* YouTube - Exposición Viñetas contra la corrupción - jrmora 2007
Especula en acción, viñetas contra la especulación
El juez del Gürtel cita al alcalde de Las Rozas por el intento de soborno
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ELPAÍS/Madrid* : El juez instructor de la trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha llamado a declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de semanas en una entrevista con este periódico que el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, intentó sobornarle ofreciéndole 2,1 millones de euros a cambio de un contrato municipal. El próximo 10 de junio tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para explicarle al juez cómo se produjo el intento de soborno.
La citación se produce una vez que la unidad de blanqueo de capitales remitiera al juez Pedreira las declaraciones de De Santiago a EL PAÍS. El magistrado ha iniciado la investigación y por eso ha citado al alcalde.
Según relató el alcalde a este periódico, en febrero de 2003 recibió a Correa en su despacho. El capo de la trama se interesó por el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana que el Ayuntamiento de Las Rozas iba a sacar a concurso. Según la versión del alcalde, en un momento de la conversación Correa le dijo: "Te ofrezco 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) si la que gana es la empresa Sufisa".La empresa Sufisa aparece en el sumario del caso Gürtel porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones ilegales a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el PP.
De Santiago ha relatado que, tras oír la oferta, echó a Correa de su despacho y ordenó a su equipo que le prohibiera el acceso a las dependencias municipales. El regidor de Las Rozas relató a este periódico: "En febrero de 2003 el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en conocimiento de mis concejales".
La sociedad Sufisa logró contratos en algunos municipios contaminados por la trama como Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el sumario de la red de corrupción que afecta a administraciones en manos del PP. Esta misma sociedad se adjudicó en 2002 un contrato de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Por entonces, el responsable de la limpieza municipal era el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. La empresa habría logrado la adjudicación, según consta en un informe policial incluido en el sumario, debido a una comisión que pagó a la red Gürtel.
El coche de Sepúlveda
El juez Pedreira también ha citado a declarar como testigos a los representantes legales de C. de Salamanca, SA, y ALD Automotive, SA. Estas sociedades están relacionadas con la compraventa de un Range Rover Sport por valor de 83.000 euros que la trama corrupta facilitó al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.
Al que de momento no ha citado el juez ha sido el ex concejal de Urbanismo de Las Rozas Javier Espadas que también fue tentado por la red corrupta. La organización liderada por Correa se puso en contacto con Espadas para lograr la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de esa localidad. Según fuentes municipales, la red lo intentó en varias ocasiones llegando a ofrecer como contrapartida un paseo en yate y un fin de semana a todo trapo en un chalé de Marbella. El alcalde del municipio, al conocer las intenciones de la red Gürtel, le espetó a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me entere de que te vas a Marbella te quito todas las delegaciones de inmediato". El edil de la localidad madrileña rechazó la oferta.
* ELPAIS.com - 25.05.10
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
Valencia: La Plataforma de Velluters pide al Ayuntamiento que escuche a los vecinos
LASPROVINCIAS* : La plataforma "Recuperem el Princesa, reviscolem el barri" ha exigido hoy que el Ayuntamiento de Valencia "escuche la voz del vecindario" sobre el futuro del solar-aparcamiento, en el que se erigía el Teatro Princesa en el barrio de Velluters, para que "estos usos estén en coherencia con las necesidades del barrio". La plataforma ha reivindicado así su "derecho a decidir sobre el uso del solar" con motivo de la reunión de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que ha tenido lugar hoy, después de que la semana anterior se hiciese público "la intención de iniciar el proceso de expropiación del solar".
La asociación ha celebrado la decisión del consistorio que ha decidido iniciar "los trámites de la expropiación" del solar del Princesa, pero ha instado al Ayuntamiento que "se escuche la voz" de los vecinos del barrio, especialmente a la cuestión que incumbe la gestión de nuevo espacio sociocultural.
"Esta semana se ha hecho pública en la prensa la intención de iniciar el proceso de expropiación del solar, dedicando una parte del mismo a dotación sociocultural y otra a zona verde", ha apuntado la plataforma en el comunicado.
"Los medios de comunicación también recogen una probable gestión indirecta del espacio, así como la falta de dotación económica para este año", ha añadido.
En este sentido, ha incidido que el vecindario pide "la gestión directa del espacio sociocultural", contrariamente a la "posible gestión indirecta" que plantea el consistorio.
