ELMUNDO* : Los ciudadanos españoles perciben un alto grado de corrupción en los partidos políticos, que resulta el sector peor valorado de la sociedad según el Barómetro Global de la Corrupción 2010. Asimismo, un 73% cree que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, la misma media que Europa. El informe, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional, destaca que la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción de los partidos políticos es de 4,4 sobre una puntuación que va desde el nada corrupto, que se sitúa en 1, hasta el muy corrupto, que llega al 5. La percepción de los partidos políticos españoles coincide con la media europea que se sitúa también en 4,4 puntos. Tanto la valoración española como europea de los partidos ha empeorado considerablemente respecto al anterior Barómetro Global de la Corrupción, ya que en aquel informe la percepción de corrupción de los partidos españoles se situaba en 3,6.
Tras éstos, los sectores peor valorados en lo que respecta a corrupción, se sitúan el Parlamento y el Poder Político, las empresas y el sector privado, los funcionarios públicos y los organismos religiosos, todos ellos con un 3,5.
Por el contrario, el sistema educativo, con un 2,6; el Ejército, con un 2,7 y las ONG, con un 2,8 son los sectores mejor valorados, según se desprende del informe.
Peor en época de crisis
El estudio, que contiene información de 86 países y territorios y que analiza 11 sectores, destaca que seis de cada diez personas en todo el mundo afirma que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y una de cada cuatro asegura haber pagado sobornos en el último año.
Las consecuencias de la crisis financiera continúan afectando la opinión de las personas sobre la corrupción, en particular en Europa y América del Norte, donde el 73% y el 67% de las personas, respectivamente, creen que ésta ha aumentado en los últimos tres años, algo que se constata también en la sociedad española, cuya percepción se establece en la media europea (73%).
A pesar de estos datos "desalentadores", según el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, "siete de cada diez personas estarían dispuestas a denunciar hechos de corrupción".
En cualquier caso, el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, ha destacado que "nadie cree que la corrupción empeora de manera decisiva sólo en época de crisis" y ha puntualizado que se ha puesto de relieve que los "ciudadanos no creen en los líderes, ya sean políticos, económicos o eclesiásticos", por lo que éstos "están cada vez peor valorados".
A juicio de Garrigues Walker, el sistema judicial español "es lento y no tiene capacidad de reacción" por lo que si se dilatan los procesos de lucha contra la corrupción, ésta se "complica de manera especial".
El 80% tilda a los partidos de corruptos o muy corruptos
Por su parte, el director general de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambás, ha indicado que al "fracasar" tanto el Estado como el Mercado, las "instituciones que sacan la cabeza son las ONG y la Eduación".
Para Sánchez Lambas los datos sobre la corrupción son "sobrecogedores" y ha asegurado que la corrupción es la que "genera pobreza y desigualdades sociales, así como conflictos de proyección internacional".
Según los datos globales del Informe, de cada diez personas, ocho sostienen que los partidos políticos son corruptos o sumamente corruptos y la mitad de las personas entrevistadas creen que las medidas tomadas por su gobierno para contrarrestar la corrupción son ineficaces".
Además, siete de cada diez personas, asegura que estaría dispuesta a denunciar los hechos de corrupción de los que han sido testigos. Esta proporción se reduce a la mitad cuando se pregunta qué actitud adoptarían si fueran ellos las víctimas.
* El Mundo - EFE - 10.12.10
Foto: Corrupción en el mundo, barómetro 2010 - transparencyinternational
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ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Málaga entiende que las demoliciones de viviendas construidas ilegalmente deben ser decididas en el ámbito administrativo y no por los tribunales penales, ni siquiera en los casos en los que estos condenen a sus responsables. En una reciente sentencia la Sección Primera de la audiencia malagueña ratifica las penas de prisión y la multa que le fueron impuestas por un juzgado de lo Penal a un constructor que levantó una vivienda sin licencia en suelo no urbanizable en Mijas. Sin embargo, la sala revoca la parte de la condena que ordenaba la demolición y aduce que "no es aconsejable" que el futuro de la edificación obedezca a una decisión judicial. La sala estima que el futuro de la casa ilegal debe ser abordado en la normativa de ordenación urbanística que adopte el municipio y junto a otras muchas viviendas en la misma situación en el entorno, algunas de las cuales han sido legalizadas.
