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GRANADAHOY* : El equipo de peritaje técnico y jurídico encargado, a petición del Juzgado de Instrucción nº6 de Granada, de estudiar si el Centro Comercial Nevada de Armilla se ajusta a la legalidad ha emitido un informe con unas conclusiones contundentes. La que más, ésta: necesariamente hay que tomar la decisión de demoler el edificio, total o parcialmente, por el "cúmulo de sucesivas irregularidades" supuestamente cometidas.
El informe es exhaustivo y resalta irregularidades desde la aprobación y reforma de las figuras del planeamiento urbanístico que afectan a los terrenos, hasta la tramitación de los tres proyectos presentados, pasando por su altura o los metros cuadrados construidos. El equipo de peritaje técnico ha estado dirigido por los catedráticos de Urbanismo José Luis Gómez y Luis Moya, ayudados por el profesor de Urbanismo y arquitecto David Cabrera y el también arquitecto Fernando Osuna. La comisión jurídica la integraron el abogado Jesús María Hidalgo y los profesores de Derecho Administrativo María Asunción Torres, Ignacio Jiménez y Rafael Barranco.
Los especialistas definen el Nevada como un "edificio enorme que ocupa 123.000 metros cuadrados de la Vega y contiene 275.000 metros cuadrados construidos sin cumplir la legalidad urbanística vigente". El informe asegura que "las zonas dotacionales que se debían haber dispuesto, deberían haber supuesto como mínimo 22.405 metros y, sin embargo, no llegan a 4.200", y se agrega que el actual proyecto, elaborado por el arquitecto Justo Rico Amat y paralizado por orden judicial, ocupa una superficie de suelo no urbanizable de 20.364 metros "que destina a aparcamientos".
El peritaje cuantifica una pérdida, entre suelo público y no urbanizable, de 39.564 metros cuadrados. Y eso, acota, si sólo se atiende al mínimo fijado por la legislación.
Asimismo, pone el acento en que, entre los años 1996 y 2006, la altura del Nevada pasó de los 3,30 metros iniciales a los 17,70 de ahora. En superficie, de 66.805 a 122.955 metros cuadrados. Y en superficie construida, de 60.994 a 167.748.
Los especialistas ponen de manifiesto que "no se comprende cómo con un cúmulo tal de irregularidades se pudo proceder a la concesión de licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Armilla". La licencia fue concedida el 30 de septiembre de 2005 por el Consistorio entonces presidido por el socialista José Antonio Morales Cara.
El documento destaca, entre otras irregularidades, que esa licencia fue otorgada para un proyecto con tres clases de suelo con regímenes jurídicos distintos, lo que requería tramitación individualizada que no hubiera permitido la edificación. También denuncia la falta de informes favorables de las consejerías de Medio Ambiente y de Economía.
* Granada Hoy - Guillermo Ortega - 11.10.2008
Foto: Armilla (Granada) centro comercial Nevada - granadahoy.com
Los peritos del caso Nevada defienden el derribo del centro comercial de Armilla
Gran Canaria: El TSJC anula parte del PIO
CANARIAS7* : El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria acaba de ser parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo estima el recurso de Ben Magec y deja en el aire proyectos como la nueva carretera de La Aldea a Agaete y el puerto deportivo de Bahía Feliz, entre otros.
La Justicia ha anulado todas las determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria que la plataforma ecologista Ben Magec consideraba ilegales en el recurso que presentó contra la aprobación definitiva del PIO de 2003. El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estima su recurso y atiende todas y cada una de sus demandas.
La sentencia deja en el aire los artículos del PIO que regulan la zonificación del suelo clasificado como Bb3 en la vega agrícola de Gáldar, los corredores viarios previstos entre Jinámar y el aeropuerto (tangencial de Telde), entre Ingenio, Agüimes y Vecindario y entre Agaete y La Aldea, los puertos deportivos turísticos de alta capacidad y en concreto el del litoral de Bahía Feliz, la ampliación del puerto de Arinaga y la extracción de arena del banco submarino situado en Pasito Blanco.
La sentencia anula todas estas determinaciones por el principio de congruencia, que impide imponer un castigo mayor que el propuesto por el denunciante, ya que en su exposición concluye que «la falta de declaración de impacto ambiental determina la nulidad del Plan Insular» grancanario.
Y es que la Sala había detectado, de oficio, que el PIOde 2003 carece de evaluación de impacto ambiental, un defecto por el que anuló este año el anteproyecto del plan territorial de carreteras del Norte. En el recurso de Ben Magec no se hacía mención alguna a esa carencia.
