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ELPAÍS* : Euskadi no es Marbella ni la costa del Mediterráneo, pero la presión urbanística sobre el litoral crece con claridad. En Vizcaya existen proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas, mientras que en Guipuzcoa sólo en Orio ya está prácticamente culminado el plan de levantar 300 pisos junto a la costa. Los proyectos de ordenamiento supramunicipales (los planes territoriales parciales, o PTP) ya aprobados por el Gobierno permiten la edificación de cerca de 20.000 viviendas junto al mar, sólo en la costa vizcaína, a lo largo de los próximos ocho años, cifra que previsiblemente se duplicará cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa.
La organización ecologista Greenpeace ha alertado de los peligros de urbanización en la costa, aunque aplaude la aprobación definitiva, en marzo pasado, del Plan Territorial Litoral, que protege una franja de 500 metros de ancho a partir de la ribera del mar.
La mayor presión se localiza, según han constatado los colectivos ecologistas, en la costa vizcaína y, en concreto, en la franja más cercana a Bilbao, entre las localidades de Bakio y Getxo.
En Guipúzcoa, la principal polémica se ha centrado en Orio, una localidad de menos de 5.000 vecinos, donde la revisión el pasado año de las normas subsidiarias va a permitir edificar más de 700 nuevas viviendas. De ellas, 300 ya están prácticamente construidas y un centenar se edificaron casi al límite de lo establecido por la ley de Costas, que fija una protección de 100 metros.
La otra zona más apetecible urbanísticamente en territorio guipuzcoano, la de Donostialdea, tiene aún pendiente de aprobación su Plan Territorial Parcial, uno de los 15 en que se dividió hace 17 años todo el País Vasco, de los que ocho todavía se hallan sin elaborar. Estos documentos, que resultan vitales para la ordenación urbanística, nacieron de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobada en 1990. Su objetivo es dibujar las líneas maestras de lo que debe ser el futuro del territorio para un área determinada.
Los ecologistas alertan de que en las dos últimas décadas la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005, según un informe del Departamento de Vivienda. "Los mayores peligros de urbanización se centran en la franja costera. Getxo, Bakio, Lezama, Gatika, Sopelana y Berango ven cómo cada año aumenta la construcción de viviendas", señala el último informe de Greenpeace que analiza la situación del litoral vasco.
En este caso el conflicto de más calado se registra en Bakio (poco más de 2.100 habitantes), donde existen planes para construir 1.900 viviendas, incluyendo un campo de golf. El Departamento de Medio Ambiente ya ha cuestionado este plan. Otro ejemplo: en Ondarroa (9.200 vecinos) el Ayuntamiento promueve construir 500 viviendas sobre una marisma.
Ha habido casos que se han topado con los tribunales. El Tribunal Superior vasco anuló hace tres años la recalificación, ahora pendiente de recurso en el Supremo, de 18 hectáreas en un zona protegida de Barrika, donde los intentos de edificar se remontan 20 años. Pese a ello, 14 de las 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo, ya están finalizadas y habitadas. En Urdaibai, los tribunales también han parado la recalificación impulsada por el Gobierno para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27,8 hectáreas en Ibarrangelu, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera.
Los planes territoriales parciales prevén "una mancha urbanística" mayor. El principal de todos los elaborados, el del área metropolitana de Bilbao que afecta a la mitad de la población vasca, junto a una extrapolación del aún pendiente de Gernika-Markina, permiten la edificación de más de 20.000 viviendas en zonas costeras de Vizcaya. Faltan todavía por aprobar los de Donostialdea y el resto del litoral guipuzcoana, con lo que esa cifra se duplicará.
La Diputación de Vizcaya, que ha elaborado el proyecto del área metropolitana ya aprobado, señala que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que se edificarán.
Los efectos de la "redensificación"
Los planes territoriales parciales de los últimos años inciden en una filosofía: aprovechar mejor el escaso suelo disponible. La idea se llama "redensificación" y busca evitar la construcción de chalés, que además de ocupar más terreno complican la movilidad. Así, de los 88.000 pisos propuestos en el área metropolitana de Bilbao, casi 25.000 provendrían de esa redensificación de áreas de chalés, principalmente cercanas al metro o al ferrocarril.
