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IDEAL/Almeria* : El alcalde de Gádor y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, está citado a declarar hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación al proceso por el que se le imputa la comisión de un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato para la obra de la nave municipal por valor de 144.837 euros.
El Supremo se declaró competente para instruir la causa incoada contra el regidor el pasado mes de junio (es aforado) y admitió a trámite la querella interpuesta por el portavoz del PSOE en Gádor, Francisco Almansa, después de que el fiscal informase de la presencia de indicios de ilícito penal.
En concreto, el Ministerio Público señala que el contrato de obras objeto de la denuncia se tramitó «sin ninguna clase de procedimiento de licitación» y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su «reparo», lo que interpreta como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado. Al tiempo, apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se «prescindió totalmente» del proceso que fija la normativa. Atribuyó, en esta línea, a Gonzálvez «conocimiento de la ilegalidad en su comisión» ya que, al margen del informe que advertía de los «graves defectos administrativos» en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007, «omitió los más elementales requisitos procedimentales», por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación.
La construcción de la nave se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar. En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto de casi 150.000 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a tres empresas. El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además «reparo» ante el citado decreto, pese a lo cual -ahonda el fiscal- «el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último» de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno extraordinario.
* Ideal - 12.04.10
Foto: Gador (Almeria) - andaluciarustica.com
Eugenio Gonzálvez, alcalde de Gádor, declara hoy ante el Tribunal Supremo imputado por prevaricación
Nuevo pelotazo urbanístico a la vista: Operación Chamartín
OTROMADRID* : Si los famosos brotes verdes, de los que tanto gustan hablar los hasta hace poco tiempo llamados refundadores del capitalismo que nada han refundado, verdean y viene una primavera económica sobre España, antes del devastador verano de una nueva fase de la crisis capitalista que acabe por agostar dichos brotes, se avecina una nueva operación urbanística sobre Madrid que la mencionada crisis pospuso en años pasados.
Me refiero a la Operación Chamartín, corona y broche de oro, por el momento, de todo el entramado que ha convertido el eje de la Castellana, hasta el infinito y más allá de los antiguos terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid, en la costa cementera del capital financiero y de los negocios, la especulación y los rascacielos de la soberbia de nuestra derecha económica, trincona e imperial capitalina.
1.-Haciendo un poco de historia:
La llamada Operación Chamartín tiene sus antecedentes más remotos en los años 40 y 50 del pasado siglo, cuando el franquismo expropió a más de 1000 familias terrenos de unos 800.000 metros cuadrados, para la construcción de la Estación de Chamartín, del total de 1.900.000 metros cuadrados que conforman los recintos ferroviarios de RENFE en Chamartín y Fuencarral (1)
Independientemente de la clase social a la que pertenecieran dichas familias y al interés público del desarrollo de infraestructuras ferroviarias durante el franquismo, lo cierto es que lo que en su origen tuvo una explicación en mayor o menor medida justificable como medio de desarrollo social y económico del país, en el presente ha derivado en el proyecto de especulación urbanística más grande de Europa (2)
En el contexto de desmonte y privatización de lo público, uno de los motores fundamentales del crecimiento económico de las grandes empresas capitalistas (urbanísticas, financieras, de industria básica, energía y telecomunicaciones, entre otras), que el Tratado de Maastrich consagró como modelo de la Europa de los mercaderes, RENFE, propietaria de los terrenos en los que se encuentran las vías de la citada estación, cede en 1993 sus derechos de explotación sobre el suelo a la empresa DUCH, tapadera del BBVA y del Grupo San José (constructores, no carpinteros), a cambio de futuros beneficios de la operación.
Hasta aquí el rastro del olorcillo de la especulación urbanística pero detengámonos en los detalles para mejor comprender cómo se va muñendo la conjura de los canallas. En 1993, con el PSOE en el Gobierno, y siendo RENFE aún pública, la empresa ferroviaria convoca un concurso público internacional para una "concesión sobre los bienes de dominio público del Estado" existentes en el ámbito del recinto ferroviario de Chamartín. Dichos bienes eran 62 hectáreas (620.000 metros cuadrados) de terreno. Dicho concurso fue resuelto con la adjudicación del mismo a la banca, entonces pública, ARGENTARIA (a partir de 1999 BBVA, ya con el PP en el poder). Con la adjudicación a ARGENTARIA de dicha concesión se constituye la sociedad mercantil privada Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) S.A., coladero por el que entra la constructora Grupo San José (en un 27,5% frente al 72,5% de la entidad financiera) de rondón en una concesión a la que formalmente no se había presentado. Con la entrada en escena de la constructora se pergeñaba ya el inicio de un proceso hacia la recalificación de un suelo, hasta entonces público, que en el citado concurso no se había establecido.
Pero continuemos explorando el proceloso mar de las irregularidades de los tiburones de los negocios en este asunto. El listado de ellas es infinito:
* Para proceder a la adjudicación señalada RENFE se sacó de la manga la figura interpuesta de competencia delegada del Ministerio de Fomento, ya que su capacidad para otorgar concesiones administrativas era en aquel momento, como poco, discutible. Pero la concesión derivada de la adjudicación no podía interpretarse como un contrato privado, al contrario de lo dictaminado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
* El objetivo –declarado- del concurso público realizado por RENFE (hoy Adif) en 1993 era el del amejoramiento del emplazamiento de la red viaria de la Estación, así como la ampliación de la misma, a través de una trama urbana que eliminara la barrera física que suponía el nudo de vías para conectar los distritos al este y al oeste de la ciudad. Es cierto que, para ello (y aquí está la trampa inicial), se planeaba la financiación del proyecto mediante la inclusión en el mismo de nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona. (3) Esto es, un bien social al que se pretendía dar salida mediante la apertura a la iniciativa privada. Ya veremos luego que no es posible sorber y soplar a la vez.
