¿Por dónde dice que tengo que ir?

ELPAÍS/Madrid* : Rotas, confusas, escondidas, obsoletas... La ciudad de Madrid, con sus casi 3.300.000 habitantes, tiene más de 150.000 señales de tráfico verticales. Es decir, una por cada 22 madrileños. Pero estos carteles metálicos -realizados en chapa o en aluminio- no siempre cumplen todos los requisitos para que conductores y transeúntes las comprendan. Por su situación, sus características o simplemente por abandono, no hay quien se aclare con ellas: se acumulan en los postes, se dejan en las aceras al acabar las obras que señalizaban o están llenas de pintadas que las dejan irreconocibles. El Ayuntamiento es el encargado de gestionar los 3.000 kilómetros de vías públicas que tiene la ciudad de Madrid. Como explican desde la Concejalía de Seguridad y Movilidad del Consistorio, "la señalización existente en la vía pública está sometida a permanentes cambios". Los achacan a modificaciones de las normas, de las propias vías o a "sugerencias de los usuarios".

En un estudio realizado por el RACE en primavera de 2010 y publicado en septiembre en el que se analizaban 57 obras en 12 ciudades europeas, Madrid obtuvo un resultado de "aceptable". El club de automovilismo observó que la ciudad debería mejorar en "las señalizaciones verticales y las marcaciones viales". Asimismo estableció que se debe reforzar la información en las zonas de obras, también para dar alternativas al tráfico.

En el caso de Madrid, el RACE analizó las obras de las calles de Mejía Lequerica y Serrano (calificadas como "aceptables"), las del paseo de La Habana ("satisfactoria") y las de las calles de Juan Bravo y los Hermanos Bécquer, ambas definidas como "insatisfactorias". En todas ellas destacó que faltaba algún cartel que indicara "la duración de las obras ni la longitud del tramo".

Para David Calavia, de la Asociación para el Estudio de las Tecnologías de Equipamiento de Carreteras, en general Madrid no tiene una mala señalización, "si acaso excesiva". Asegura que Madrid tiene un buen inventario de sus señales (tanto de las verticales como de las llamadas "marcas viales", las situadas en el suelo), aunque el control sobre el estado de las mismas es "relativo", asegura.

En diciembre de 2007, la ley estatal que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial pedía en su disposición adicional "una revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad, para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial".

Como explica Calavia, todas las señales -cuando cumplen los estándares de calidad- tienen tres datos escritos en un cajetín que está detrás de las mismas: quién las ha fabricado, cuándo se han situado en su ubicación y cuál es su fecha de caducidad. Asegura que la vida media de una señal es larga, de hasta 10 o 12 años.

Pero en muchas ocasiones los Ayuntamientos alargan su vida útil, y se pasan allí 15 y hasta 20 años. "Eso, unido al vandalismo o a las condiciones del ambiente (como la humedad, que en otras ciudades como Barcelona afecta mucho más), hace que las condiciones de las señales no sean las mejores", afirma.

En diversas ocasiones, el problema está en las competencias. ¿Quién se encarga de quitar y poner señales? El Ayuntamiento explica que si son señales de obras que estén en la vía pública, quien ejecuta las obras es quien debe retirarlas.

Como la propia Concejalía explica, el Ayuntamiento recibe a diario y por diversos medios -como la Policía Municipal, las áreas de Obras, Medio Ambiente, Urbanismo y las Juntas de Distrito- "decenas de estas quejas o sugerencias respecto de la señalización", tanto de ciudadanos como de asociaciones vecinales. Para dejar una queja o una sugerencia se puede usar el teléfono 010 o la web del Ayuntamiento. Después, el Ayuntamiento "procede a estudiar e inspeccionar las propuestas planteadas".

Aunque con una señal por cada 22 madrileños habrá que armarse de paciencia.

La fotografía ha sido realizada en el cruce de la avenida de los Poblados con la A-42, la carretera de Toledo. En ella se aprecian, en un solo poste vertical, tres placas. La señalización es confusa: bajo una señal de prohibido circular en motocicleta, una de vía por la que sí pueden circular... bicis. Las imágenes de la bicicleta y de la moto son bastante similares para quien quiera circular por el carril-bici que hay justo debajo. Con la pintada que hace incomprensible el cartel inferior, todo un lío para el ciclista.