Asimismo ha instado que se lleve a término la expropiación, "en contra de las declaraciones hechas por el Ayuntamiento respecto a la falta de dotación económica" el pasado febrero, y ha recordado que "Velluters es un barrio olvidado por el ayuntamiento" cuando se tratada de "dotarlo de espacios y, por tanto, de invertir dinero".
"La construcción del futuro espacio" debe adecuarse a las "necesidades" de los vecinos, por lo que exigen un "espacio polivalente" y valoran "la opinión de las asociaciones y entidades del barrio", ha manifestado la asociación de defensa del solar.
Para ello, la plataforma, que cuenta "desde el principio con el apoyo de la Asociación de Vecinos EL Palleter de Velluters, Ca Revolta, Endavant y la Agrupación e Artquitectos Sostre, ha solicitado una reunión con la concejalía de urbanismo con el fin de transmitirle las reivindicaciones.
Asimismo, ha recordado que durante el otoño de 2009 la plataforma organizó una consulta popular entre 228 vecinos del barrio para que manifestasen su voluntad con respecto al futuro del solar.
En dicha consulta, un 97,4 por ciento de los participantes votaron a favor de la construcción de un equipamiento público, mientras que un 2,8 por ciento votaron en contra.
La misma fuente ha indicado que un 89 por ciento votó que sí a la gestión directa de la instalación por los vecinos del barrio y un 38 por ciento se inclinó por uso cultural del solar, un 23 por ciento por un centro social, mientras que el resto optó por otro tipo de instalaciones para fines educativos, deportivos o zonas verdes. EFE
* Las Provincias - 25.05.10
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
El alcalde de Tui desafía el veto de la Xunta a un proyecto de su promotora
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ELPAÍS/Pontevedra* : Todo está aparentemente listo para que Tui cuente al fin con un Plan General de Ordenación Municipal. Todo, excepto un pequeño detalle: una urbanización de la inmobiliaria del alcalde de la localidad. La actuación, conocida como Patazumba, consiste en la construcción de más de 300 viviendas promovidas por una empresa del regidor, Antonio Fernández Rocha, del PP. A los requerimientos de la Xunta, que obliga a respetar un hórreo centenario enclavado en el corazón de los terrenos, el Ayuntamiento tudense ha replicado con un informe que asume otras observaciones de la Administración autonómica, pero no la que afecta al hórreo, y por tanto al negocio del alcalde, apoderado de la promotora Provitui, propiedad de su hijo.
Además de los problemas administrativos, derivados de la protección del hórreo de Patazumba y de una casa anexa, el proyecto inmobiliario de Rocha se enfrenta también a los judiciales, después de que la Audiencia de Pontevedra paralizara la obra en enero de 2007. Al propio alcalde se le imputan, entre otros, delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico, pero Antonio Fernández Rocha y Provitui insisten en defender una actuación de la que depende la salud económica del grupo empresarial. En un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, de enero de 2009, se rechazaba la propuesta del Ayuntamiento tudense de trasladar el hórreo, "dada su singularidad". Se trata "de uno de los más destacados de Tui, ya que consta de siete pares de pies". Y, de acuerdo con la documentación de Patrimonio, "debe quedar vinculado a la casa y a la finca a la que pertenece", para proteger así su "valor cultural". El informe de la Xunta establece otras observaciones al Plan General, todas ellas incorporadas excepto la que afecta al hórreo, que según Fernández Rocha daría al traste con el Plan Especial Integrado 5, el de su inmobiliaria. El ayuntamiento acaba de contestar a la Xunta con otro informe en el que replica que el mantenimiento del hórreo supondría "un impacto de gran magnitud en la ordenación del Plan General". También alega que "haría inviable" un eje y una intersección viarios, pero lo sustancial viene a continuación, cuando advierte de que "se trastoca" así una ordenación en curso de ejecución -en realidad, paralizada judicialmente-, "con la obligación de abordar las indemnizaciones previstas" a los propietarios. Esto es: a la empresa de Fernández Rocha y su hijo, que anticipan así su intención de pedir una reparación económica en el caso de tener que renunciar a la urbanización en las condiciones previstas. Y las condiciones no eran precisamente leoninas. La empresa compró la finca principal del solar, de 6.000 metros cuadrados, por 1,7 millones de euros en abril de 2003, y completó así total de 14.648 metros cuadrados. Cuatro meses más tarde, en pleno agosto, el Ayuntamiento recalificó el terreno, para permitir el doble de las alturas autorizadas en las demás urbanizaciones de la zona. Una denuncia de la fiscalía a la juez permitió paralizar las obras, que habían comenzado sin licencia. Rocha lo intentó de nuevo con dos planes generales sucesivamente anulados por la Xunta, uno de ellos por el entonces conselleiro de Política Territorial Alberto Núñez Feijóo. La finca Patazumba es ahora el último obstáculo para obtener el visto bueno de la Xunta al Plan General de Ordenación Municipal, mientras el ayuntamiento tudense sigue rigiéndose por las normas subsidiarias de 1994. Fernández Rocha mantiene una relación directa o a través de su hijo con siete inmobiliarias y constructoras.