* Sin embargo, los terrenos expropiados en los años 40 y 50 del pasado siglo a más de 1.000.000 familias tuvo por objeto la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral en Madrid. La inclusión en el nuevo proyecto de un planeamiento de desarrollo urbanístico e inmobiliario en los terrenos propiedad de RENFE creaba una situación de desafectación respecto a los motivos de la expropiación realizada en su día. Ello debiera haber permitido a los afectados y a sus herederos ejercer el derecho de reversión (4) sobre los terrenos en su día expropiados, lo que la empresa no les ofreció. No es mi intención defender el “sacrosanto derecho” a la propiedad privada pero la intervención exitosa de los afectados hubiera podido malograr, o cuando menos retrasar, el pelotazo especulativo organizado por las tres administraciones (central, autonómica y municipal) al servicio de sus amigos de las constructoras y de la banca.
* RENFE y el Ministerio de Fomento plantearon en 1993 una actuación urbanística a través de una concesión a un operador privado (DUCH) lo que, en la práctica le permitía actuar como propietario privado de lo que hasta entonces había sido suelo público pero ello sin cambiar la titularidad del mismo, para evitar convocar un proceso de desafectación y convocar a los afectados al ejercicio del derecho de reversión, sin cuya convocatoria dicho derecho no podía ejercerse.
* El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 recalificaba los terrenos públicos afectados para usos lucrativos destinados a la venta, lo que daba sanción “legal” a su privatización. Con ese fin en 1993 se había concedido a ARGENTARIA, entonces banca pública, la actuación sobre los terrenos de RENFE. Vemos como, una vez más a lo largo de su ya larga historia como partido, el PSOE (entonces en el Gobierno del país) le hacía el juego sucio a la derecha. Subsumida luego ARGENTARIA dentro de la banca privada BBVA y establecida por ésta la figura de interposición DUCH, en un formidable juego de “matrioskas” (muñecas rusas de madera en las que unas estén dentro de otras más grandes) se daba apariencia legal a lo que, a todas luces, es un chanchullo corrupto de apropiación de lo público por los intereses privados.
* El proceso de planeamiento presentó también irregularidades. La actuación se incluyó en el Plan General y el Plan Parcial de Reforma Interior “Prolongación de La Castellana”, (nombre oficial de la Operación Chamartín) es aprobado el 5 de Noviembre de 2009 (5) con un proceso de información pública de sólo un mes, en Diciembre del mismo año (a todas luces insuficiente para un estudio detallado de impactos ambiental, social, urbanístico y económico que se derivaría de la actuación tanto en la zona norte de Madrid como en la ciudad y el área metropolitana). Dicha información publica y el debate argumentado de los impactos de esta operación han sido mero trámite sobre el papel pero inexistente en la realidad. Sería de interés leer detalladamente las alegaciones a dicho Plan Parcial presentados en su día por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) de Madrid (6) , si bien no fue seguida de esfuerzo movilizador a la ciudadanía. Los estudios incluidos a posteriori en la tramitación no han subsanado este déficit democrático.
* Para beneficiar la operación, el suelo se clasificó como urbano en el Plan General, a pesar de que se trata de terreno no urbanizado, que necesita importantes infraestructuras de conexión, que serán pagadas en su mayor parte por financiación pública (a pagar por los impuestos ciudadanos), eludiendo aplicarle las determinaciones que permiten, en suelo urbanizable, destinar el 50% de las viviendas edificables a algún régimen de protección pública. De las 16.000 viviendas proyectadas, sólo se prevé que 4.000 de ellas sean públicas (7)
* Para aumentar la edificabilidad, a demanda de DUCH S.A., se aprueba una nueva Ley del Suelo de la CAM (Ley 9/2001) que, modificando la legislación anterior, posibilita un incremento de 735.000 m2 edificables, al permitir que se contabilice el suelo calificado como Sistema General (la red de vías) como suelo que genera aprovechamiento.
* En 2002 el Ayuntamiento con la complacencia de la Comunidad, y ante la insistencia de DUCH S.A. y para viabilizar el proyecto con las plusvalías generadas por la iniciativa privada del mismo, aprobó una modificación del Plan General en la que casi duplicó el coeficiente de edificabilidad pasando del 0,6 m2 a 1,05 m2.
El largo proceso desde 1993 hasta 2010, año previsto de inicio de la Operación Chamartín, se explica desde los difíciles acuerdos y los numerosos desacuerdos entre las tres administraciones –en un tiempo todas del PP y en otro la central del PSOE y las madrileñas de la derecha oficial- y de estas con el BBVA y con su testaferro legal, DUCH.