Los cambios se centrarán en Getxo, donde ahora la densidad se eleva a de cinco a seis viviendas por hectárea. El documento plantea que ese ratio se eleve a una horquilla de 50 a 75 viviendas por hectárea. La Diputación vizcaína asegura que los ayuntamientos se han concienciado de la necesidad de evitar el consumo de suelo.
Los ecologistas ven la "trampa" en este planteamiento: "Ahora en una hectárea haces 10 viviendas unifamiliares. Con esto pueden meter cuatro veces más, pero no se genera espacio libre, porque tienes que hacer la urbanización, con sus calles y zonas de tránsito".
Lo que les suena bien a los ecologistas es el Plan Territorial Litoral, aprobado en marzo. Afecta a una superficie de 1.100 kilómetros cuadrados (el 15,5% de Euskadi, donde vive el 60% de la población en 63 municipios). El plan no permitirá, salvo excepciones, nuevas edificaciones a menos de 500 metros del mar. "Es una buena noticia, pero se trata ahora de comprobar que no se quede sólo en el papel", dicen los ecologistas. Medio Ambiente admite que no afectará a recalificaciones aprobadas antes de marzo, pero sí a cambios significativos que se quieran hacer.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 28/10/2007
Foto: Pisos construidos junto a la costa- SANTOS CIRILO (El País)
País Vasco: 40.000 pisos amenazan el litoral
La Síndica rechaza las 1.200 casas en l´Atzúvia al no garantizarse el agua ni el desarrollo sostenible
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LEVANTE-EMV/Alacant* : Varapalo a los contundentes planes urbanísticos de l'Atzúvia. La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha redactado un informe en el que advierte de las graves deficiencias de las que adolecen los tres planes parciales contemplados por ese ayuntamiento y que supondrían, según datos del propio consistorio, la construcción de 1.200 viviendas para una población de unos 600 habitantes.
Por este motivo, Caballero rechaza la aprobación de esos tres PAI y su suspensión provisional, y atiende así una petición del grupo Gelibre, que eleva el número total de casas a construir a 1.958 y que desde hace tiempo viene oponiéndose a las pretensiones urbanísticas del gobierno local, del PP.
Para avalar su decisión, la Síndica advierte en primer lugar de que l'Atzúvia ha aprobado esos tres planes parciales, que urbanizarían un mínimo de 818.000 m2, basándose en unas normas subsidiarias de 1981 y sin haber redactado antes un Plan General que racionalice el futuro urbanístico de la población. El organismo advierte de que ya desde 1994 los municipios valencianos tienen la obligación de redactar sus PGOU, precepto que ahora ha sido incumplido por el ayuntamiento con el consentimiento, por cierto, de la propia Conselleria de Medio Ambiente y Agua. Sólo un Plan General asegura, «un desarrollo sostenible, equilibrado y racional» del municipio.
El Ayuntamiento de l'Atzúvia advirtió ante la propia Síndica que había aprobado provisionalmente esos PAI por la necesidad de buscar alternativas económicas para evitar que «la población desaparezca como tal debido a que su economía agrícola cae año tras año».
Sin embargo, la Síndica señala que primero es necesario proyectar «unas políticas urbanísticas dirigidas a compatibilizar crecimiento y dinamismo económico con cohesión social sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones». Un objetivo imposible de cumplir con unas normas subsidiarias de hace más de 25 años que «no reflejan los numerosos cambios legislativos que han habido desde entonces en normativa urbanística». La Síndica recuerda que esa necesidad de un planeamiento global está recogida por la actual ley urbanística valenciana (la LOTPP), por el nuevo Estatut Autnómic, por la Unión Europea y por jurisprudencia del TSJ .
El ayuntamiento también se comprometió a construir esas 1.200 viviendas «a lo largo de muchos años, de forma progresiva». Pero la Síndica advierte de que con la aprobación de los PAI «el consistorio queda obligado frente al promotor a autorizar las futuras casas».
Por otro lado, la Síndica exige la suspensión del procedimiento de aprobación definitiva de lo que califica como «macroproyecto urbanístico» hasta que el ayuntamiento no obtenga un permiso favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este sentido, Caballero es muy dura: «esta institución no entiende cómo los miembros de la corporación local de l'Atzúvia aprobaron provisionalmente este ambicioso proyecto urbanístico sin conocer una cuestión tras trascendental como es si existe agua suficiente para abastecer las necesidades derivadas de las 1.200 futuras viviendas».
