,+demolici%C3%B3n+hotel+Prasa+-+laopiniondemalaga.es.jpg)
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga culpa en su memoria anual a las administraciones locales y autonómica de una "actitud complaciente y poco beligerante" ante infracciones en delitos sobre el medio ambiente en la provincia, tras registrar un incremento del 25 por ciento en las diligencias incoadas en esta materia en 2007.
En el informe, al que tuvo acceso Efe, se califica de "extraño" que no lleguen más denuncias desde la Consejería de Medio Ambiente a pesar de tener un cuerpo de agentes dedicado al sector, sobre todo en una provincia "en la que existen tantas actuaciones que pudieran ser delictivas en todo su territorio".
Por ello se pide "una mayor adscripción de medios personales y materiales en la actividad inspectora de dicha consejería", a pesar de que el cuerpo de agentes tiene más de un centenar de efectivos en la provincia.
El Ministerio Fiscal también hace referencia a la actividad en este sentido de la Consejería de Cultura, que califica de "meramente testimonial" (sólo ha presentado tres denuncias en 2007), ya que "resulta difícil de creer" que en Málaga "haya tan pocos atentados contra el Patrimonio, que siquiera indiciariamente, no presenten caracteres delictivos".
En el ámbito local, la Fiscalía destaca la labor de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que ha duplicado sus denuncias, mientras que en el resto de consistorios de la provincia ha descendido significativamente, sobre todo en el municipio de Vélez-Málaga.
Alcaldes. La memoria hace hincapié en "la gran cantidad de denuncias interpuestas" contra distintos alcaldes de diversos municipios de la provincia de Málaga, tanto del interior como de la costa, lo que "da que pensar" que el problema del desarrollo urbanístico se da "en todos los municipios en general".
Por ello, los delitos contra la ordenación del territorio siguen siendo "el gran problema" de la provincia, y comienzan a ser frecuentes las denuncias contra alcaldes o corporaciones municipales por "la actitud complaciente con las obras realizadas" y por la concesión de licencias municipales contra los informes técnicos y, "a veces por acuerdo entre los responsables políticos y técnicos".
La Fiscalía asegura en el informe que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados" que aquella en la que se recojan los que tienen alguna actuación iniciada por parte de la Fiscalía.
Mientras que en la costa la mayoría de los delitos consisten en prevaricaciones urbanísticas, en el interior (donde también aumentan los de este tipo) se aglutinan las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, ante lo que los ayuntamientos generalmente "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectores", según el Ministerio Fiscal.
* La Opinión de Málaga - EFE - 05 de septiembre de 2008
Foto: Estepona (Málaga), demolición hotel Prasa - laopiniondemalaga.es
Las administraciones tienen ´una actitud complaciente´ con los delitos medioambientales
El mapa del ruido de Barajas 'es falso', según sus vecinos
,+vecino+y+ruido+avi%C3%B3n+-+elmundo.es.jpg)
ELMUNDO/Madrid* : Si formaran una sola ciudad, ésta sería tan grande como el municipio de Málaga. Pero no están en Andalucía, sino en Madrid, y no conforman una sola ciudad, sino un mosaico de poblaciones alrededor del aeropuerto de Barajas. Son, en concreto, las casi 500.000 personas que sufren los reactores de los centenares de aviones que pasan cada día por una de las estaciones más concurridas de Europa.
Y se quejan, mediante sus representantes políticos, de que el ruido sigue siendo "infernal" y "ni Fomento ni Aena tienen interés en arreglar nuestros problemas", dicen.
En concreto, se quejan de que la huella acústica vigente actualmente es "falsa" por "conservadora", que el ruido molesta a muchos más vecinos de los teóricamente afectados, y que «no hay voluntad del Gobierno central ni de Aena de hacer un mapa de huella acústica real», dice David Erguido, representante del Ayuntamiento de Algete.
La clave de la cuestión: el dinero que Aena tendría que gastarse en insonorizar todas y cada una de las viviendas que, según los alcaldes de estas localidades, se ven afectadas por el ruido de Barajas.
La entidad tiene la obligación de correr con los gastos de insonorización de las viviendas construidas antes que la T-4, y la cantidad no es moco de pavo: de media, unos 40.000 euros por hogar según los cálculos del Ayuntamiento de Algete.
Larga polémica
¿Y cuántos de los posibles afectados quedarían fuera del mapa de ruido de Barajas que proponen Aena y Fomento? Según Erguido, "tal vez un 20% o un 25% incluso, hablamos de que la huella que ellos nos venden es muy restrictiva, pero de largo. Date cuenta de que una casa puede registrar en un determinado momento 90 decibelios, pero cuatro segundos después cinco. Ellos hacen una media, y de ahí no salen".
