LAVERDAD* : Los vecinos de los barrios de Rabasa, Tómbola y Divina Pastora saldrán mañana a la calle para protestar por la paralización de las obras de urbanización de la segunda fase del Plan Especial de Reforma Interior del barrio, que promueve el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y que acomete la empresa constructora Vías, y que permanecen paralizadas desde el pasado 19 de abril. Una manifestación que se iniciará a las 16.45 horas en la fuente de la rotonda de la avenida de la Universidad y que es apoyada también por las madres y padres de alumnos de los colegios nº54 y las Carmelitas, afectados por las obras inacabadas de la urbanización, que critican esta situación.
El presidente de los vecinos de Rabasa, Antonio Balibrea, considera inaceptable que «a escasos meses de haberse reanudado las obras por las protestas vecinales se paralicen de nuevo sin que se nos haya comunicado la causa y cuando falta poco para acabarlas». Los vecinos esperan que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cumpla con su promesa de interceder para que se reanuden las obras. Castedo aseguró hace varías semanas que la Administración deberá de establecer criterios para determinar si contratar o no a empresas que perjudican a una ciudad. Considera que no se puede permitir que los problemas que hayan surgido entre la administración y la empresa adjudicataria perjudiquen a los niños que acuden a los colegios de esta zona.
Por su parte, Balibrea se muestra también partidario de que la Conselleria de Urbanismo rescinda el contrato con la empresa y que incluso, si es necesario, se le sancione por los retrasos de las obras, «que deberían de haberse terminado en noviembre del año pasado y sin embargo se ha prolongado hasta ahora», indicó molesto por los continuos parones que sufre esta actuación urbanística.
Los vecinos anuncian que si no se reanudan las obras seguirán manifestándose los próximos días 27 y 30 de mayo para hacer llegar a la opinión pública su malestar por la actuación de la empresa constructora y las molestias que causan a los vecinos y a la comunidad educativa. También, según ha señalado el presidente de los vecinos de Rabasa, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para presentar una queja ante el Síndic de Greuges.
* La Verdad - 18.05.10
Foto: Pintada de protesta en uno de los carteles de la empresa Vías instalado en Rabasa. :: RAFA MOLINA, laverdad.es
Alicante: Nuevas movilizaciones de los vecinos de Rabasa
Barcelona: La opción C aglutinó el «no» al cambio, al tranvía y al alcalde
ELPERIÓDICO* : Jordi Hereu saltó sin paracaídas en el momento en que abrió la puerta a una opción C. Y ayer se estrelló. El alcalde, sin querer, aglutinó en la opción que significaba «ninguna de las anteriores» un potencial infranqueable: votaron C los que no querían cambios, pero también votaron C los que no querían gastos tan millonarios, los que no querían un tranvía cuya solvencia ofrece serias dudas, los que no querían que el tráfico de vehículos privados se extendiesen como una mancha de aceite por todo el Eixample, los que no querían más macroproyectos para la ciudad y los que tienen ganas de relevo en la alcaldía y en el referendo vieron un tirón de orejas a su mandatario.
Durante la semana de votaciones, los barceloneses no se cortaron un pelo al expresar sus motivaciones: «Esto es una alcaldada y la puede pagar cara», señalaba un votante en la sede del distrito del Eixample. «El tranvía ya quedó atrás en esta ciudad y es un disparate resucitarlo», decía una vecina. «La ciudad ya tiene bastantes problemas para gastar millonadas como en el Fòrum», apuntaba un joven. «Con la contaminación que hay en el barrio solo nos faltan más coches», agregaba una pareja. En resumen, la crisis ya mantenía crispados los ánimos y el ayuntamiento ha echado leña al fuego al entrar a destiempo en una polémica innecesaria y, sobre todo, muy cara, en opinión de la mayoría.
Curiosamente, muchos votantes ni siquiera han dedicado dos minutos a analizar el bulevar ni la rambla. La austeridad se ha impuesto y, por encima de los 300 millones (entre tranvía y reurbanización) han visto conatos de lujo en una postal (la maqueta) más idílica que los tiempos. Se ha autoimpuesto moderación hasta el punto de que lo que los propios votantes reclamaban un cambio más suave. Nadie se creía que los coches fueran a evaporarse y el tranvía («lento y peligroso», según los participantes a pie de urna) atrajese a los conductores redimidos.
