LAVERDAD/Murcia* : El magistrado señala que el ex regidor y «sus secuaces» se iban a repartir 3,6 millones de una «sustanciosa comisión». Tres años y cuatro meses exactos han pasado desde el día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieron boca abajo el Ayuntamiento de Totana, en la primera gran redada contra la corrupción urbanística que se registraba en la Región. Ahora, el desenlace de una parte significativa del proceso judicial a que dio origen esa operación policial, bautizada como 'Tótem', empieza a estar muy cerca.
El magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez-Templado, notificó ayer el auto por el cual se inicia el procedimiento abreviado -la antesala del juicio- contra el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional -el PP lo expulsó tras ser imputado-, Juan Morales, y otras doce personas, tal y como ayer ya adelantó este periódico.
Lo más significativo del mencionado auto son los múltiples cargos que el magistrado imputa a Morales - dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos-, así como un resumen de los hechos que, no por conciso, resulta menos revelador. Así, señala el instructor que Juan Morales, «durante su mandato como alcalde entre 2003 y 2007, se ocupó de la gestión de numerosos convenios urbanísticos, y en concreto de uno que promovió la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias».
Relata que para llevar a buen puerto la operación, el entonces alcalde se involucró en la compraventa de terrenos, utilizando personas interpuestas -que también han resultado imputadas, como su ex esposa María del Carmen Jordán y la sociedad Gestoría Jordán, Juan Antonio Álvarez Moreno (Deitania Trading S.L.), Fulgencio Marín Bravo (Agroproducciones Integradas S.L.), Gabriel Martínez Navarro (Huevos Maryper), Joaquín Carmona Abellán (Nubia Inversiones), Domingo Sánchez Martínez (Visanfer S.A.) y Juan Antonio Alcántara, socio de Carmona-, y a cambio de esas gestiones iban a percibir, «Morales y sus secuaces», una «sustanciosa comisión» de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas).
La citada comisión se documentos, según el juez, «como reconocimiento de deuda de la empresa promotora Inmonuar a Nubia Inversiones», y se abonaría si la operación concluía de forma satisfactoria.
Otras presuntas ilegalidades
El resto de los delitos que el juez imputa al actual parlamentario proceden de su intervención en la venta de unos terrenos de una sociedad municipal, Provinvitosa, a la firma Huevos Maryper, con un supuesto perjuicio económico para el Consistorio; el hecho de que Morales estuviera dado de alta como trabajador de esa empresa privada, «cuando no tenía relación laboral alguna»; enviar dinero supuestamente ilícito a Brasil (unos 150.000 euros, según el fiscal), a través de su novia Vaneide Freita, para construirse una vivienda; hacer llamadas de teléfono a ésta y a otras amigas de Brasil a cargo del Ayuntamiento, y sustraer expedientes municipales.
Todo un cumulo de supuestos y muy variados hechos delictivos que podrían suponer una condena de varias decenas de años de prisión al ex alcalde popular.
Martínez Andreo, exculpado
Especialmente relevante es, asimismo, el hecho de que el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, haya quedado exculpado del presunto delito de cohecho o, en su defecto, de negociaciones prohibidas a los funcionarios, por el que ha permanecido en esta causa desde hace más de tres años. Pérez-Templado considera que de la conversación entre Martínez Andreo y un ex concejal totanero, Juan Francisco Casanova, que fue interceptada por la Guardia Civil, «no se deduce la existencia de un pacto para eliminar al antiguo alcalde Juan Morales de la percepción de comisiones ilegales para suplantarlo él». Sí afirma el instructor, sin embargo, que «si algo puede deducirse de la conversación telefónica con Casanova, queda en el arcano de las intenciones». Pero, tal y como recuerda el magistrado echando mano del latín, cogitaciones poenam nemo patitur'. O, traducido al castellano, que los pensamientos no son delito.
Añade, además, una razón procesal: de haber existido tal pacto para quitarle las comisiones a Morales, «la competencia no sería de esta Sala, al no tener relación directa con el aforado (Juan Morales) que motiva nuestra actuación», sino de un juzgado ordinario. De ahí que, por ambas razones, el instructor ordene el sobreseimiento provisional.
