ELMUNDO/Madrid* : La federación de asociaciones vecinales de Madrid (FRAVM) cree que la Operación Chamartín, que prevé el soterramiento de las vías del tren en su vertiente norte y la construcción de 17.000 viviendas, carece de sentido, dada la coyuntura actual de exceso de viviendas y los recientes desarrollos -Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo- que han crecido en sus alrededores y que aún no se han terminado de poblar.
Según la FRAVM, el nuevo desarrollo no responde al interés general y hurta suelo público al desarrollo de equipamientos sociales en un contexto de exceso de oferta inmobiliaria.
En sus alegaciones al documento de aprobación inicial del Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03 "Prolongación de La Castellana", la organización vecinal ha solicitado la retirada del proyecto toda vez que viene a colmatar la zona norte de Madrid, ya sobredensificada por las cuatro torres en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid y los PAU de Montecarmelo, Las Tablas, Arroyo Fresno y Sanchinarro, así como por las realizaciones de Valdebebas y el Ensanche de Barajas y, por último, por el vasto incremento del tejido residencial y de actividades en los municipios limítrofes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
En opinión de la FRAVM, la Operación Chamartín "no es necesaria ni, mucho menos, prioritaria" y su ejecución en la actualidad responde a "justificaciones ideológicas sobrevenidas a posteriori para obtener una suculenta rentabilidad económica". Esta tesis, según los dirigentes vecinales de la región, se sostiene por la modificación puntual del PGOUM realizada en 2003 por la que se incrementó en un 75% la edificabilidad del ámbito.
"Tras esta decisión -aducen- no había argumentos ni razones de índole urbanística, ni apelaciones al interés general, sino un comportamiento 'de casino' en el mercado inmobiliario, alarmante por cuanto es imputable a las tres Administraciones (municipal, autonómica y central) y a las empresas públicas RENFE y ADIF, todas ellas de la mano de una empresa privada (Duch), del BBVA".
Asimismo, los vecinos de Madrid se preguntan por qué "las administraciones destinan suelo público a la promoción residencial privada en una relación de 20/80 viviendas algo protegidas/libres en unos terrenos que, en su día, obtuvieron mediante expropiación para ejecutar una infraestructura pública".
Problemas de movilidad
A la definitiva e irreversible colmatación de la zona norte de la ciudad, la FRAVM añade los problemas de movilidad que la edificación de más de tres millones de metros cuadrados en viviendas y usos terciarios, más la multiplicación de la capacidad operativa de la estación generará en la M-40, M-30, A-1, M-607, A-11 y en la autovía de Alcobendas, toda vez que las administraciones no han contemplado el exponencial incremento del tráfico que el desarrollo de la Operación conllevará.
* El Mundo - 30.12.09
Foto: La Operación Chamartín prevé la construcción de 17.000 viviendas. | Alberto di Lolli, elmundo.es
Los vecinos de Madrid creen que la Operación Chamartín va contra el interés general
Año 2010. El Cabanyal sigue en pie
LEVANTE/Valencia* : El patrimonio urbanístico de El Cabanyal que en su día mereció la calificación de conjunto histórico protegido sigue en pie sin perder los valores fundamentales que motivaron su declaración como tal. Prácticamente la totalidad de las casas que se descatalogaron para poderlas derribar con la aprobación del proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez están sobre sus cimientos, solo algunos edificios se derribaron en cuanto pasaron a ser propiedad municipal y todos con operaciones de compra venta, ya que ningún proyecto de expropiación se ha consumado.
Me alegro al poder afirmar que El Cabanyal sigue en pie, pero me duele constatar que algunas de las malas expectativas que vaticinaron desde el gobierno municipal se han cumplido: la degradación ha hecho mella en las zonas por las que debía avanzar la avenida, en ocho años se ha producido más degradación urbanística que la que hubiéramos tenido en cincuenta sin ningún tipo de intervención pública, increíble pero cierto.
