El Consell debe informar a la CE de que en la F-1 se hacen obras sin estudio ambiental

LEVANTE/Valencia* : El Consell debería comunicar a la Comisión Europea las obras del Gran Premio de Fórmula 1 que han quedado eximidas del preceptivo informe de impacto ambiental con carácter previo a la autorización de las mismas. El Ejecutivo omitió la recomendación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que instaba a la Generalitat corregir el apartado del decreto que libra al circuito de Fórmula 1 de someterse a una declaración de impacto ambiental.

En su dictamen al decreto, el órgano consultivo estima que la comunicación a la Comisión Europea «debe preverse en la norma proyectada», si bien el CJC no lo consideró una observación de carácter esencial.
Tal como informó en su día Levante-EMV el decreto sobre la Fórmula 1 da carta blanca a las empresas que participarán en el evento, ya que disfrutarán de una batería de excepciones previstas en las leyes urbanísticas, medioambientales, de contratos, actividades y espectáculos. Así, entre otras cuestiones, los proyectos relacionados con el circuito quedarán eximidos de solicitar licencias de obras, actividades o estudios de impacto ambiental. Cabe recordar, además, que Fórmula Verda ha llevado las obras ante la Comisión Europea y la Sindicatura de Greuges al ver indicios de fraude de ley. La Coordinadora, integrada por asociaciones vecinales y ecologistas, consideran que en las obras de la Formula 1 han vulnerado leyes urbanísticas y medioambientales.
El decreto del Consell, aprobado a mediados de febrero, permitió dar cobertura legal a unas obras que ya estaban en marcha. En su redacción original era mucho más permisivo a la hora de agilizar las obras del trazado que deben estar acabadas en junio. El CJC, al que la Conselleria de Gobernación solicitó el dictamen con carácter de urgencia, hizo varias observaciones esenciales al texto que el Ejecutivo acabó aceptando. El tamiz del CJC forzó una redacción más estricta a la hora de eximir a las empresas de las preceptivas licencias de actividad, así como en las excepciones en la ley de contaminación acústica.
Por otro lado, el Jurídico reprende al Consell por haber omitido el trámite de audiencia respecto del Ayuntamiento de Valencia, así como de las organizaciones o asociaciones que puedan verse afectadas por la disposición. El CJC insta al Ejecutivo a justificar «debidamente» en el expediente la omisión del citado trámite. Cabe apuntar que Fórmula Verda denunció ante Europa que se había omitido el trámite de audiencia en las obras.






* Levante-EMV - 25 de marzo de 2008
Foto: Situación de las obras del circuito urbano en el Puerto de Valencia/ ferran montenegro, levante-emv.com

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El TSJC declara ilegal el Hotel Princesa Yaiza de Lanzarote

EFE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulas las licencias otorgadas por el Ayuntamiento lanzaroteño de Yaiza para construir el hotel de lujo Princesa Yaiza, de 660 plazas, a resultas de una denuncia de la Fundación César Manrique, anunció ésta este lunes.

El fallo judicial, que fue dado a conocer por la Fundación César Manrique mediante un comunicado, es consecuencia de un recurso que presentó en su día la citada entidad contra las resoluciones municipales que otorgaron sendas licencias para la edificación del hotel, considerado como uno de los más lujosos de Canarias y situado en la localidad turística de Playa Blanca, al sur de la isla.

Según informó dicha fundación, la resolución, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, vuelve a incidir en los argumentos de anteriores sentencias, respecto a la obligatoriedad del Ayuntamiento de Yaiza de solicitar al Cabildo el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio.

En este sentido, la nota recalca que en la sentencia se señala que "es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones urbanísticas incompatibles con las determinaciones de ordenación establecidas por el planeamiento insular".

Determinaciones, "como dijimos, jerárquicamente superiores a los instrumentos de planeamiento municipales", apostilla.

La Fundación César Manrique subraya que su equipo jurídico está estudiando "las vías de ejecución de la sentencia que se abren" con esta resolución, y que también analiza la oportunidad de comunicar a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias la situación ilegal del Hotel Princesa Yaiza.

Con este último fallo son ya catorce los recursos estimados por los tribunales a favor de la Fundación César Manrique en su lucha contra la construcción de camas turísticas ilegales en la isla de Lanzarote, lo que ha supuesto la anulación de más de seis mil plazas turísticas, recuerda el texto.





* La Provincia - EFE - 24-03-2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel Princesa Yaiza - google.com

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Europa investiga otros cinco PAI valencianos tras las denuncias de los afectados

LEVANTE* : El urbanismo valenciano volverá de nuevo a estar en la picota el próximo 2 de abril. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá de nuevo las denuncias de tres asociaciones y otros tantos particulares sobre los supuestos incumplimientos de la legislación europea durante la tramitación de cinco programas de actuación integrada (PAI) en las poblaciones de Llíria (Camp del Túria), Parcent (la Marina) y Benasau (el Comtat).