Aunque el Cabildo argumentó que el PIO se sometió a un tratamiento específico en materia medioambiental, «el expediente patentiza (...) la ineludible falta de declaración de impacto ambiental con su estudio evaluatorio donde se especifiquen las alternativas de la solución adoptada, propio de la naturaleza de los estudios de impacto ambiental», razona la sentencia.
Contra este fallo cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de forma que no sería firme hasta que se produzca esa otra sentencia, aunque el denunciante puede solicitar la ejecución provisional. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que en ese supuesto las partes afectadas por la sentencia del TSJC también podrían reclamar que se exija para ello una fianza a la plataforma ecologista, que resultaría multimillonaria, que cubra los posibles daños y perjuicios.
Todos los artículos suspendidos
El centro comercial de Gáldar. El recurso estimado solicitaba la nulidad de las zonas Bb3, suelos de moderado valor agrario recalificados como urbanizables, en particular la prevista en la vega agrícola de Gáldar para la construcción de un centro comercial. Otra sentencia anterior del TSJC ya había anulado la creación de esa categoría de suelo.
Carretera Agaete-La Aldea. El fallo anula las determinaciones de la actuación de mejora de la accesibilidad entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, su ficha y todos los artículos concordantes.
Tangencial de Telde. Queda sin efecto la creación del corredor estructurante del interior de alta capacidad variante de la GC-1 entre Jinámar y el aeropuerto, es decir, la tangencial de Telde.
Ingenio-Agüimes-Vecindario. Este proyecto viario de corredor estructurante del interior de media capacidad se incluye entre las determinaciones del PIO anuladas por el fallo judicial.
Puertos deportivos. La normativa de integración territorial de los puertos deportivos turísticos de alta capacidad, concretamente el del litoral de Bahía Feliz (San Bartolomé de Tirajana) es otra de las disposiciones afectadas.
Puerto de Arinaga. Se anula todo el articulado que afecte o incluya determinaciones sobre el puerto de Arinaga.
Banco de arena de Pasito Blanco. El banco submarino de arena rubia que hay en Pasito Blanco y que el PIO propone aprovechar queda congelado.
* Canarias 7 - Jesús Quesada - 11.10.2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
Al banquillo cinco políticos de La Iruela por desmanes urbanísticos en Arroyo Frío
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IDEAL/Jaén* : El Fiscal pide la inhabilitación del ex alcalde y la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 y que se condene también a un técnico municipal No impidieron urbanizaciones, campamentos y viviendas que sabían ilegales en el mayor parque natural de Andalucía, según la acusación.
El ex alcalde de La Iruela Antonio C.L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V.T., José Ramón G.P., José Luis G.R. y Martín F.L., además del técnico municipal Pablo B.S., serán juzgados el próximo miércoles acusados de permitir desmanes urbanísticos en Arroyo Frío, en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. A los políticos, el Fiscal les pedirá penas de inhabilitación, y al técnico una multa. Arroyo Frío es el punto de máximo desarrollo del negocio turístico del mayor parque natural de Andalucía, joya natural reconocida a nivel internacional.
El escrito de acusación del Fiscal relata que «desde al menos 1995 hasta 2001» la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela (de la que formaban parte los cinco políticos acusados) hizo dejación de su obligación de vigilar la legalidad urbanística en el municipio, «permitiendo a pesar de tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas»: edificios más grandes de lo permitido, cambio del uso permitido a la edificación y «especialmente» construcciones levantadas en suelo especialmente protegido.
Casos concretos
El Fiscal señala casos concretos de irregularidades cometidas que debían haber sido impedidas por los acusados: una vivienda de dos plantas totalmente en suelo no urbano en el Parque Natural sin realización de proyecto ni dirección técnica alguna.
También se les acusa de permitir una urbanización de dos locales comerciales, diez apartamentos y doce viviendas unifamiliares que se pasaron un 10% de lo que les correspondía. Esa urbanización está hoy día construida, vendida y habitada. Pese a que ocupa suelo no urbanizable del parque natural, se le concedió el 4 de septiembre de 1998 una licencia municipal de destierro. El proyecto se subdividió en tres partes «con la finalidad de ir autorizando poco a poco, a través de licencias parciales». Al final se construyó toda la urbanización «sin que por los acusados se haya realizado acción alguna para impedirlo».