Vamos a entrar en el año 2010 y no puedo dejar de pensar en una sociedad anónima que se creó para gestionar el Plan Especial de Reforma (¿porqué no Rehabilitación?) Interior del Cabanyal, se trata de Cabañal 2010, S.A. Esta empresa se constituyó en el año 2005 y en todo este tiempo solo ha conseguido un objetivo: gestionar la degradación. Y lo ha hecho tan mal que hasta las empresas privadas que esperaban obtener beneficios en esta operación se marcharon, abandonaron el buque antes del naufragio total. El caso es que la empresa que debía ayudar a la rehabilitación y desarrollo del plan en todo el barrio ha dedicado los recursos asignados a comprar viviendas con poco éxito y, lo que es peor, a crear condiciones de degradación.
Ayuntamiento, concejales, resistentes, vecinos del barrio y de la ciudad, todos llevamos ya muchos años en estas condiciones, demasiados. Es por esto que desde la Plataforma Salvem El Cabanyal lanzamos, una vez más, una propuesta de diálogo que lleve a solucionar el problema que se inició en 1998 con la idea de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. Nuestra propuesta la hemos realizado en varias ocasiones desde 1998 y queda muy bien resumida en una idea simple: rehabilitación sin destrucción. Se trata de modificar el actual proyecto en lo que respecta a que quede garantizada la continuidad de los factores que motivaron la declaración del Conjunto Histórico Protegido del Cabanyal - Canyamelar, sin descatalogar los edificios protegidos antes de la aprobación del actual proyecto.
En este proyecto de futuro deberían participar los partidos políticos, las organizaciones sociales involucradas en temas urbanísticos, la universidad, la federación de asociaciones de vecinos, asociaciones del barrio, vecinos del Cabanyal - Canyamelar, etc., con el fin de crear un espacio de debate y toma de decisiones en el que quede garantizado el interés general.
Un plan de rehabilitación consensuado se podría poner en marcha en muy poco tiempo, generaría trabajo y empleo para las pequeñas empresas y autónomos del barrio. A corto plazo las expectativas de negocio atraerían inversiones en el barrio, lo que supondría un aumento de las expectativas para los habitantes y para los comerciantes. En pocos años, muy pocos, se crearían las condiciones necesarias para el renacer de este barrio, creando condiciones de bienestar y prosperidad para él y para toda la ciudad. Ojalá esta vez sea atendida por quienes tienen el poder de decidir.
* Levante-EMV - Faustino Villora Nicolau -
31.12-09
Foto: El Cabanyal - nodo50.org
El modelo urbanístico turístico: Pingües beneficios para unos, deudas insalvables para otros
BORJA LLORENTE/Llanes* : Una política urbanística basada en la construcción masiva de segundas residencias. En los últimos 10 años, los municipios turísticos de la costa cantábrica han desarrollado una política urbanística basada en la construcción de segundas residencias. Los años de bonanza económica de inicios de este siglo permitieron a los consistorios gestionar grandes recursos económicos dado que aumentaron los ingresos procedentes de las tasas e impuestos relacionados con la construcción. En el caso de Llanes, el nuevo PGOU –ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y pendiente de la resolución del Tribunal Supremo- permitió la construcción de 4.000 viviendas desde octubre de 2003, fecha de su aprobación definitiva.
Los ingresos por licencias de obras llegaron a triplicarse en tan sólo un año, por no hablar de los ingresos que generan 4.000 nuevas viviendas que pagan basura, IBI, agua, saneamiento, etc., pero que solamente son ocupadas durante el verano.
Así las cosas, un Ayuntamiento como Llanes pasó de aprobar presupuestos de unos 12 o 15 millones de euros a los 27 millones de euros de los últimos dos años previos a la crisis.
El elevado nivel de ingresos permitió al Ayuntamiento desarrollar grandes obras y permitirse lujos como privatizar instalaciones deportivas y pagar a la empresa concesionaria por gestionar equipamientos rentables –casos como la piscina y gimnasio municipal, con una inversión pública de más de 2,5 millones de euros-.