* El País - 18.01.11
Foto: Madrid, señales imprecisas - elpais

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Galicia cuenta con cerca de mil edificios públicos abandonados

LAVOZDEGALICIA* : Cuarteles, lonjas, mataderos, antiguos conventos, edificios en ruinas, construcciones recientes, estaciones de tren, centros culturales, teleclubes y, sobre todo, escuelas abandonadas en zonas rurales. Galicia contabiliza casi un millar de edificios de titularidad pública que carecen de uso, algunos de los cuales presentan un estado de conservación deplorable. Según los datos facilitados por los propios ayuntamientos al Gobierno central -recogidos en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales- el grueso de las propiedades infrautilizadas se corresponde con centros educativos del medio rural, antiguas escuelas unitarias. Algunas de ellas, sobre todo en zonas próximas a villas y ciudades, han empezado a recuperar un uso como locales vecinales o centros culturales, tal y como recuerda Carlos Fernández, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Pero no ocurre lo mismo en áreas más deshabitadas del interior de Lugo y de Ourense.

Solo A Fonsagrada contabiliza 26 escuelas sin uso y en Cervantes, también en la montaña lucense, la cifra se sitúa en 22. El abandono o la infrautilización de los edificios públicos no constituye solo un problema rural como consecuencia del declive demográfico.

Las limitaciones económicas de los ayuntamientos, máxime en época de crisis, unido a la lentitud y a la espesura burocrática de las negociaciones entre distintas esferas de poder han condenado al desuso a edificios públicos que ocupan lugares emblemáticos.

En algunos casos los inmuebles infrautilizados son titularidad de la Xunta, que pese a recortar su gasto de alquileres un 6,8% por la crisis, destinará este año 9,3 millones de euros para el arrendamiento de oficinas. En Pontevedra, por ejemplo, la Administración autonómica tiene un edificio sin uso en la calle Benito Corbal.

La infrautilización de inmuebles de titularidad pública tiene en Santiago un ejemplo en el antiguo chalé de Roxos, que fue residencia oficial de Manuel Fraga durante muchos años y que luego se convirtió en centro de menores con el bipartito. Se encuentra en un estado lamentable de conservación y la Xunta prevé acometer el derribo pronto, trabajos que le costarán entre 20.000 y 30.000 euros.

En Ferrol existe otro inmueble propiedad del Ministerio de Hacienda vacío desde el traslado de ese servicio a la zona de As Telleiras, en el 2006. El Concello ya ha solicitado su cesión al Gobierno central. En la misma ciudad se ubica otro inmueble emblemático, el cuartel Sánchez Aguilera, sin uso desde hace una década y donde Defensa y el Concello prevén rehabilitar algunos pabellones y construir nuevas viviendas.

Pocos kilómetros al norte, en A Coruña, hay tres ilustres muestras de edificios públicos en desuso: el Gobierno Militar, la Comandancia de Marina y la antigua fábrica de tabacos. Esta última, propiedad del Ayuntamiento, se encuentra sin uso a la espera de que se concrete un convenio con la Xunta para albergar los servicios de Justicia. La fábrica ha llegado a perder una subvención de 25 millones de euros que concedía el ya desaparecido Ministerio de Vivienda. En Ourense capital hay tres ejemplos paradigmáticos: la antigua cárcel, el balneario y el claustro de San Francisco.

Falta de recursos

La infrautilización de dependencias públicas afecta a inmuebles de construcción reciente. Es el caso de la guardería del campus de Lugo, construida por la Xunta hace años y que no se pudo abrir por ese motivo. Ahora se está a la espera de que entre en vigor el nuevo PXOM, cuya aprobación definitiva depende de la Xunta. Los graves problemas económicos de los ayuntamientos han mermado sus proyectos de rehabilitación.



* La Voz de Galicia - 17.01.11
Foto: A Coruña, tabacalera abandonada - laopinión

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Los propietarios de Empuriabrava pierden sus amarres y embarcaderos

LAVANGUARDIA/Girona* : Expediente concluido. La ley de Costas ha caído finalmente como una losa sobre el puerto interior y la urbanización marítima de Empuriabrava, en Castelló d'Empúries. El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos Martínez, ha firmado la orden de deslinde del dominio público de los canales de este puerto interior y su zona residencial. Los propietarios perderán el carácter privado del amarre o del embarcadero, pues toda lámina de agua marina será dominio público. Además, las fincas quedan afectadas por una servidumbre de tránsito de seis metros junto al canal, con el fin de facilitar un posible acceso directo al mar. Esto último significa que los propietarios tendrán las manos atadas para actuar en esta franja de seis metros, aunque legalmente no pierden la propiedad de la parcela. La raya de la afectación cruza jardines, piscinas y partes de muchas casas. “Pasa incluso por mitad de las camas en la casa”, había denunciado la Asociación de Propietarios de Empuriabrava. Esta entidad ha venido librando una batalla para frenar el deslinde del litoral al considerarlo como un ataque a la propiedad.

