ciudad durante los últimos años".
Por ejemplo, la asociación se ha referido "a la desmedida ocupación por nuevas edificaciones del entorno del monasterio de La Encarnación", así como en la construcción del polígono industrial de Las Hervencias, "que domina por completo la vista norte-noreste de la ciudad y altera la visión desde el adarve de la muralla".
Según Hispania Nostra, todo ha acarreado "la destrucción de los valores paisajísticos que hicieron de Ávila un excepcional ejemplo de integración de un casco histórico amurallado en su entorno natural y dieron lugar a una constante y elevada apreciación de su carácter por escritores y pintores desde finales del siglo XIX a nuestros días".
Es especialmente "lamentable", según Hispania Nostra, que esa destrucción "se haya producido mientras se está desarrollando en los países europeos una conciencia cada vez más acusada del valor cultural del paisaje", que se expresa en la Convención Europea del Paisaje de 2000, la cual acaba de ser ratificada por España.
La degradación del entorno paisajístico de Ávila "ha venido también acompañada de una alteración de importantes lugares del casco histórico", tanto extramuros como intramuros, con la construcción de edificios de nueva planta, "alguno de los cuales, como el polémico edificio en la plaza de Santa Teresa, tiene un impacto fuertemente negativo sobre otros monumentos importantes", según la asociación.
* El Mundo - Europa Press - 27.10.2008
Foto: Ávila, ayuntamiento - lawebmunicipal.com
El fiscal denuncia al alcalde de Aranga y a promotores por la compra de terrenos recalificados
,+ayuntamiento+-+aranga.es.jpg)
ELCORREOGALLEGO* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denunciado al alcalde de Aranga (A Coruña), Manuel Brañas Abad (PP), y a dos responsables de una empresa promotora por el uso de información privilegiada en la compra de unos terrenos que resultaron calcinados por incendios forestales en 2005 y que luego fueron recalificados para permitir la construcción en ellos.
Según informó a Europa Press el portavoz de la Fiscalía del TSXG, José Ramón Piñol, para acusar al alcalde de Aranga y dos responsables de la empresa Promotora de Viviendas Urbanas, el ministerio público apela a tres artículos del Código Penal (284, 417 y 418) que se refieren a delitos de "violación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos" y el uso de información privilegiada aportada por un funcionario público o autoridad, así como la alteración de los precios del libre mercado.
Promotora de Viviendas Urbanas, que en los últimos años ha ido comprando diversas parcelas en el municipio de Aranga, es propiedad del empresario Manuel Collazo Mato, que a su vez tiene varios casinos, bingos y salones recreativos en España, Europa y la zona del Caribe.
El plan urbanístico de Aranga ha generado estos meses polémica en este municipio coruñés con más de 2.500 vecinos censados, ya que los grupos de la oposición --PSdeG y BNG-- denunciaron la construcción de un polígono industrial de unos 2,5 millones de metros cuadrados y una urbanización de más de 700 viviendas a partir de la recalificación de 300 hectáreas de suelo rústico adquiridas por el empresario Manuel Collazo Mato.
Denuncia del fiscal
En la denuncia presentada ante el Juzgado de Betanzos (A Coruña) por el fiscal encargado de los delitos contra la legalidad urbanística se señala que el alcalde de Aranga y la empresa Promotora de Viviendas Urbanas firmaron dos convenios en los cuales se clasificaron los terrenos ubicados en el Monte Santiso como suelo industrial y suelo urbano, pese a que la Consellería de Medio Rural había comunicado al ayuntamiento, en octubre de 2005, que no se debía variar la calificación de suelo rústico de esas parcelas tras los incendios sufridos el verano de ese año.
Pese a que tras los incendios de 2005, la legislación de protección del medio rural obligaba a mantener la calificación de suelo rústico sobre ese lugar, catalogado como monte vecinal en mano común, el alcalde de Aranga y la promotora de viviendas firmaron los dos convenios en los que se calificaban los terrenos como suelo donde sí se podía construir, con "la consiguiente variación del valor" de los terrenos.
La Fiscalía apunta que hasta que ambos convenios se publicaron en enero de 2008, responsables de la empresa Promotora de Viviendas Urbanas, a través de otra sociedad, "se dedicaron a comprar los terrenos citados a un precio muy inferior al que resultaría de la nueva clasificación".