Cinco presuntos delitos
El alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, es un habitual de los juzgados. Aunque hasta ahora se ha librado de condenas relevantes, casi siempre por asuntos urbanísticos, el caso Patazumba es el de mayor relieve político y judicial de cuantos ha tenido que afrontar. Lo tramitó la titular del juzgado de instrucción número 1 de Tui, que en febrero de 2008 dictó auto de incoación y procedimiento abreviado contra el regidor municipal y otros siete implicados, a los que imputaba los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico. El caso pasó a la Audiencia Provincial, que todavía no ha resuelto una solicitud de anulación del auto de la jueza.
Según la instructora, el pleno municipal "modificó determinados aspectos de la normativa municipal, favoreciendo con ello, de forma deliberada, los proyectos de la empresa" del alcalde y su hijo. El ayuntamiento también aprobó estudios de detalle para urbanizar terrenos en los que "no cabe urbanización alguna". Rocha se benefició recientemente de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó un recurso de la Xunta contra planes urbanísticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba, por presentarse fuera de plazo.
* ELPAIS.com - 24.05.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
El Supremo anula un plan casi ejecutado de 3.381 viviendas en la costa por su efecto pantalla
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Supremo ha anulado el programa de actuación integrada (PAI) Sector Playa de Almenara, aprobado por el ayuntamiento en 2003 y ya casi ejecutado, por incumplir la Ley de Costas y construir una "pantalla arquitectónica" en la zona de reserva de dominio público marítimo terrestre. La sentencia, que sienta jurisprudencia, supone un aviso a navegantes para las murallas de edificios que aún se pretenden construir en la costa que podrían llegar a anularse, si algún afectado inicia una demanda como ha sido el caso de esta población de la Plana de Baixa de más de 5.000 habitantes y gobernada por el PSPV-PSOE.
La anulación del Sector Playa de Almenara la han impulsado una docena de propietarios de viviendas edificadas en la misma playa, en un suelo que el Plan Especial de Ordenación del Grao de Almenara, de 1973, clasificaba como urbano. En 1981, las normas subsidiarias municipales dividieron la zona litoral en diez sectores. En uno de ellos se incluyeron las casas de los demandantes. En 1999, el Ayuntamiento de Almenara aprobó un concierto previo en el que redujo a dos los diez sectores urbanizables en la playa "para proceder a un crecimiento moderado y respetuoso con la franja litoral". En 2001, la empresa Promometa SL (perteneciente al grupo Astroc del empresario Enrique Bañuelos) presentó el PAI Sector Playa, que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Almenara el 21 de enero de 2003. La docena de propietarios que presentaron la demanda, recurrieron el PAI porque los terrenos en los que fueron incluidos sus viviendas se declararon suelo agrícola de especial protección (lo que elevaba a cifras astronómicas las cuotas de urbanización que debían pagar al ser incluidos en el nuevo PAI). De ahí que decidieran presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que inicialmente dio la razón al Ayuntamiento de Almenara. Esta sentencia del TSJ ha sido ahora anulada por el alto tribunal.
La suspensión del Supremo
El Supremo anula el PAI Sector Playa de Almenara porque incumple el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988 que obliga a "evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo".
Los doce propietarios, representados por el abogado José Luis Ramos, alegaron ante el TSJ (que no tuvo en cuenta este argumento) y ante el Supremo (que lo ha admitido) que el artículo de la Ley de Costas se había infringido porque "los terrenos del Plan Parcial Sector Playa se encuentran en la zona de reserva de 500 metros del dominio público marítimo-terrestre y supone un considerable aumento de la edificabilidad y del número de viviendas permitido".
El Plan Parcial y PAI Sector Playa, que modificó las normas subsidiarias de Almenara a través de una homologación, "amplió la superficie de suelo urbanizable que en 1981 era de 479.700 m2 a 676.226 m2 en 2001; la edificabilidad máxima pasó en los mismos años de 191.800 m2 a 338.000 m2 y el número máximo de viviendas se elevó de 1.199 a 3.381 pisos", según detallaron los demandantes en su recurso.