La polémica es larga, pero el último episodio se produjo en mitad del verano. "Ahí, en julio, Aena nos ofreció su última huella acústica, la que supuestamente había realizado con sus últimos cálculos. Era de nuevo conservadora y en realidad muy parecida a la anterior. La rechazamos de plano", explica Erguido.
"Lo habían hecho sencillamente en base a criterios matemáticos, haciendo una media entre las rutas, los puntos de salida y entrada del aeropuerto a norte y sur, y no tenía relación alguna con la realidad: era pura teoría, cuando lo que pasa es que en el aterrizaje y el despegue de aviones hay muchos factores que cambian. Además, en aquella huella ni siquiera se calculaba si un avión iba a 3.000 o a 300 metros, cosas tan básicas como esa", asegura.
Por todo ello, a finales de 2006 los ayuntamientos se plantan y exigen un cambio de la huella acústica que recoja de forma fidedigna el impacto de la T-4. Así, en septiembre de 2007, hace exactamente un año, comparece en el Congreso de los Diputados la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, y asegura que se realizará un nuevo mapa de la huella acústica actualizado y real, calculando la ampliación.
En julio pasado Aena presenta definitivamente en la comisión el nuevo mapa, "supuestamente calculado mezclando micrófonos sobre el terreno y métodos matemático".
El resultado no convence a los representantes de los ayuntamientos por conservador, "porque sencillamente barre para casa, para ellos", dice David Erguido.
El ruido en Algete
Por ejemplo, denuncia que el casco urbano de Algete "no forma parte teóricamente de su mapa de huella acústica, pero sí le llegan ruidos". Lo mismo sucede, asegura, con las urbanizaciones Nuevo Algete y Valderrey.
El umbral mínimo de ruido recibido para que una vivienda tenga derecho a indemnización por ruido es de más de 65 decibelios por el día, y más de 55 por la noche, según los estándares pactados en la propia comisión.
Erguido también asegura que Aena hace "trampas" cuando calcula las llamadas zonas isófonas, "porque se hace algo así como una media temporal, pero lógicamente hay momentos en que un lugar recibe 80 decibelios y un segundo después no recibe ni uno".
* El Mundo - QUICO ALSEDO - 4.09.2009
Foto: Un vecino de San Fernando de Henares se tapa los oidos mientras un avión sobrevuela el municipio. /Gonzalo Arroyo, elmundo.es
El Parlamento Europeo ordena un tercer informe sobre el urbanismo en España
ELPAÍS* : La Junta de Portavoces del Parlamento Europeo encomendó ayer a la Comisión de Peticiones la elaboración de un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea española bajo el título "El impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea, basado en las peticiones".
La ponente del informe será la eurodiputada danesa Margarete Auken, del Grupo de Los Verdes.
El presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del partido conservador Unión por la Europa de las Naciones, instó personalmente la elaboración del nuevo informe. En una carta remitida a la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo, Libicki apunta que la Comisión de Peticiones ha constatado "los problemas con que han tropezado varios miles de ciudadanos europeos que han elegido comprar propiedades en España" y cómo persiste su preocupación "en torno a la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en varias regiones españolas". Libicki destaca que los problemas afectan tanto a ciudadanos españoles como a no españoles.
El presidente de la Comisión de Peticiones alude, en primer lugar, a varios aspectos que podrían lesionar derechos consagrados por la legislación europea. En primer lugar, violaciones del derecho a la propiedad "legítimamente adquirida, consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos y en el Artículo 6 del Tratado de la Unión, relativo al derecho a establecerse".
En segundo lugar, alude a posibles violaciones de la norma europea de contratación pública en el desarrollo de grandes proyectos de urbanización en la Comunidad Valenciana, un asunto que, recuerda Libicki, la Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Estrasburgo.
La tercera colisión con la normativa europea que cita Libicki se refiere a los problemas ambientales que genera el "efecto acumulativo" de los grandes proyectos de urbanización en "las regiones costeras de Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña".
Finalmente, Libicki cita "muchas construcciones ilegales, algunas amenazadas de demolición. Un problema que afecta a miles de personas que compraron sus propiedades de buena fe a intermediarios sin escrúpulos que a veces han sido protegidos por autoridades locales".
Libicki recuerda que la Eurocámara aprobó una breve resolución al respecto en junio tras un debate en la Comisión de Peticiones. Pero considera "importante consolidar la posición del Parlamento a través de un informe sustantivo" a partir del cual "la Cámara pueda adoptar una opinión fundada antes de las próximas elecciones europeas", previstas en junio de 2009. "El asunto es de la mayor importancia y afecta a las vidas de muchos, sobre todo al creciente número de jubilados que se han desplazado a España para disfrutar su retiro". Libicki apunta el impacto ambiental de las grandes urbanizaciones y, finalmente, recuerda el "dramático vuelco que ha sufrido el sector de la construcción" en España, "un asunto que debe incorporarse al informe".