Durante una serie de años, los que distan desde el triunfo electoral del PSOE en 2004 hasta la firma de los acuerdos entre la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez y el Alcalde de Madrid, Ruíz Gallardón, el 23 de Diciembre de 2008, la operación Chamartín ha estado paralizada, entre otros motivos, por la falta de coincidencia entre las propuestas del Gobierno español sobre la cuestión y las del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Dos años antes, Fomento, también manos socialistas, ya había llegado a acuerdos con DUCH, si bien estos no se materializaron por no cerrarse los mismos con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
La entrada del Gobierno español en los acuerdos de la Operación Chamartín mostraba, una vez más palmariamente, el compromiso del PSOE con la mafia del ladrillo, toda vez que la experiencia del Tamayazo en la CAM (compra de dos diputados del PSM-PSOE para impedir el pacto de Gobierno PSOE-IU) aclaró a este partido la conveniencia de mantener la docilidad con la misma que en tantos ayuntamientos ha venido manteniendo desde el año 1979.
Han predominado, aparentemente, los desacuerdos centrados en aspectos como la titularidad del suelo, el carácter que se concedía al mismo, los porcentajes de participación de la iniciativa pública y la privada en las inversiones, hoy absolutamente descompensada en beneficio de los menores costes para la segunda (8).
En el fondo, la cuestión estaba en cuánto dinero ponían las administraciones en infraestructuras de acceso y espacio público para “adornar” lo que sólo es promoción al beneficio empresarial, en cuánto descaro o disimulo se aplicaba en disfrazar el paso de lo público a lo privado, en qué cantidad de dinero aportaba la iniciativa privada y en el modo de vender a la sociedad el hecho de que una parte del proyecto se sufragara con las plusvalías de quienes no desembolsarán inicialmente apenas cantidad de inversión inicial previa. En todo caso, este último punto se solventa con una ausencia de información indecente a la ciudadanía madrileña de lo que conlleva el proyecto y de lo que cada ciudadano sufragará, vía impuestos, a mayor gloria y ganancia del Madrid de los negocios.
Tampoco podemos olvidar que dicha Operación sería un relumbrón electoral para las administraciones que pudieran capitalizar su puesta en marcha y que el PSOE tampoco estaba dispuesto a que dicho éxito se lo adjudicase el PP.
Se ha intentado argumentar que las demoras al proyecto tenían que ver con la voluntad del Gobierno español de incrementar el número de viviendas de protección oficial (VPO) pero lo cierto es que sólo pasaron de la inicial propuesta del Ayuntamiento de 2.000 hasta 4.000 cuando el acuerdo ha llegado, quedando muy por debajo de la potencialidad que la ley permite llegar hasta el 50% de VPO (8.000) en suelo urbanizable.
Sin embargo, el poder del dinero y el del ladrillo es tal que finalmente dichos acuerdos políticos han llegado a producirse, oscureciéndose los motivos de desencuentros anteriores entre las administración central, por un lado y autonómica y local, por el otro o, lo que es lo mismo, entre el PSOE y el PP. Es significativo como el lobby de las inmobiliarias ha mostrado su poder hasta el punto de que son decenas las páginas en Internet que actualmente censuran informaciones que dieron en el pasado sobre dichos desacuerdos (9)
2.-Pero, ¿en qué se concreta la Operación Chamartín?
Sin duda, las cifras y la especificaciones de detalle son el elemento que mejor puede alumbrar lo que hay detrás de éste proyecto:
* 312 Hectáreas (más de 3 millones de metros cuadrados) para crear un núcleo empresarial, financiero y residencial al norte de la Castellana. Adif (la antigua RENFE) aportará 200 Hectáreas. El resto lo harán la EMT, Canal de Isabel II y algunos propietarios privados
* Prolongación del Paseo de la Castellana en 2,8 kms
* 11.100 millones de € aportados, de los que 4.300 corresponden a la urbanización e infraestructuras (1.900 por parte de los propietarios, 1.000 por Fomento y 1.400 por la del Ayuntamiento) y 6.800 a la edificación, que serán aportadas por la iniciativa privada a partir de las plusvalías generadas por el negocio
* Las infraestructuras de comunicación previstas serán la prolongación de la línea 10 de Metro en 4,2 kilómetros con cinco nuevas estaciones; la ampliación en 2,6 kilómetros de la Castellana y su conexión con las circunvalaciones M-30 (by-pas de la M-30) y M-40 y los cuatro nuevos ejes transversales. Además, se cubrirán 600.000 metros cuadrados de superficie ocupados por vías de ferrocarril para eliminar la barrera creada históricamente por el ferrocarril a lo largo de más de cinco kilómetros. Igualmente se reubicará y construirá la nueva Estación de Chamartín por parte de Fomento y las conexiones viarias a la misma. Pero
o Dichas infraestructuras se vinculan a la realización del proyecto y no a un estudio de las necesidades viarias y descongestivas de la zona
o Se incrementa la opción del vehículo privado con la conexión a las citadas circunvalaciones de la M-30 y la M-40, con el consiguiente impacto sobre las viviendas de la zona y aledañas
* Se destinan 1.204.000 m2 a oficinas, 165.000 m2 a uso hotelero y otros 165.000 a comercial.
* Se construirán 20 edificios por encima de las 20 plantas y de los cuales hasta 10 podrían superar los 150 metros (técnicamente, 152,5 metros es la altura a partir de la cual se considera a un edificio rascacielos).
* 16.000 viviendas, de las cuáles sólo el 25% (4.000) serán de vivienda protegida.