De acuerdo con esta doctrina, la conducta ilegal debe ser castigada si se prueba el dolo -voluntad deliberada de delinquir-, pero lo construido ilegalmente puede permanecer siempre que se den determinadas circunstancias. Esta jurisprudencia da amparo a administraciones como la Junta, que sostienen que la revisión de las ilegalidades urbanísticas debe realizarse desde la ordenación territorial. Es decir, los nuevos planes urbanísticos decidirán qué construcciones irregulares son legalizables o no.
Esta filosofía está detrás de los dos planes de normalización más complejos acometidos hasta ahora, en Chiclana y Marbella, y marca la directriz con la que la administración autonómica pretende dar solución al cúmulo de centenares de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable de carácter rústico.
El 28 de junio pasado, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga condenó a Belisario Gutiérrez a seis meses de prisión, multa de 2.190 euros (12 meses a razón de seis euros diarios) y a demoler directamente o a su costa la casa de 164 metros cuadrados construida sin ningún tipo de licencia al considerarlo autor de un delito contra la ordenación del territorio.
Para adoptar la resolución, el juez consideró, entre otros aspectos, que el condenado no atendió sucesivos requerimientos administrativos y judiciales de paralizar las obras como un decreto del alcalde de 25 de mayo de 2006 y un auto judicial de febrero de 2007.. El condenado recurrió ante la Audiencia Provincial, que el pasado 9 de octubre sentenció mantener la prisión y multa, pero revocó la orden de demolición.
La sala considera "más aconsejable dejar que sea en el ámbito administrativo en donde, en su caso, se resuelva sobre la demolición de la vivienda, en coherencia con las normas urbanísticas que puedan adoptarse en un futuro por el municipio, ante todo teniendo en cuenta, que tal como ha señalado el recurrente, existen en las zonas numerosas viviendas, algunas de ellas sometidas a expedientes sancionadores y otras que han sido legalizadas".
La vivienda, de 164 metros cuadrados dentro de una parcela de casi 3.000 metros cuadrados se encuentra en el diseminado rural de La Alquería, uno de las numerosas urbanizaciones ilegales de Mijas, cuyo ayuntamiento llegó a estimar en unas 4.000 el número de casas irregulares en suelo no urbanizable.
El condenado en este caso llegó a aducir que el Ayuntamiento en septiembre de 2006 le concedió una placa de diseminado y le dio de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con lo que cabría entender que la construcción quedaba legalizada.
En Mijas se llaga a dar la paradoja de que el Ayuntamiento impone multas coercitivas a los propietarios de viviendas supuestamente ilegales a los que a su vez cobra el impuesto por la propiedad.
* El País - 9.12.10
Foto: Mijas (Málaga), derribo vivienda ilegal - laopiniondemalaga.es
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ELPAÍS* : En diciembre se acaba el plazo para que Litoral del Este, sociedad del Valencia CF, cumpla con el convenio suscrito en 2005 con el Ayuntamiento de Riba-roja para ejecutar el PAI (Programa de Actuación Integrada) de Porxinos, donde está proyectada la nueva ciudad deportiva del club y más de 2.600 casas. La delicada situación económica del club y la necesidad de acabar su nuevo estadio en la avenida de las Cortes Valencianas, han convertido el PAI de Porxinos en un asunto de segundo orden. Pero los plazos del convenio urbanístico corren ajenos a todo ello y la sociedad Litoral del Este, agente urbanizador del sector Masía de Porxinos, ha instado la reparcelación forzosa del PAI. Su publicación ayer en el DOCV abrió el plazo de información pública, que durará un mes. Durante este periodo, los interesados podrán presentar sus alegaciones. Según la Ley Urbanística Valenciana (LUV), los propietarios de los terrenos están obligados a exhibir los títulos de propiedad y especificar cualquier otra circunstancia.
