CANARIAS7/Santa Cruz* : «D. Ignacio le dijo que iba a hacer una operación en la que él no podía aparecer». Así lo declaró Felipe Manuel Armas Jerónimo, empleado de Promotora Victoria, una empresa de Ignacio González, a la magistrada Carla Bellini, encargada de la instrucción del llamado caso Las Teresitas.
Armas Jerónimo es uno de los imputados en la causa abierta a raíz de la querella interpuesta por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, por la supuesta comisión de los delitos de malversación y de cohecho, en relación con su participación en la compra por parte de la entidad Inversiones Las Teresitas S.L. a la Junta de compensación de los terrenos ubicados en esta playa tinerfeña. Con posterioridad, el Ayuntamiento compró a Inversiones Las Teresitas los terrenos. También está implicado por su relación directa con otro de los imputados, Ignacio González Martín.
En su declaración ante la magistrada y según figura en el sumario, -cuyo secreto fue levantado en parte este martes-, Armas Medina explica que es cierto que abrió una cuenta en Cajacanarias en junio de 1998 e ingresó un cheque por valor de 15 millones de pesetas.
Agrega que este dinero era de González Martín y que lo ingresó para constituir la sociedad porque «D. Ignacio le dijo que iba a hacer una operación en la que él no podía aparecer».
Armas Jerónimo aclara que esta fue la primera y única vez que su jefe le había pedido este tipo de favor. Según dijo, vendió sus participaciones de Inversiones Las Teresitas a Promotora Victoria por el mismo precio. Nunca recibió el dinero, ya que esos quince millones ya eran «de ellos», declaró.
A preguntas del ministerio fiscal y durante la misma declaración, Armas Jerónimo se declara hombre de confianza de González Santiago y dice que no recuerda si fue él el que hizo la reserva de denominación del nombre Inversiones Las Teresitas. Y reitera que la explicación que le había dado Ignacio González de por qué él no podía figurar en Inversiones Las Teresitas es que «iba a hacer una operación en la que no podía estar».
A lo largo de la declaración, efectuada el 14 de enero de 2008, este imputado explica cuáles son sus cometidos como empleado de González Martín. Relata que su función es mecanizar apuntes de contabilidad y que ocasionalmente realiza algunos recados en la calle.También explica a preguntas de la instructora que siempre había trabajado en un piso situado en la calle La Rosa, de Santa Cruz de Tenerife, pero que, por problemas de espacio, Ignacio González había decidido que parte de la documentación se trasladara a otro piso en la calle Villalba Hervás.
Éste último inmueble tiene cocina y dormitorios, pero él sólo usaba la parte acondicionada como despacho.
Asegura que es normal guardar la contabilidad en archivos; y en cajas, la correspondiente a años anteriores. Sobre este particular aclara, a preguntas del abogado de la defensa, Pablo Molins Amat, que la documentación relativa a Las Teresitas estaba en el piso de la calle de La Rosa y no en el de Villalba Hervás, el que, según había ya explicado, se habilita porque la documentación ya no cabía en el primero.
También le preguntan por una caja fuerte que tiene alquilada. Él explica que lo había hecho con la intención de guardar unas joyas que había heredado de su madre, pero que nunca había llegado a hacerlo, y que en la actualidad las tiene su hermano. También a preguntas de su abogado , contesta que él costea el alquiler de la caja fuerte y que su jefe desconoce que la tiene.
Interrogado por su abogado, relata que no intervino en la venta de los terrenos de Las Teresitas y que no fue a ninguna reunión, ya que «de eso se ocupaba D. Ignacio y D. Antonio». Y a instancias de la fiscal, explica que en su cuenta no pueden haber ingresos que no sepa de dónde vienen, y que sólo cobra 2.000 euros de sueldo.
* Canarias 7 - A.A. / F.S.A. - Las Palmas de Gran Canaria - 24 enero 2008
Foto: Conflicto. La playa santacrucera sigue inmersa en un contencioso judicial que deja en entredicho los planes inversores que ahora tiene el grupo Mapfre tras comprar terrenos en la zona/ canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: De cómo se cocinó la querella - CANARIAS 7 - Antonio F. de la Gándara - 24 enero 2008
Tenerife: El testaferro de 'Las Teresitas' cantó
Alcoy: Los vecinos llevarán a la Fiscalía el plan urbanístico de El Estepar
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INFORMACIÓN/Alicante* : La asociación vecinal "Per l'Estepar" ha decidido llevar el PAI previsto para esta urbanización de Alcoy ante el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Esta organización, que agrupa a los residentes de esta zona, ha tomado esta decisión al detectar numerosas irregularidades en la tramitación de este plan urbanístico, que será aprobado por el Partido Popular en el pleno de mañana.