Los miles de afectados por el deslinde de la ley de Costas en Empuriabrava creían que la situación kafkiana que estaban viviendo tendría una solución favorable al finalizar el expediente de deslinde. Pero no ha sido así, pues se ha aprobado con poquísimas modificaciones respeto al expediente que estuvo en información pública.

El Gobierno no ha aceptado el argumento de que las marinas deberían tener un tratamiento diferenciado a la hora de delimitar la línea costera, como había reclamado reiteradamente CiU en el Congreso a través del diputado Pere Macias. Empuriabrava se adentra hasta 1,5 kilómetros del frente litoral propiamente dicho.

El resultado es que la raya que marcará el dominio público discurrirá en paralelo a los canales de Empuriabrava y los serpenteará con una traza en zigzag hasta alcanzar el último confín de este laberinto de amarres y embarcaderos. Muchísimos propietarios habían sacrificado parte del terreno y habían excavado su finca para crear garajes náuticos particulares, y es habitual que estos estén tapados con paredes, techos y persianas metálicas. Ahora, todo eso pasará al Estado. Además, tampoco se podrán comprar y vender los amarres de los minipuertos privados situados al final de canales junto a las casas pareadas, y que se vendían como plazas de parking.

Los afectados habían considerado todas estas fincas y amarres como propiedad particular a todos los efectos, pues las parcelas estaban inscritas en los registros de propiedad sin cargas ni limitaciones y se han venido comprando y vendiendo mediante escrituras notariales durante cuarenta años. Los afectados han argumentado que el Estado español había legitimado de facto esta situación al no haber advertido nunca ninguna anomalía o carga. En estos años, han intervenido tasadores; los bancos han hecho hipotecas, y los propietarios han pagado sus impuestos a todas las administraciones ignorando esta afectación.

Una preocupación añadida para los dueños de parcelas son sus usos en la franja reservada para servidumbre de tránsito en el interior de sus propiedad, pues comportará drásticas restricciones. En ella no se podrán hacer obras de consolidación, aumento de volumen edificable o modernización. Para ellos, es un expolio.

El reglamento de la ley de Costas no obliga a abrir el paso de manera inmediata, sino que permite dejar la situación tal como está si hay una servidumbre de tránsito alternativa, es decir, si está garantizado el paso por detrás de todas la parcelas. No obstante, la zona de servidumbre (en mitad de la propiedad) sí tendría que habilitarse en caso de que sí se hiciera en la zona una nueva marina, según dijeron a este diario los técnicos hace unos meses.

La aprobación llega cuando el nuevo Govern de CiU inicia su singladura y todavía no están nombrados todos los cargos en el Departament de Territori i Sostenibilidad que dirige Lluís Recoder.



* La Vanguardia - 14.01.11
Foto: La columna de agua es de dominio público, y la servidumbre toca jardines, piscinas y edificaciones - lavanguardia

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Marbella.- La licencia de Crucero Banús no se ajustaba a ningún plan urbanístico

SUR/Málaga* : La licencia concedida para levantar un edificio de viviendas previsto en el pelotazo inmobiliario de 'Crucero Banús' no se ajustaba a ninguno de los dos planes urbanísticos que entonces se aplicaban en Marbella. Según ha declarado hoy el que fuera jefe de los servicios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Francisco Merino, la licencia no cumplía la normativa del plan vigente, el de 1986, ni tampoco al texto refundido de la norma que estaba en revisión, de 1998. El técnico ha manifiestado que se incluía una mayor edificabilidad que la permitida en el plan de 1986 e incluso afectaba a una parte de la parcela calificada como zona verde. Merino, a preguntas de fiscal, ha explicado que por "orden expresa de la Alcaldía los técnicos siempre teníamos que informar del proyecto con respecto a las dos normas urbanísticas" y ha contestado que los convenios que se iban pactando entre el Ayuntamiento y los particulares tuvieron "un alta influencia" en la revisión del plan.