* Se calcula que esas 16.000 viviendas darán habitabilidad a 52.000 nuevos residentes.
* El proyecto terminará su fase de concreción y de aprobaciones definitivas en 2010, se iniciará de 2011 y su construcción durará 12 años, hasta 2023. La parte más importante se realizará, en su primera fase, entre 2011 y 2014
* 541.000 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes. Pero este dato es absolutamente tramposo, ya que se ha exonerado “gracias a la disposición adicional cuarta (DA4) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de la obligación de ceder suelo al Ayuntamiento para las redes generales. El fundamento de la cesión de terrenos para tales redes está referido a las necesidades de la ciudad y especialmente de las zonas aledañas al desarrollo en cuestión (en este caso, los deficitarios -en materia de zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos- distritos de Tetuán, Fuencarral y Chamartín). La cobertura de las necesidades derivadas directamente del desarrollo de que se trate está prevista gracias a las cesiones de terrenos para las redes locales. Pues bien, el subterfugio de la DA4 ha venido a escamotear un muy significativo paquete de suelos a la ciudad” (10)
3.-¿Cuál es el significado de todo esto?
En primer lugar, la apropiación del suelo público por el espacio y los intereses privados. De nuevo las tres administraciones –central, regentada por el PSOE, autonómica y municipal, ambas por el PP trabajan para los intereses de la banca (BBVA, a través de DUCH y la Corporación San José) y de las grandes constructoras.
En segundo lugar, apostar por la prioridad del mundo de los negocios (una nueva City al estilo londinense) antes que por las necesidades sociales y ciudadanas, especialmente en una sociedad en crisis económica, en la que se recortan día tras día las dotaciones sociales.
En tercer lugar apostar por un modelo de ciudad de rascacielos que oponga cada vez más el Norte (como continuación de las conocidas como Torres del Real Madrid o de Florentino Pérez), absolutamente paleto en su vocación de imitación de los modelos urbanos del falso desarrollismo, al Sur (con viviendas bajas y entornos mucho menos dotados).
Pero es incluso una bofetada estética frente al entorno ya construido próximo con el nuevo desarrollo (colonia de San Cristóbal, barrio de Begoña, caserío en el lado oriental de la avenida del Llano Castellano/Nuestra Señora de Valverde, Las Tablas…) donde la edificación se organiza en tipologías bajas y medias.
Desintegrará el concepto de ciudad vecina de las zonas posteriores del eje de Bravo Murillo, con viviendas mucho más modestas (Barrio de la Ventilla, zona de Tetúan trasera de Bravo Murillo,...)
Será un intento baldío de apostar por parches a la crisis en la Comunidad de Madrid y en su capital, a través de modelos especulativos, centrados en el mundo de los negocios y las viviendas para las rentas altas, que creen bolsas de hinchazón de la burbuja inmobiliaria local. El complejo CTBA (Cuatro Torres Business Area), que le anteceden en el Pº de la Castellana no están resultando, al menos en ocupación, un negocio inmobiliario “a posteriori” tan boyante como los especuladores pensaban, al menos por lo que a la ocupación de sus oficinas se refiere. La crisis ha venido a aguar en parte dicha visión ideal de ciudad de ricos y, como ha venido para quedarse, no dará previsiblemente mejor acogida al nuevo proyecto. Pero servirá de gran pelotazo urbanístico en el que las 3 administraciones hacen de alcahueta y los especuladores inmobiliarios y financieros de Al Capones de turno. Es significativo, en este sentido, ver cómo el apellido Aguirre aparece de nuevo en escena. La empresa Aguirre Newman, empresa asesora en materia inmobiliaria, de la que es Presidente Santiago Aguirre el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tiene intereses, como asesor, en la Operación Chamartín, así como de la comercialización de la Torre Espacio en el CTBA
4.-¿Y ahora qué?
Es penoso ver la aceptación resignada de una parte de la izquierda (IU), que ha cuestionado el plan pero no ha movilizado contra él, del movimiento ciudadano, que ha pedido su retirada pero tampoco ha presionado socialmente contra el mismo, cuando no la complicidad de la pseudoizquierda “socialista” con el proyecto.
Resulta lamentable la debilidad de la extrema izquierda y su inopia (en su doble sentido, como indigencia y escasez y como ignorancia de los hechos), enredada demasiadas veces en luchas estériles entre sí o en debates sobre aspectos absolutamente irrelevantes cuando la realidad es otra y se nos impone reaccionariamente por parte del poder político y económico.
Habrá quien piense cínicamente, aunque no se atreva a decirlo, que en la fase en la que se está, de este proyecto megalómano y antisocial de expropiación de suelo en beneficio de los amigos de la clase social para la que la instituciones políticas trabajan, ya es tarde para oponerse y movilizarse contra este engendro y que sólo una agudización de la crisis podría detenerlo o al menos retrasarlo.
Pensar de este modo equivale a creer que sólo las batallas políticas y sociales que puedan ganarse han de ser dadas. Pero nada más falso que esta creencia.
Por coherencia política, por principios, por dignidad, por necesidad de no seguir resignándonos a lo que es nuestro, el suelo público, y el dinero de los ciudadanos que van a las arcas particulares, vía impuestos para sufragar, obras faraónicas que están arruinando la ciudad, esa batalla debe de darse.