En un comunicado, difundido en el día de ayer, los vecinos denuncian una batería de anomalías. En primer lugar, señalan que el principal beneficiario del PAI es la empresa promotora que ha presentado la oferta, señalando que el 50% de los terrenos vacantes que se van a urbanizar "pertenecen a la misma familia que es propietaria de la empresa promotora". Asimismo, señalan que el Ayuntamiento de Alcoy no recibe ningún beneficio, ya que la empresa no cede ningún aprovechamiento urbanístico. Por contra, la corporación tendrá que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de la futura urbanización.
Según señalan los vecinos, el proyecto urbanístico tendrá además un fuerte impacto ambiental, ya que supondrá la tala de miles de pinos y carrascas y la consiguiente desaparición de muchas hectáreas de suelo forestal, situadas a muy pocos metros del parque natural de la Font Roja. Asimismo, indican que el proyecto facilita la construcción de centenares de viviendas en la zona, que no tienen garantizada agua suficiente y que pueden afectar de forma negativa al acuífero del Molinar. La asociación vecinal insiste en denunciar que el plan uranístico en ningún momento limita al número de viviendas a construir.
En otro orden de cosas, el colectivo "Per l'Estepar" también denuncia una batería de incumplimientos de la ley. En primer lugar, señala que el Ayuntamiento ni siquiera ha elaborado el preceptivo estudio de sostenibilidad. También se indica que se incumple el vigente PGOU al cambiar la tipología de vivienda que se puede construir en la zona. Finalmente señalan irregularidades respecto a la Ley Urbanística Valenciana y critican que no se hayan solicitado los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Consejo de Territorio y Paisaje.
Consenso roto
Los vecinos de esta urbanización expresan su malestar por el hecho de que el gobierno municipal haya incumplido sus compromiso de consensuar este plan urbanístico con todas las partes implicadas. Según señalan, el Ayuntamiento no los ha tenido en cuenta a la hora de elaborar las bases y les negó el pasado lunes la documentación sobre el PAI. En el comunicado, difundido en el día de ayer, la asociación vecinal se hace, entre otras, las siguientes preguntas: "¿por qué el Ayuntamiento quiere beneficiar específicamentye a los propietarios del 50% suelo vacante que se han constituido en empresa promotora, en contra de la mayoría de la propiedad representadas por los propietarios del otro 50% del suelo vacante y por la comunidad de vecinos?, ¿qué tipo de relación existe entre los propietarios de la empresa promotora y algunos miembros del Ayuntamiento?".
Hay que recordar que, en la última comisión informativa de Urbanismo, el Partido Popular aprobó en solitario el inicio de la tramitación de este PAI. Los partidos de la oposición denunciaron graves errores en la documentación que afectaban a aspectos centrales del plan.
* Información - J.LL.A. - 24 de enero de 2008
Foto: La zona de El Estepar se convierte en el escenario de una fuerte polémica sobre urbanismo en Alcoy/ JUANI RUZ, diarioinformacion.com
Fiscalía lleva al juzgado el convenio urbanístico de Aramón y Montanuy
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La Fiscalía de Huesca remitió ayer a los juzgados de Barbastro, con valor de denuncia, las diligencias de investigación que ha desarrollado en torno al convenio establecido entre el Ayuntamiento de Montanuy y el hólding semipúblico aragonés del esquí, Aramón, para crear una estación de esquí en el valle de Castanesa.
El fiscal ha concluido que de las diligencias, abiertas tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia de la asociación Naturaleza Rural --acompañada de documentación--, se desprende la existencia de indicios de delito en estas actividades. Las diligencias remitidas al juez ratifican el contenido de la denuncia, que cuestiona el convenio. Este recoge que la financiación de un nuevo plan de ordenación urbana para el municipio correría a cargo de una empresa del hólding. El nuevo instrumento de planeamiento recalificaba como urbanizables o de equipamientos parcelas rústicas que sumaban 2.000 viviendas y 1.500 plazas hoteleras en los 17 núcleos del término. Aramón firmó opciones de compra sobre buena parte de ellas, algunas de ellas de familias de miembros del consistorio.
