CANARIAS24H/SantaCruz* : Finalmente las predicciones de mal tiempo no oscureció la manifestación convocada para este sábado en defensa del suelo rústico y del medio ambiente. Uno de los organizadores, Cándido Quintana, señaló que la protesta fue secundada por cerca de 20.000 personas que recorrieron las calles céntricas de la capital tinerfeña hasta llegar a la plaza de La Candelaria. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que la misma fue seguida apenas por 2.000 personas.
La manifestación convocada por Asamblea de Tenerife comenzó a las 12.30 horas partiendo desde la Plaza Weyler y recorrió las calles Méndez Núñez, Pilar, Cruz Verde hasta llegar a la plaza Candelaria donde se leyó un manifiesto reivindicando el rechazo ciudadano al Puerto de Granadilla y al desarrollismo, que está destruyendo el suelo agrícola de Tenerife, e impulsando infraestructuras insostenibles como la Vía Exterior, la autopista que se pretende construir para unir Guamasa y Radazul, así como la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos.
Quintana se sintió satisfecho por la participación ciudadana secundada por unos 60 colectivos, señalando que hubo mayor presencia que la manifestación realizada el pasado mes de abril y aprovechó para agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad que dieron un servicio ejemplar durante la protesta.
A la protesta acudieron personas de todas las edades y clases sociales, pero sobre todo, los que se han visto afectados por las expropiaciones de Los Rodeos, de Las Huertas en Santa Cruz, de la Vía Exterior o aquellos contrarios a obras como el puerto industrial de Granadilla, el de Tacoronte, etc.
En medio de la maraña de asistentes se podían leer pancartas como ‘No a la destrucción de nuestra tierra’, que encabezaba la protesta, ‘No al puerto de Granadilla’, ‘Sí al puerto de Santa Cruz’, ‘No a la ampliación de Los Rodeos’, ‘No a los derribos de las costas’. ‘En defensa del suelo agrícola y de barrancos de Güímar’, ‘Salvemos Las Teresitas, Anaga y su litoral’, y algunas en clara alusión al Ejecutivo canario, ‘¿Dónde está el Gobierno que dice defender a los canarios?’
SIN INCIDENTES
Durante la manifestación, que transcurrió sin ningún tipo de incidentes, se jaleaba ‘Ahí está la cueva de Alí Babá’, al paso de ésta por el Ayuntamiento de Santa Cruz, ‘Político aprende, Las Huertas no se vende’, ‘Este puerto lo vamos a parar’, o ‘Menos puertos industriales, más escuelas y hospitales’, gritaban también los profesores y médicos que están en conflicto con el Gobierno canario en estas últimas fechas y que se sumaron.
Entre los asistentes se pudo ver al presidente de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Anatael Meneses, a Cándido Quintana de la plataforma de sí al puerto de Santa Cruz, al ex alcalde de Vilaflor, José Luis Fumero, entre otros. Preguntado este último por la asistencia de gente a la manifestación, declaró que lo que ha ocurrido con esta movilización es que “se ha convocado con poco tiempo de antelación y una protesta de esta magnitud se ha de convocar meses antes”.
Otra de las cosas que apuntó Fumero –que lideró hace cinco años una movilización a la que asistieron más de 100.000 personas para rechazar las torres de alta tensión en Vilaflor- fue la necesidad de que la manifestación “tenga un claro objetivo y un mensaje nítido y claro”, porque en esta protesta se hace referencia a muchos temas, refiriéndose a la diversidad de pancartas.
Respecto a la escasa presencia de representantes políticos, afirmó que éstos “no pueden venir, porque sería una vergüenza, empezando por el PSOE que es el que ha apoyado el puerto de Granadilla”.
FIESTA DE LA DIGNIDAD
La manifestación llegó a la Plaza de La Candelaria pasadas las dos de la tarde. Allí tres mujeres fueron las encargadas de leer el manifiesto en el que se destacaba que este sábado “se celebraba la fiesta de la dignidad de un pueblo en la que demuestra que no se le engaña” y se exigía responsabilidad pública a los problemas medioambientales y sociales de la Isla.