Pero sobre todo, la C ha abierto la puerta a la pataleta popular. No tanto en sí contra la gestión global de Hereu, sino contra su fijación de prioridades. Y la campaña, cuyo coste sigue siendo un misterio, aún ha tocado más la fibra. Los votantes, según confesaban a diario, se han molestado por el partidismo e implicación del edil en la consulta, como si les quisieran vender algo, en tiempos en que nadie quería comprar.
* El Periódico - 17.05.10
Foto: Pasado y futuro. Dos seguidores del Barça caminan por la Diagonal en dirección al Camp Nou, ayer. - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL, elperiodico.com
El TS cita a declarar como imputado al concejal de Urbanismo de Gádor
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ADN/Almería* : El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa por prevaricación contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP Eugenio Gonzálvez, Miguel Colmenero, ha citado al concejal de Urbanismo de este consistorio, Onofre Martínez García, para que declare como imputado el próximo 31 de mayo. Según han informado hoy fuentes del alto tribunal, Martínez García está citado para el próximo 31 de mayo a las 10.30 horas.
Gonzálvez declaró durante cerca de dos horas ante Colmenero el pasado 12 de abril como imputado por un delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de un contrato de obras.
El senador popular defendió en el Supremo su inocencia y aseguró que lleva 23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento de dicha localidad.
La citación de Gonzálvez se produjo después de que en mayo de 2009 el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta contra él por el grupo socialista en el Ayuntamiento por la adjudicación de unas obras "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación", por valor de 148.722 euros.
El instructor también citó para el pasado 19 de abril a otras cuatro personas como testigos de la acusación, entre ellos al secretario interventor del consistorio de Gádor y a un ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento.
* ADN - EFE - 17.05.10
Foto: Gádor (Almeria) - andaluciarustica.com
México: 'Me paga 40 mil pesos o se va de patitas a la calle'
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INFORMADOR/Guadalajara* : “Me firma y paga 40 mil pesos ahorita; de lo contrario, se va de patitas a la calle”. La anterior es una amenaza continua hacia los vecinos de la colonia La Joyita, uno de los 68 asentamientos irregulares en el Municipio de Guadalajara. De éstos, sólo tres han recibido sus títulos de propiedad. La irregularidad de las colonias puede tener muchos significados de índole administrativa, jurídica y hasta urbanística, pero sólo hay uno que mira directamente a los ojos de vecinos: la falta de escrituras de su hogar.
En la irregularidad suceden también transfiguraciones peculiares. En La Joyita, por ejemplo, sus vecinos vieron evolucionar su gentilicio, y ahora, antes que tapatíos, se acostumbraron a llamarse “compradores de buena fe”. Y qué decir del temor que generaba en ellos estas extorsiones cotidianas, mismo que tras 25 años, envejeció, cuajó y se volvió coraje.
En La Joyita hay 120 familias con este problema; sin embargo, la lista es larga: en la Doctor Atl, a su lado, se contabilizan otras 100, unas mil 100 personas en ese punto.
“Por eso nuestra preocupación e insistencia ante la autoridad para que tome cartas en el asunto, que nos haga sentir que somos dueños o propietarios de un pedazo de tierra que nosotros adquirimos. No se nos hace justo que cualquier pelafustán venga y nos amenace.
Como le digo, nosotros no tenemos miedo porque sabemos, pero mucha gente desafortunadamente no”, enfatiza María Concepción López, presidenta vecinal de La Joyita.
Cifras del diagnóstico más reciente del Ayuntamiento de Guadalajara señalan la existencia de 11 mil predios que deben ser regularizados, por lo menos, algo así como dos millones 900 mil metros cuadrados sobre los que viven 55 mil personas que enfrentan este rezago.
El problema, como lo señala María Concepción, es que la administración de Aristóteles Sandoval Díaz no ha instalado la Comisión Municipal de Regularización (Comur), una instancia por la que la autoridad municipal, conforme al decreto 20920 del Congreso estatal, puede incorporar a esos asentamientos como suelo urbano y dar pie a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, para luego, con la determinación del Ayuntamiento, entregarles los anhelados títulos de propiedad.