El pasado verano, el ayuntamiento aprobó la reforma con el único voto a favor de los cuatro concejales del equipo de gobierno.
Naturaleza Rural incluyó en la denuncia referencias a las supuestas presiones de las que fueron objeto algunos propietarios del suelo, por personal vinculado a Aramón, para firmar las opciones de compra de sus parcelas al precio marcado por Aramón.
El alcalde, José María Agullana, dijo ayer que "tengo la conciencia muy tranquila. Es mejor que el caso llegue al juez y lo resuelva. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer para desarrollar un territorio que se muere".
Un portavoz del hólding pidió celeridad en la instrucción judicial "para restablecer cuanto antes el buen nombre de Aramón".
* El Periódico de Aragón - 24/01/2008
Foto: Montanuy (Huesca) - Servicio Especial
Piden 9 años para un ex técnico de Cártama que pedía dinero por favorecer casas ilegales
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha pedido nueve años de prisión y 12 de inhabilitación para un antiguo técnico del Ayuntamiento de Cártama que presuntamente ideó una trama de sobornos para autorizar viviendas ilegales. El procesado, que trabajaba como encargado del servicio de control y vigilancia de las zonas rurales del municipio, está acusado de un delito continuado de cohecho y otro de coacciones.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, desde diciembre de 2004 a enero del siguiente año exigió más de 123.000 euros a propietarios de viviendas presuntamente ilegales, a cambio de evitar el inicio de expedientes sancionadores por viviendas ilegales o la ejecución de órdenes de demolición de construcciones, ubicadas en zonas rurales.
El acusado contó con la ayuda en una ocasión de un ciudadano extranjero, que actuó como supuesto intérprete en una operación, en la que pidió 18.000 euros para eliminar un expediente de paralización de obras en un paraje del municipio.
Según se recoge en la calificación fiscal, sólo se hizo efectivo el pago de uno de los sobornos, de 15.000 euros. Así, en enero de 2005, el procesado contactó con el dueño de una vivienda al que le prometió evitar una sanción, si le entregaba 9.000 euros. El particular accedió y le pagó en efectivo dicho importe. Días después el ciudadano recibió una carta certificada del Ayuntamiento de Cártama en la que se hacía constar una orden de precinto de obras, por lo que se puso en contacto de nuevo con el acusado, que le exigió otros 6.000 euros para resolver el problema.
El encargado municipal reclamaba presuntamente a los dueños de las casas entre 6.000 y 18.000 euros para llevar a cabo acciones que favorecieran las edificaciones que no cumplían con la legalidad. En una ocasión, pidió a un extranjero 18.000 euros para tramitar y obtener la legalización de una vivienda, y como complemento, le pidió otros 3.000 euros para permitir un camino y una piscina en el terreno.
Denuncia. Este presunto caso de cohecho se destapó a raíz de la denuncia de un particular al que el acusado presuntamente había tratado de sobornar. Según la Fiscalía, pagó 7.000 euros al procesado para poder construir en su parcela, pero días después, se personó en las dependencias municipales de Urbanismo porque había recibido una resolución de precinto de obras y comunicó estos hechos.
El procesado, convocado por los responsables municipales para dar explicaciones por la denuncia, optó por presentar la renuncia irrevocable a su empleo municipal.
En este caso también están acusados el intérprete, como cómplice de cohecho, y un particular, por aceptar un soborno. Se enfrenta cada uno a la pena de un año de prisión.
Acusan a un arquitecto de falsear un certificado de vivienda ilegal
Un arquitecto ha sido acusado por la Fiscalía como presunto autor de un delito de falsedad de certificados, ya que supuestamente emitió un documento falso para dar vía libre a la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela calificada como suelo rústico, en el municipio axárquico de Iznate.
El acusado expidió un certificado técnico en el que se hacía constar que la construcción tenía una antigüedad superior a seis años, cuando la vivienda se había edificado recientemente.
Con esta falsedad se trata presuntamente de evitar una sanción o hecho delictivo, por el hecho de que prescriba una infracción urbanística cuando transcurren varios años desde la construcción de un inmueble.