Pero la mala gestión (externalización de los servicios municipales de la limpieza viaria, recogida de basuras, agua, servicio informático e incluso gestión, asesoría urbanística y desarrollo del PGOU), el despilfarro –algunos funcionarios clave cobran nóminas de 6.000 euros y todos los concejales del PSOE (10) disfrutan de liberaciones-, las obras faraónicas y la ausencia de previsión hicieron que la dinámica de gastos fuera cada vez más inasumible hasta llegar al límite de tener que endeudarse periódicamente mediante operaciones a largo plazo y de operaciones de tesorería a un año.
Crisis económica: la deuda con los bancos para salir del paso.
Inicialmente, el endeudamiento bancario no fue un gran problema, debido al elevado nivel de ingresos que se obtenía mediante la aprobación de desarrollos urbanísticos y la revisión catastral del Impuesto de Bienes Inmuebles. Esto permitió salvar la situación mientras que el boom inmobiliario se mantuvo a un ritmo constante.
El problema empieza en el momento en que la crisis económica comienza a pasar factura: las segundas viviendas dejan de venderse, los desarrollos urbanísticos se paralizan y los ingresos del ayuntamiento caen en picado. Con los gastos previstos ocurre lo contrario: las obligaciones económicas se mantienen y el municipio entra en una situación económica delicada.
Así las cosas, si en 2007 se habían liquidado unos 16 millones de euros en los capítulos de ingresos corrientes, en 2008 el ayuntamiento se veía obligado a concertar tres operaciones crediticias –una a largo plazo, por 1,2 millones de euros, y dos operaciones de tesorería por un valor de 5 millones de euros- que elevaban el nivel de endeudamiento municipal en aproximadamente un 30% en tan sólo un año. Esto, unido a la deuda acumulada por las corporaciones anteriores sitúa la deuda en más de un 60% superando los 12 millones de euros.
Tal cantidad de deuda aún está lejos del máximo legal permitido, situado en el 110% de los ingresos corrientes pero si tenemos en cuenta que hay que añadir un remanente líquido de tesorería de carácter negativo de -4.826.000 euros del ejercicio 2007 –ultimo ejercicio liquidado- nos encontramos con un panorama absolutamente desolador, que da muestras del tremendo impacto que la crisis está teniendo en las arcas municipales de este tipo de ayuntamientos.
Las elecciones municipales de 2007 como punto de inflexión.
Las elecciones municipales de 2007 fueron planteadas por todas las fuerzas políticas como un referéndum sobre el urbanismo local en medio de anulaciones judiciales, denuncias por tráfico de influencias, etc. El resultado fue la sexta mayoría absoluta del PSOE local, que alcanzó su mejor resultado en número de votos en el municipio y vio como los ciudadanos respaldaban su política urbanística y su gestión municipal.
Todo el mundo sabía en Llanes que el modelo urbanístico era insostenible y que no era de recibo que se construyeran casi mil viviendas al año cuando el municipio tan sólo incrementaba su población por decenas de habitantes. Pero el pleno empleo, los beneficios que suponían para gran parte de la población las recalificaciones de las zonas agrícolas o de pastos, junto con la ausencia de alternativas hicieron que la población mirase para otro lado y se aferrase al clavo ardiendo del urbanismo desaforado.
Para ello, el PSOE local renunció en los últimos 20 años a generar un modelo de desarrollo sostenible al declinar la creación de tejido industrial y a través de la reconversión agraria, que fue incentivada en Llanes mediante la presión fiscal vía IBI y las citadas recalificaciones de suelo.
En un municipio que basa su actividad económica en el turismo de segundas residencias y en la construcción, los efectos de la crisis no sólo ponen en dificultades al gobierno local, sino también a los ciudadanos, puesto que mes a mes se incrementa el número de parados.
Los mismos que apoyaron con sus votos esta política suicida son quienes ahora pierden su empleo y quienes se encuentran ante la complicada situación de hacer frente a elevadas hipotecas que pesan sobre viviendas cuyo valor real –ahora se demuestra- es mucho menor del que pensaban cuando hicieron frente a su compra.
Deuda municipal y desempleo, ¿a costa de qué?