“El tiempo es oro”
La casa de María Concepción se fue construyendo a lo largo de 25 años. La erigió desde la tierra de cultivo que alguna vez fue La Joyita (a muy pocos pasos de la Barranca de Huentitán), hasta el hogar que es hoy y cuya calidez se percibe al interior de su sala, donde todo está cubierto por una penumbra suave que da la bienvenida a sus invitados.
María Concepción no tiene escrituras para demostrar que la finca le pertenece, pero tiene otros testimonios igual de convincentes que la secundan en su voz, como aquellas fotografías en sus paredes donde se guardan las promesas matrimoniales de su familia, o los trofeos, uno muy grande en un rincón, para rememorar las historias de éxito de los suyos.
Su peregrinar en la Comur de Guadalajara comenzó hace cinco años. Ha sido muy lento, pero también hay avances importantes que le regalan las fuerzas para recorrer el “mundo de trámites” que la llevarán, “algún día”, a tener un título de propiedad junto a sus vecinos.
“Es muy complejo, es algo que nos han dicho muchas personas que conocen y saben de esto, que nuestro problema es algo muy difícil, que era como una madeja que había que ir desenredando”.
El Ayuntamiento tapatío aprobó el 20 de abril el Reglamento para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada, el cual sienta el marco jurídico sobre el que trabajará su Comisión Especial Transitoria para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares. Sin embargo, este cuerpo colegiado no ha comenzado sus labores.
“Para nosotros eso y nada es lo mismo porque no podemos caminar”, dice con firmeza María Concepción, “cinco años en administraciones pasadas y no les ajustaron. Nos urge sacar esto”.
La irregularidad es un agujero negro donde la velocidad del tiempo se altera, disminuye y las horas y los días transcurren con una parsimonia desesperante. “Para nosotros el tiempo es oro”, le habla María Concepción sin intermediarios a los ediles tapatíos.
La representante y Serafín Márquez Saldaña, vecino y miembro de la mesa directiva, han solicitado directamente a la autoridad que retome los trabajos de la Comur, incluso han hablado con el alcalde en el Lunes Contigo. Hace 15 días, el Ayuntamiento respondió con una comitiva de funcionarios, pero mostró tal desconocimiento del caso que sólo sembró durante la reunión más desilusión entre vecinos.
“Qué tristeza que no saben de lo que estamos hablando”.
Retraso en las últimas tres adminitraciones
El diagnóstico con el que cuenta el Ayuntamiento tapatío arroja que luego de tres administraciones municipales del Partido Acción Nacional (2001-2003, 2004-2006 y 2007-2009) y un inventario que considera a 68 asentamientos irregulares, únicamente en tres de ellos se concluyó completamente el proceso de regularización con la entrega de títulos de propiedad, más otros dos que están por terminar la fase de titulación.
En 34 de los asentamientos, por el contrario, no se registra avance. La autoridad municipal considera indispensable, no obstante, la depuración y actualización de este inventario, peinando todo el territorio para integrar a los fraccionamientos irregulares que no han sido contemplados y obtener, finalmente, mayor certeza en los números en un “inventario único”.
Los registros de la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur), como instancia encargada de emitir los dictámenes de procedencia para la regularización de los asentamientos, confirman el rezago pues refieren que en el municipio existen 64 de estos fraccionamientos en proceso de regularización. Por lo tanto, aunque mínima, presenta una discrepancia con los archivos municipales de cuatro asentamientos. De ahí la necesidad por un inventario único.
La información de Guadalajara y de la Prodeur muestra los pocos avances en esta materia en nueve años, y pone en entredicho episodios de la administración municipal en los que se cantaba victoria sobre la condición de irregularidad que, en realidad, subsiste en el municipio.
El 22 de diciembre de 2003, por ejemplo, este diario registró esta frase del entonces presidente municipal, Fernando Garza Martínez:
“Prácticamente ya quedan regularizadas todas las colonias de Guadalajara. Ya se están dando los papeles para que puedan empezar a pagar sus escrituras en algunas colonias, pero prácticamente todas las colonias quedan regularizadas en cuanto a propiedad”.