La Síndica insta tanto al consistorio como a la conselleria a que no aprueben los planes parciales sin que la CHJ acredite «la existencia de recursos hídricos suficientes»; e informa de que enviará copia de su resolución a la Confederación, cuyo veredicto «es insustituible».
L'Atzúvia tampoco contempla una evaluación del impacto ambiental que tendrá la actuación urbanística proyectada sobre el régimen hídrico del parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Al respecto, recuerda que uno de los PAI, el de la Moleta, se encuentra en la zona de amortiguación del PORN del Marjal. Este estudio tampoco ha sido reclamado por la conselleria.
Al proyecto municipal también le faltan un estudio de paisaje - en cambio sí reclamado por Medio Ambiente - y otro sobre la afección del desarrollo urbanístico al Plan General de Ordenación Forestal.
* Levante-EMV - A. Ruiz/V. X. C, L'Atzúvia - 28 de octubre de 2007
Foto: L'Atzúvia (Alacant) - ernest weber (Levante)
Tenerife: Anticorrupción advierte de que "nada va a frenar la investigación de Las Teresitas"
LAPROVINCIA* : No es un caso cualquiera. La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (Anticorrupción) considera “un asunto prioritario” la investigación que tiene abierta en Canarias por el ‘casoLas Teresitas´ y advierte que “nada va a frenar la investigación”. Según aseguran fuentes oficiales de la oficina del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, la trascendencia e importancia de la investigación de la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, que tiene en la figura del alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo al principal imputado, ha obligado a Anticorrupción a poner en marcha a todo su operativo profesional disponible para investigar a fondo unos hechos que, tras lo que se ha podido averiguar hasta el momento, son considerados “muy graves”.
De hecho, los dos fiscales delegados que trabajan en Canarias están dedicados al caso en una investigación que podría prolongarse durante “mucho tiempo”, debido a la complejidad de la segunda parte de la misma, es decir, la recopilación de datos relacionados con el patrimonio de los imputados. Y todo se dirige desde Madrid.
Antes de que Anticorrupción presentara la querella por el ‘caso Las Teresitas´ en la Sala de lo Civil y Penal delTribunal Superior de Justicia de Canarias, en diciembre pasado, se llevó a cabo un escrupuloso trabajo por parte de la delegada de la Fiscalía enTenerife,María Farnés, que contó con el apoyo de varios funcionarios adscritos al del fiscal jefe, Antonio Salinas, así como de todos los mecanismos colaterales con los que cuenta este órgano. Después de diecisiete meses de trabajo en los que se tuvieron que conceder dos prórrogas a la investigación, el fruto fue una querella en la que se imputan los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a la espera de que la investigación pueda corroborar si también existe el cohecho.
FRENOS. Las fuentes oficiales de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por este periódico insisten en que “nada va a frenar la investigación de Las Teresitas”, sobre todo tras las presiones que parten desde el Archipiélago con un caso que está considerado “entre los más importantes” que se investigan en la actualidad a nivel nacional.
Las mismas fuentes consideran que el ‘caso Las Teresitas´ ya tiene acreditada la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que son “bastante optimistas” con que el asunto termine en la celebración de un juicio.
Sin embargo, todos los esfuerzos se centran ahora en la investigación patrimonial de los imputados, así como de otras personas que no aparecen por el momento en la querella de la Fiscalía. Tras diez meses de investigación, en los que se han producido importantes avances, como la incautación de documentos importantes en un piso de Santa Cruz de Tenerife, Anticorrupción ha solicitado al Ministerio de Justicia la tramitación de varias comisiones rogatorias a países del extranjero, entre ellos a Isla de Man, un paraíso fiscal donde la policía sospecha que se ha podido mover dinero procedente de presuntas comisiones ilegales por ‘Las Teresitas´. “La investigación es larga, pero va muy bien”, aseguran las fuentes.
* La Provincia - PEDRO GUERRA / MADRID - 28 de octubre de 2007
Baleares: El salto del escenario político al judicial
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DIARIODEMALLORCA* : Los escándalos han marcado la historia política de Balears y en los últimos años se han convertido en una constante. En manos de los tribunales están una decena de casos que afectan a importantes dirigentes políticos... Son Oms, Can Domenge, Andratx, Caballistas, Ayudas, Estrategia Local, Solar de Santa Ponça, Ibiza Centro, Licencias, Rabasco, Rent a Car, Varadero.