El portavoz de la Fiscalía del TSXG indicó que el ministerio público abrió una investigación a raíz de denuncias de particulares y apunta que "se ignora", por el momento, si para la suscripción de los convenios referidos hubo "algún tipo de ventaja o retribución". La Fiscalía ha remitido al Juzgado de Betanzos el material documental en el que basó su investigación y le ha solicitado que realice las diligencias necesarias para concluirla.
En un comunicado, la Fiscalía Superior de Galicia concluye que esta actuación es una investigación que no prejuzga el resultado final y puntualiza que la presunción de inocencia ampara a todos los ciudadanos a la espera de que la autoridad judicial practique las diligencias de la investigación.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 27.10.2008
Foto: Aranga (A Coruña), ayuntamiento - aranga.es
Ciudad Real: Un aeropuerto en el aire
ELPAÍS* : Obama es de los pocos que han sobrevolado la pista del aeropuerto privado de Ciudad Real, a 200 kilómetros de Madrid, hasta tocar tierra. Él y unos cuantos elegidos que no viven pendientes del permiso de Aviación Civil para maniobrar sobre la pista vacía de cuatro kilómetros de largo. Son los 15 halcones entrenados para ahuyentar al resto de aves del campo de vuelo. Calixto, el cetrero, les ha puesto nombres. Obama es el más oscuro.
En su montículo fijado sobre un campo de hierba, el pájaro descansaba el miércoles ajeno al ajetreo de una inauguración fallida. En los paneles de la terminal de tres plantas, rodeada de plásticos de embalaje y máquinas abrillantadoras, lucía el código del vuelo con destino a Barcelona (IB-8649). Salida prevista: lunes a las tres de la tarde. Si hoy acude algún pasajero, encontrará otro mensaje: vuelo cancelado.
La empresa que gestiona el primer aeropuerto privado de España montó el sarao sin contar con todos los permisos. La Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, les negó la licencia el viernes por carecer de algunas de las medidas previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Nadie explica por qué se vendieron billetes sin los permisos en regla.
El presidente de la sociedad promotora del Aeropuerto de Ciudad Real, José Antonio León Triviño, consideró ayer una "barbaridad" que Fomento no haya concedido la preceptiva autorización para comenzar a operar, lo que impide que salgan los aviones, previstos para hoy. En declaraciones a Radio Castilla-La Mancha, León Triviño se refirió al perjuicio económico que para la sociedad promotora supone la decisión del ministerio, informa Efe.
La apertura, como la mayoría de los proyectos del nuevo aeropuerto, se ha quedado "en negociaciones", la expresión más oída en la visita realizada por los periodistas. En negociaciones con países suramericanos para exportar sus productos, en negociaciones con compañías de low cost, en negociaciones con cadenas de supermercados y con los dueños de las fincas de caza de Castilla-La Mancha, interesados en aterrizar en el aeropuerto para aprovechar el tiempo cuando se levanta la veda.
Pero ya no hay fecha para que despeguen los aviones de Air Nostrum y Air Berlin, las dos compañías afincadas en Ciudad Real, que ofrecen 28 destinos (ocho nacionales) y que ya habían vendido sus primeros billetes para esta semana. De Ciudad Real directo a Barcelona, Gran Canaria y Palma de Mallorca. De esos tres destinos, salto a distintas ciudades europeas (París, Londres, Bolonia, Berlín, Viena o Copenhague, entre otras).
Los promotores han invertido 510 millones y esperan gastar otros 500 más para potenciar el transporte de mercancías. Aspiran a competir con Barajas con varias bazas. "Nosotros podemos negociar costes, AENA no", explica el director comercial, Santiago García. Las tasas de los aeropuertos públicos están fijadas en el BOE. Ellos tendrán margen de maniobra y una instalación abierta 24 horas al día. El aeropuerto de Madrid Barajas cerró 2007 con más de 52 millones de pasajeros y 325.000 toneladas de carga. La previsión de Ciudad Real es alcanzar 1,5 millones de viajeros y 45.000 toneladas de mercancía en cinco años. Han rebajado expectativas. Hace un año, cuando anunciaron por primera vez una apertura inminente, esperaban alcanzar 750.000 pasajeros ya en 2008 y superar los 2,5 millones en tres años.