El Grupo Popular Europeo votó contra la elaboración del informe y arremetió contra los socialistas españoles por apoyarlo. El eurodiputado Gerardo Galeote denunció la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".
El socialista Joan Calabuig, que ocupó un escaño en el Parlamento Europeo hasta las pasadas elecciones generales, recordó a Galeote que Libicki "es lo más alejado a un socialista" y que las quejas ante la Comisión de Peticiones las presentan ciudadanos que "recurren al Parlamento Europeo porque no reciben respuesta" en otras instancias. Calabuig lamentó el desprecio de la Generalitat hacia "el peso moral y político" del Parlamento Europeo y sugirió que el descenso de actividad en el sector de construcción aconseja elaborar nuevas leyes acordes con las exigencias de la UE.
* ELPAIS.com - MIGUEL OLIVARES - Valencia - 05/09/2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Protesta vecinal por el nuevo polígono de Castellar
+-+flickr.com.jpg)
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La plataforma ciudadana Aturem Can Bages ha denunciado que la construcción de un nuevo polígono en Castellar del Vallès, el tercero del municipio, causará un grave daño al ecosistema de la comarca. Los trabajos han empezado con la tala de varios árboles. Cuando se despeje el solar, de unos 500.000 metros cuadrados, se urbanizarán unos terrenos que rodean una masía del siglo XVI.
La tala afecta a encinas, pinos, robles y olivos, árboles autóctonos que sirven de hábitat para muchas especies. "Hemos observado pisadas y rastros de animales que están empezando a huir del lugar", explicó ayer Xavi Arderius, miembro del colectivo. El polígono cortará el corredor biológico que va de la Selva al Penedès a través del Parque Agrario del Vallès, algo que han denunciado varias entidades conservacionistas de la comarca.
La plataforma Aturem Can Bages afirma que el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, lo que ha sido confirmado por el propio ayuntamiento: "El plan se tramitó en 1999, cuando no se necesitaba tal estudio, dado que la ley entró en vigor en el 2006 sin carácter retroactivo", explicó Aleix Canalís, concejal de urbanismo.
La asociación ciudadana también avisa de que el polígono provocará un incremento del tráfico. "Se prevé un aumento de 6.000 coches diarios, pero en el caso de que las instalaciones se dediquen al sector terciario serán unos 15.000", señaló Arderius.
* El Periódico - ALBERT SEGURA - 4.09.2008
Foto: Castellar del Vallès (Barcelona) - flickr.com
Sale concurso urbanización del Montíboli, sin agua ni luz desde hace 10 años
,+-+diarioinformacion.com.jpeg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Villajoyosa ha sacado a concurso las obras de urbanización del sector TS-2 Montobioli 2, que beneficiará a 1.000 vecinos instalados en la zona desde hace diez años sin agua ni luz, según ha informado hoy el concejal de Urbanismo, Vicent Serra.
Se trata de los residentes en la avenida de Europa y las calles de Finlandia, Dinamarca, Inglaterra y Alemania, en un área de 313.000 metros cuadrados.
Según el concejal, cuando finalicen las obras los vecinos tendrán los servicios mínimos en materia de infraestructura urbanística, como el asfaltado de sus calles o la incorporación de los servicios de agua potable, alumbrado público, alcantarillado, recogida de basuras y el de telefonía, pendiente de desarrollar desde hace una década.
La financiación del proyecto está contemplada en los presupuestos municipales para 2008 y cuenta con una consignación de 4.211.000 euros.
Serra ha expresado su satisfacción por ver resuelta una demanda vecinal que hasta ahora no era atendida y ha afirmado que esta situación viene heredad de "mandatos anteriores".
"A pesar de la lentitud y complejidad del proceso administrativo para solucionarlo, estamos ya en disposición de asegurar que las etapas para hacer efectivas las obras se van a cumplir, esperando que se lleven a cabo en el menor plazo posible", ha concluido.
* Información - EFE - 04 de septiembre de 2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - diarioinformacion.com
El impacto ambiental de las construcciones ilegales
JOSÉ ALBERTO REXACHS* : Cuando hablamos de impacto ambiental rápidamente pensamos en la contaminación de los suelos, los vertidos al mar, las emisiones contaminantes a la atmósfera... pero hay otro impacto ambiental mucho más presente y continuo en nuestra sociedad y que no siempre reconocemos: las construcciones ilegales.
La problemática de las construcciones ilegales es muy amplia, desde ser simplemente un problema burocrático por la falta de alguna documentación fácilmente subsanable, hasta la ocupación de suelos rústicos que no permiten asentamientos o incluso de espacios protegidos. Y aún así, cada caso concreto es un mundo. Pero en cualquier caso siempre ocurre lo mismo, no se ha cumplido con la legislación urbanística, una legislación que, a priori, busca ordenar adecuadamente el territorio para beneficio de todos compatibilizando su aprovechamiento con su protección y conservación.