Otro vecino de la zona realizó en el paraje El Chaparral o El Cantalar, siempre dentro del Parque Natural, seis apartamentos de doble planta en suelo no urbanizable. En ese mismo paraje una empresa levantó un campamento juvenil con su vallado, capilla, dormitorios, oficinas, sala de reuniones, doce pequeñas construcciones para dormitorios y otro inmueble de doble planta con techo abuhardillado. Además, se dotó al complejo de una piscina de grandes dimensiones.
Fiscalía considera a los cinco políticos autores de un delito de omisión intencionada de perseguir delitos de los que como autoridades públicas habían tenido conocimiento, lo que pone en relación además con el artículo 74 del Código Penal que habla de «un plan preconcebido». Les pide dos años de inhabilitación para cargo público.
La 'autolicencia'
Al técnico municipal Pablo B.S. se le considera autor de otro delito: «Intervino y emitió, como técnico municipal, informe favorable para la concesión de la licencia de un hotel en Arroyo Frío». Él y su esposa son los titulares del hotel. Y las obras las hizo a través de la constructora Orbaucons, de la que el propio Pablo B.S. es administrador, según el relato del Fiscal. Para no dejar nada en manos de otro, él mismo elaboró el proyecto de obra. Le piden multa de 5.400 euros por actividades prohibidas a funcionario público.
* Ideal - 11.10.08 -JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: La Iruela (Jaén), Arroyo_Frio - ujaen.es
Manjarrés aprueba construir un campo de golf y 1.360 viviendas en terrenos del alcalde
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LARIOJA* : El Ayuntamiento de Manjarrés, con los votos del PP, ha aprobado inicialmente el Plan General Municipal (PGM) de la localidad que prevé la recalificación en suelo urbanizable de 1,36 millones de metros cuadrados -la mitad prácticamente propiedad del alcalde, Santiago García Manzanares y de su familia- con la pretensión de edificar 1.360 viviendas y, posiblemente, un complejo deportivo de golf.
El PGM prevé un aumento poblacional del municipio, que actualmente cuenta con menos de 150 habitantes, hasta 4.760 sólo en esas viviendas -a las que concede carácter prioritario con un plazo de cuatro años para su urbanización-.
La zona recalificada se ubica al oeste del municipio y está compuesta por unas 60 hectáreas de monte (que son propiedad del alcalde y su familia) y que se completan con otras 70 a pie del mismo, junto con las que albergarían el supuesto complejo de golf con las casi 1.400 viviendas.
El PGM fue aprobado el pasado mes de septiembre por el pleno municipal y ha sido remitido a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este sentido, será ahora la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de La Rioja la que se pronunciará sobre la propuesta municipal, aunque por el momento, según confirman fuentes de la misma, el documento no ha sido analizado.
Según el Plan General, que además recalifica cuatro pequeños sectores en el propio entorno del municipio, Manjarrés pasaría de una población actual de 143 habitantes a 7.273.
La demanda de agua la 'soluciona' el documento gracias al reciente embalse de Castroviejo y la cobertura de la cuenca del Yalde, aunque la propia memoria del PGM reconoce que el abastecimiento asignado por el Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones de La Rioja para el año 2015 es de 38.044 metros cúbicos anuales, cuando la necesidad, con el desarrollo urbanístico propuesto, sería de 1.238.264 metros cúbicos. Es decir, 32 veces más que la necesidad prevista inicialmente. Curioso resulta también la protección forestal de una zona de encinas limítrofe al futuro complejo de golf, cuando la actuación principal se prevé en un monte de unas 60 hectáreas en las que la mayoría de la arboleda son también encinas.
La idea del alcalde de Manjarrés, Santiago García Manzanares (PP), de construir un complejo de golf con centenares de viviendas (1.349 finalmente, según la aprobación inicial del Plan General Municipal) en la localidad y en terrenos de su propia familia no es nueva.
En junio del año 2006, el Ayuntamiento aprobó el avance del Plan General Municipal (PGM) que preveía la recalificación del monte de 60 hectáreas propiedad del primer edil y sus hermanos.
Eran entonces los momentos del 'boom' inmobiliario y en los que las propuestas de campos de golf en suelos rústicos con miles de viviendas a su alrededor se amontonaban en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de La Rioja.
En cualquier caso, en 60 hectáreas de superficie era difícil albergar un campo de golf completo con un desarrollo urbanístico paralelo como el finalmente propuesto. Así las cosas, con la aprobación inicial del Plan General, el sector calificado como suelo urbanizable residencial deportivo se amplía ahora a 136 hectáreas, con varias fincas a las faldas del monte de la familia del alcalde.