En el caso de Martínez Andreo, es previsible que el Ministerio Fiscal recurra en apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal, como ya hizo con un anterior sobreseimiento, con el fin de intentar sentar en el banquillo a Martínez Andreo. De hecho, en un escrito presentado el pasado día 9, el fiscal interesaba que se dictara auto de preparación de juicio oral contra Martínez Andreo y Casanova «por interesarse en la solicitud de la comisión que había realizado Morales a Inmonuar, al menos en grado de tentativa, o interesarse en una operación inmobiliaria que iba a generar una posible plusvalía a por unos terrenos propiedad del segundo». Unos hechos que, según el fiscal, podrían ser constitutivos de cohecho o de negociaciones prohibidas.
Otra causa abierta en Totana
En el caso de Martínez Andreo, el sobreseimiento provisional sólo afecta a la causa por supuesto cohecho, ya que en el juzgado de Totana está vigente la investigación por delitos como prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, malversación, violación de la correspondencia y, el más reciente, el de obstrucción a la justicia por presuntas coacciones a un testigo.
En la práctica, el auto de apertura de procedimiento abreviado dictado por Pérez-Templado supone que las diligencias han quedado concluídas y que, una vez sean resueltos los recursos que previsiblemente presentarán el fiscal y los letrados defensores, podrá procederse al señalamiento del juicio. La fecha de la vista estará fijada, previsiblemente, entre los meses de septiembre y diciembre próximos.
El tribunal estará constituído por el presidente de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, Juan Martínez Moya, y por los magistrados Manuel Abadía Vicente y Enrique Quiñonero Cervantes.
* La Verdad - 30.04.10
Foto: Totana, ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Totana: El juez imputa doce delitos a Morales y dice que cobraba de una empresa privada
Todo el Gobierno de Camps amañó contratos con la trama de corrupción
ELPAÍS/Valencia* : El Gobierno que preside Francisco Camps, del PP, contrató de forma generalizada con la trama de corrupción que encabezaba Francisco Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel. El informe, del pasado 16 de abril, fue la bomba que ayer reveló el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, en plena sesión de control a Camps.
"Incumplió la ley en más de 50 ocasiones", le recriminó Luna al presidente valenciano, que se negó a pedir disculpas por la trama de corrupción y dijo, en relación con la decisión que el 12 de mayo tiene previsto adoptar el Tribunal Supremo sobre el caso de los trajes que le regaló la red Gürtel: "Confío en la justicia y la verdad, por eso estoy tranquilo".
El informe pericial aporta datos demoledores. Entre 2004 y 2009, el Ejecutivo valenciano adjudicó al menos 85 contratos con nueve empresas de la trama de corrupción, la principal de ellas la sociedad Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, cabeza visible de la red en Valencia. Sólo nueve de esos contratos se hicieron por concurso y, aun así, en varios casos se trató de concursos ficticios o con irregularidades. La propia Presidencia de la Generalitat, la Vicepresidencia, siete consejerías (Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura y Educación, Bienestar Social y Sanidad), y ocho organismos y empresas públicas contrataron con la trama por una cantidad global de 7,2 millones.
El fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo y evitar el concurso fue la práctica más habitual en un catálogo de irregularidades que incluye la adjudicación directa de contratos por encima de 12.000 euros, que prohíbe la ley, la vulneración del principio de concurrencia al solicitar ofertas a empresas de la misma trama, la duplicidad en el pago de servicios, el pago por trabajos no realizados y la adjudicación a empresas sin solvencia técnica.
La Abogacía de la Generalitat emitió anoche una nota en la que defiende que todos los contratos se ajustan a la legalidad y califica de "desproporcionadas, infundadas, y en algún caso falsas", las conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que integra a expertos de la Intervención del Estado, de la Agencia Tributaria y del Banco de España, entre otros.
* ELPAIS.com - 30.04.10
Foto: Generalitat (Valencia)-wikipedia.org
La piqueta entra en Sanxenxo y empieza a derribar un edificio ilegal
LAVOZDEGALICIA* : El edificio Boavista de Sanxenxo ya enseña parte de sus entrañas. Esta mole de siete plantas levantada con una licencia de 1984 para dos casas pareadas se ha convertido en el símbolo de la lucha por restablecer la legalidad urbanística emprendida por el gobierno de este turístico municipio gallego. Tras su controvertido desalojo el día anterior -con la detención de su dueño, ya en libertad-, ayer entró la maquinaria para ejecutar el aleccionador derribo, que se inició con las labores de demolición de la techumbre.