Y debe de darse porque la especulación urbanística no sólo destruye la ciudad en la que habitamos y va expulsando progresivamente a las clases populares de ella, quedándose cada vez más como habitat de las clases de rentas altas, sino porque es una forma de corrupción económica –de los políticos y los poderes empresariales- y moral, de una ciudadanía a la que ya todo le va pareciendo cada vez más normal y no hay ya nada que le escandalice fuera de las críticas de la barra del bar.
Y debe de darse también esa batalla contra este nuevo pelotazo urbanístico que supone la Operación Chamartín porque la corrupción es el modo a través del cuál el capitalismo y sus servidores políticos nos están arrebatando los bienes comunes, cambian las prioridades de las necesidades sociales, dualizan la sociedad entre poseedores y desposeídos, pudren los valores democráticos y nos condenan a ser comparsa resignada de tan degradante espectáculo.
Y debe de darse también esa batalla porque resulta obsceno que en un Madrid en el que el 13,3% de los madrileños vive bajo el umbral de la pobreza, aumentando en los últimos 4 años de los que se disponen cifras en 4 puntos (9,5% en 1995), se dediquen 11.000 millones de pesetas a construir más “torres de la soberbia” para loor y gloria de este capitalismo indecente y de esta clase política corrupta.
No basta con denunciar. Es necesario movilizar, hasta donde se pueda y nos lleguen las fuerzas. Seguir mirando para otro lado, resignados y fatalistas, es ponernos nosotros mismos la cuerda de cáñamo con la que pretenden ahorcarnos. En nuestras manos está devolverles al menos una parte del “regalo” con nuestro no.
(1) http://www.operacionchamartin.com/
(2) http://www.cincodias.com/articulo/empresas/inmobiliarias-buscan-vias-entrada-operacion-Chamartin/20060810cdscdiemp_1/cdsemp/
(3) http://www.fcmanrique.org/recursos/actividad/471dfffctextosfelixarias.pdf
(4) El artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Noviembre de 1954, estaba vigente cuando los afectados por la expropiación para la construcción de la Estación de Chamartín intentaron ejercer su derecho de reversión, hasta su modificación por la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación: Dicho artículo, antes de su modificación, decía los siguiente:
1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente.
2. No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes:
Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En este supuesto la Administración dará publicidad a la sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran que no concurren los requisitos exigidos por la ley, así como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos.
Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.
(5)http://www.publico.es/agencias/efe/185781/city/madrilena/comenzara/construirse/chamartin
(6) http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/2009/12/los-vecinos-de-madrid-creen-que-la.html
(7) http://www.cincodias.com/articulo/economia/Luz-verde-operacion-Chamartin-anos-paralizada/20091106cdscdieco_12/cdseco/
(8) El sector público asume una proporción superior de cargas de la que le corresponde por su porcentaje de suelo, mientras RENFE (hoy privada como Adif)/DUCH, con el 62,9% del suelo sólo sufraga el 48% de las infraestructuras (la Estación de Chamartín “no será una carga para el proyecto”, por lo que no computa), las tres Administraciones públicas, con el 19,1% del suelo, sufragan el 38% de las infraestructuras. Fuente:http://www.fcmanrique.org/recursos/actividad/471dfffctextosfelixarias.pdf
(9) Basten sólo dos ejemplos al respecto, pero hay multitud a lo largo y ancho de Internet:
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/clusteredition/es/20060724,Expansion-91a2ac2e89ab8c602e9c6bfbca027793.html
http://www.expansion.com/2006/07/24/economia-politica/824176.html (noticia de la que sólo hay un encabezamiento pero no puede abrirse para su completa lectura)
(10) Alegaciones al Plan Chamartín (Plan Parcial de Reforma Interior APR08), presentadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Alegaciones al Plan Parcial de Reforma Interior APR 08.pdf 188,55 kB
* Otro Madrid - Marat - 6.04.10
Foto: Madrid, proyecto Operación Chamartín - otromadrid.org
'Gürtel': Anticorrupción investiga si la trama usó empresas pantalla para facturar
PÚBLICO/Madrid* : La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el entramado Gürtel pudo utilizar a terceras empresas como pantalla para facturar a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey. Fuentes jurídicas confirmaron a Público que, a petición de la policía y de Anticorrupción, el juez Antonio Pedreira ya ha reclamado a las cinco instituciones del PP antes citadas la entrega de todos los contratos adjudicados a las empresas del madrileño Grupo Rafael, formado por un conjunto de sociedades del campo de la imagen y las artes gráficas.
Para la apertura de esta nueva línea de investigación resultó clave una serie de correos electrónicos almacenados en los ordenadores de Easy Concept y cruzados entre esa sociedad y Grupo Rafael. Uno de ellos contiene información sobre 81 facturas giradas a la Comunidad de Madrid de forma indistinta por Grupo Rafael y las empresas de Correa.
Las primeras actuaciones desarrolladas en torno a ese punto figuran en el "Informe Udef 107.996/09", una pieza separada del sumario abierta en febrero de este año y que ya no está sujeta a secreto.
