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ELDÍA/Tenerife* : Explicado en pesetas, tal y como aparece en el sumario, son 6 millones por una licencia de obra mayor; 1 millón por el informe técnico de los arquitectos municipales; 2.500.000 por un dictamen jurídico y 45 millones por licencia de obra mayor. En total, 327.551,60 euros (equivalente a 54,5 millones de pesetas) es lo que aseguró el empresario José Ramón Ansorena al juez Nelson Díaz que le pidieron a su padre y a él durante la tramitación de la recalificación de una parcela (pasaría de uso turístico a residencial) para la construcción de 206 viviendas.
En ese proceso habló con el entonces concejal de Urbanismo, Félix Sierra; Roberto de Luis, aparejador municipal; Eliseo de la Rosa, arquitecto técnico municipal, y Arsenio Zamora, definido en su declaración como intermediario, los tres últimos detenidos y puestos en libertad posteriormente.
De esas cantidades, aseguró que en 2001 pagó en metálico el millón de pesetas (6.000 euros) que le pidieron por el informe de los técnicos municipales (este documento era gratuito) y en 2002 abonó 1.500.000 pesetas (9.000 euros) de las 2.500.000 solicitadas por el dictamen jurídico que elaboraron dos abogados con despacho en Santa Cruz de Tenerife (que luego le hicieron saber que cobraron sólo 75.000 pesetas), el cual debía emitir el Cabildo.
Así consta en la declaración que Ansorena hizo ante el juez el 18 de diciembre de 2007, donde se indica que ambos pagos fueron hechos al intermediario Zamora.
Otro aspecto destacable es la aportación de una grabación realizada el 10 de julio de 2002 en la que el citado Arsenio Zamora le pidió los 45 millones de pesetas por la concesión de la licencia de obra mayor. Obra que luego fue paralizada y denegada su licencia.
Ansorena aseguró al juez Nelson Díaz que informó de todo ello al alcalde de entonces, Miguel Delgado, y que éste se limitó a decirle "que no quería saber nada de este tema e invitándole a salir de su despacho", algo que también le sucedió con el edil de Urbanismo, Félix Sierra.
Una vez obtuvo la aprobación del cambio de uso del suelo en el Cabildo y la CUMAC, en el ayuntamiento son Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa quienes le aseguran que su informe técnico sobre la licencia sería desfavorable. El sentido del mismo cambió cuando Ansorena les comunicó que trasladaría al juzgado la grabación citada, cuya existencia también conocían otros concejales.
EL CASO está siendo investigado en el Juzgado número 7 de Arona.
* El Día - J.A. MEDINA - 19.08.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Arona: Un empresario declaró que le pidieron 327.000 euros para autorizar una obra
Las viviendas acosan el monte Abantos 10 años después del incendio
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ELPAÍS/Madrid* : Hoy se cumplen 10 años del peor incendio ocurrido en la sierra de Madrid. Un fuego que asoló más de 450 hectáreas de bosque y pastos (el equivalente a otros tantos campos de fútbol) y calcinó miles de árboles. Una década después las urbanizaciones de viviendas acosan la zona.
El monte de Abantos, que corona San Lorenzo de El Escorial, se convirtió durante 28 horas en una tea que iluminaba con una luz rojiza el cielo madrileño. Las llamas llegaron a alcanzar 40 metros de altura. Durante aquellas dramáticas horas fueron evacuadas unas 5.000 personas de la zona. Tuvieron que dormir en el polideportivo municipal. El desastre natural fue enorme. La zona contaba con un alto valor natural.
El bosque quemado estaba poblado con pinos mediterráneos repoblados a principio de siglo, matorral de jara, encinas y robles. Además, en el entorno vivían gatos monteses, jabalíes y otras rapaces.
El paisaje ha cambiado mucho desde entonces. Aunque la zona quemada fue protegida y ha sido objeto de varias actuaciones por parte de la Administración para recuperar la zona, los límites del monte padecen una fuerte presión urbanística.