Evidentemente, no debe ser la izquierda la que ponga el grito en el cielo por la deuda de los municipios. La izquierda ha de reivindicar el endeudamiento siempre y cuando este se lleve a cabo bajo el paraguas del interés general y los fines sociales.
El problema, en este caso, es que el elevado endeudamiento que está comenzando a afrontar el municipio no está destinado a realizar gastos de tipo social, sino a tapar los agujeros de una mala gestión.
Y el precio no es sólo esta deuda. La mala gestión ha supuesto también, como decíamos antes, un elevado desempleo y un brutal impacto medioambiental y cultural.
A nivel medioambiental, las directrices regionales de protección de la costa y la propia Ley de Costas han sido incumplidas sistemáticamente mediante todo tipo de argucias legales – por ejemplo, recalificando núcleos rurales de menos de cien habitantes, convirtiéndolos en núcleos urbanos para poder construir bloques de viviendas dentro de la franja costera de 500 metros que establece la normativa regional en las zonas rurales-.
Se han dado casos de aldeas que han perdido gran parte de su población durante los últimos años, lo que no es óbice para que el gobierno local prevea en ellos crecimientos urbanísticos que duplicarán el número de viviendas. Además, se incluyen tipologías de construcción ajenas a la vivienda tradicional asturiana constatando la invasión de los tipos constructivos propios de las zonas urbanas.
En cuanto al choque cultural que este modelo está suponiendo podemos situarlo en la destrucción constante del modo de vida tradicional: la política urbanística local está acelerando el “desmantelamiento del mundo rural” en el municipio, contribuyendo a que las generaciones venideras sufran una encrucijada de valores ( cómo vivir en la zona rural de igual modo que si se tratase de una capital) y de intereses (“cargarse” sus pueblos para poder subsistir, vendiendo lo que quede de las propiedades familiares para que se siga construyendo y poder seguir disfrutando de ciertos privilegios o marcharse fuera). Y generó la doble exclusión de los excluidos, de aquellos y aquellas que nunca pudieron acceder a disfrutar de propiedades en las épocas de predominio de la actividad agroganadera y que tampoco pudieron sumarse a la cultura del dinero fácil procedente del urbanismo.
Mientras tanto, todos aquellos que pregonaban el falso desarrollo sostenible y que justificaban la destrucción de los espacios naturales porque generaban empleo; los mismos que enladrillaron la costa disfrazándola de “progreso”, son los que ahora recogen velas, cogen el dinero y corren hacia otros lugares donde poder seguir especulando con el suelo.
Al mismo tiempo, la deuda municipal crece, el empleo disminuye, la población envejece, los jóvenes comienzan a ver como alternativa la emigración y el medio ambiente difícilmente se recuperará del impacto del desarrollismo especulativo.
La Constitución de 1978 establece el derecho de la comunidad a participar de las plusvalías del suelo. La normativa regional vigente en materia de suelo establece la cesión del 10% del aprovechamiento medio por parte de los promotores a los ayuntamientos. En Llanes se han construido, como decíamos, 4000 viviendas en los últimos años. Un rápido cálculo mental nos permite llegar a la conclusión de que si el equipo de gobierno municipal gobernase para los ciudadanos podría resolver el problema de la vivienda en el municipio prácticamente sin invertir un euro, a través de las cesiones establecidas en la ley.
Sin embargo, desde la aprobación del PGOU en 2003 tan sólo han sido entregadas a los vecinos y vecinas 32 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler. Es decir, sólo el 0’75% de las nuevas viviendas son de promoción pública.
Aquí es donde se encuentra el verdadero drama: comprobar que tanto “progreso” a costa de los recursos naturales no ha servido de nada, ni siquiera para solucionar el problema de la vivienda de los que menos tienen. Eso si, una minoría ha hecho caja y se ha forrado a costa de los demás.