Asimismo se solicitaba que no se ampliara el Aeropuerto de Los Rodeos, ante la pérdida de suelo agrícola y calidad de vida de sus vecinos; que no se hiciera la Vía exterior, que “no engañaran más las autoridades hablando del beneficio del anillo insular y en su lugar mejoraran las carreteras de la Isla y fomentaran el suelo rústico”.
También en el manifiesto se exigía a las administraciones que no “siguieran destruyendo la costa con puertos indecentes para ricos” y se expresaba el “hartazgo de la sociedad ante la corrupción urbanística y los pelotazos. Queremos que se descubra toda la verdad de Las Teresitas y que vayan a la cárcel los que tengan que ir”, gritaba una de las manifestantes.
En cuanto al puerto de Granadilla, se recordó que esta infraestructura portuaria “ha logrado paralizarse siete años el puerto devastador y lo seguiremos retrasando otros siete años más porque no se hará nunca”.
* Canarias 24horas - Redacción C24H / ACN Press - 24 de noviembre de 2007
Foto: Tenerife, manifa24N - C.García. EFE
Tenerife: 'Unas 20.000 personas se manifestaron en defensa del territorio'
Caso Guateque: 'Un policía municipal amenazó con pegarme un tiro si no le daba el dinero'
ELMUNDO/Madrid* : "A mí un policía municipal me ha llegado a amenazar con pegarme un tiro si no le pagaba el dinero". El "dinero" al que se refiere Pedro Provencio Martín, un empresario que lleva trabajando 30 años en la hostelería de la capital, son las 'mordidas' que le pedían intermediarios de funcionarios y policías municipales. Los primeros, por agilizar la licencia de apertura de unos de sus locales de copas, 'Chaplin', en Carabanchel; los segundos, para que sus otros establecimientos "estuvieran vigilados", para "que no les pasase nada".
"Un policía me dijo una vez que era por vigilancia y seguridad, que cualquier día podía aparecer una bolsa de droga en el local y que me lo tendrían que cerrar", explica Provencio, un empresario más víctima de la trama del 'caso Guateque’. Pero a él no sólo le extorsionaban los funcionarios, 'sino también los policías, "los que en teoría deberían velar por la legalidad".
Durante la década de los 90 Pedro regentaba dos locales, la discoteca Zaas y la Terraza Moscardó, ambos en el distrito de Carabanchel. En 1994 trató de conseguir la licencia de actividad para otro establecimiento, un bar de copas, 'El Chaplin'.
"Me pidieron de un día para otro medio millón de pesetas, en billetes de 5.000. Era un intermediario de la Junta municipal de Carabanchel, que conocía a un funcionario. Le tuve que pedir el dinero a mi padre para pagarle", explica.
Esa misma noche, relata, dos policías llegaron a otro de los locales que tenía. Eran las dos o las tres de la madrugada. "Hemos oído que has pagado medio millón. Nosotros queremos 100.000 pesetas cada uno". Se negó a pagarles. Ahí comenzaron sus problemas. Fueron pasando los días y la licencia no llegaba, hasta que decidió, según asegura, interponer una querella criminal contra el entonces concejal del distrito de Carabanchel.
"Yo denuncié al concejal porque no me llegaba la licencia por la que había pagado. A los pocos días me llamó y me pidió que le quitara la querella. Yo se la quite porque tenía miedo a las represalias", recuerda Pedro, apoyado en la barra de su cafetería-marisquería cerca de Méndez Álvaro, que lleva su nombre. A los pocos días llegó la licencia, pero sus problemas eran otros.
Durante los meses siguientes siguió sufriendo extorsiones. "Me hincharon a multas en todos los negocios. Llegaban siempre varios agentes, algunas veces hasta 14 policías, y me amenazaban con meterme un tiro. Querían que les pagara medio millón de pesetas al mes. Allí empezó una guerra brutal. Alguno me llegó a decir que podía aparecer entre dos coches", relata Pedro, mientras ojea un dossier donde guarda las querellas interpuestas, los recursos a las multas.
Siempre se negó a pagar. Por aquel entonces el empresario tenía 50 empleados fijos. Trató de solucionar el conflicto con la policía. Acudió a Asuntos Internos. "Fui hasta la Casa de Campo. Allí les conté lo que me pasaba. Me dijeron que iban a abrir una investigación, pero todo fue a peor", explica.