Los obreros que ejecutan la orden judicial trabajan en dos turnos (de 8 a 15 horas y de 15 a 22) para completarla en el plazo de un mes. Tarea no les falta. Tienen por delante derribar los 1.079 metros cuadrados ilegales de los 1.713 de superficie global de esta controvertida construcción a escasos metros de la playa de Baltar, en un emplazamiento de alto valor paisajístico.
A lo largo de la jornada, los trabajadores cargaron carretas llenas de escombros procedentes de la planta bajo cubierta. Los cascotes eran transportados en una grúa hasta ser depositados en otros contendedores de mayor tamaño.
La empresa adjudicataria de la demolición, Saraiba Obras S.???L., pasará al Ayuntamiento una factura de más de 140.000 euros. Posteriormente, el Concello pretende que sean los dueños del Boavista los que asuman el coste de los trabajos.
El derribo iniciado ayer culmina un pleito judicial que se remonta a 1994. Fue entonces cuando el gobierno local interpuso la primera denuncia relativa al exceso de edificabilidad de esta construcción.
El litigio no está del todo concluido. El abogado de los dueños del Boavista, Carlos Corredoira, se personará hoy en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir la suspensión cautelar de la demolición.
Según detalló, no pretende evitar el derribo parcial del inmueble, pero sí busca que el Concello se ciña al estudio de viabilidad de reforma del edificio Boavista, acordado el 10 de agosto del 2005 por el entonces alcalde, Telmo Martín; la gerente de urbanismo, Encarnación Rivas, y el propietario, Pedro Prieto. Este plan, que nunca se llegó a realizar, suponía legalizar el inmueble con 12 viviendas y fue redactado por el arquitecto Manuel Antonio Silvares Fontenla.
Los dueños aseguran que no se oponen a la demolición de las tres últimas plantas (bajo cubierta, cuarta, tercera), pero reclaman salvar la planta baja, entreplanta, primera y segunda. Temen que la obra de demolición les deje el inmueble sin tejado, puesto que tras el derribo parcial deberán legalizar de igual forma la casa.
«El edificio seguirá siendo el Boavista, y mis padres seguirán alquilándolo. Hay permiso para disponer allí de doce viviendas», insistió el hijo.
Denuncias por allanamiento
Los dueños del Boavista, así como varios de los inquilinos, interpusieron el mismo martes denuncias por allanamiento ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados. El abogado de Pedro Prieto expone en la denuncia de su cliente: «Estaba en cama cuando oyó golpes en su vivienda y entraron en su habitación varios policías [...] Uno estuvo hora y media, y después llegaron unos ocho más. Lo vistieron por la fuerza porque le dijeron que no lo podían sacar desnudo».
* La Voz de Galicia - 29.04.10
Foto: Varios trabajadores se afanaban ayer en las tareas de demolición de la parte alta del edificio Boavista, en primera línea de playa en Portonovo - lavozdegalicia.es
El Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí, sigue en pie gracias a Arenas
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El empresario José María Rosell, imputado en la ‘Operación Jable’ por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, ha sido uno de los principales beneficiados del PGOU de Marbella. El Hotel Senator, del que es propietario, conocido como el emblema de la corrupción urbanística en Marbella, levantado sobre una parcela que iba destinada a la ampliación del Palacio de Congresos, y ahora legalizado por los nuevos regidores, ha destapado las iras de los ciudadanos.
La oposición, así como las asociaciones ecologistas, han denunciado públicamente el trato de favor que los ‘populares’ han dispensado al promotor de la empresa Hoteles Playa. Según ha sabido El Confidencial, las buenas relaciones entre el presidente del PP andaluz Javier Arenas y la esposa de Rosel, Mar Agüero, senadora y ex presidenta del PP de Almería, fue decisiva para la legalización definitiva del Hotel Senator. La empresa Hoteles Playa, dueña del establecimiento, ya ha contactado con el Ayuntamiento marbellí para acelerar los trámites e inaugurar el edificio próximamente.