Buena parte de la sesión de hoy del juicio por el 'caso Malaya' la ha consumido el interrogatorio por parte de los abogados de las defensas de los peritos de la agencia tributaria. Los letrados han tratado de desmontar los informes de los expertos fiscales que sostienen que los acusados ­-socios en la operación urbanística de Crucero Banús- no tributaron los más de seis millones de beneficio que obtuvieron en el negocios inmobiliario.



* Sur - 17.01.11
Foto: Marbella Banus - malagaweb

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Valencia.- Una promoción de Sociópolis queda parada por falta de compradores

LEVANTE* : La falta de demanda ha dejado estancada una promoción de 95 viviendas que ejecuta la empresa Ecovi en el complejo de Sociópolis. La cooperativa gestionada por dicha compañía tan sólo cuenta con 40 socios, cifra insuficiente para financiar la construcción del proyecto. Ecovi es una de las adjudicatarias de las parcelas que sacó a concurso el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) para construir un "nuevo modelo de barrio de vivienda asequible" en la pedanía valenciana de La Torre. Sociópolis, ideado por el arquitecto valenciano Vicente Guallart, prevé la edificación de 3.000 VPO en un entorno de 380.000 metros cuadrados. Los afectados por la falta de viabilidad de la promoción de Ecovi se muestran indignados al ver cada vez más lejos la posibilidad de obtener el piso que llevan esperando desde hace años. Éstos afirman "que se les ha arrebatado el derecho a disponer de una vivienda digna". Así lo denunció a Levante-EMV David Ortega, quien asegura también que teme perder el dinero invertido en la sociedad, que representa para él "los ahorros de cinco años".

Sin embargo, desde el departamento comercial de la empresa ofrecen una visión distinta y defienden que "no se ha estafado a nadie". Aseguran que se les ha ofrecido a los socios la posibilidad de seguir adelante con el proyecto o bien abandonarlo, en cuyo caso se les garantizaría la devolución del dinero depositado en la cooperativa ya que las cantidades que se invirtieron están avaladas. "Intentaremos devolverles el máximo dinero posible ahora, y en un tiempo todo el importe", declararon. También añadieron que por ahora ningún socio les ha comunicado ninguna decisión -entre las que se incluiría también la opción de contratar otra empresa gestora- por lo que siguen realizando trámites para ejecutar el plan previsto y no contemplan devolver la parcela. Así, han negociado con el IVVSA la renovación de los plazos de ejecución del proyecto.
Desde Ecovi aseguran que en Sociópolis "hay un problema de comercialización" ya que la oferta supera la demanda y añaden que su situación no es única: "muchos promotores han perdido o devuelto los terrenos que se les habían adjudicado". No es este el caso de la cooperativa de viviendas de la UGT, conocida como HAB-CO. Fuentes de la empresa afirmaron que las obras del edificio que promueven ya están terminadas y que se entregarán los pisos a sus propietarios entre mayo y junio, cumpliendo los plazos que prometieron a sus socios. Respecto a las obras de urbanización de Sociópolis -responsabilidad de la Generalitat- declararon que aunque van a un ritmo más lento del que deberían esperaban que se terminaran en la fecha prevista.

La influencia de la crisis
La crisis económica ha marcado el desarrollo de Sociópolis, un plan ideado bajo el lema de la "ciudad ideal", que prometía ser un ejemplo de sostenibilidad al integrar la huerta valenciana en el entramado urbano. Los problemas de financiación con los que se han encontrado tanto constructores como clientes han frenado el despegue de un proyecto que arrancó en el año 2003. A este respecto, desde el IVVSA defienden que las 10.000 solicitudes que recibían por cada una de las parcelas que sacaron a sorteo prueban que no hay exceso de oferta. Atribuyen el descenso en la demanda a los problemas de liquidez de las familias y a su dificultad de acceso a los préstamos. Alrededor del 80% de las viviendas previstas son protegidas.
Desde el organismo oficial aseguran que han sido mínimos los casos registrados de promotores que han renunciado a sus parcelas, y éstos se han producido por el contexto de crisis. También afirman que la responsabilidad del IVVSA se ciñe a la urbanización del sector y la generación de parcelas, por lo que los ciudadanos que se sientan perjudicados por las empresas adjudicatarias deberían recurrir a la vía legal.