"Me estropearon la vida. Era un acoso diario. Yo me he dejado hasta 20 millones de pesetas en multas y abogados", indica Pedro, que ante la poca respuesta a sus denuncias, llegó incluso a plantearse llevar una grabadora escondida. A muchos agentes los denunció, pero el juez no le dio la razón. "Por presiones", afirma, con cara de estar ya de vuelta.
El 23 de diciembre de 1997 varios funcionarios de Carabanchel y agentes municipales le precintaron la discoteca 'Zaas' tras numerosas multas acumuladas.
"Fue idea del concejal del distrito, Alberto López Viejo. Fue porque no había pagado. Yo le pregunté a la policía el motivo y me dijeron: 'Es orden de López Viejo'. Lo hizo adrede en esas fechas para hacer daño", afirma el empresario, que se querelló contra el concejal del distrito por prevaricación y allanamiento y el juez acabó archivando la causa. "El juez admitió a trámite la querella y todos declararon, menos López Viejo. Recurrimos, pero el juez lo desestimó. Pensamos en denunciar al juez".
"Ahora la gente se asusta de todo esto que está saliendo, pero la corrupción es algo que lleva existiendo en Madrid muchos años. En un bar en la calle Paraguay, frente a Urbanismo, yo he visto como le daban dinero al jefe de Urbanismo", dice Pedro mientras enseña los recortes de prensa que guarda desde los 90 sobre casos de corrupción. "¡Puff! ¿Y todo esto de denunciar de qué sirve, si al final no se hace nada?".
* El Mundo - ROBERTO BÉCARES - 24/11/2007
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
Fiscalía pide más diligencias sobre la actuación municipal en el caso del edificio Mar de Orpesa
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LEVANTE-EMV/Castelló* : La Fiscalía ha reclamado al juzgado de instrucción número 4 de Castelló que amplíe las diligencias que se han desarrollado en la investigación abierta sobre la decisión del ayuntamiento de Orpesa de permitir la construcción del edificio Mar sobre un suelo calificado como camping, causa en la que de momento aparecen como imputados el ex alcalde Francisco Garrido y los tres ediles que le acompañaban en el equipo de gobierno de 1999 a 2003, José Manuel Ribes, Fernando Juárez y Mª Vicenta Garcés.
El pasado 15 de octubre un juzgado de Castelló inició un procedimiento penal abreviado contra el ex alcalde de Orpesa Francisco Garrido y los tres ediles en el equipo de gobierno de 1999-2003. Tras ello, la acusación particular reclamó que se ampliase la investigación a la actuación posterior del PP a partir de 2003.
La portavoz de la Fiscalía Provincial, Mercedes Díaz, informó ayer que el fiscal del caso ha reclamado estas «diligencias complementarias» al juzgado para que se investigue más en profundidad un tema por el que los cuatro imputados podrían enfrentarse a penas de hasta 9 años de cárcel.
Los hechos que se juzgan, tras cerca de dos años de diligencias previas, dieron un paso importante hace apenas un mes con la decisión del juez de imputar a todo el equipo de gobierno de 1999 a 2003, quienes presuntamente cometieron prevaricación al dar licencia de obras a la empresa Sant Joan de Moró SL - vinculada a Astroc - pese a disponer de informes en contra.
Tras esta imputación, la acusación particular presentó un escrito al juzgado precisamente para que ampliase las diligencias, algunas de ellas dirigidas al actual alcalde, Rafael Albert. En este sentido, el querellante considera fundamental que, al margen de que se investigue la actuación concreta del ayuntamiento en la época de la concesión de licencias, se determine el papel jugado por la corporación municipal en el año 2005.
Piden que se investigue a Albert
Al respecto, la acusación particular considera que Albert, alcalde desde 2003 hasta la actualidad, debería aclarar las razones que determinaron que llevase de urgencia al pleno, en concreto el 16 de agosto de 2005, la propuesta de «modificación puntual del PGOU para los terrenos del camping Torrepaquita» en la que, presuntamente, se intentó legalizar el edificio Mar.