Desde que se tuvo conocimiento de la imputación del empresario Rosell en la ‘Operación Jable’, que es una pieza separada del ‘Caso Unión’, en la que se investiga una red de corrupción urbanística y una trama de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en distintos puntos de Canarias y Almería, hay que hablar de nuevo capítulo en la enmarañada historia del urbanismo local y del hotel Senator, un inmueble que nunca debió dejar la calificación de equipamiento público como residencia de mayores.
Las asociaciones ecologistas de la ciudad han denunciado a este periódico que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, es la responsable directa de que se legalizase el hotel por completo, frustrándose la cesión de 99 apartamentos para su uso como residencia de mayores, tal y como se contemplaba en el avance del PGOU. Muñoz ha permitido que el hotel que gestiona el empresario afín a la línea de los populares, consiguiera la legalización a costa del interés general.
En la actualidad, la única contraprestación que recoge el PGOU para legalizar el hotel es la financiación del 50% de la ampliación del Palacio de Congresos, una actuación que servirá como un valor añadido para el hotel, que tendrá al Palacio pared con pared, lo que beneficiará sus opciones de negocio.
No cederán ningún apartamento
Según anunció la misma alcaldesa Ángeles Muñoz, uno de los primeros empresarios en pedir la normalización de su inmueble nada mas aprobarse el documento urbanístico el pasado 29 de enero fue el propietario de de las empresas Hoteles Playa junto con otros empresario del ladrillo, Nicolás Osuna. La regidora se refirió a que los dueños del hotel Senator, propiedad de Hoteles Playas, deseban abrir cuanto antes y para ello señaló que "tendrán que hacer una inversión importante para ceder una parcela anexa y destinarla a la ampliación del palacio" En total, y según el PGOU, destinarán 25 millones en ejecutar la ampliación del palacio y legalizar el hotel. Además, el 50% del coste lo sufraga la Junta de Andalucía.
La primera versión del nuevo planeamiento preveía la cesión de los 99 apartamentos que la empresa posee junto al hotel, que después se redujeron a 27. Finalmente, según el último documento aprobado, no tendrán que ceder ninguno.
Protesta de asociaciones de vecinos
Asociaciones de vecinos como el Banana Beach, que deberá ser demolido, consideran “muy grave el agravio comparativo, así como que la alcaldesa beneficie a Rosell, que infringió la legalidad urbanística en Marbella levantando un hotel donde tendrían que ubicarse equipamientos públicos”. Rosell es dueño también de Hotel Playa Verde, de Costa Teguise, así como de otro establecimiento en construcción en la misma zona turística que fue paralizado por orden judicial.
Los vecinos de Marbella ven insuficiente la compensación a la ciudad por haber construido su establecimiento en una parcela de 10.000 metros cuadrados destinados a equipamiento público, reservado ahora nada más que para la ampliación del actual Palacio de Ferias y Congresos. Pero la historia de los terrenos ya es complicada de por sí. Los ciudadanos aún recuerdan en la campaña electoral de abril de 2003, a la entonces socialista Isabel García Marcos, detenida posteriormente en la ‘Operación Malaya’, cómo en una rueda de prensa delante del establecimiento hotelero, denunció que lo primero que haría si llegaba a la alcaldía sería derribar el Hotel Senator.
Propiedad de la trama vasca de Malaya
El terreno donde hoy se levanta el Senator fue cedido en su día por los propietarios de la urbanización Alhambra del Mar al Ayuntamiento de Marbella para equipamiento público. En el año 1998, el Ayuntamiento lo vendió a la empresa Proinsa por 2,6 millones de euros. Esta sociedad Proinsa es una de las sociedades de Javier Arteche miembro de ‘la trama vasca’, socio de Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama de corrupción.
En el año 2000, Proinsa vendió el solar a Hoteles Playa S.A. por 15 millones de euros. Y dos años más tarde, el ex consejero de la Junta, Jaime Montaner Roselló, contratado en este caso por Hoteles Playa, presentó una modificación de dicho proyecto, no ya para construir 150 apartamentos, sino un centenar viviendas y un hotel de cuatro estrellas, sin que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga lo visara.