* Caso Son Oms. La fiscalía anticorrupción investiga quién se quedó con un 15 por ciento de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms y si tras esta operación existió algún delito por corrupción. Políticos imputados: Bartomeu Vicens, portavoz parlamentario de UM, y Maximilià Morales, dirigente de UM y ex presidente del Parlament, por su participación en este asunto como abogado (Vicens) y asesor financiero (Morales) a principios de los 90.
* Caso Can Domenge. El empresario catalán Josep Lluís Núñez se querella contra todos los consellers del PP y de UM del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, encabezados por la líder de UM y actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, por la adjudicación de los terrenos de Can Domenge. Núñez imputa a los querellados los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. La Audiencia de Palma ha ordenado que se siga investigando este asunto. Políticos querellados de UM: Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Políticos querellados del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafael Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carmen Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Cànaves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles.
* Caso Andratx. La fiscalía anticorrupción de Balears, en unión con la Agencia Tributaria, ponen en marcha el 27 de noviembre del pasado año una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx La macrooperación se traduce en dos políticos del PP imputados, ambos detenidos el mismo día 27: el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, quien ocupaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas
* Caso Caballistas. Los tribunales investigan una supuesta trama para legalizar la casa y cuadras del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal, del PP. Están imputados once alcaldes y ediles del PP en la pasada legislatura: Sebastià Vidal (Ses Salines), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Gabriel Matas (Montuïri), Andreu Prohens (Campos), Catalina Soler (Felanitx), Antoni Serra (sa Pobla), Miquel Vidal (Santanyí), Joan Jaume Ramis (Lloret), Joan Rotger (Selva) y el entonces teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y el edil de Inca Joan Rubert.
* Caso Ayudas. Un grupo de ciudadanos particulares denunció a principios de 2006 el presunto desvío de subvenciones concedidos por el Consell de Mallorca a distintas entidades y personas vinculadas a UM. Los denunciantes apuntan a la cúpula de UM en la institución insular en la pasada legislatura, aunque por ahora no se ha imputado a ninguno de los cargos políticos. Los políticos presuntamente implicados son: Maria Antònia Munar, Dolça Mulet y Guillem Ginard.
* Caso Estrategia Local. El ayuntamiento de Calvià, siendo alcaldesa la actual portavoz del Govern, la socialista Margarita Nájera, contrató a la empresa Estrategia Local, que elaboró el llamado ´Documento Maquiavelo´ en el que se diseñaba la estrategia que debía seguir el PSOE en Calvià para ganar las elecciones. El PP, con el actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado, a la cabeza, es el promotor de la querella en la que los políticos a los que imputa delitos son: Margarita Nájera y el también socialista Antoni Manchado, actual director general de Innovación del Govern.
* Caso Solar de Santa Ponça. El actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), presentó una denuncia en 2002 contra la entonces alcaldesa y actual portavoz del Govern, Margarita Nájera, a la que acusaba de haber dado un supuesto trato de favor al recaudador municipal Jaime Riera, en junio de 2000, quien le habría recompensado vendiendo a bajo precio un solar edificable en Santa Ponça al ex marido de Nájera, Manuel Barajas. El juzgado de instrucción 2 de Palma archivó el caso por segunda vez el pasado mes de febrero, pero el archivo fue recurrido por Delgado y se volvió a reabrir. Política imputada: Margarita Nájera.
* Caso Ibiza Centro. Los tribunales investigan un supuesto cobro de comisiones de cargos del PSOE por la ejecución del proyecto de reforma del centro de la ciudad de Eivissa. El caso se abrió por la denuncia del ex secretario general de la Federación Socialista Pitiüsa, Roque López, en cuya querella pide la imputación de altos cargos del partido, entre ellos el actual presidente del Consell pitiuso, Xicu Tarrés y el secretario de organización del PSOE balear, Miquel Mestre. No obstante, por ahora los políticos imputados son dos: el alcalde socialista de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, y el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo.
* Caso Licencias. La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), está imputada en este caso denunciado por la oposición en el que se le acusa de "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva, lo que habría permitido la concesión de 30 licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Política Imputada: Catalina Soler (PP).