El uso de terceros para facturar a administraciones del PP dispararía, de confirmarse, el cómputo de ingresos obtenidos por la red Gürtel gracias a los contratos a dedo. Hasta ahora, los cálculos apuntaban a que la trama obtuvo tres millones del Gobierno de Esperanza Aguirre mediante los llamados contratos menores, aquellos que, al no exceder de 12.000 euros, se dan sin concurso y sin formalizar siquiera expediente administrativo. La inexistencia de expediente facilita que alguien facture en falso como si hubiera realizado un servicio que, en realidad, ha prestado otro.
Como si fuera deuda propia
Según la policía, la red de Correa marcaba "objetivos en la gestión de facturación" a Grupo Rafael, que asumía "los importes correspondientes a la deuda" del conglomerado Gürtel con la Comunidad de Madrid. Y lo hacía como si esa deuda "fuera la suya propia", realizando "incluso la gestión de cobro con los distintos organismos". En otras palabras, Grupo Rafael no habría operado como un gestor contratado por un tercero para una misión determinada el cobro de recibos, en este caso sino como si todas las facturas, las suyas propias y las de Correa, formasen un todo inseparable. El monto del paquete de facturas gestionadas por Grupo Rafael y sobre las que policía ha encontrado información asciende a 752.179 euros. Ese importe se corresponde con 81 facturas emitidas entre 2004 y 2008. De ellas, 57 fueron giradas por Grupo Rafael. Y 24, por Servimadrid, Easy Concept (antes llamada Downtown Consulting), Good and Better y Diseño Asimétrico, cuatro sociedades de Correa.
El viernes, un portavoz oficial de Grupo Rafael negó de forma tajante a este diario que sus empresas hayan gestionado alguna vez el cobro de facturas de las compañías de Francisco Correa. El grupo, dijo el portavoz, sólo fue proveedor de las compañías a Correa. Sobre la información requisada por la policía, el portavoz dijo: "Puede haber interpretaciones diversas".
Con sus correspondientes sociedades, Grupo Rafael aparece extensamente mencionado en uno de los correos electrónicos que la policía incautó durante un registro en la sede de Easy Concept, una de las sociedades del núcleo de la red corrupta. Ese correo resultó clave para que la UDEF (unidad policial de delitos económicos) concluyese la existencia de "una estrecha vinculación entre el grupo de empresas dirigido por Francisco Correa Sánchez con otras sociedades y grupos".
Fechado el 8 de abril de 2008 y dirigido por una empleada de Grupo Rafael a Easy Concept, ese mail incorporaba como archivos adjuntos seis hojas de cálculo con la siguiente denominación: Facturas Grupo Rafael.xls; Resumen de cobros GrupoRafael.xls; Facturas DISEÑO ASIMÉTRICO.xls; Resumen de cobros Diseño Asimétrico.xls: Facturas Easyconcept, Good&Better y Downtown Consulting.xls: y Resumen de cobros Easyconcept, Good&Better y Downtown.xls.
* Publico - 12.04.10
Foto: Presentación organizada por la trama en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. - publico.es
El Cabanyal - Forges
Viñeta: Forges, el cabanyal - 20100411, elpais.com
El otro Cabanyal posible
PUBLICO/Valencia* : El Cabanyal está herido. Sus últimas llagas son los solares que han dejado los cinco derribos perpetrados por el ayuntamiento la semana pasada. La violencia de la Policía Local y la Nacional contra los vecinos que intentaron impedirlos ha sumido el barrio en la estupefacción. No es para menos. A finales de diciembre, el Ministerio de Cultura, a instancias del Tribunal Supremo, suspendió el plan por considerarlo un "expolio del patrimonio" e instó a la rehabilitación de este viejo enclave marinero.
Los manifestantes que esgrimieron este argumento acabaron en el hospital o en el calabozo. Formaciones como Compromís o Izquierda Unida ya han demandado el cese del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, por enviar la Policía Nacional a cargar contra ciudadanos que defendían las normas de una administración a la que representa. Esta tarde lo volverán a exigir en Madrid, a las puertas del Ministerio de Cultura.
El clímax vivido en los últimos días también ha puesto de relieve la necesidad de adoptar soluciones urgentes en un barrio al borde del colapso tras más de una década de paralización e incertidumbre. En 1998, el ayuntamiento aprobó el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior), que incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez sobre 600 edificios de un elevado valor histórico. La contestación ciudadana fue inmediata y se articuló en torno a Salvem el Cabanyal, plataforma que aboga por "una rehabilitación integral del barrio sin destrucción". Una idea que también defienden los partidos de la oposición y numerosas entidades del ámbito de la protección artística y patrimonial.
Tras 12 años de debate, propuestas, informes y jornadas culturales, se ha generado un plan de rehabilitación no escrito. Un plan minucioso de gran participación ciudadana que se nutre de aportaciones de profesionales de prestigio como Jean Nouvel, Oriol Bohigas, Ramón López de Lucio, Álvaro Siza o Lucien Kroll. Por ejemplo, el portugués Siza apuesta por un barrio habitable, con fachadas de casas tapadas por plantas trepadoras y espacios donde apetezca pasear y no sean sólo un lugar de paso.
Acupuntura sobre la trama urbana
En el 2007, Jean Nouvel quedó prendado del Cabanyal. El arquitecto que diseñó la Torre Agbar de Barcelona incluyó el barrio como uno de los puntos fuertes de su proyecto de fachada marítima en Valencia. Nouvel instituyó el puerto y ladesembocadura del río como los ejes centrales. Al norte quedaba El Cabanyal como un museo al aire libre. Una galería de arte repleta de casas maquilladas según la estética del modernismo popular de principios del siglo XX, edificadas donde antiguamente se alzaban las barracas de pescadores.