Julián Muñoz le concedió la licencia en tres días. Así, en el año 2006, el Senator y aledaños pasaron de ser un terreno cedido al Ayuntamiento para equipamiento público a venderse por casi nueve millones y medio de euros, con la inestimable ayuda del ex consejero de la Junta de Andalucía, el socialista Jaime Montaner y el empresario José María Rosell afín al Partido Popular y ahora imputado en el Caso Jable.
Hoteles Playa consiguió el nuevo proyecto, lo partió por la mitad y vendió las viviendas a la empresa sevillana Inmo S.L. (Inversiones Turísticas Hoteleras, S.L.) por el módico precio de 9.495.000 euros, en escritura ante el notario de Sevilla Victorio Magariños Blanco el 19 de diciembre de 2002.
A través de la sociedad EBM Alisma, cinco cajas de ahorro son propietarias del 5% de las acciones de la Sociedad Hoteles Playas. Estas cajas son: Caja de Ahorros de San Fernando, Caja Granada, Caja Sur, Caja Círculo y Caja de Castilla-La Mancha.
* El Confidencial . 29.04.10
Foto: Vista general del Hotel Senator en Marbella (A. De la Gama), elconfidencial.com
Galicia: El PP rechaza en el Parlamento prorrogar la Ley de los 500 metros
LAVOZDEGALICIA* : El Parlamento gallego ha rechazado, con los votos del PPdeG, prorrogar las medidas de protección recogidas en la Ley 6/2007 de 11 de mayo, conocida como la ley de los 500 metros, hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral (POL). La Xunta prorrogó la suspensión temporal de la norma pero dicha prórroga caduca el próximo 15 de mayo.
Por ello, el grupo socialista presentó esta mañana una proposición no de ley en la que pedía que la Cámara autonómica instara a la Xunta a «prorrogar las medidas recogidas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 6/2007 hasta la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral», a la que se incorporó una enmienda del BNG que especificaba que la aprobación fuese la definitiva.
Por su parte, el grupo popular propuso una enmienda de sustitución en la que abogaba por «adoptar los mecanismos oportunos para garantizar las medidas de protección» recogidos en los preceptos citados «mientras no se apruebe de forma inicial» el POL, cuyo estudio será abordado desde mañana en comisión.
En sus intervenciones, los encargados de defender las posiciones de sus grupos se reprocharon la gestión territorial y urbanística de sus respectivos gobiernos y, en este sentido, la defensora de la proposición, Mar Barcón, pidió al PPdeG «lealtad con la costa y legalidad» liderando la protección de las zonas más débiles y sensibles de Galicia, como la franja de 500 metros de litoral.
Alegó que realiza esta solicitud en aras de preservar el patrimonio natural para que «no perezca bajo la presión de intereses particulares» o «la depredación en nombre de un malentendido progreso» y agregó que «no nos podemos fiar» del plan del PP por contener «avances oscuros, con errores y discrecionalidad».
Recordó que el gobierno bipartito abanderó una «defensa decidida» de la costa gallega con la Ley de Medidas Urgentes, y enfatizó que «cuando la política se aparta del urbanismo lo único que queda es el mercado», para concluir: «Que la política proteja el bien de todos y no regale lo que es de todos a unos pocos».
La diputada nacionalista Teresa Táboas lamentó que el POL sea la «caricatura» de lo «mal» que está hecho técnicamente «que tiene más que ver con la costa del Levante español y tan poco» con Galicia.
El parlamentario popular Román Rodríguez defendió la prórroga de un año «de veto» a la construcción en los 500 metros de franja litoral ante la «inseguridad jurídica» que acarrearía no hacerlo, y se mostró partidario de que dicha prohibición se mantenga hasta la aprobación inicial del POL «con información sobre espacios paralizados y diálogo directo con los ayuntamientos».
Rodríguez pidió por su parte al PSOE «responsabilidad y lealtad con Galicia» y al BNG que sea «coherente» en esta materia.