* Levante - 15.01.11
Foto: Valencia, maqueta Sociópolis - gva.es

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Sevilla.- PGOU: la estafa consentida

ABC* : El año 2011 será el quinto de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. El máximo documento de gestión urbanística local se presentó durante los años que duró su tramitación como un instrumento innovador, en su concepción y sus propuestas, y como una garantía de generación de riqueza y empleo en la ciudad. En 2004, a dos años de su aprobación definitiva, el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, aludía al Plan en ciernes como «la herramienta fundamental para la apropiación de la ciudad por los ciudadanos». Y es que el proceso de participación y elaboración del Plan urbanística se convirtió tambien en una extraordinaria campaña de propaganda con el lema que ha marcado buena parte de los últimos mandatos municipales: El PGOU era «la construcción de un sueño». El Plan no era una promesa.

Su equipo redactor, encabezado por González Fustegueras, aseguraba que incorporaría mecanismos novedosos para asegurar su total cumplimiento y evitar, como venía ocurriendo históricamente con los planeamientos anteriores que todo quedara simplemente en la teoría. Todo estaba planificado: Las previsiones sobre los costes económico estaban fijadas al metro cuadrado, y se incluían nuevos mecanismos de gestión para concertar intereses públicos y privados y entre las distintas administraciones.
Entre las innovaciones del nuevo Plan, destacó la de la concertación con los propietarios de suelo mediante la firma de convenios urbanísticos. El PGOU proyectaba la construción de más de 53.000 viviendas, de las que un 41% serían protegidas, y liberaba 13 millones de metros cuadrados para la implantación de actividades productivas. Para garantizar la viabilidad de los nuevos desarrollos, y durante la tramitación del Plan, la Gerencia de Urbanismo dedicó parte del anterior mandato municipal a suscribir decenas de convenios con los propietarios del suelo recalificado, acuerdos que obligaban a estos a realizar aportaciones económicas para financiar las infraestructuras generales externas (comunicaciones, espacios libres y equipamientos previstos en el Plan) —la urbanización interna y la conexión con el viario y los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento de su sector corre a cargo de los promotores—. Con ello, los propietarios se aseguraban contar en el tiempo marcado por el PGOU con las carreteras, los parques y el equipamiento necesario para la mejor proyección de sus suelos recalificados. Por su parte, el Ayuntamiento conseguía liquidez económica para impulsar las grandes obras públicas de su competencia que aseguraran el correcto desarollo del Plan. En virtud de estos convenios, la Gerencia de Urbanismo recaudó algo más de 172 millones de euros en metálico y unos 70 millones en suelo.
Pero en menos de cuatro años el Ayuntamiento gastó todo el dinero procedente de esos convenios en proyectos de la llamada «ciudad consolidada». Así financió la red de carriles bici, en cierta forma un sistema general de nueva creación, pero también las obras, o mejor dicho, los extraordinarios sobrecostes de proyectos considerados emblemáticas por el grupo de gobierno, como la reurbanización de la Alameda o el inconcluso Metropol Parasol de la Encarnación, cuyo presupuesto se ha doblado. Al ser ambos espacios públicos son considerados en el Plan como Sistemas Generales de la ciudad. Tal fue la justificacón municipal a los promotores cuando éstos le reclamaron el dinero que habían adelantado al Ayuntamiento, supuestamente para desarrollar las infraestructuras de los nuevos desarollos previstos. como por ejemplo la SE-35. Se da la circunstancia de que sólo dos de los convenios firmados por propietarios de suelo con el Ayuntamiento, ambos de administraciones públicas, Defensa y Puerto, especificaron que el destino de las aportaciones serían los Sistemas Generales adscritos a los sectores objeto del convenio. El resto no tuvo la misma cautela. Un pequeño detalle que supuestamente daba carta jurídica a Urbanismo a emplear el dinero en Sistemas Generales de cualquier tipo, aunque el espíritu del Plan, según el modelo propuesto por Fustegueras, fuera muy distinto. Pero una cosa es el espíritu y otra gobernar para ganar elecciones. El alcalde lo explico con una frase poco afortunada para la pretendida planificación urbana que prometía el PGOU: «no voy a gastar el dinero que hay en hacer carreteras a ninguna parte».
Esto tiene sus inconvenientes. Cuando es preciso construir una de las pasarelas proyectadas sobre el río —un Sistema General— se depende ahora de un acuerdo con particulares con intereses en el proyecto. Como ocurre con el anunciado proyecto de Cajasol y Barceló para construir un puente a la altura del Hotel Renecimiento.
El Plan se utilizó como herramienta electoral de urgencia con las consecuencias a corto y largo plazo. El Ayuntamiento se había gastado las aportaciones en un mandato de cuatro años, cuando el PGOU tiene un horizonte mínimo de doce, con la circunstancia añadida de una grave crisis económica que ha paralizado el sector de la construcción y por tanto los planes de vivienda en curso, y una ruina de las arcas municipales reflejada en la caída de las inversiones y la constante renegociación de la deuda del Ayuntamiento.