El Valencia CF, que preside Manuel Llorente, no tiene prisa porque el proyecto vea la luz, ya que en su día ya vendió la propiedad de sus terrenos a la constructora Nozar -y esta luego al BBVA-. Pero el gobierno local de Riba-roja necesita que se cumplan los términos del acuerdo. El gobierno local, en manos del PP, niega que se haya ejercido presión alguna sobre el agente urbanizador, pero la oposición socialista insiste en que si Litoral del Este no cumple los plazos estipulados, el Consistorio puede perder los cerca de 5,5 millones de euros en que se valoraron en su día los terrenos que le correspondían al ayuntamiento en concepto del 10% de aprovechamientos urbanísticos. El sector de Porxinos supuso la reclasificación de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo rústico del municipio valenciano.
En el momento de la firma del convenio, el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, acordó, en lugar de recibir las parcelas de suelo, el cobro en metálico de los derechos, continúan los socialistas.
"El convenio es una especie de contrato. Ahí se fijan todas las condiciones. Por tanto, si ahora caduca y no se han cumplido los términos del acuerdo, ambas partes pueden perder sus derechos", explica un experto en urbanismo.
El Ayuntamiento de Riba-roja aprobó en agosto de 2007 con los votos del PP la modificación del PAI. Los votos a favor de los diez ediles del PP fueron suficientes; PSPV y EU votaron en contra.
Durante la tramitación del proyecto, la Consejería de Medio Ambiente ordenó modificar 14 aspectos del plan. Entre ellos, destaca la reserva de 400.000 metros cuadrados que hubo que restar sobre el total de 1.659.621 para destinarlos a zona protegida. El Valencia CF, además, deberá ceder a la Generalitat la misma cantidad de metros que se declaran urbanizables, un total de 1,2 millones, en suelo forestal incluido en el Parque Metropolitano de Valencia. De este modo, la macrourbanización proyectada será menos dañina, según Medio Ambiente.
* El País - 8.12.10
Foto: Valencia, proyecto nuevo Mestalla - kaosenlared.net
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ELMUNDO* : La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha afirmado que el Ejecutivo regional eliminará la obligación de que los promotores de vivienda tengan que ceder el 20% del suelo que van a urbanizar a la Administración, como ocurría hasta ahora. Durante la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid, Mariño ha manifestado que esta medida, que llegará mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara, supondrá el fin del "impuesto revolucionario" que soportaban los promotores de viviendas y ha afirmado que se traducirá en un abaratamiento del precio del suelo de un 17%. Fuentes del Ejecutivo regional han explicado que con esta medida quieren "generar más actividad económica" y han destacado que ya hay suficiente suelo para construir vivienda protegida con lo establecido en la Ley de 2001.
Mariño ha anunciado esta enmienda al responder al diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, que ha denunciado que el Gobierno regional "va a modificar la Ley del Suelo por un procedimiento excepcional, desvirtuando el fin de las cesiones de este suelo público para hacer caja".
A su juicio, esta situación "puede abrir la puerta a un fantástico 'carajal' con litigios de todo tipo sobre estos suelos", por lo que ha manifestado que espera que el Gobierno regional "recupere el sentido común y retire esta enmienda".
Mariño ha respondido a Fernández Gordillo que lo que se pretende con esa modificación es "eliminar las cesiones de redes supramunicipales, ese impuesto que se le ponía a las viviendas" y "clarificar la naturaleza jurídica de los bienes que no estaba clara en la actual Ley del Suelo".
Suelos que seguirán siendo públicos
La consejera también ha aclarado que "los suelos van a seguir siendo públicos", y ha contraatacado aludiendo a tres alcaldes socialistas del sur de la región. "Cree el ladrón que todos son de su condición. Quizás piensa que nosotros pretendemos hacer como el alcalde de Leganés, que ha dicho que si tiene que vender todos el suelo para hacer su programa, lo hará. Nosotros, en cambio, no lo pretendemos", ha dicho.