Según la calificación del Ministerio Público, la vivienda se construyó en una parcela rústica sin licencia, ni autorización municipal. El terreno donde se ubica está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, por estar en los montes de la comarca de la Axarquía.
La Fiscalía pide para el acusado una multa de 5.400 euros por el delito de falsedad de certificado, según consta en el escrito de la acusación.
Los dos promotores de la obra están acusados, a su vez, de un delito contra la ordenación del territorio y se enfrentan a un año de prisión cada uno. También se les imputa un delito de falsedad de uso de certificados, por el que el Ministerio Público reclama el pago de 1.800 euros.
En cuanto a la responsabilidad de tipo civil, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita la demolición de la vivienda, de unos 125 metros cuadrados de superficie. El juicio por este caso se celebrará en un juzgado penal de la capital.
* La Opinión de Málaga - R. Rivera. Málaga - 24 de enero de 2008
Foto: En Cártama se practicó la demolición de viviendas declaradas ilegales/ laopiniondemalaga.es
Salamanca, revuelo en el vecindario
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PÚBLICO* : Lo dice Chema: “Yo creo que esto está siendo mucho más que las tasas municipales, esto ha sido el hartazgo de la gente, porque es que si a ti te dicen que hay 20 millones de euros que les perdonaron a los constructores, que está el Ayuntamiento endeudado, que están recibiendo sentencias condenatorias de manera constante y, de repente, tú ves que te llegan y te quiere subir los impuestos, tú llegas y dices, ¿tú de que vas? Y además insulta a los vecinos y ahí ya dices, ¿tú quién te crees que eres?”.
Respuesta rápida para Chema: es el alcalde de Salamanca y su nombre es Julián Lanzarote. Y Chema, el que habla, se llama Chema Collados, es arqueólogo, tiene 27 años, vive con sus padres en su casa de toda la vida, hace años fue militante de Juventudes Socialistas y hoy, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), ha conseguido poner la ciudad patas arriba. Por tres veces tomaron la Plaza Mayor. Ni caso les hicieron. “Y por eso nos vamos a Madrid este sábado, a manifestarnos en la calle Génova”.
Lo sucedido en Salamanca demuestra el poder del movimiento vecinal, tan olvidado por casi todos –los vecinos–, y supone al fin una manera de entender la democracia. Palabra de Chema: “Hemos delegado de tal manera en las administraciones, que al final no nos creemos que son nuestras y, por ejemplo, el ayuntamiento está despilfarrando y da igual, pero no, mire, es que se está despilfarrando su dinero”. Palabra del alcalde Lanzarote a Fevesa, según Chema. “Manifiéstense, me da lo mismo que sean 25.000 o que sean cinco veces 25.000”. Palabra de Chema: “Un alcalde que se precie, durante los cuatro años debe de escuchar a los vecinos”.
La historia
Así que todo comenzó en el Barrio Blanco, donde Chema Collados y unos amigos crearon la Asociación de Jóvenes Vecinos. Nadie podría sospechar entonces lo que se iba a venir encima. La tranquila y hermosa ciudad de Salamanca seguía viviendo con ese ritmo tan suyo, tan placentero, tan como si sus vecinos conociesen el secreto de la buena vida. Pero el movimiento vecinal comenzaba a moverse. “El mérito es todo de las asociaciones –explica Chema Collados–. Hay algunas –asociaciones– que han ido puerta por puerta, por las casas, diciendo, oiga mire, ¿sabe que van a subir esto?, ¿sabe que tal cosa? Y la gente se ha movido”. Y al final, quizás lo que suceda es que Chema se dio cuenta de que todo comienza en la casa de uno, en su barrio. “El Barrio Blanco es un barrio muy barrio. Por ejemplo, la tienda de Chelo. Llevaba 42 años abierta, y antes era la tienda de Tensi, su madre, y ahora la tienda de Chelo, y la cerraron en diciembre y la verdad es que ha sido un chasco para todos, aunque la Regina, otra vecina, ya ha abierto otra tienda”.
Y sigue hablando, porque Chema Collados es lo que menos se parece a un tipo que habla poco: “La gente está cansada de que no se le tome en cuenta. Hoy los vecinos quieren que se les escuche. La democracia, además de representativa, tiene que serparticipativa”.