* Caso Rabasco. El informe de la fiscalía del TSJB destaca que el alcalde de Llucmajor, Lluc Thomàs (PP), dió el visto bueno a los pagos por valor de un millón de euros que el Ayuntamiento realizó a empresas vinculadas con el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco. Políticos imputados: Lluc Thomàs (PP) y Joaquín Rabasco (líder de ASI).
* Caso ´Rent a Car´. Se investiga una trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades que habrían defraudado a Hacienda decenas de millones de euros mediante operaciones realizadas en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas. Político imputado: Gabriel Matas, alcalde de Montuïri por el PP.
* Caso Varadero. La empresa Boat Yard Palma acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión del varadero del Puerto de Palma. Político imputado: Joan Verger (PP) .
* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 28 de octubre de 2007
Foto: Ibiza vila - Forbfruit (Wikipedia)
Alcoi: Manifestación en bicicleta contra el urbanismo
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LEVANTE-EMV* : Cerca de 50 personas recorrieron ayer en bicicleta las calles de Alcoi en protesta contra la política urbanística del gobierno municipal. El lema de la marcha convocada por el colectivo l'Altra Campanya era «Frente a la especulación, aporta tu granito de arena» y con pancartas, panfletos y gritos pedían a la ciudadanía que «abriera los ojos» a los proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Alcoi como los campos de golf, el polígono industrial de La Canal o el hotel de la Font Roja, entre otros. A la iniciativa se sumaron otros grupos y asociaciones de vecinos, como los afectados por la construcción del nuevo edificio de la Estambrera.
La «bicifestación» salió de la plaza España pasadas las 10 de la mañana y recorrió los puntos más conflictivos en cuanto a materia urbanística. Hicieron paradas en la Estambrera, en la Rosaleda, en el punto donde está prevista la ubicación de un restaurante McDonalds y finalizaron en Serelles, donde está prevista una urbanización muy cerca de la Sierra de Mariola.
Miembros del colectivo l'Altra Campanya manifestaron a este diario que su intención era reivindicar un espacio propio, en primer lugar en la calzada, donde la bicicleta «pierde un espacio que ganan los coches» y en segundo lugar, protestaban contra los problemas graves que «está ocasionando la política urbanística del PP, que especula cada vez más en Alcoy y que arrebata el espacio de los ciudadanos» .
* Levante-EMV - C. Chordi, Alcoi - 28 de octubre de 2007
Foto: Imagen de la manifestación celebrada ayer en Alcoi - rubén cervera (Levante-EMV)
Madrid: 'Jacuzzi' y barbacoa en la Cañada Real
ELPAÍS* : "Una habitación con confort, ducha y tele, 40 euros. Y con mucho confort, lo mismo, pero en más espacio, 50". Son los precios de La Mancheguita, un hotel de Coslada situado junto a la M-45 que se anuncia con un inmenso letrero rojo en la azotea. Alrededor, en la calle de Santiago, hay casas, bares, naves industriales, alguna empresa. Gente paseando y tomando el sol en sus patios y jardines. Un barrio normal, aparentemente. Pero todo es ilegal. La calle forma parte de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria en la que a pesar de que está prohibido construir, se calcula que viven unas 40.000 personas y en la que el derribo de la casa del marroquí Abdul Ghailan hace 10 días desembocó en una batalla campal. Saldo: 41 vecinos y 30 policías heridos.
Esta zona de la Cañada, que pasa por Coslada, Vicálvaro y llega hasta Rivas, no tiene nada que ver con las otras. Son casi todos españoles -con algún portugués y un par de familias rumanas que viven de alquiler- y viven en chalés de dos, tres y cuatro plantas con amplios jardines, perros que vigilan y lujosas puertas y verjas. No hay vendedores de droga ni yonquis espectrales pinchándose en la ingle junto a la basura, como en el camino a Valdemingómez. Tampoco trabajadores marroquíes y españoles viviendo en casas humildes, como en el tramo de la casa derruida, el llamado sector V. La Cañada es muy heterogénea, y ésta, la rica, es muy distinta, aunque toda la vía comparte lo más básico y esencial: nadie tiene derecho a vivir donde vive. Pero a los habitantes de esta zona, por ahora, no les echan.