Mariño también ha criticado que el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, se haya posicionado en contra de esta medida cuando el 24 de septiembre decidió que un bien demanial de servicio público se convirtiera en bien patrimonial para hacer viviendas públicas.
Por último, ha denunciado la "ignorancia supina" del alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, por decir que los terrenos cedidos dejarán de ser públicos. "Pero, ¿de dónde se sacan semejantes majaderías?", se ha preguntado.
Por último, la consejera de Ordenación del Territorio ha subrayado que en diversas sentencias, el Tribunal Supremo ha manifestado que la dotación pública y el suelo de dominio público no tienen por qué ir asociados.
* El Mundo - 9.12.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
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MÁLAGAHOY* : La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de cuatro años de prisión y una multa de 15.000 euros al ex encargado de control y vigilancia de zonas rurales de la localidad malagueña de Cártama por un delito continuado de cohecho por pedir dinero a vecinos para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos. Asimismo, en la sentencia, a la que tuvo acceso EuropaPress, se condena a otro acusado a un año de cárcel por un delito de cohecho, al considerarse que abonó al primer procesado 9.000 euros, cantidad que se le impone como multa; mientras que se absuelve al tercer acusado, un traductor, que ya fue declarado inocente por el jurado popular. Así, se declara probado en la resolución que el que fuera en 2004 encargado de la patrulla verde solicitó en cinco ocasiones a vecinos distintas cantidades de dinero, que oscilaron entre los 6.000 y los 18.000 euros, diciéndoles que intermediaría para regularizar construcciones, desaparición de expedientes o evitar precintos o multas.
En una de estas ocasiones, contactó con uno de los acusados al que pidió primero 9.000 euros y luego 6.000 a cambio de paralización de los expedientes, abonando éste la primera cantidad solicitada "a sabiendas de que dicha suma no era para el Ayuntamiento", sino que era para el procesado, por lo que ha sido condenado, al considerar que lo hizo "para ahorrarse el pago de la multa impuesta".
Los jurados tuvieron en cuenta para su veredicto de culpabilidad del principal acusado las declaraciones de los procesados, de los testigos presenciales de los hechos y de la documentación que está en la causa; aunque no consideraron probado cinco hechos por los que se le acusaba, ya que las declaraciones no estaban corroboradas por otras pruebas o había contradicciones.
En la sentencia se precisa que el principal procesado "abusó de su condición de encargado de la patrulla verde y se dedicó a pedir cantidades de dinero a varios vecinos, propietarios de parcelas, ofreciéndoles a cambio lograr la paralización, ocultación o desaparición de los expedientes iniciados por el Ayuntamiento por construcciones ilegales".
Asimismo, el Tribunal entiende que éste "hizo uso de su cargo con desprecio total a la función pública que tenía encomendada, con deterioro de la eficacia del servicio público que debía atender y del prestigio y confianza de la sociedad en esa función y en los funcionarios que la desempeñan", con lo que "vulneró el bien jurídico".
En este punto, se incide en que en lugar de un correcto desempeño de su función "su conducta se encaminó a obtener un lucro ilícito ofreciendo a cambio la realización de actos manifiestamente antijurídicos, perseguibles penalmente, con plena conciencia de la ilicitud".
* Málaga Hoy - EP. 9.12.10
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
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DCLM/Guadalajara : La Asociación Defensa de los Recursos Naturales Castilla-La Mancha (Adclam) ha pedido a la Fiscalía de Guadalajara que investigue si el alcalde de Almoguera, Luis Padrino, ha podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación por no ejecutar la obra de un Centro de Desarrollo Local que fue adjudicada por la Diputación. En el escrito de acusación, facilitado a Efe, la asociación ecologista detalla que el 16 de enero de 2007 la Junta de Gobierno de la Diputación adjudicó la construcción del citado centro, dotado con un presupuesto de 150.000 euros.
Sin embargo, según relatan los ecologistas en su escrito, el 27 de febrero de 2009, la Junta de Gobierno de la institución provincial liquidó el contrato de obras de dicho centro por la misma cantidad sin que éste se hubiera construido.