Durante el contencioso tanto el TSJ como el Supremo requirieron al Ayuntamiento de Almenara para que aportara pruebas documentales de que la edificabilidad del PAI Sector Playa no era superior a la media del suelo apto para urbanizar todo el municipio. Ni a uno ni a otro tribunal dio "el Ayuntamiento de Almenara una respuesta mínimamente consistente" sino que ofreció una "incompleta y evasiva respuesta" en la que sólo informaba de las diferencias de edificabilidad en el sector Playa en 1981 y 2001.
Por tanto, el Supremo entiende que "debe considerarse acreditado que el Plan Parcial impugnado permite una densidad de edificación superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término de Almenara" y que debe imputarse al Ayuntamiento de Almenara la falta de acreditación de la diferencia exacta de edificabilidad prevista entre el sector objeto de controversia y la media del suelo urbanizable del término municipal; no sólo porque el ayuntamiento dispone de ese dato y, sin embargo, no lo puso de manifiesto en sus escritos de contestación a la demandada y de conclusiones, sino porque, además, tampoco lo proporcionó cuando expresamente fue requerido para ello en periodo de prueba".
* Levante-emv - 24.05.10
Foto: Almenara (Castelló), playa (archivo)- mma.es
Lo que faltaba
JUAN JESÚS RODERO/Zamora* : Bueno, pues es lo que faltaba, que tras el show montado por Adeiza con el Plan de Urbanismo de Zamora a cambio de la Fundación Ortega y Gasset, ahora resulte que ni siquiera a los propios órganos directivos de la Fundación les acaba de convencer el acuerdo forzado por los independientes con la Junta y el Ayuntamiento de la capital hasta el punto de que dudan de que llegue a convertirse en realidad, algo en lo que, por cierto, coinciden muchos zamoranos. Y es que ni el fin justifica los medios ni todo vale en política, ni en la vida. Importantes declaraciones las que ha efectuado al periódico el secretario de la Fundación, con sede en Madrid, que no ha tenido empacho en reconocer que ve muy difícil que la Junta y el Ayuntamiento impulsen de verdad el instituto de la Fundación pues advierte falta de voluntad para ello en el PP y más concretamente en la Administración regional.
Aseguran que ni siquiera se les ha informado por su parte del pacto entre el equipo de gobierno municipal y los dos concejales independientes que posibilita la ubicación de un instituto interuniversitario de la Fundación, la gran obsesión de Adeiza.
Hay otro punto en todo este asunto, tan surrealista por la forma en que se viene desarrollando, que parece determinante, y es la necesidad de que una universidad respalde la implantación del futuro centro, cuestión imprescindible para regularizar los cursos que puedan impartirse así como para otorgarles validez académica. En este sentido, el secretario de la Fundación ve a la Universidad de Salamanca dando largas al asunto, lo mismo que la Junta, lo que a su juicio implica que no están por la labor.
Pero todavía hay otro aspecto más, al que se puede llegar, o no, como lectura de fondo de las palabras del alto cargo de la Fundación, y es que da la impresión, de alguna manera, de no estar demasiado satisfecho de cómo se ha desarrollado todo este asunto que ha estado politizado de principio a fin y que lo sigue estando. Parece evidente un fondo de malestar en el seno de la Fundación, que tal vez no se concrete exclusivamente en la Junta y en el Ayuntamiento de la capital pese a las acusaciones hechas de que aun contando con el reconocimiento oficial del pacto se continúa, en el fondo, igual que hace tres años. Que fue cuando aparecieron los dos ediles de Adeiza con su cansino tema bajo el brazo.
Por el contrario, el portavoz de los independientes, que resta importancia a las declaraciones efectuadas por el responsable de la Fundación aunque reconoce el malestar latente en ellas, se muestra impenitentemente optimista, hasta el punto de que confía en que en octubre el instituto interuniversitario esté en marcha. Lo que no se cree ni él, claro. Bastaría con que recordase Mateos el trato que ha recibido del PP en anteriores ocasiones, bastantes años atrás. Pero ni siquiera lo de la universidad será problema para el animoso concejal de Adeiza que piensa que si Salamanca no quiere no faltarán otras universidades de la región para respaldar el proyecto. Cosa de la que cabe dudar por bastantes razones. Pero, en fin, esperemos que todo se vaya solucionando y que el culebrón tenga un final feliz.
* La Opinión de Zamora - Opinión - 22.05.10
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