En su gobierno se inventariaron 53 asentamientos irregulares, pero si se recurre sólo al registro de la Prodeur, 41 de esos siguen en espera de sus títulos de propiedad a más de seis años de distancia. Incluso, colonias citadas en aquella nota con una regularización concluida (como Colinas de Huentitán, Lomas Independencia, Nueva España, El Mirador y Nueva Santa María), siguen apareciendo en los archivos del Ayuntamiento y de la Prodeur dentro de los rezagos.
En documentación actual del Ayuntamiento referente a la Comur, se establece como una meta técnicamente factible de cumplir la regularización de 10 asentamientos por año; sin embargo, no se ha determinado una partida presupuestal para los trabajos de esta instancia.
La integración de cada expediente conlleva dictámenes y levantamientos de los asentamientos que requieren inversión para su elaboración. Para ejemplificar, el Ayuntamiento de Zapopan, aunque con una problemática mucho mayor, destinó en 2008 una partida de 15 millones de pesos para su Proyecto Estratégico de Regularización de Asentamientos Humanos.
Inventario de asentamientos irregulares
* 3 con títulos entregados.
* 2 a punto de llegar a la titulación.
* 2 con declaratoria de regularización de Comur, inscritos en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y Catastro Municipal.
* 6 con declaratoria de regularización de Comur, sin inscripción en RPP y con expedientes incompletos o erróneos.
* 5 con dictamen de improcedencia por parte de la Prodeur para ser regularizados.
* 16 con dictamen de procedencia de la Prodeur sin declaratoria de la Comur.
* 34 en el inventario sin avance.
Para saber
Recientemente solicitaron su inscripción a la Comur las colonias Nuevo Sur, Lomas de Polanco, Balcones del Cuatro, Rancho Blanco y Demetrio Vallejo.
Proceso de regularización
Considera la inscripción de las colonias en la Dirección de Catastro para la apertura de cuentas catastrales, lo que a su vez le permite a la autoridad municipal el cobro del impuesto predial; es decir, el rezago en estas tareas no sólo afecta a los ciudadanos con la incertidumbre jurídica sobre su propiedad, también al propio Ayuntamiento, que deja de percibir recursos.
Aunque no existe un cálculo de los recursos que se pierden por todos los asentamientos con esta problemática, puede señalarse el de la colonia Bethel, donde se estima que podría generarse un pago anual de ese impuesto por 390 mil pesos para la autoridad.
* Informador.com - 17.05.10
Foto: En la colonia La Joyita hay 120 familias sin escrituras de sus predios. A. GARCÍA, informador.com
Ya que recortan, metan tijera al AVE
ISAAC ROSA* : Desde el momento en que el Gobierno ha incluido en su plan de recortes las inversiones para infraestructuras, un escalofrío ha recorrido comunidades y ayuntamientos. El que más ha levantado la voz ha sido el presidente cántabro, furioso después de que Fomento suspendiese el acto de colocación de la primera piedra del AVE a Cantabria. Pero no ha sido el único: consejeros de transporte y alcaldes de toda España han salido a defender sus infraestructuras prometidas. “¿Cómo, que nos vamos a quedar sin cortar cintas ni poner primeras piedras de alta velocidad en año electoral?”. Antes de la actual crisis, cuando parecía que el crecimiento económico no tendría fin, gobernantes y líderes políticos alimentaron una promesa insensata: unir todas las capitales de provincia mediante AVE.
Sí, ya sé que suena a disparate, pero en aquellos tiempos burbujeantes parecía lo más normal, y se plasmó en un desquiciado plan de infraestructuras que iba a llenar de autovías y líneas de alta velocidad hasta el último rincón del país.
Cuando alguien repite eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, yo siempre pienso en aquellos planes de infraestructuras que nos iban a hacer líderes mundiales en autovías y trenes veloces. Y ahora, cuando vienen las vacas flacas, nadie quiere bajarse de esa burra, todos quieren conservar su prometido AVE y que sean otros los que se sacrifiquen.