Manjarrés, como la gran mayoría de los municipios pequeños de La Rioja, no contaba con Plan General Municipal y, mediante un convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja que sufraga los gastos técnicos, se puso a trabajar en su redacción.
En el momento del avance, Santiago García Manzanares señaló a este diario que «se había previsto la recalificación del suelo por si interesaba al pueblo en el futuro». García Manzanares aseguraba no contar entonces con ninguna propuesta de urbanización para la zona e insistía en que «lo único que hemos hecho es prever la posibilidad de reservar una zona para estos usos en el futuro, por si interesa al pueblo, ya que la tramitación va para largo».
Ante la aprobación inicial del Plan General Municipal, este periódico intentó ponerse de nuevo en contacto con el primer edil de Manjarrés, pero sin éxito.
* La Rioja - A. GIL A.G.| LOGROÑO - 10.10.2008
Foto: Vista de Manjarrés, al fondo, desde los terrenos de monte que se prevén recalificar. /A. IGLESIAS , larioja.com
«Hay paisajes de Canarias que han dejado de existir»
ABC* : «En las Islas, sobre todo cuando las visitas a lo largo del tiempo, tienes la impresión de que sobra cemento, que paisajes que son los que te habían atraído en un primer momento en el siguiente viaje han dejado de existir». El reconocido arquitecto urbanista Carlos Verdaguer, director del taller «La ciudad de las tres ecologías: Una posible introducción al eco-urbanismo», celebrado esta semana en Lanzarote, en la sede de la Fundación César Manrique, reflexionó en declaraciones a este periódico sobre los efectos nocivos que ha tenido para Canarias «la espiral de destrucción de la industria turística».
El técnico se trajo en la maleta varios mensajes. Entre ellos, que aplicar criterios de sostenibilidad en la construcción, el desarrollo urbano y, en general, en la gestión del territorio, lejos de suponer un freno, aporta un valor añadido para la economía.
Verdaguer no tiene dudas sobre el hecho de que la aplicación de criterios ecológicos supone un beneficio para el desarrollo económico, por más, dice, que algunos se empeñen en colgar el sambenito de que los ecologistas tan sólo quieren que no se haga absolutamente nada.
«Hay una clave muy clara. El modelo que hay detrás del ecourbanismo es un modelo que desde el punto de vista productivo reclama una mayor mano de obra, por ejemplo porque se exige un mayor cuidado de los detalles para que los aislamientos estén debidamente colocados. Se trata de un modelo que, bien gestionado y entendido, podría contribuir notablemente a la crisis y a buscar salidas a la crisis desde la sostenibilidad», afirma.
«Un buen entendimiento de la sostenibilidad lleva asociado un modelo productivo en el que los recursos humanos tienen un mayor peso. Es algo en lo que nunca se hace suficiente hincapié. Hay cosas -enfatiza- en las que no se gana absolutamente nada por hacerlas mecanizadas. Y esto no sólo se puede aplicar al parque inmobiliario, sino en el espacio público, porque ahí también hay un enorme campo de trabajo.»
Desde su punto de vista, territorios tan frágiles y presionados como el Archipiélago deben asomarse a dos ventanas cuanto antes: la renovación de la planta y la diversificación económica.
«Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, en las islas es donde más habría que incidir en los temas de autosuficiencia y no centrarse en una única fuente. Hay que centrarse en el desarrollo de los recursos locales. Menorca consiguió hacer frente a los primeros embates del turismo de masas porque tenía una industria diversificada», cita, al poner como referencia la isla balear de la que es originario, aunque su residencia está ahora fijada en Madrid.
Por otro lado, Verdaguer cree que la construcción de residencias ha tocado claramente techo en España. «Resulta evidente que el mercado inmobiliario se tenía que desplomar, porque no ha tenido en cuenta ningún tipo de límites y se ha sobredimensionado. Se ha creado más vivienda de la que realmente se necesita», sostiene.
Actualmente, cree que no hay un problema de parque de viviendas en España, que tiene 24 millones: «Lo que sí existe es un problema de acceso, de gestión de ese parque inmobiliario. No hace falta poner en marcha la maquinaria para seguir construyendo vivienda, sino redistribuir la que hay y activar mecanismos para que afloren los tres millones y medio de viviendas vacías que existen e intentar mejorar la vivienda degradada», propone.
* ABC - ERNESTO LUNA | ARRECIFE - 10.10.2008