A lo largo de esta vía, las lujosas casas tienen incluso nombre: Casa Itziar, Villa Nuño.... Como en cualquier pueblo español, hay varias tabernas a ambos lados de la calle, mal asfaltada a veces y sin asfaltar la mayoría, siempre llena de baches. En la asociación de vecinos tienen contadas 315 parcelas. Nadie diría que no es un barrio más de algún municipio sino fuera porque son ilegales la electricidad que alimenta enormes televisores con cable y el agua que beben. Usan enganches clandestinos a Unión Fenosa y el Canal de Isabel II y el alcantarillado lo han hecho y pagado entre los vecinos. En esto coinciden con sus conciudadanos de las otras cañadas.
La ilegalidad baja los precios. Mientras un chalé de 300 metros cuadrados en la cercana Rivas-Vaciamadrid ronda los 600.000 euros en el mercado, en la Cañada rica "se cede" (casi nunca se utiliza el término "se vende" porque no hay escrituras públicas ni derechos legales de propiedad) una casa parecida por apenas 120.000 euros. "Tres plantas, 700 metros de terreno, huerto, barbacoa, fuente... ¡y tiene hidromasaje en el primer piso y el segundo!", anuncia el dueño de uno de los chalets del barrio. Los rumanos Rares y Juliana viven en una casa de unos 40 metros por la que pagan 200 euros al mes de alquiler. Se vive bien por poco dinero, pero siempre con el riesgo del desalojo.
Los vecinos están más que asentados en la zona. Los huertos empezaron a plantarse y las casas a construirse hace 40 años, y nadie se toma muy en serio que les vayan a echar de allí. Piden coherencia al Estado y señalan que no puede cambiar de criterio de la noche a la mañana. Las casas están catastradas y la mayoría de los vecinos paga religiosamente cada año el impuesto de bienes inmuebles (IBI).
"Llevamos aquí más de 30 años", señala el dueño de uno de los restaurantes de la calle de Santiago, con menú del día a nueve euros entre semana y 10, sábados y domingos. "La Comunidad y el municipio lo saben y nos cobran impuestos, así que ahora no nos pueden echar a la calle. Tendremos que negociar".
Aunque las condiciones vitales de estos vecinos de la Cañada son diferentes de las del resto, las reivindicaciones coinciden. "¿Cuál es el problema de que cambien el trazado de la vía pecuaria y nos vendan estos terrenos?", se pregunta el presidente de la asociación de vecinos. "Queremos pagar el suelo, la luz y el agua. No queremos seguir siendo ilegales. Grandes partes de Coslada y también de Rivas eran antes Cañada Real y se han legalizado. Nosotros llevamos aquí mucho tiempo y tenemos más derecho que nadie", dice este hombre, que viste con ropa de marca y trabaja con un camión enorme y reluciente. Los vecinos aseguran estar negociando la legalización del suelo con la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid, titular del terreno, y que les han pedido que presenten una propuesta por escrito.
Los recientes derribos del sector V han metido miedo a la gente: hay muchos carteles de "se vende" o "se cede". ¿Cuál es el método de pago del chalé? "De la mejor manera", responde escueto un vendedor. Hay que hacerlo todo a través de contratos privados y sin hipoteca de por medio, claro. En su voz se nota la urgencia. "¿Te interesa? ¿Cuándo quedamos para que lo veáis? ¿Ahora?", pregunta nervioso. Al día siguiente vuelve a llamar y a preguntar lo mismo.
El concejal de Urbanismo de Coslada, Antonio Murillo, critica, precisamente, a aquellas personas que alquilan sus viviendas o pabellones y a las que tienen algún negocio en La Cañada (como La Mancheguita, hay decenas de bares o naves de ferretería y chatarrería). "Están ocupando un suelo ilegal y habrá que dar alguna solución. La ciudad debe tener cierto orden", explica. Para dar solución al lío (Murillo reconoce que es complicado porque hay centenares de casas y negocios en la Cañada), él cree que hay que ver los casos uno a uno: "No es lo mismo el que se está lucrando que el que tiene allí su única vivienda. A esos habrá que realojarlos".
La Cañada, en su conjunto, se ha convertido en un problema -con un inmenso hipermercado de droga como telón de fondo- del que nadie se hace responsable. Municipios, Gobierno regional y Estado central se echan la culpa de este desaguisado consentido. El suelo es dominio público y la Comunidad tiene la titularidad. Los municipios, las competencias urbanísticas y la Delegación del Gobierno en Madrid es la encargada de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas. Los Ayuntamientos de Madrid y Rivas han pedido al Ejecutivo regional que se cree una comisión sobre la Cañada Real. Coslada se ha sumado a la propuesta. De momento, sin respuesta.