Pero está visto que la gestión del territorio sigue siendo algo pendiente. En Lanzarote siguen esperando a regularizar una veintena de hoteles ilegales, en Fuerteventura se han denunciado la construcción de chalés en Tindaya y se construye un hotel dentro de un plan anulado por la Cotmac por ocupar suelo del Parque Natural de Jandía, en Tenerife está previsto que varios asentamientos sean demolidos por el Ministerio de Medio Ambiente... y así podríamos seguir enumerando casos en cada una de las islas y en el resto del territorio nacional. Un ejemplo de la situación en España son los informe anuales de Greenpeace "Destrucción a toda costa".
En 1997 el Gobierno de Canarias abrió un proceso para regularizar unas 30.000 viviendas ilegales en todo el archipiélago con el objetivo de marcar un punto de inflexión creando posteriormente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para velar por el territorio. Sin embargo, aún en 2006 Canarias era la comunidad con mayor volumen de construcciones ilegales y la Agencia expedientaba a 1.046 construcciones ilegales. Y cifras similares se barajaron en 2007. Otro ejemplo es el proceso de regularización de viviendas ilegales iniciado en Telde hace unos años, donde se recogieron 1.500 solicitudes de viviendas ilegales, sin bien parte de ellas estaban en ese grupo de amnistiados de 1997. La cosa no funciona.
Resolver esta situación es compleja. Hay que estudiar cada caso uno a uno. En algunos casos se tratan de viviendas que tienen más de 50 años que fueron construidas mucho antes de que se publicara cualquier plan de ordenación. Pero en otros nos encontramos viviendas construidas, como quien dice, anteayer y en zonas donde están totalmente prohibidas las construcciones con planes de ordenación en vigencia cuando se iniciaron las obras. Son situaciones distintas que se resolverán de manera distinta.
Pienso que en parte es un falta de concienciación. Nadie considera que construir una vivienda en un suelo no apto para ello es un impacto ambiental, y menos si el terreno es suyo. En algunos casos resulta además paradójico que teniendo recursos para construir una casa no lo inviertan en comprar o alquilar una casa o un piso en suelo urbano o en un asentamiento. Luego llegan las denuncias y las lamentaciones... Y realmente es un problema ambiental. La idea de que es sólo una casa y está cerca de aquella otra impide percibir la visión de conjunto donde cientos de construcciones van ocupando poco a poco cada vez más suelo rústico. Y ese suelo ocupado por construcciones en muy raras ocasiones es recuperado para la naturaleza, las construcciones sin ordenación van salpicando y mermando la calidad del paisaje y la fauna y la vegetación va perdiendo territorio donde poder desarrollarse y sobrevivir. Y mientras, miles de viviendas vacías en las ciudades.
Es un problema que hay que resolver desde diferentes flancos: concienciación, labores de inspecciones más efectivas, legislación, alternativas para los propietarios de terrenos, valorizar el suelo rústico (para uso agrícola, pastoril, por su valor paisajístico...), fomentar y facilitar el alquiler y la adquisición de viviendas existentes... Debe lograrse una mejor adecuación entre los intereses públicos y privados, ¿qué puede hacer un propietario que tiene un terreno protegido por su valor paisajístico y que no puede aprovechar de ninguna manera, ni para cultivar ni para construir ni para pastoreo? Es una situación extrema e hipotética, pero con la que quiero reflexionar acerca de cuando se da preferencia al uso público (el valor paisajístico en este caso) frente al privado. Algo similar es lo que ocurrió con los islotes del Archipiélago Chinijo, donde los propietarios están llegando a un acuerdo para que la administración se los adquiera para que pase a ser patrimonio público dado que ya constituyen un espacio protegido. Y por supuesto, debe de terminarse de ordenar todo el territorio canario, pues el planeamiento dará seguridad jurídica al ciudadano y resolverá incertidumbres.
Con esta entrada he querido hacer una pequeña reflexión personal acerca del complejo problema de la ocupación ilegal del territorio, y más en el caso de un archipiélago donde el suelo es muy limitado. Es un problema que debe resolverse ya para beneficio de todos, con el compromiso de los propietarios y con la colaboración y firmeza de la administración pública. De nada sirve que una administración actúe con celeridad contra un poblado, mientras otra tarda años y años en resolver la situación de una macro-construcción ilegal, por poner un ejemplo.
Por cierto, en Internet puedes encontrar algunas webs de información territorial muy útiles. Algunos ejemplos son los mapas del Gobierno de Canarias en el IDECan, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, o incluso la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente para colaborar con los propietarios a alcanzar un equilibrio entre el uso de un suelo y su conservación.
* Canarias 7 - Blog El Verdal - 4.09.2008