Para la carga, falta construir las naves previstas en la vasta llanura de 1.234 hectáreas que rodea la terminal, la torre y la pista, a la que por ahora sólo se puede acceder en taxi (por 25 euros el trayecto desde el centro de Ciudad Real) o en coche. Las negociaciones con las compañías de bajo coste dependen de la conexión con ferrocarril, otro tema pendiente. Se publicitan como el primer aeropuerto conectado con la Alta Velocidad, pero la pasarela que une la terminal con la vía del tren es aún un esqueleto de hierros. La estación donde deberían bajar los usuarios del AVE (a 50 minutos de Madrid) no existe. Todavía falta un año, según el director comercial. "Podemos robarles pasajeros a partir de octubre del año que viene", añade. Entonces le salen las cuentas del tiempo para competir con Madrid. "Si llegas a la T-4 de Barajas tienes que esperar 45 minutos para recoger las maletas, otros 10 para el taxi y a casa, la hora y media no te la quita nadie", detalla.
El precio es otro asunto. Al billete de avión habría que sumarle el del tren. Cano alude a posibles convenios con Renfe para abaratar billetes. Una portavoz de la red de ferrocarriles asegura que ese modelo no existe. Habrá que esperar, dice, a que la estación del AVE esté construida, a que la plataforma deje de ser un esqueleto. ¿Puede convertirse en el aeropuerto secundario de Madrid, como Girona con Barcelona? En AENA no responden. Sólo dan la bienvenida y aseguran que un nuevo competidor les obligará "a ser más eficientes", según un portavoz del aeropuerto de Barajas.
No caben comparaciones. En la torre del aeropuerto manchego tampoco. Al mirarla, entera de hormigón, es imposible saber si es grande o pequeña. No hay referencia que enfrentar a sus 50 metros de alto. Ajenos a medidas, los siete controladores de Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea (AENA) que vigilarán los vuelos comprobaban el miércoles las pantallas. Acaban de llegar de Sevilla para familiarizarse con el nuevo territorio. La tecnología es la misma, explica uno de ellos. La torre pertenece ya a AENA. Ninguno de los trabajadores del aeropuerto -con 121 empleos directos y 180 indirectos- podrá rebasar la puerta sin identificarse y dejar el DNI al responsable de seguridad de la entrada. Es el punto más delicado del nuevo aeródromo, el único que escapa del control privado.
Desde lo alto de la torre, forrada de hormigón, se divisa la llanura manchega, esa que la empresa intentó convertir en Madrid Sur en un golpe de marketing al que el Gobierno de Esperanza Aguirre se negó en redondo. Fue un nombre fallido que duró unos meses. Sustituyó a Don Quijote, descartado porque sonaba a parque temático. Ahora la empresa apuesta por Central, un nombre "sonoro" que se escribe igual en varios idiomas, añade José Cano. Un nombre que, de momento, alude a una instalación sin fecha de apertura.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 27/10/2008
Foto: Un AVE pasa junto a la terminal del Aeropuerto de Central de Ciudad Real- ULY MARTÍN, elpais.com
Alboraia: Un pelotazo convertido en pesadilla
ELPAÍS/Valencia* : La crisis económica está convirtiendo un pelotazo urbanístico en Alboraia en una pesadilla. El Ayuntamiento de esta localidad valenciana de L'Horta Nord aprobó en abril de 2007 un convenio urbanístico con el centro comercial Alcampo por el cual el Consistorio se comprometía a recalificar 82.000 metros cuadrados de huerta protegida en la partida de Vera para el traslado del centro.
Alcampo, por su parte, construiría 1.000 viviendas de lujo y una marina en la fachada litoral donde está su centro actual. Ambas partes se comprometían a indemnizarse con 100 millones de euros si antes de 2012 alguna no cumplía con lo estipulado.
De momento, es el Consistorio el que aparentemente tiene más dificultades para cumplir con sus compromisos. Partidos y colectivos como el Bloc y Per L'Horta han plantado cara a esta iniciativa y la tienen recurrida ante los tribunales. Pero el principal escollo con que se ha encontrado el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PP, es la negativa a vender de numerosos propietarios organizados en la Asociación Salvem L'Horta Vera-Alboraia. El acuerdo expira en 2012, pero el tiempo y la crisis corren en contra.
El alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, con el que este periódico intentó sin éxito hablar para que diera su versión, justificó en su día el plan urbano recogido en el convenio como necesario para "legalizar" la situación de 200 viviendas edificadas fuera de ordenación en la fachada litoral. En abril de 2007, Álvaro afirmaba que había atado cerca de 30 acuerdos de venta con propietarios de la huerta a recalificar.
Dos años antes, un juzgado había cuestionado el interés general del plan, poniendo de manifiesto que la reforma estaba en marcha sin que el Ayuntamiento hubiera aprobado ninguna revisión urbanística ni PAI alguno. La recalificación de la huerta está hora recogida en el concierto previo del nuevo plan urbano'Ahora mismo es muy improbable que el Ayuntamiento obtenga todos los terrenos', explica Antonio Montiel, portavoz de Per L'Horta, quien asegura que 'se está ofreciendo a los propietarios acciones del futuro centro comercial para convencerlos, algo que parece increíble. El Ayuntamiento, incluso, se planteó pagar en metálico, pero no tiene liquidez', dice en referencia a la deuda de 10 millones de euros que arrojaba la liquidación del presupuesto de 2006. El acuerdo, además, garantiza que Alcampo 'no cerrará ni un solo día', lo que implica que deberá estar construido el nuevo centro antes de 2012. 'Se trata de cláusulas de imposible cumplimiento pero no parece que Alcampo tenga mucha prisa, dada la situación económica. Más bien es el Ayuntamiento quien tiene prisa por capitalizarse', asegura Montiel, quien tampoco quiere que los árboles oculten el bosque: 'Se trata de un tema clave. Cuando caiga Alboraia, caerá el resto de huerta en L'Horta Nord'. El alcalde, Manuel Álvaro, no contestó a los reiterados requerimientos de este diario para ofrecer su versión, pero la oposición tiene encendidas las alarmas. 'Si teníamos dudas al principio de todo el proceso, ahora se nos han multiplicado, y sobre todo las derivadas de las condiciones leoninas para el Ayuntamiento del convenio y lo que supondría su incumplimiento', comenta la concejala del Bloc Àngels Belloch. 'Hay partes evanescentes en el acuerdo, como los compromisos de mejora de los accesos e instalaciones del actual centro que no están evaluados económicamente, como se dijo desde la intervención municipal', dice. Y añade: 'Aunque el alcalde asegure que sacará adelante el proyecto los riesgos son muy grandes. Dada la deuda municipal, no sabemos cómo va a hacer frente a la adquisición de los terrenos. Y además, se trata de una operación urbanística planteada en un momento de gran recesión', alerta la concejala nacionalista. Belloch, además, criticó el 'oscurantismo' que hace 'imposible saber qué porcentaje de opciones de compra sobre los terrenos tiene el Ayuntamiento'. Otra de las incógnitas reside en saber quién podría estar interesado en la operación en Port Saplaya después de la debacle de Astroc, la promotora original. Diversas fuentes apuntan al constructor Juan Bautista Soler. Como en otros casos, sin embargo, la delicada situación del sector inmobiliario también planea sobre el proyecto.
* ELPAIS.com - XAVIER ALIAGA - Valencia - 27/10/2008
Foto: Alboraia (Valencia) - flickr.com
Vivienda y ayuda humanitaria
NANDO ZAMORANO* : Hace unos días leía un artículo de Eric Holt-Giménez, Director Ejecutivo de Food First y especialista en seguridad alimentaria que bajo el título de “La tormenta perfecta de la ayuda alimentaria” reflexionaba sobre las hambrunas que se prevé afectarán, sobre todo al continente africano, en los próximos tiempos afectaran a miles, a millones de personas.
Y sobre el papel que juegan las multinacionales estadounidenses que controlan el complejo agro industrial y de transgénicos, formado por empresas como Cargill (granos), Monsanto (semillas) y Mosaic (fertilizantes), que controlan la “ayuda alimentaria” y los programas de emergencia alimentaria.