Salamanca. 190.000 habitantes. Una economía basada en la universidad y en el turismo. El periodista Nacho Francia, ya jubilado, toda una vida haciendo información en la ciudad, cree que es una ciudad conservadora. Chema Collados no lo cree, y asegura que la prueba fueron las tres manifestaciones contra la subida de tasas. En Salamanca quizás comienza la España de los vecinos. Quizás lo deba saber quien vaya a gobernar después de marzo. Dice Chema: “Murcia, Cádiz, Badajoz, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora, Segovia... nos están llamando de todas partes para la manifestación del sábado. ¿Puedes poner que es a las 12?”.
* Público - PANCHO TRISTÁN - 24/01/2008
Foto: Salamanca, protesta en la Plaza Mayor - G.Lejarcegi (El País)
"Los desmanes urbanísticos no entienden de colores políticos"
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LEVANTE/Valencia/Entrevista* : Delegado de Medio Ambiente, Patrimonio y Ordenación del Territorio en la Fiscalía de Valencia, se diría que Joaquín Baños se atreve con todo. No en balde, también es el portavoz para los medios de comunicación, puesto al que se ha prestado de forma voluntaria. Por ahora...
Comienza dando datos estadísticos sobre su trabajo en 2007, mientras Javier Carceller, quien ostentaba el cargo antes de marchar a la jefatura de la Fiscalía de Castelló, se ocupaba del caso Maeso. Joaquín Baños se conoce la materia y está en su ambiente, en medio ambiente. Pero es cauto al hablar, o por eso... Porque ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio abarcan más de una conselleria, y estamos en plena crisis del ladrillo y de los PAI.
-Vertidos, construcciones ilegales... ¿Hay que ser activista-ecologista para defender el medio ambiente?
-El ecologismo es viejo. En los años 70, el Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) anunciaba y denunciaba en televisión: "Cuando un monte se quema algo suyo se quema". Y la sabiduría popular, añadía: "...Señor Conde". En 2006 se localizaron por el Seprona de la Guardia Civil muchos vertederos, pero de poca entidad. No se presentó ninguna denuncia, pero sí se detectó que los Ayuntamientos se pusieron manos a la obra en cuanto recibieron la notificación de la Fiscalía.
-¿La Administración no quiere, no puede o es que no tiene medios?
-No podemos decir que sea falta de concienciación de los ayuntamientos, que son los que tienen la autoridad en estas materias, en cuanto a planeamiento y potestad sancionadora. Pero te encuentras con ayuntamientos pequeños que tienen la potestad para dar permisos de edificación, paralizar obras o derribar y se ven con que carecen de medios porque no tienen alguacil ni policías para investigarlo.
-¿Se puede decir que los ayuntamientos sí son sensibles?
-Los ayuntamientos son sensibles a algo más que al medio ambiente, porque llegan las elecciones y quieren volver a ser elegidos, pero si se dedican a derribar los chalets de sus vecinos... De ahí que sean muy laxos a la hora de sancionar, especialmente cuando han permitido las edificaciones durante años y cobrando la contribución urbana. Pero ni siquiera teniendo licencia, significa que esa edificación sea legal. Es igual que cuando llegas al aeropuerto de Barajas con droga: primero te hacen pagar las tasas de aduana y luego te espera la Guardia Civil para detenerte.
-¿Y en los casos de PAI's? ¿Ha sido demasiado laxa la Administración Local? ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?
-El PAI es el instrumento urbanizador y puede dar lugar a una prevaricación por parte del ayuntamiento. Hay una bendición legal, pero lo que se denuncia son irregularidades en la planificación. Todo son granos que van formando la montaña: tanto si se consiente una indiscriminada construcción de chalets, que van surgiendo como setas, como si se da permiso a la construcción masiva... Pero, no nos movemos por esos parámetros, sino por lo individualizado.
-¿Hay confrontación o colaboración entre la Administración y la Fiscalía?
-No puedo decir que haya ninguna confrontación. Y los ayuntamientos no entienden de color político en el tema urbanístico. Los mismos desmanes los hacen unos que otros.
-¿Sería delito contra el patrimonio la reversión del Teatro Romano de Sagunt?