En una entrevista reciente el ministro de Fomento dio un dato que me dejó sin dormir varias noches: cada kilómetro de AVE tiene un coste de mantenimiento de 100.000 euros anuales; el doble si lleva túnel. Echen la cuenta con la red actual, y con la proyectada. Un disparate más de un medio de transporte insostenible, y cuyos efectos benéficos para la economía y el empleo no hay más que verlos, ahora que somos a la vez líderes europeos en kilómetros de AVE y en paro. Lo acaba de recordar Ecologistas en Acción, que ha pedido aprovechar la crisis para revisar esos planes. ¿Entraremos en razón, aunque sea a la fuerza?
* Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha publicado las novelas La malamemoria (1999), posteriormente reelaborada en ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), El vano ayer (2004) y El país del miedo (2008). Con El vano ayer obtuvo el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la Crítica, y ha sido llevada al cine por Andrés Linares con el título de La vida en rojo. Su última novela, El país del miedo, ha recibido el Premio Fundación José Manuel Lara a la mejor novela de 2008.
* Público - Blogs - 17.05.10
Condenan al ex alcalde de Guardamar por un delito contra el medio ambiente
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INFORMACIÓN/Alicante* : El ex alcalde del PP de Guardamar del Segura Francisco García Gómez ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente con una pena de 18 fines de semana de arresto, multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros y el pago de la mitad de las costas procesales. La sentencia del Juzgado de lo penal nº1 del pasado mes de marzo se refiere a unos hechos denunciados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y el PSOE de Guardamar en 1999 y 2000, cuando el Ayuntamiento permitió en el vertedero del Pallaret el vertido, mediante cientos de camiones cisterna, de aguas fecales procedentes de fosas sépticas de la comarca cuya acumulación originó "una especie de embalse" que contenía unos lodos de aspecto viscoso, en un estado líquido pastoso, de color oscuro, de olor nauseabundo y en estado permanente de fermentación, según la sentencia.
En el proceso también estaba imputado el concejal del PP Luis Domingo Hernández, que en el momento de los hechos denunciados era edil de Medio Ambiente y Servicios, aunque finalmente ha sido absuelto. Inicialmente el ministerio fiscal solicitó tanto a García como a Hernández seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y costas.
Una de las razones que esgrime la sentencia para rebajar las penas solicitadas por la Fiscalía para los dos imputados radica en que está contrastado que los acusados intentaron resolver la situación al acordar el Ayuntamiento en pleno aprobar un protocolo de intenciones con la Conselleria de Medio Ambiente para la implantación de un vertedero de residuos inertes, así como por las sucesivas actuaciones de mejora.
Plan de impermeabilidad
Según la sentencia, el lugar del vertido no había sido sometido a un plan de impermeabilidad y el vertido, por la elevada temperatura, emitía vapores y burbujas a la superficie hallándose continuamente ardiendo, "lo que originaba una columna de humo negro de aspecto y color desagradable" así como "riesgo de incendio para las masas forestales" lindantes. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento tenía en el vertedero un empleado municipal que se ocupaba de controlar los camiones cisterna que llegaban al lugar para descargar y cobrar por ello. Desde enero a mayo de 2001 la cantidad recaudada por el Ayuntamiento en este concepto ascendió a 3.889.000 pesetas.
Tras las denuncias y la apertura de diligencias, el Juzgado número dos de Torrevieja acordó en octubre de 2001 la clausura del vertedero "al existir peligro para la vida humana así como para la flora y fauna existente". Los responsables municipales solicitaron que la orden quedase sin efecto ante "los importantes daños y perjuicios económicos" a las arcas municipales y "a informes técnicos que desvirtúan las alegaciones de toxicidad y peligrosidad vertidas de forma irresponsable". Sobre la incidencia en el medio ambiente por la actividad denunciada, el Seprona recogía en su informe que el vertido "se filtra a las capas del subsuelo originando un grave peligro de contaminación de las aguas subterráneas y posiblemente al río Segura a través de una rambla cuando llueve". Asimismo, se añadía, al estar rodeado el vertedero de terrenos de cultivo había peligro de contaminación de los productos.
* Información - 17.05.10
Foto: Camiones cisterna descargando lodos procedentes de fosas sépticas en el año 2000 en el vertedero de Guardamar. - diarioinformacion.com