"Al final, como siempre, acaban echando a la calle a los más débiles", señala una de las vecinas de Rivas que se manifestaba ayer a favor del derecho a la vivienda de los habitantes de la Cañada. "Tiran la casa de un albañil marroquí. Y seguro que no para salvar una vía pecuaria que no usa ni una oveja, sino para construir en esos terrenos. No se atreven con los grandes vendedores de droga ni tampoco van donde sólo hay españoles. Siempre pringan los mismos".
Mientras, en la Cañada rica la vida pasa tranquila y un par de coches descansan en el aparcamiento de La Mancheguita. Los dueños estarán pasando la noche en alguna de sus habitaciones. Con su confort ilegal, normal o superior.
* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA / MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 28/10/2007
Al menos 46 políticos de Balears están siendo investigados por los tribunales
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DIARIODEMALLORCA* : Al menos 46 políticos de Balears están implicados en distintos casos que son objeto de investigación judicial o de la fiscalía por una batería de causas relacionadas con la corrupción urbanística, prevaricación o mala gestión en sus cargos. En su mayor parte, los políticos proceden del PP y de UM, aunque el PSOE tampoco ha escapado a los ojos de los tribunales.
El último escándalo en estallar ha sido el de Son Oms, con los dirigentes de UM Bartomeu Vicens y Maximilià Morales como imputados por su actuación como abogados, a principios de los 90, en el caso que investiga la fiscalía anticorrupción para esclarecer quién se quedó con un 15 por ciento de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms.
A UM también le afecta el caso Ayudas, la presunta trama de desvío de subvenciones dadas en la pasada legislatura por el Consell a asociaciones culturales y deportivas vinculadas al partido que preside Maria Antònia Munar, con fines distintos para las que fueron concedidas. El caso estalló a instancias de un grupo de ciudadanos, que denunciaron a la propia Munar, a la ex consellera insular de Cultura, Dolça Mulet y al ex director insular de Cultura, Guillem Ginard, aunque ninguno de ellos ha sido por ahora imputado.
Munar y otros 18 miembros del Consell en la pasada legislatura (dos de UM y 16 del PP) figuran como querellados del empresario catalán Josep Lluis Núñez por la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, un asunto sobre el que la Audiencia de Palma ha dictado un auto ordenando que se siga investigando. Núñez acusa a los representantes de UM y el PP de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales.
El caso Caballistas también sigue su curso, con once alcaldes y ediles del PP en la pasada legislatura imputados por la supuesta trama de corrupción para legalizar la casa y cuadras del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal. Algunos de los implicados en este caso también están siendo investigados por otros escándalos, como la alcaldesa de Felantix, la popular Catalina Soler, imputada en el ´caso licencias´, en el que la oposición la acusa de prevaricación al retrasar la entrada en vigor de una norma urbanística.
El PSOE tampoco se ha librado de contar con políticos afectados por investigacines judiciales. A instancias del alcalde popular de Calvià, Carlos Delgado, la portavoz del Govern, Margarita Nájera, está imputada en dos casos: el de la venta de un solar de Santa Ponça al ex marido de Nájera y el caso Estrategia Local, empresa contratada por el ayuntamiento de Calvià que elaboró un documento sobre la estrategia electoral que debía seguir el PSOE, asunto que también afecta al dirigente socialista Antoni Manchado.
En Eivissa, el alcalde socialista de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, y el ex primer teniente de alcalde socialista del ayuntamiento de Eivissa, Pedro Campillo, están imputados en el caso de las presuntas comisiones ilegales en el escándalo de Ibiza Centro.
A ellos se suma el caso ´estrella´ de la pasada legislatura, el caso Andratx, con la imputación del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y Jaume Massot, ex director general del anterior Govern del PP.
Lluc Thomàs, alcalde popular de Llucmajor y Joaquín Rabasco (ASI) por el caso Rabasco; el alcalde Montuïri, Gabriel Matas (PP), ímputado por un caso de evasión fiscal, y el ex presidente de la autoridad Portuaria, Joan Verger (PP), por el concurso del varadero, se añaden a la nómina de políticos investigados por los tribunales.
* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 28 de octubre de 2007
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