La orilla negruzca de ceniza que delimita la zona calcinada ha dado paso a una serie de urbanizaciones. Hoy varios grupos ecologistas alertan de la proliferación de construcciones junto al monte. Aunque reconocen que la zona protegida está libre de ladrillo. "Ha habido un aumento espectacular de viviendas al borde del monte", explica Michael Harris, que pertenece a la plataforma Entorno Escorial, que defiende los valores naturales del paisaje de la sierra. "Hay cuatro o cinco puntos donde siguen construyendo: Pinar Real, Cebadillas Norte, Monte Escorial, Unamuno...", precisa. Para explicar la situación, Harris, aporta un dato. "Desde que ocurrió el incendio, hace 10 años, la población ha pasado de 10.000 a 17.000 habitantes en San Lorenzo. En El Escorial algo parecido", detalla. "El aumento de la construcción junto a una masa arbórea como el monte Abantos es peligroso. Hay más peligros de incendios, basuras, afección a las aguas freáticas del monte...", enumera Harris. La asociación de la que forma parte se opone al nuevo plan de ordenación urbana del municipio escurialense, que está en fase de estudio. Un plan que prevé la construcción de 850 nuevas viviendas, la mitad de protección oficial, y que afectaría a unas 317 hectáreas. Estos pisos que se levantarán en una pequeña dehesa junto al municipio estaban previstas antes del incendio en otra zona, la Era. Pero tras el incendio estos terrenos fueron protegidos.
Un portavoz de Arba, la asociación para la recuperación de bosques, explica que durante estos años se ha hecho un buen trabajo en el monte. "Pero a pesar del interés mostrado por la Administración regional plantando árboles autóctonos, destaca sobre todo la regeneración natural del bosque". Este portavoz recuerda que el bosque en el monte de Abantos nació a principios del siglo XX de forma experimental. La Comunidad de Madrid recuerda que desde el incendio ha plantado cerca de 440.000 ejemplares de diferentes especies, aunque muchas de ellas terminaron secándose. Ahora hay muchos pinos resineros, robles melojos y fresnos.
Por su parte, desde 2004 Arba ha plantado unos 3.000 árboles en la zona quemada. Robles, cerezos silvestres, espinos cervales, maíllos, majuelos, arces... "Pero habrá que esperar décadas para volver a ver el monte como antes", suspiran en Arba.
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 20/08/2009
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde monte Abantos - madridiario.es
El Supremo elimina las restricciones a la urbanización junto a zonas húmedas
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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el decreto por el que la Generalitat Valenciana aprobó en 2003 las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante -situadas en las Salinas de Santa Pola, Lagunas de La Mata y Torrevieja y El Fondó d'Elx y Crevillent-, y que había sido validado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2004.
Sobre el terreno, la sentencia supone que se liberan de las restricciones de uso millones de metros cuadrados situados en el entorno de los tres espacios naturales, que ahora dependerán del planeamiento urbanístico de cada municipio. La mayoría del suelo está declarado como no urbanizable y tiene un uso agrícola, pero también afecta a zonas urbanizables que no se habían podido desarrollar por entrar en conflicto con el decreto de 2003, como parte de "El Raso" en Guardamar del Segura.
El Supremo anula esa resolución del Consell por considerarla contraria al ordenamiento jurídico, estimando un recurso de casación interpuesto por una mercantil (Servouropa) y un particular que litigaban contra este decreto desde 2003, al igual que media docena más de mercantiles.
La Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fundamenta su fallo en que la zona periférica de protección se puede establecer exclusivamente en los espacios naturales protegidos creados por una ley de rango estatal, la de Conservación de los Espacios Naturales y Flora y Fauna.
Y es que los humedales del sur de Alicante se concibieron por decreto de la Generalitat. El caso concreto que cita el fallo es la norma que legitimó el parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata el 10 de diciembre de 1996, en un decreto que además, subraya el tribunal presidido por el magistrado Mariano de Oro-Pulido y López, no contemplaba las zonas periféricas de protección desarrolladas después.