Se trata de un artículo demoledor, donde Holt sostiene que aparte de otros fines geopolíticos, la ayuda alimentaria funciona como una esponja para absorber el excedente comercial de cereales en el Norte y sacarlo a precios por debajo de sus costos de producción en los países del Sur. La sobreproducción se mantiene gracias a los exorbitantes subsidios y subvenciones que los Estados Unidos y los países de la Unión Europea otorgan a la producción. De esta manera se permite, y hasta se asegura que el hambre y el subdesarrollo continúen o incluso crezcan en los próximos años. Después, cuando las imágenes con los miles de hambrientos asomen a los hogares del “mundo desarrollado” a través de la televisión, sus gobernantes se podrán lavar la cara, que no la conciencia, con grandes discursos, con bonitas palabras y el ofrecimiento de ayuda humanitaria 1. El sistema pone al “zorro a cuidar a las gallinas” y hace del pirómano responsable del destacamento de bomberos.
Algo similar, aunque hemos de reconocer que mucho menos terrible en términos humanitarios, viene ocurriendo en España con el problema de la vivienda. Para entender mejor esto, previamente hay que explicar que entre los países europeos conviven dos modelos inmobiliarios o dos formas de asegurar el derecho a la vivienda. Uno en el que el alquiler y la vivienda social tiene mayor peso, representado por países como Alemania, Suiza u Holanda, y otro con un predominio absoluto de la vivienda libre y en propiedad, del que España es todo un paradigma. El primer modelo evoluciona a partir de las variaciones demográficas y de las rentas disponibles en los hogares, el segundo queda totalmente en manos de los avatares del mercado quedando la vivienda como mero instrumento de producción de plusvalía.
Pero esto no ha sido siempre así. Si bien en la actualidad la tasa de viviendas de alquiler en el Estado español se sitúa en el 11,4% del total de viviendas 2 , el más bajo de todos los países que forman la Unión Europea, la cifra en los años 50 del pasado siglo XX rondaba el 80%, siendo minoritarias las viviendas en propiedad. El ascenso al gobierno en el año 1957 de un grupo de tecnócratas ligados al Opus Dei que pusieron en marcha un Plan de Estabilización conforme a las directrices marcadas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional supuso el inicio de un periodo, que se ha mantenido hasta nuestros días, en que la vivienda se convierte en un mecanismo de acumulación de capital tan o más importante incluso que la actividad industrial. Desde entonces las políticas de vivienda han sido un instrumento creador de rentas y empleo, de inversión, y no un vehículo destinado a satisfacer una necesidad.
La vivienda, que se presenta fundamentalmente como vivienda en propiedad para reducir los riesgos y maximizar los beneficios de la inversión, requiere de una parte importante del ahorro de las familias y de un largo periodo de carga económica (de entre 10 a 30 años) hasta devolver el préstamo hipotecario, se ha convertido en un elemento fundamental en la reproducción de las relaciones sociales y como centro de todo un universo de consumo.
Las políticas de vivienda desarrolladas desde el franquismo, y posteriormente por los sucesivos gobiernos de UCD primero, PSOE y PP después -con muy leves variaciones entre unas y las otras- no priorizaron como se podría esperar el paliar la demanda de vivienda para las capas mas desfavorecidas de la sociedad y asegurar el acceso a la vivienda para toda la ciudadanía, sino que funcionaron como un mero instrumento socioeconómico y como un mecanismo de corrección anticíclico3 . Las medidas funcionan como un comodín de las políticas económicas. Así mientras dura la fase alcista del ciclo económico la producción de viviendas queda en manos del mercado. Cuando se entra en una etapa de recesión económica como la actual, el estado interviene, para tratar de corregir la situación e incentivar a los responsables, es decir, a las empresas inmobiliarias, a las constructoras y en alguna medida a las entidades financieras. Se estimula la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) por parte de los promotores privados, que hasta ese momento desdeñaron un producto que les limita la tasa de beneficios4 , frente a la vivienda denominada libre cuyo precio, y por tanto tasa de beneficio, es fijado por el promotor en función del mercado.