-Pudo ser delito la rehabilitación que se realizó entonces, cuando se decidió la contrucción. Porque los daños al patrimonio existían pero no como delito. Ahora, la reversión no es un delito porque es una resolución judicial.
-¿Y el derribo de Tabacalera?
-Sobre el derribo de Tabacalera no puedo dar datos, porque está siendo investigado por la Fiscalía en estos momentos.
-¿Y sería un delito contra el medio ambiente construcciones masivas de apartamentos en primera línea de playa como el Manhattan de Cullera?
-Técnicamente, no. El artículo 325 del Código Penal habla de emisiones peligrosas, vertidos... Estamos encontrando delitos en transformaciones agrarias, cuando se trata de eliminar la capa vegetal de la corteza terrestre o cuando existen especies protegidas... Y, cuando la extensión no es excesiva, se debe probar un perjuicio grave para el ecosistema, porque si no, no es suficiente. Ahora, cuando lo que se está cambiando es el ecosistema y hay un impacto visual importante, es cuando la Administración tiene que actuar. El Derecho penal es de reacción, no de prevención. Lamentablemente, actuamos sólo cuando hay un resultado, cuando se ha realizado el delito y ya no hay más solución que el castigo del culpable.
-Marbella, Murcia, Alicante... La corrupción urbanística sigue subiendo por el mapa geográfico. ¿Y en Valencia? ¿Cómo se comporta la Administración? ¿Hay colaboración?
-No tengo conciencia de obstaculización por parte de la Administración en los asuntos que investiga la Fiscalía sobre corrupción urbanística, al menos en Valencia. Aquí, casos de corrupción urbanística hay pocos. Incluso algunos son tan insignificantes como el de los vecinos del primero que denuncian a la comunidad porque han puesto un ascensor en la finca. Y esto es un delito contra la ordenación del territorio...
-¿Qué va a pasar con las edificaciones construidas en primera línea de la playa que conculcan la Ley de Costas? Es decir, ¿qué va a pasar con el hotel del Saler y las construcciones adyacentes?
-Si están dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestres, con las indemnizaciones correspondientes, podrían derribarse. Pero hay mucha normativa sectorial y es muy complicada.
-¿Se ha notado la crisis inmobiliaria en el monte?
-¿Pero hay crisis inmobiliaria? Por el piso enfrente de mi casa siguen pidiendo casi medio millón de euros. Ahora, si ello implica la paralización de los 400.000 PAI's pendientes...
-¿Tienen razón los propietarios residentes extranjeros al reclamar ante Europa contra la política urbanística del Consell?
-No es oro todo lo que reluce, sino que la mayoría de propietarios lo son de chalets ilegales. Se maravillaron al venir a España por lo fácil y barato que era construirse un chalet en un paisaje idílico sin ningún permiso, cuando lo único que podían construir era una casa de aperos de menos de 60 metros. El problema es que se han aplicado instrumentos jurídicos privados a materias de Derecho Público y se ha pretendido privatizar esa materia. Por eso ha habido un choque en Europa.
* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 23 de enero de 2008
Foto: Valencia, derribo Tabacalera - J.Císcar (El País)
Regasificadora, negocio y ruina
MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Se dijo desde el principio que el interés de la ampliación del puerto de El Musel de Gijón estaba en construirlo, ese era el negocio cuando ni se veía posible el incremento de tráficos como así está sucediendo. En todo caso para más carbón y mineral de hierro no hacía falta tanto puerto, ni 140 ha (hectáreas) más de dársena estando el actual puerto medio vacío. La falta de seriedad y de coherencia política en la apuesta por el transporte marítimo queda de manifiesto cuando enfrente de la ampliación del puerto se están cerrando los astilleros -en pleno auge de la construcción naval- cuya tradición e importancia está más que acreditada y cuando el fin primordial de cualquier puerto, que es el movimiento de mercancías, no tiene accesos adecuados para el hipotético trasiego de millones de toneladas.
En la bahía de Gijón todavía hay más negocio, el futuro económico -el especulativo- se inicia con la recalificación de los 200.000 m2 que ocupan los astilleros cuando, para su desgracia, se interponen entre la bahía y el gran espacio ferroviario de la "Playa de Vías" que ocupan FEVE y ADIF (antigua RENFE) en donde está prevista la otra gran burbuja inmobiliaria con otros 200.000 m2 cuya adecuación ni siquiera está en el plan de ordenación urbana por lo que su legalidad tendrá que ser a calzador, a posteriori, que también les vale.