A juicio de esta asociación, el alcalde de Almoguera, que fue expulsado del PSOE en 2007, utilizó el dinero destinado a la construcción de esta infraestructura en acometer unas obras en el Ayuntamiento "que nada tienen que ver con la adjudicación realizada y que no alcanzan la cuantía de la subvención.
Por ello, Adclam ha pedido a la Fiscalía de Guadalajara que haga una inspección en el Ayuntamiento de Almoguera para ver que ha pasado con este dinero y con el centro adjudicado.
El escrito remitido a la Fiscalía, que lleva fecha del día 22 de este mes, sugiere que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación administrativa y también pudiera ser constitutivo de un delito de fraude de subvenciones.
La misma asociación acusó el pasado viernes a Luis Padrino de cambiar una parcela municipal urbana situada a la entrada del pueblo a través de una permuta por una finca rústica propiedad del cuñado del alcalde.
* Diario de Castilla La Mancha - EFE - 24.11.10
Foto: Almoguera (Guadalajara) - lacronica.net
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NOTICIASDENAVARRA* : Bajo un intenso aguacero, alrededor de 300 personas se concentraron delante del Ayuntamiento de Urdiain en contra del Plan Municipal aprobado inicialmente el pasado mes de mayo. Pedían la retirada de este ordenamiento urbanístico y la redacción de uno nuevo "consensuado por todos los vecinos de Urdiain" según indicaron. También señalaron que han recogido más de 500 firmas con este objetivo. A juicio de los vecinos, el plan incurre fundamentalmente en cuatro desajustes: demográfico, temporal, espacial y social. "Este Ayuntamiento prevé que Urdiain pase de 704 a 1.580 habitantes" señalaron. En este sentido observaron que en 1900 había 734 habitantes y en 2010 son 704. "Teniendo en cuenta las características de la actual población, con una tasa muy elevada de envejecimiento, baja en nupcialidad y nacimientos, no se espera un cambio demográfico significativo. Hasta en la misma memoria del plan urbanístico se dice, que a día de hoy, en muy difícil justificar la necesidad de construcción de una sola vivienda nueva"señalaron.
De igual modo, consideran que el plan llega tarde. "Se ha gestado durante los últimos ocho años y la situación actual nada tiene que ver con la burbuja urbanística, la fiebre del ladrillo y la especulación. No se adecua a la crisis económica que nos azota y ya no volveremos a los escenarios anteriores"afirmaron. Al respecto, indicaron que "Urdiain cuenta con 229 casas, de las cuales 60 están vacías y varias de ellas son propiedad municipal. En las anteriores Normas Subsidiarias, de 1990, se preveía la construcción de 138 nuevas viviendas de las que solo se han construido 40".
Por otro lado, consideran desproporcionada la previsión de 319 viviendas en 131.000 metros cuadrados. "Se contemplan viviendas adosadas, frías, sin personalidad; viviendas extrapoladas de cualquier extrarradio urbano tipo Buztintxuri, sin tener en cuenta la singularidad de Urdiian, con un casco urbano que es apreciado por su trazado irregular, creando cálidos espacios de encuentro que le dan encanto y es motivo para que nos visiten tantos turistas".
Otra crítica de los vecinos al plan es la "falta de participación ciudadana", señalando que supieron de su aprobación por la prensa. También censuraron que el modo de ejecución es de cooperación, promovido por el Ayuntamiento a cargo de los propietarios. "Según cálculos estimativos, el coste sería de unos 100 eruos por metro cuadrado. ¿Qué banco nos prestará la cantidad que necesitamos? ¿La ruina como a los vecinos de Olite? se preguntaron.
Asimismo, negaron "las acusaciones de juego sucio y de alarmar con datos falsos. Hemos leído toda la documentación y la hemos traducido a un lenguaje coloquial, fácil de ser entendido por los mayores que son nuestros padres o abuelos. Se firma lo que se firma y luego no vale el ya veremos" observaron.
* Noticias de Navarra - 22.11.10
Foto: Momento de la concentración vecinal contra el Plan Municipal al mediodía en Urdiain - noticiasdenavarra
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