En el caso de Llíria, la queja ha sido presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat por las supuestas infracciones de la legislación ambiental que habrían podido cometer las autoridades municipales al aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el que se incluye el plan urbanístico Golf Coto de Catalá. Según los denunciantes (pequeños propietarios de la zona afectados por la actuación) «no se les permitió expresar su opinión en el convenio urbanístico entre el ayuntamiento y el promotor, no se respetó el principio de igualdad en el procedimiento contractual» y denuncian los incumplimientos de las directivas comunitarias sobre aves, hábitats y de evaluación ambiental.
En Benasau, una población de 195 habitantes de la comarca de el Comtat, la Asociación Fraynos y una ciudadana a título particular denuncian la construcción de 841 chalés de lujo para 2.691 personas y un campo de golf «en una zona montañosa de enorme belleza cuya repoblación forestal ha sido financiada por la Unión Europea con vistas a prevenir la desertificación».
La denuncia de Parcent, una localidad de la Marina Alta de poco más de 800 habitantes, la anterior corporación municipal aprobó tres PAI que implicaban la construcción de 1.800 viviendas que han denunciado ante el Comité de Peticiones la asociación Veïns de Parcent. Aunque el actual gobierno local paralizó su aprobación, ahora son los promotores los que litigan para seguir adelante con los planes urbanísticos (en uno de ellos la tramitación se suspendió cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia). Los tres PAI de Parcent fueron aprobados in extremis el 30 de enero de 2006 un día antes de que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
La última queja que tratará la Comisión de Peticiones advierte del «impacto negativo de un proyecto de regeneración de la playa norte de Peñiscola sobre el Marjal o Prat, en una zona protegida de la red Natura 2000». La asociación Amigos de las Cañadas es la que presenta la denuncia contra la intención del Ayuntamiento de Peñíscola de «construir una carretera en los márgenes del humedal».







* Levante-EMV - 25 de marzo de 2008
Foto: recibimiento a los eurodiputados. Vecinos de Parcent hicieron un pasillo de paraguas a los emisarios europeos/ ernest weber, levante-emv.com

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548 imputados y 64 detenidos en 2007 por infracciones urbanísticas

ELPAÍS* : El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se ha tomado muy en serio la lucha contra el urbanismo salvaje. El año pasado imputó por violar las normas de ordenación del territorio a 548 personas y detuvo a otras 64 por la misma causa. La cifra es abultada porque el Seprona imputó y detuvo en 2007 por todas las infracciones que le toca vigilar a 1.106 personas y detuvo a otras 366, según el balance presentado ayer por la policía ecológica del instituto armado.
En total, los agentes se toparon por el medio rural y las costas con 5.880 construcciones y edificaciones ilegales, de ellas, 48 en el interior de parques nacionales.

La Guardia Civil actuó durante el año pasado en un total de 143.085 casos relacionados con infracciones contra el medio ambiente. Sólo 3.721 fueron delitos medioambientales. En esta categoría entran incendios forestales de cualquier magnitud hasta obras ilegales o vertidos de residuos animales, sanitarios o, simplemente, de escombros. También la caza de especies protegidas o montajes de cacerías para abatir, por ejemplo, tigres enfermos en cotos ilegales.
Cuatro pirómanos

La primera posición en cuanto a número de detenidos la ocupan las investigaciones sobre incendios forestales. Exactamente 110 personas fueron arrestadas por estar implicadas, bien por negligencia bien por alguna intención espuria, en fuegos forestales. Tres de esos detenidos son considerados de forma oficial "pirómanos", es decir, gente que disfruta prendiendo y contemplando el fuego. Otros 12 entran en la categoría de "incendiarios": queman para conseguir algo (madera, recalificaciones, fastidiar al vecino...). También entre los imputados no detenidos había cinco incendiarios y un pirómano.

La Guardia Civil se implicó el año pasado en la investigación de 2.478 incendios forestales, la mayoría en Galicia, de los que logró esclarecer algo menos de la mitad.

Las investigaciones revelaron que de esos incendios (en los que fallecieron dos personas y otras 19 resultaron heridas), 617 fueron provocados por la torpeza en la quema de rastrojos, por encender barbacoas donde no se debía, por tirar colillas por la ventana y todo un largo catálogo de negligencias. Pero otros 286 resultaron ser intencionados.





* ELPAIS.com - J. A. RODRÍGUEZ - Madrid - 20/03/2008
Foto: Seprona, ordenación territorio - portalmanzora.es


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Los abusos y acosos inmobiliarios tienen solución

LA COMUNA DE AGRYFERSA/Valencia* : Soluciones hay para todo, incluso para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr la participación directa de todos.