A falta de tráfico portuario, que sólo era un burdo señuelo, las autoridades políticas y económicas desvelaron las verdaderas intenciones de la ampliación y de paso justificaban los 795 millones de euros (con una revisión al alza de 216 millones de €, más lo que venga) y descubrieron los motivos de la ampliación: la regasificadora, centrales de Ciclo Combinado, planta de Biodiésel -de momento en el aire- estaciones eólicas y lo que se les vaya ocurriendo sobre la marcha para justificar el negocio de la faraónica inversión o hacer más negocio.
Por otra parte y de modo contradictorio porque choca con la ampliación del puerto, el proyecto actual y a largo plazo es crear toda una zona urbana en este lado de la bahía; urbanizaciones y edificios construidos en las gradas y dársenas de los astilleros y en los solares de la industria que aún queda, con vistas al mar y playas a modo de gran área residencial y turística pero que ya nace muerta pues ni siquiera están dejando espacio para nada entre tanto ladrillo y la mar.
Mientras, además, para completar los rellenos de la la ampliación del puerto prevén arrebatar dentro de la bahía, enfrente de las playas, 13,6 millones de m3 de arena en una extensión de 333 hectáreas con un espesor de 3,8 a 4,6 metros que aportará el 55% del material de relleno necesario. El 45% restante hasta los 24 millones de m3 también "dentro también del dominio público portuario" como así dispone el BOE nº 287, Resolución del 02-11-2006, que aprueba la valoración de impacto ambiental de semejante estropicio. Paradójicamente prevén que una pequeña parte de esta arena se utilice para la alimentación de la playa de San Lorenzo. Pero, cuando ni se sabía, ni aún se sabe, el impacto que los espigones del puerto podrían tener sobre las corrientes marianas que originan el flujo de arena hacia la playa, resulta que ahora hemos de añadir que el relleno necesario para la ampliación del puerto van a sacarlo a dos millas de la propia playa para después volver a alimentar, con la misma arena, a la misma playa. En ninguna parte se menciona en impacto sobre la docena de playas restantes afectadas tanto de Gijón como de Carreño, ni el daño al ecosistema y al fondo marino por la extracción de la arena.
Pero, si a todo lo anterior se unen las tres actividades básicas de lo que pretenden sea el puerto: importación de mineral de hierro, carbón y la regasificadora con su comprobado peligro y la evidente contaminación del polvo del carbón y del mineral y los malos olores del aditivo que se añade al gas natural, el futuro medioambiental, paisajístico y turístico del perímetro de la bahía es realmente ruinoso y constituye un verdadero disparate que ha de sumarse a lo peligroso e insalubre. Todo lo dicho es también muy grave para Albandi, el Tranqueru, Perlora, Candás y todo el concejo de Carreño y sus playas.
En el programa de esta política, nada de empleo, ni de actividades, ni industrias auxiliares que a nadie parecen importar, sino más negocio salvaje -y efímero- con cuantiosas inversiones que por especulativas destruyen cualquier posibilidad de desarrollo razonable y equilibrado.
De las 145 ha de superficie de tierra obtenidas en la ampliación del puerto, sólo pueden ser útiles hacia el 90%, es decir, 130 ha, el 10% restante son necesarias para viales, grúas y otros servicios. Cada metro cuadrado costará 611 €, nada menos, más las revisiones al alza que se produzcan. Las empresas privadas adjudicatarias (Enagás, EDP, etc.) dispondrá generosamente de 18 hectáreas de un suelo que costará a las arcas públicas 110 millones de € a los que aún hay que añadir el coste del equipamiento y urbanización de la zona firme portuaria.
Pero, el aspecto más grave, tanto como el despilfarro económico y logístico, el todo patas arriba urbanístico de la Bahía y el cierre de los astilleros, lo es la peligrosa bomba de la regasificadora que prevén situarla precisamente en medio de una zona tan densamente poblada, justo enfrente y rodeada de una población de 300.000 habitantes que quedarán dentro del radio de acción de cualquier eventualidad y de cualquier accidente que, en ningún caso se puede descartar, cuando además a menos de 1.000, están los depósitos esféricos de Butano y los tanques de productos petrolíferos que ya suponen un riesgo en sí mismo, pero además multiplican el peligro de la regasificadora más aún.