Para Nouvel resultaba impensable que un ayuntamiento quisiera derruir ese legado y convertirlo en una impersonal avenida. Planteó que la rehabilitación del Cabanyal era necesaria. Y también sencilla. Bastaba aplicar lo que el arquitecto brasileño Jaime Lerner bautizó como "acupuntura urbana". Es decir, actuar en puntos estratégicos para sanar una zona en decadencia. Arquitectos como Vicent Gallart o Tato Herrero saben dónde clavar las agujas. "Primero, acabar con el tráfico de drogas, que degrada el barrio y fuerza el éxodo de los vecinos. Segundo, rehabilitar las casas deterioradas. Tercero, incentivar la actividad económica", opina Gallart.
Tres medidas que reactivarían el riego sanguíneo del barrio. "El Cabanyal precisa una savia nueva que está a sólo diez minutos", apunta Herrero refiriéndose a la cercanía de la Universidad de Valencia y la Politécnica. De hecho, una hipotética rehabilitación pasaría por dotar al barrio de un marcado perfil universitario. El beneficio sería doble. Por un lado se repoblaría la zona. Por otro, se mitigarían los riesgos de lo que Antonio Font, catedrático de Urbanística de la Universidad Politécnica de Catalunya, definió como "diseñitis" en unas recientes jornadas sobre el futuro del barrio. "El Cabanyal no puede transformarse en parque temático del turismo, como pasó con la Barceloneta. Eso supondría una expulsión encubierta de los vecinos fruto, en parte, del encarecimiento del suelo", explica y añade: "Para que esto no suceda, debe quedar muy clara su identidad".
Tato Herrero conoce bien la naturaleza de El Cabanyal, "un barrio que, si no existiera, habría que inventarlo". Por su pasado histórico, pero también por su ubicación. "La ciudad lo necesita. Es un filtro que gradúa, diluye la llegada al mar. La dulcifica, sugiere calma. ¿Por qué acabar con él? Además, está urbanizado con sabiduría: muy bien ventilado y soleado", argumenta Herrero, quien asegura que Valencia ya cuenta con avenidas como la de Los Naranjos, del Puerto y de Francia para llegar al mar. "La de Blasco Ibáñez es una redundancia, un empeño personal de Rita Barberá".
Además, la avenida acentuaría la degradación de El Cabanyal. Es la tesis que la Academia de Bellas Artes de San Fernando defendió en un informe en febrero. "Con la prolongación se produciría una auténtica colisión entre la retícula histórica subsistente y la nueva ordenación urbana, de imposible solución", reza el documento. Vicent Gallart suscribe el análisis: "El plan de la alcaldesa orbita alrededor de la prolongación. La gente llegaría rápido al mar con el coche y no se adentraría en la calles. ¿Quién va a querer montar un comercio allí? La avenida parte, destruye y desprecia El Cabanyal".
Según Salvem El Cabanyal, existe una razón contundente para defender la rehabilitación: "Es mucho más barato que destruir y volver a edificar". Vicente González Móstoles, concejal socialista, afirma que el ayuntamiento gastaría 300 millones "sólo para expropiar las casas". Siempre que los vecinos no vayan a los tribunales, "ya que el PP les ofrece precios irrisorios, muy por debajo de los de mercado".
El coste de destruir el barrio
Además de las expropiaciones, el consistorio debería construir equipamientos y reurbanizar la zona. ¿Qué coste tendría? El ayuntamiento no da datos. La propuesta socialista ronda los 200 millones y abarca todos los poblados marítimos. "Cabe todo", explica González Móstoles, "rehabilitar las casas, construir nuevas y equipamientos". Una cifra muy similar, 206 millones, la planteó el grupo Compromís en Les Corts a través de un proyecto que también incluye frenar la marginalidad. La rehabilitación, según Compromís, estaría pilotada por un Consejo de Participación Ciudadana ampliamente representado por asociaciones vecinales.
* Publico - 12.04.10
Foto: publico.es
Gürtel, Naseiro, policías corruptos… todos se salvan por la mala regulación de las escuchas
CARLOTA GUINDAL* : Las intervenciones telefónicas son fácilmente anulables. Las sentencias judiciales así lo demuestran. El principal motivo es la falta de regulación en la ley, que deja muchos flecos sin cubrir y con las espaldas descubiertas tanto a los jueces que las ordenan como a los policías que las ejecutan. La basa del problema radica en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según apuntan una serie de fuentes jurídicas, la regulación sobre este asunto es incompleta y lleva en ocasiones a que los jueces no sepan a qué atenerse.
La ley impone una serie de requisitos muy interpretables. Únicamente se puede ordenar la grabación de escuchas telefónicas si es absolutamente imprescindible o si es poco probable que esos datos obtenidos por esa intervención se puedan conseguir por otra vía menos gravosa a los derechos fundamentales. Además, hay que acotar la materia que se investiga. Es decir, sólo se pueden utilizar la información relativa al hecho concreto por el que se investiga a un sospechoso. Si en medio de esas escuchas se conocen nuevos hechos delictivos, esa prueba en ningún caso podría ser empleada. Y a todo esto se añade que tiene que ser una medida proporcional y sólo se puede ordenar durante el tiempo indispensable.