Esas franjas, llamadas ahora de amortiguación de impactos, se crearon con el objetivo de evitar actuaciones negativas sobre estos espacios y como instrumento de ordenación de usos y actividades en los los tres humedales con la finalidad de compatibilizar esos usos con los objetivos de protección.
Arbitrario
Lo que se traducía en la práctica en un cinturón de suelo de unos 500 metros en la que los propietarios del terreno tenían muy restringidas o prohibidas actividades como el desarrollo de planes urbanísticos, pero también obras para mejorar explotaciones agrícolas. Todas a expensas de autorizaciones del Consell. Los recurrentes a los que el Supremo da la razón sostienen además que los criterios de la Administración autonómica para fijar los usos dentro de la zona de protección eran "arbitrarios"
Sanción por el paseo
marítimo ilegal
El Tribunal Supremo, por otra parte, también ha declarado ilegal la reforma del paseo marítimo de Torrevieja, al considerar que invade la zona de dominio público marítimo-terrestre, reforma que, además, se ejecutó sin la autorización del Ministerio de Medio Ambiente, según señalaba ayer El Pais. La sentencia del alto tribunal sobre las citadas obras, que fueron una apuesta personal del alcalde, Pedro Ángel Hernández, sanciona al consistorio de la Vega Baja a pagar una multa de 833.000 euros. El Tribunal Supremo se ha pronunciado a raiz del recurso de casación presentado por el ayuntamiento, como consecuencia de la decisión de la Audiencia Nacional de dar legalidad a una resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que sancionaba al consistorio de Torrevieja por realizar las obras sobre terrenos de dominio marítimo terrestre sin autorización.
* Levante-EMV - D. PAMIES - 20.08.09
Foto: Vista de las Salinas de Santa Pola, con las urbanizaciones al fondo. carlos rodriguez, levante-emv.com
La Justicia en crisis
JOAQUÍN ESPINOSA Y OTROS* : Como profesionales y operadores en el ámbito de la Administración de Justicia y al servicio de la ciudadanía, queremos cumplir escrupulosamente con los principios de legalidad, libertad e igualdad, con respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas y a las garantías constitucionales y legales. Por ello, en los momentos actuales compartimos con las personas que, sin ser profesionales de este ámbito, muestran su sorpresa, escepticismo y hasta indignación por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción.
En estos tiempos tan difíciles para la credibilidad y confianza en la justicia, los que trabajamos a diario en la base de la misma, queremos hacer un llamamiento a las autoridades a quienes la Constitución y la Ley le atribuyen competencia en el ámbito de los distintos poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), para que adopten las medidas oportunas, para que se tomen en consideración y se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, a fin de lograr su recuperación.
Consideramos especialmente urgente revertir una situación, de la que parece desprenderse un mensaje al pueblo, en cuyo nombre los jueces y tribunales administran Justicia, que ésta es fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes, incrementados en estos tiempos de crisis económica que no ha sido creada por quienes la padecen. Y, por el contrario, es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales de cuello blanco que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos. Una administración de justicia, en suma, poco proclive a someter a juicio estas conductas, por los Juzgados y Tribunales profesionales o por la institución popular del Jurado, reinstaurada en nuestro país desde el año 1995.
Ésa es una imagen de la Justicia en el estado español, que puede desprenderse de una realidad objetiva, que a estas alturas de la democracia, ha de combatirse con hechos. Siendo responsabilidad de todas las autoridades mencionadas, porque la democracia así lo exige, obrar con la rectitud exigible a los cargos que ostentan y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el valor de la Justicia como digna e igual para todos.
* Este escrito viene avalado con la firma de Joaquín Espinosa Boissier, María Victoria Rosell Aguilar, Alfredo Crespo Sánchez, Mery Pita Cárdenes, Joaquín Sagaseta Parada, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, José María Guerra Aguiar, Leonor Castro Henríquez, José Manuel Rivero Pérez, Manuel Sánchez Álvarez, Félix Parra Suria, y hasta cien firmas más.
* Telde Actualidad - OPINIÓN -15/08/2009