* La Voz de Galicia - 28.04.10
Foto: La costa de Carnota - lavozdegalicia.es
«La crisis ha frenado un modelo urbanístico que era evidente que iba mal»
LNE/Gijón/Entrevista* : María Jesús González es la presidenta de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) que ha citado hoy a sus socios en el Paraninfo de la Laboral para presentar la Carta del Transcantábrico, un documento para la construcción de ciudades más habitables, sostenibles, plurales, solidarias, libres, diversas, creativas y participativas. Tras un viaje en el Transcantábrico debatiendo estas cuestiones, González reflexiona sobre algunas cuestiones de actualidad vinculadas al colectivo que representa.
-¿Cómo afecta el cambio climático a la arquitectura?
-El cambio climático y la utilización de los recursos naturales es un tema que preocupa y la actividad de los arquitectos creando un espacio donde el ser humano habita no puede dejarse libremente sin estudiar. La idea de hacer la Carta del Transcantábrico, una propuesta de Arturo Gutiérrez de Terán, nos pareció una idea interesante que se debe respaldar porque en estos momentos es especialmente oportuna, no sólo por la preocupación medioambiental sino también desde el punto de vista de la crisis. Todas las circunstancias confluyen en que sea necesario un debate en profundidad, participativo y abierto sobre sostenibilidad y arquitectura del que se saquen conclusiones para después actuar.
-¿A quién se hará llegar ese documento?
-La carta pretende ser un documento muy abierto. Está claro que sin apoyos desde las instituciones no se puede hacer nada pero al mismo tiempo también es necesaria la participación del ciudadano.
-¿Cuáles son los puntos básicos para el debate?
-Fundamentalmente se trata de dar un enfoque distinto al problema de la sostenibilidad. Decía Einstein que no se pueden resolver los problemas con la misma óptica con la que se han creado, eso quiere decir que tenemos que ponernos en un posición libre, externa, abierta, para sugerir soluciones nuevas. La sostenibilidad abarca muchísimos aspectos, no sólo lo meramente energético sino aspectos sociales, participativos, de manera que podamos estudiar el futuro de una forma muchísimo más abierta.
-¿Qué opina de los modelos de ordenación territorial basados en una feroz especulación del suelo?
-El problema visto desde fuera, tanto para Gijón como para cualquier otra ciudad es que los municipios participan de unos esquemas generales que se deben plantear de forma previa, es decir, es un problema del hombre con respecto a la naturaleza y de la huella ecológica respecto a nuestro estilo de vida. Cualquier ciudad debe plantearse solucionar sus problemas locales sin perder de vista otros más generales porque realmente los problemas de impacto ambiental no pueden estudiarse de forma local. Por eso los municipios deberán estudiar seriamente su Agenda XXI con criterios muy serios. El principio de pensar globalmente y actuar localmente es absolutamente vigente.
-¿Existe algún territorio modelo en cuanto a su planificación urbanística?
-No podría citar ninguno en concreto pero lo que sí está claro es que desde hace diez años para acá existe un evidente interés por la sostenibilidad. Empieza a haber muchos informes pero el camino que queda por recorrer es enorme.
-¿Cómo son las previsiones?
-Ahora mismo estamos trabajando para conocer qué elementos comunes pueden dar pautas para conseguir ciudades más sostenibles y habitables. El informe sobre sostenibilidad para el año 2050 dice unas cosas muy claras sobre qué a va ser del planeta si en pocas décadas no se corrigen las tendencias actuales.
-¿Cabe achacar el problema a la especulación urbanística?
-Esa situación nos indica que el modelo actual no es válido pero el problema es mucho más amplio, no sólo de una crisis económica. La crisis está señalando cosas pero el problema es mucho más profundo.
-¿Cómo ha afectado la crisis a la actividad profesional de los arquitectos?
-Ha frenado un proceso que era evidente que iba muy mal y que no tenía destino. Vamos a ver ahora cómo reaccionamos, por eso es muy oportuna la Carta del Transcantábrico.
-¿Cuáles son los objetivos de la asociación?
-Somos una asociación sin ánimo de lucro compuesta fundamentalmente por arquitectos cuyo objetivo es profundizar y debatir la relación entre sostenibilidad y arquitectura, que posee un gran número de socios pero abierta a otras disciplinas y refrendada por un comité multidisciplinar de gran solvencia que colabora en dar rigor, seriedad y fundamento a todas nuestras actividades.
* LNE - 24.04.10