Las personas humildes, los ancianos, emigrantes, desempleados… son las presas fáciles e ideales para sufrir el ya conocido acoso inmobiliario por parte de ciertos personajes sin escrúpulos, sin alma….

En pleno corazón de la gran Valencia (en el famoso edificio de Agryfersa, una especie de castiza Corrala galdosiana) hay un caso de acoso masivo que afecta desde hace años a gran número de personas sencillas, de seres que tienen miedo a denunciar su situación oficialmente, dada la falta de medidas institucionales para combatir ciertos aberrantes comportamientos. Aquí, la Fiscalía General del Estado y las instituciones judiciales valencianas tienen un papel clave, pues las personas y los colectivos con escasos recursos no pueden mantener largos y embrollados litigios legales, en aras a velar por sus legítimos derechos a vivir dignamente en una espacio urbano adecuado, dada su falta de medios económicos y la falta de comunicación que hay entre los ciudadanos y las instituciones.

La feroz especulación, el encarecimiento de la vivienda y la ausencia de planes sociales públicos, que favorezcan la creación de viviendas sociales (no confundir con Viviendas de Protección Oficial) para los colectivos más débiles, ha permitido la instalación y extensión de una despiadada y obscena picaresca, ejercida con total impunidad por ciertas personas, que no tienen reparo alguno en abusar de la necesidad y de la buena fe de la gente humilde, de las personas con escasos recursos económicos, poca preparación profesional, origen étnico…

Ya hace tiempo que algunos colectivos (V de Vivienda, Vivienda Digna…) han denunciado, de manera clara y sistemática la situación del acoso inmobiliario, de la vergonzosa falta de actuaciones institucionales para lograr que la vivienda sea realmente un Derecho constitucional, un Derecho Humano, que podamos disfrutar todos sin hipotecarnos, sin arruinarnos emocional y económicamente para el resto de nuestras cortas vidas…

Toca ahora que las instituciones púbicas valencianas y el gobierno central, se pongan a elaborar con el debido rigor (junto con los colectivos sociales y los ciudadanos afectados) un plan destinado a la rehabilitación de las precarias viviendas, que fueron construidas en las décadas de los años 50, 60… permitiendo que la convivencia y la dignidad pueda existir, eliminándose todo tipo de conductas medievales y caciquiles, para que pueda imperar la transparencia, la participación real y efectiva de todos los propietarios, inquilinos… en la gestión y el autogobierno de esos espacios urbanos comunes. Urge, igualmente, la creación de una Oficina contra los Abusos y los Acosos inmobiliarios en Valencia, pues el asunto es realmente grave, afectando al bolsillo y a la salud de muchas personas.

La problemática del acoso y de los abusos inmobiliarios debe ser una prioridad esencial y urgente, pues afecta a muchas personas, a muchos colectivos humanos y en los últimos años, se han instalado hábitos y actuaciones aberrantes que impiden y entorpecen la convivencia, favoreciendo la degradación y el deterioro del entorno, de las relaciones personales y proyectando una mala imagen de una ciudad, tan dinámica como es Valencia. La clave para la resolución de muchos conflictos, tipo Agryfersa, pasa por la intervención directa de las instituciones, en aras a permitir una renovación total de sus Juntas Directivas, instalando la transparencia y la participación como normas básicas que todos debemos asumir y respetar.

Desde el silencio o la represión y persecución de las justas protestas de los copropietarios afectados, nada bueno y positivo se puede obtener, dado que el problema y la degradación siguen creciendo, siguen extendiéndose día a día, dada la crónica falta de mantenimiento. Se impone la necesidad vital de dar voz a los que han permanecido amenazados, coaccionados, silenciados, chantajeados… pues ellos , los propios afectados, tienen la llave para lograr que la convivencia amable y la buena gestión pueda regresar a ese edificio de 378 apartamentos, ubicado en Benicalap, Valencia, un barrio que alberga espacios emblemáticos y singulares como el Hotel Hilton, el Palacio de Congresos, la Ciudad Sanitaria la Fe, Nuevo Centro, Hipercor, la Consellería de Cultura…

Soluciones hay para todo, incluso para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr la participación directa de todos.

Yo tengo plena confianza y estoy convencido que todos podemos poner de nuestra parte para lograr la rehabilitación integral del edificio, así como se impulsan y se desarrolla programas para ayudar a las personas mayores y enfermas que viven solas allí, sin olvidar la existencia de ciertos colectivos que padecen desempleo y exclusión…

Escuchar a los afectados con calma, canalizar las justas peticiones de los indignados afectados, es el primer paso para permitir la convivencia y recuperar la confianza entre las instituciones y los vecinos.



Antonio Marín Segovia

LA COMUNA DE AGRYFERSA

http://lacomunadeagryfersa.co.cc/





* LA COMUNA DE AGRYFERSA - Marzo 24th, 2008


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