La patronal de promotores y constructores, Gaesco, habló entonces de «estafa» y anunció una querella contra el Ayuntamiento. Los informes jurídicos auguraban un largo proceso de consecuencias imprevisibles. Y el Ayuntamiento se enfrentaba a un escándalo que le estallaba a final del mandato, a pocos meses de la cita electoral de mayo. La polémica se diluyó en un proceso de negociación que culminaba a finales del pasado año con la firma de un acuerdo en el que el Ayuntamiento se comprometía, a sólo cuatro años de la aprobación del PGOU, a aprobar un Plan Especial de Infraestructuras, en trámite de contratación, para «impulsar, programar y agilizar la ejecución de las redes de energía eléctrica, telefonía, abastecimiento y saneamiento de agua, gas, etc. para el desarrollo de los suelos urbanizables del Plan». En el mismo acuerdo, el Ayuntamiento se compromete con los propietarios de suelo urbanizable, que sean promovidos por empresas asociadas a Gaesco y que firmaron en su día los convenios urbanísticos, a sufragar los costes de expropiación o adquisición de los terrenos calificados como Sistemas Generales exteriores a los sectores a desarrollar, a adjudicar y sufragar la ejecución de los Sistemas Generales viarios y de abastecimieno y saneamiento, sin exigir cantidad adicional a la ya aportada por estos en los convenios urbanísticos previstos». Gaesco obtenía sus garantías.
Diálogo competitivo
Además, el convenio se inscribe en una nueva fórmula de relación de Urbanismo con los promotores, definida como «diálogo competitivo» en el que el Ayuntamiento se compromete además a financiar con fondos procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo la urbanización interior de los sectores que corresponde a los promotores a cambio de suelo. Hasta el momento ha culminado una convocatoria dotada con 43 millones a la que se han acogido las constructoras Metrovacesa y Rus, y acaba de lanzar una segunda oferta por 56 millones. Se espera que estos acuerdos reactiven los planes de vivienda, aunque la demanda se haya resentido drásticamente por la falta de liquidez de las economías domésticas que ha ralentizado tanto la compra de vivienda de renta libre como protegida.
Y es que el parón del sector de la Construción y el desvío de los fondos para los Sistemas Generales no sólo supone un freno en la programación del Plan sino una ruina para la propia gerencia de Urbanismo que no obtiene los ingresos prvistos debido a la pérdida de actividad, la menor cncesin de licencias, etc.
El acuerdo, por tanto, satisface a Gaesco, que considera asegurada la reposición del dinero entregado a cuenta para el desarrollo del Plan cuando haga falta según la programación del propio PGOU. Y al Ayuntaiento que sale al auxilio de las construtoras para que no paren las grúas. Sin embargo, el acuerdo, redactado en tres folios, no aclara de dónde sacará Urbanismo esos 172 millones de euros cuando sea necesario. Y todo en un proceso de crisis que ha reducido las inversiones reales municipales en un 95%, según el informe del Consejo Económico y Social sobre los Presupustos Municipales para 2011. Esto indica que el dinero gastado tendrá que salir ahora de procesos de despatrimonizalización del Ayuntamiento mediante la venta de suelo, o directamente por la vía impositiva, es decir, pagarán los ciudadanos. Será, no obstante, un problema del próximo gobierno municipal, al que le tocará despertar a la ciudad del «sueño».
Papel mojado
Sea por la crisis, por incapacidad de gestión o por falta de apoyo de otras Administraciones, lo cierto es que en estos cinco años también se han caído muchas expectativas del PGOU. Posiblemente entre las más relevantes están las que se refieren a la movilidad. El PGOU adolecía de mucha teoría sobre el tráfico privado y el transporte público pero no supo responder a las necesidades de la ciudad. En la práctica, sin el desarrllo del Metro y con la indefinición del destino final del tranvía, que se apuntaba como solución al problema del táfico dentro del casco histórico, o hay soluciones para mejorar en este aspecto. Es más, las medidas que del Plan ha puesto en marcha el gobierno municipal, no precisamente las que requerian más inversión pública, han complicado más la situación.
Otros proyectos emblemáticos del Plan ya son imposibles, como el traslado de la Feria al Charco de la Pava, lo que condiciona la liberación del suelo de Los Gordales.
En otros casos, las urgencias del Gobienro municipal han llevado a tomar decisiónes contrarias al Plan como el intento de venta de la antigua comisaría de la Gavidia, concebida como suelo de interés público.
Tampoco el Plan ha permitido conseguir el parque metropolitano de Tablada que prometía, ni ha dirigido la política municipal a volcarse en los equipamientos del casco histórico o ha generado grandes transformaciones urbanas a la ciudad consolidada.
Otras ilusiones interrumpidas del «sueño», como el diseño de la parcela simbólica de Heineken en Nervión por los gurús de la arquitectura mundial, parece que sólo fueron parte del guión promocional del Plan... Y es que en todos estos años de la construcción del «sueño», hemos comprobado que el guión no era infalible y se podía cambiar al antojo y la necesidad, generalmente electoral, del gobernante.
No faltan alas
adriano
Cantaba Silvio Rodríguez, «no hacen falta alas para hacer un sueño, basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño». Quisieron volar alto los que vieron en el PGOU de Sevilla una oportunidad para la propaganda a su servicio, los que rindieron culto a lo virtual, los que batieron sus alas para situarse por encima del resto de los mortales con los que decían soñar el futuro común que ellos marcaron. Y faltaron manos limpias, y pechos para soplar los humos que ocultan la verdad, y piernas para andar sobre la cruda realidad. Faltó el empeño de gestionar con la cabeza puesta en una ciudad real a la que deberían haber dejado soñar por si misma.