La acusación particular, según el escrito presentado por su procuradora al juzgado, consideraba la necesidad de que se citase a Rafael Albert también en calidad de imputado «toda vez que de su declaración pudiera deducirse su implicación penal y a fin de que se pudiera valer de letrado para su defensa».
De momento no ha trascendido el contenido de las diligencias complementarias que ha reclamado el fiscal del caso, que tendrán que ser estudiadas en próximas fechas por parte del juzgado que instruye el caso. Fuentes municipales, por su parte, aseguraron ayer que no hay ninguna notificación oficial en el ayuntamiento sobre la investigación del edificio Mar.
* Levante-EMV - E. R. / L. E. - 24 de noviembre de 2007
Foto: POLÉMICO. El edificio Mar tiene fases pendientes de desarrollar - robert muñoz (Levante)
Un novela casi real
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ELPAÍS/Madrid* : "¡Coño, Julián, te han copiado!". El miércoles, cuando empezaron los registros en el área de Urbanismo de Madrid por la presunta trama de corrupción en la concesión de licencias, algunos compañeros llamaron al funcionario de esta área Julián de Antonio de Pedro, de 61 años. La Operación Guateque se parece al inicio de su novela Sara y la orgía urbanística del kilómetro 0 (editorial Endimión Ensayo), presentada hace un mes.
De Antonio ha visto casi de todo tras 30 años de oficio. Como otros funcionarios, sospechaba que "podía pasar algo con las licencias", aunque no tenía pruebas. Pero asegura que el "verdadero problema" de la administración son los casos "en los que en lugar de millones se manejan billones, con B", como las torres del Real Madrid, construidas sobre un terreno cedido para uso deportivo.
La charla con el autor se produjo antes de que se destapara la trama, y siguió después. El libro, del que ha cedido los derechos a una ONG, arranca con 30 funcionarios expedientados por gestión irregular (en la Operación Guateque, algunos de los implicados están en prisión). En la ficción del libro, las corruptelas quedan en los pasillos del Consorcio para el Desarrollo Regional de Madrid, un organismo inventado en el que los implicados son trasladados a puestos "irrelevantes", como cementerios o jardines.
El protagonista de la obra es Ernesto Velázquez de Hinojar y Velázquez, un alto funcionario "mojigato", que planea denunciar en un discurso público toda la corrupción del Consorcio y sus responsables. A Velázquez le apasiona coleccionar datos en la carpeta Gestores de la ciudad, donde guarda pactos oscuros de sus jefes para usarlos en el futuro.
¿Se preparan carpetas así en la realidad? "No, ahora no", dice el autor. De Antonio se remonta "a finales de los setenta", cuando había un trabajador al que todos conocían como "el comisario". "Creían que dentro del Ayuntamiento funcionaban mafias; hicieron un inventario de funcionarios que salían casi todos los días en algún periódico", según el funcionario. "Ahora lo que hay son los muchachitos de turno de la confianza de los políticos que se mueven de puesto cada vez que se produce un cambio de gobierno".
Otra coincidencia es la solución propuesta por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón que, como en el libro, aludió a una "externalización", la privatización del servicio. "Los responsables políticos, cuando necesitaban que sus proyectos se redactaran en un plazo concreto, optaban por contratar equipos externos", según la novela, en la que los comentarios de los funcionarios -"Se lo han dado a un irresponsable, pero con carné de partido... y encima tenemos que ayudarles a hacer el trabajo"- se parecen a los que se oían el pasado jueves en una protesta de funcionarios a favor de la presunción de inocencia de los detenidos y del buen nombre de la función pública.
El libro, que prologa el ex alcalde Juan Barranco (PSOE), analiza actuaciones urbanísticas concretas, como la recalificación de los terrenos del Real Madrid que ha permitido construir cuatro torres de más de 200 metros de altura. En la portada del libro, tras dos de esas torres, aparece un minúsculo hospital de La Paz. "Casi necesitas una lupa para verlo. Es la metáfora de lo que ocurre en Madrid, se minimizan los equipamientos y se reclasifican de una manera tremenda las áreas urbanizables", concluye De Antonio.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 22/11/2007
Foto: Madrid, chirimbolos ante las 4 Torres - Antonio Ruiz (El País)