En estas 18 ha de superficie portuaria las empresas concesionarias, prevén colocar cuatro tanques de 150.000 m3 de GNL (Gas Natural Licuado), 600.000 m3 en total, y unas instalaciones con una capacidad de regasificación de 1,2 millones de m3(n)/hora. Cada tanque tendrá un diámetro de 75 metros y una altura de 53 metros (como un edificio de 18 pisos). Pero, si su tamaño impresiona, su contenido junto con los necesarios trasvases de GNL asustan, es más, debieran constituir alarma social por el peligro y la incertidumbre que entrañan.
A la contaminación que genera la descarga del mineral de hierro y carbón por las nubes de polvo que levanta, más lo dicho sobre el GNL, hemos de añadir el peligro que supone que cada semana de uno a dos buques metaneros de GNL entren, y permanezcan, en una bahía del mar Cantábrico donde los temporales son más que frecuentes y, por otro lado, hay que añadir la carga de cientos de camiones cisterna necesarios para el transporte del GNL sin que se sepa qué cantidad se va a distribuir por gaseoductos o en camiones cisterna y aún hemos de sumar la construcción de no se sabe exactamente cuantas centrales de Ciclo Combinado ni tampoco su ubicación.
Asturias, tradicionalmente, ha sido suministradora de energía obtenida de las minas carbón directamente pero, sobre todo, por la energía consumida en productos con muy poco valor añadido pero con una aportación cuantiosa de energía, circunstancia que ha generado un modelo de industria básica intensiva en capital, contaminación, uso y abuso de recursos naturales que han acarreado una gran degradación del medio ambiente y un sesgo en el modelo económico que relegó a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo, lo mismo que a empresas con tecnología de vanguardia.
Actualmente, Asturias exporta la mitad de la energía que produce y de la otra mitad sólo cinco actividades demandan el 95% de las necesidades energéticas de la industria regional acaparada por la siderurgia y fundición, metalurgia no férrea, cemento, química y papel que, además, pagan con la tarifa G4 de 2,6 a 3 cent. euro/kwh (regalada) frente a los 11 cént. euro/kwh -cuatro veces más- que han de pagar las empresas de servicios, pequeñas industrias, oficinas y las familias para los usos domésticos pero, esto sólo en teoría, porque los impuestos, alquileres, etc elevan el precio 5 o 6 veces más. Las cinco actividades citadas no aportan valor añadido, son altamente contaminantes, de poco empleo y no generan industria transformadora ni auxiliar que son las que sí pueden crear empleo. Es la típica economía de inversiones faraónicas de negocio seguro -y efímero- pero para empobrecimiento cierto de la población tal como está sucediendo. Esta es la especialidad, junto con el urbanismo, de los dirigentes políticos de Asturias y les va bien, pero sólo a ellos. La emigración -huida- de la juventud, el envejecimiento de la población junto con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea hace años que lo confirma.
Cuando ya estamos sobrados de energía, proyectan la ampliación del puerto de El Musel para que unas empresas privadas instalen una planta regasificadora sobre los costosos terrenos del puerto construidos con dinero público. Así se invierten y despilfarran los escasos recursos disponibles. Se trata de un plan estratégico de gran alcance donde el papel y protagonismo de las autoridades políticas del Ayuntamiento de Gijón, PSOE e IU, siempre al servicio de este proyecto, ha sido decisivo en su desarrollo comenzando por la alcaldesa Felgueroso y el teniente de alcalde Montes Estrada, del gobierno de Asturias y de su Presidente Areces quienes protagonizaron desde el principio la ampliación del puerto, todo ello con el apoyo financiero de Cajastur y de su presidente Menéndez que lo es también de Hidrocantábrico propiedad de EDP y que esta utiliza de pantalla. En resumen, negocio para las multinacionales y ruina para Asturias porque todo gira entorno a inversiones millonarias destinadas a su exclusivo beneficio pero que acarrea la destrucción de la bahía de Gijón, de lo que la rodea e hipoteca cualquier otra inversión coherente durante décadas a cambio de una regasificadora extraordinariamente peligrosa que amenaza -agrede- a la población con una ubicación que vulnera las normas más elementales de seguridad.
* Rebelión - 22-01-2008