* ABC - 15.01.11
Foto: Sevilla, setas Plaza Encarnación, Metropol Parasol - elcorreoweb.es

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El país donde un centímetro no es lo mismo para todos

JAVER GUITIÁN/Galicia* : Cada vez con más frecuencia llegan a mis oídos casos en que vecinos de pequeños pueblos gallegos, de la costa o el interior, ven limitada la capacidad de hacer reformas en sus viviendas por razones variadas. No se trata, en general, de grandes obras sino de pequeñas modificaciones. En estos casos, organismos varios suelen ser inflexibles con los permisos y basta mover una piedra para que pulcros inspectores se personen en el inmueble y pongan las cosas en su sitio. Nada habría que objetar a tal proceder si esto fuera igual para todos los ciudadanos pero, lamentablemente, no es así. También, cada vez con más frecuencia, conozco casos en que personas ajenas a esos pueblos adquieren viviendas para su teórica rehabilitación y, haciendo de su capa un sayo, modifican alturas y volúmenes o alteran fachadas, sin cortapisa alguna. En estas situaciones, los responsables de Urbanismo, Patrimonio o Costas no suelen tener problemas en facilitar todo tipo de licencias sin que uno sepa, aunque lo intuya, cuál es la diferencia con la población local. Resumiendo, hemos pasado del «ti vai facendo» al «a ti sí, a ti no».

Les puedo contar casos como el de María, que no puede construir en la aldea junto a sus padres porque Patrimonio es muy estricto en los alrededores del Camino de Santiago, salvo con los parques eólicos. Puedo hablarles de José, que ha tenido la obra paralizada por Costas por aumentar veinte centímetros la altura de su vivienda; seguro que así debe ser. El problema surge cuando en la rehabilitación de la casa en la costa de doña Eustaquia, pongamos por caso, el volumen de la obra crece como si le hubieran añadido levadura y no pasa nada; faltaría más, tiene todas las licencias en regla.

Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les en

Les puedo contar casos como el de María, que no puede construir en la aldea junto a sus padres porque Patrimonio es muy estricto en los alrededores del Camino de Santiago, salvo con los parques eólicos. Puedo hablarles de José, que ha tenido la obra paralizada por Costas por aumentar veinte centímetros la altura de su vivienda; seguro que así debe ser. El problema surge cuando en la rehabilitación de la casa en la costa de doña Eustaquia, pongamos por caso, el volumen de la obra crece como si le hubieran añadido levadura y no pasa nada; faltaría más, tiene todas las licencias en regla.

Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les en

Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les en

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les enseñan que la centésima parte del metro no es igual para todos.


* La Voz de Galicia - Opinión - 16.01.11

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