El tanto por ciento de VPO construidas acostumbra a ser directamente proporcional al momento en que se encuentre el ciclo inmobiliario. Si el ciclo es alcista, se construyen menos viviendas protegidas, aumentando su número en los periodos de recesión. En estos, los promotores privados pasan a interesarse por un sector que les asegura la continuidad de su actividad y de sus beneficios. La situación después de un período de boom inmobiliario como el pasado deja un paisaje cuanto menos contradictorio. Por un lado una gran cantidad de viviendas de nueva construcción sin vender, y por otro un gran número de personas a las que los incrementos de precios dejaron sin posibilidad de acceder a la vivienda libre, la denominada “demanda no solvente”, compradores potenciales de las futuras VPO.
Se trata de desarrollar medidas económicas “que ayuden al sector tratando de facilitarle un suave aterrizaje”, fomentando la vivienda en propiedad y dejando en manos del mercado, es decir de los promotores, constructores y el capital financiero, la solución al problema habitacional del conjunto de la población.
Se ha ayudado, se está ayudando y todo parece indicar que se seguirá ayudando al sector, es decir, a los empresarios del sector. Ni los ciclos económicos son algo nuevo, ni las ayudas en los momentos de recesión lo son tampoco.
En este sentido se engloban medidas económicas como las aprobadas recientemente por el gobierno central o algunas de mayor calado o alcance como el denominado “Pacte Nacional per l’Habitatge” (Pacto Nacional por la Vivienda) , firmada el pasado año por el gobierno tripartito catalán con los empresarios y entidades financieras, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios y algunas organizaciones sociales.
Los promotores prometían en octubre del 2007 construir 50.000 viviendas protegidas, tan sólo en Cataluña, si el gobierno de la Generalitat les facilitaba el suelo. Hoy instan a la administración a mejorar la fiscalidad como condición para sacar al mercado en alquiler todas las viviendas que no pueden vender, el banquete está servido.
Y en este punto volvemos a enlazar con el artículo de Holt-Giménez al que nos referíamos al principio, cuando mantiene que: la ayuda alimentaria responde al precio de los granos en el mercado internacional –no a la necesidad alimentaria de los países pobres–. Cuando el precio de los cereales está bajo, los países del Norte y las compañías de granos transnacionales buscan colocar sus granos en los programas de ayuda alimentaria. Cuando el precio está alto, prefieren vender sus granos en el mercado internacional.
Veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos tiempos y qué alcance tienen esas medidas en un estado como el español que cuenta con más viviendas y kilómetros de autopista per capita que en el resto de países europeos, y en que el precio de las mismas, a pesar del descenso de los últimos tiempos y los que vendrán, hace del derecho a la vivienda un derecho negado para una buena parte de la población.
Si bien la soberanía alimentaría supone una solución para la amenaza de hambre en el planeta y una alternativa al modelo agrícola-tecnológico de las transnacionales, poco, muy poco hemos avanzado, a pesar del impulso que se le ha dado en los últimos años, en el diseño y la construcción de un modelo alternativo a este sistema que deja en manos del mercado un derecho tan fundamental para el ser humano como es el derecho a una vivienda digna. Pongámonos pues, manos a la obra.
Notas:
1 La promesa de ayuda humanitaria y de “inversiones” en los países africanos, junto al férreo control de las fronteras, las políticas inmigratorias de la Unión Europea como la “Directiva de la vergüenza” y a la criminalización de la figura del inmigrante que deja de ser persona y pasa a denominarse con términos como ilegal o sin papeles , forma parte del discurso de políticos como Rodríguez Zapatero, que forman la cara amable del sistema, para enfrentarse al problema de la inmigración.
2 Fuente: Censos de Población y Vivienda del año 2001. Instituto Nacional de Estadística
3 En los últimos tiempos ha habido tres intensos ciclos inmobiliarios. Un primer ciclo fue el que culminó a principios de los setenta para caer con las crisis petrolíferas del momento. Un segundo ciclo se inició a mediados de los ochenta para morir tras los festejos del año 92, con sucesivas devaluaciones de la peseta y programas de ajuste. El tercero y último ciclo alcista acusó mayor intensidad y alcance que los anteriores. El aterrizaje inmobiliario. El boom inmobiliario en España y sus consecuencias, José Manuel Naredo
4 Se ha de señalar que el precio máximo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), en cualquiera de sus categorías, está regulado por el estado y viene fijado por módulos, que varían según la población donde esté situada la vivienda y son revisados cada cierto período de tiempo.
* Rebelión - 21-10-2008