Estas mismas fuentes explican que, en la práctica, este tipo de interpretación es compleja. Es cierto, que con tantas puntualizaciones dejan a los abogados defensores un abanico muy amplio para recurrir y solicitar la nulidad de las actuaciones.
La nulidad de las intervenciones telefónicas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenadas por Baltasar Garzón durante el inicio de la instrucción del 'caso Gürtel' no es un hecho aislado. Cierto es que tiene una querella admitida a trámite por el Tribunal Supremo interpuesta por uno de los abogados defensores en esta causa. Sin embargo, esta controversia en la utilización de las escuchas telefónicas como instrumento de investigación comenzó en España en la Semana Santa de 1990.
Naseiro, Sito Miñanco y otros precedentes
Fue con el 'caso Naseiro'. Un juez de Valencia llamado Emilio Manglano ordenó la detención del tesorero del PP con José María Aznar ya en la Presidencia. Había pruebas que demostraban una financiación ilegal del partido, pero el Supremo tuvo que tirar por tierra toda la investigación. Las escuchas estaban ordenadas para perseguir a otras personas y, por tanto, no pudieron ser empleadas para demostrar este nuevo delito. La sentencia dijo bien claro que "no se puede obtener la verdad a cualquier precio".
Tres años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos iba más allá y condenaba a España por una deficiente regulación de las escuchas telefónicas, tras una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al narco gallego Sito Miñanco.
Recientemente, el Tribunal Supremo tuvo que anular la condena a 18 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga al ex jefe de la Unidad de la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol, Valentín Bahut, al declarar nulas las escuchas telefónicas a las que fue sometido durante la investigación.
El Alto Tribunal reprochaba que los indicios delictivos ofrecidos por la Policía al juez para ordenar los 'pinchazos' eran “insuficientes” y “ni siquiera se realizó previamente una investigación patrimonial de tales sospechosos, de todo punto necesaria en las pesquisas por corrupción”. Dice además que los hechos que finalmente se les imputan 'nada tiene que ver -ni remotamente- con lo aducido en un primer momento para justificar tan ilegales escuchas”.
En la Audiencia Nacional, no pocas han sido las sentencias que han anulado las escuchas o que han sido revocadas por esferas superiores. Pero lo cierto es que en judicatura hay una cosa clara: las pruebas son válidas no sólo por lo que dicen sino porque se han adquirido de una forma legal. La sentencia por la célula de Madrid que supuestamente colaboró a preparar los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 dio un tirón de orejas a la instrucción realizada por Baltasar Garzón.
El ‘fiasco’ de la célula islamista
La propia sentencia, redactada por Javier Gómez Bermúdez, recuerda que las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción del caso fueron un paradigma de lo que no debe hacerse y que por ese motivo las cintas no se podían utilizar como material de cargo. También queda reflejado que "la carencia de pruebas que sustenten la intervención de Abu Dahdah, Dris Chebli y Ghasoub al Abrash Ghayoun en tan execrables asesinatos, bien sea a título de autores materiales o autores por inducción[...], es absoluta".
Por tanto, el líder de la célula, Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, que se enfrentaba a 62.000 años de cárcel, finalmente fue condenado a 27, desvinculándole totalmente en la preparación de los atentados, condena que posteriormente fue rebajada por el Tribunal Supremo hasta los doce años. El Alto Tribunal, tras el estudio del recurso, fue más allá que Gómez Bermúdez y anuló la totalidad de las escuchas telefónicas llevadas a cabo en la investigación.
El evidente problema que existe con las escuchas provocó incluso que dentro de la Fiscalía General del Estado se emitiera una circular para establecer los principios que hay que respetar para evitar las posteriores nulidades. Uno de los puntos claves es la prórroga de la orden de intervención. Es más, con las escuchas de la Gürtel, las fiscales del caso recomendaron a Garzón que no se ampliara por más tiempo las escuchas de los tres cabecillas de la trama de corrupción con sus abogados desde la cárcel. Esta circular explica que hay que evitar “prórrogas indiscriminadas” y deberá hacerse mediante una resolución motivada, “sin posibilidad de remitirse a la fundamentación expresada en el acuerdo inicial de la medida”.
El propio Tribunal Constitucional criticó el artículo 579 de la LEC, en la sentencia sobre el 'caso Ollero', sobre el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas andaluzas, y señaló que adolece de vaguedad e indeterminación en aspectos esenciales y no satisface los requisitos necesarios recogidos en la Constitución para la protección del derecho al secreto de las comunicaciones. Entre las deficiencias de la norma que regula las escuchas, los magistrados subrayaban que no existe un límite respecto a las prórrogas de los pinchazos, así como de la delimitación de la naturaleza y la gravedad de los hechos en virtud de cuya investigación puede acordarse una intervención, del control del resultado y de las condiciones de grabación y custodia, su utilización y el borrado de las grabaciones.
La sentencia dejó sentado que la regulación de las escuchas que aparece en la Ley no era suficiente para restringir el derecho al secreto de las comunicaciones, por lo que instaba al Parlamento a completar la regulación de las escuchas telefónicas, algo que hoy por hoy todavía no ha llegado a un puerto.
* El Confidencial - Opinion - 11-04.10