* Borja Llorente. Portavoz de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda de Llanes
* Rebelión - Opinión - 31.12.09
Mallorca: Imputan a Matas y a su mujer 9 delitos castigados con hasta 30 años de cárcel
ELMUNDO/Palma* : El juez que investiga al ex presidente del Govern balear revela por primera vez los delitos que le imputa a él y a su mujer en el proceso judicial en el que investiga tanto el millonario desfase del velódromo Palma Arena como su espectacular y vertiginoso incremento patrimonial durante los últimos años. El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Palma atribuye ya a Jaume Matas y a Maite Areal la comisión de al menos 9 delitos que llevan aparejados penas de cárcel que pueden alcanzar, en conjunto, los 30 años.
Lo hace en su último auto judicial, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, y mediante el que ordenó la pasada Nochebuena la entrada y registro en el palacete del matrimonio Matas-Areal en la calle San Felio de Palma en busca de varias cajas de seguridad.
El magistrado José Castro considera que en estos momentos obran en su poder "infinidad de documentos y numerosas declaraciones testificales, unas ratificadas a la judicial presencia y otras pendientes de serlo" de las que "se infiere que existen vehementes sospechas" de que el ex líder del PP de Baleares ha podido incurrir en los delitos de "prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral".
Las imputaciones a Areal
En cuanto a su esposa Areal, el juez apunta que de los elementos que ha podido recabar hasta la fecha habría podido incurrir en los de "apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito fiscal". Castro no había especificado hasta ahora las conductas delictivas que atribuía a la pareja.
No en vano, cuando cursó la citación judicial mediante la que les emplaza a declarar en calidad de imputados el próximo mes de marzo, no los precisó. Ha sido ahora, tras tomar declaración a decenas de proveedores de la lujosa vivienda palmesana y del piso que ocupan sus hijos en pleno Barrio de Salamanca de Madrid cuando ha hecho pública dicha relación en los "fundamentos jurídicos" del referido auto judicial con objeto de justificar el segundo registro del piso que el matrimonio posee en la planta noble del palacete de Can Sales Menor en pleno centro de Palma.
No obstante, todavía no ha argumentado a qué conducta concreta de cada uno corresponde cada tipo penal. Quedando también pendiente de argumentar, y así ha sido requerido formalmente por una de las defensas, los elementos que le han llevado a conectar el caso Palma Arena con la investigación patrimonial del matrimonio, que había sido abortada por el fiscal general del Estado.
+ El Mundo - 30.12.09
Foto: elmundo.es
S. Miguel: Los vecinos critican que la depuradora se creó sobre el suelo del cementerio
LAVERDAD/Alicante* : La asociación de vecinos San Miguel Arcángel ha denunciado que la depuradora del plan parcial Los Invernaderos de San Miguel de Salinas se ha construido sobre el suelo destinado al cementerio municipal. Los vecinos aseguran que la Estación depuradora de aguas residuales (Edar) se ubica en una parcela destinada a la ampliación del campo santo.
Esta situación «la ha permitido el gobierno municipal del Partido Popular en el plan parcial SUS A Los Invernaderos, según consta en la cartografía urbanística del Plan General de Ordenación Urbana».
La agrupación vecinal indica que la ubicación original de la depuradora era las parcelas C-22 y R-14. Por este motivo acusa al equipo de gobierno de realizar la permuta «sin haber realizado una modificación y sin ningún acuerdo municipal». La Edar se ha previsto para 2.500 casas, aunque ahora «se construido en suelo destinado a la ampliación del cementerio cuyo avance ha quedado totalmente bloqueado».
La asociación San Miguel Arcángel sostiene que ha realizado varias alegaciones en contra de las modificaciones del plan parcial. Estos requerimientos se hacen porque «se ha seguido un procedimiento irregular, no se pueden conceder licencias de obras y existe una total ausencia de explicación pública sobre la operación urbanística». Además piden que se abra un expediente sancionar y se restaure la legalidad infringida en la Edar levantada junto al campo santo.
Por otra parte, la asociación denuncia el vertido de aguas fecales sin depurar que procede de la estación depuradora. Los vecinos sostienen que «el pasado 23 de diciembre el vaso principal de la dotación se derramó e inundó los de aguas fecales los bancales cercanos».
* La Verdad - 31.12.09
Foto: Estación depuradora de aguas residuales junto al cementerio. :: A. S. A.
