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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los vecinos del centro de Mollet del Vallès ven con recelo el proyecto del ayuntamiento que pretende remodelar el Pla de les Pruneres. Este solar, que se halla en el centro de la ciudad, tiene capacidad para estacionar gratuitamente alrededor de mil vehículos, unas plazas que ahora se reducirían a la mitad con la construcción de un párking subterráneo de pago. Unas 300 personas se manifestaron el viernes contra el plan municipal.
El Pla de les Pruneres es un espacio de casi 30.000 metros cuadrados que se encuentra en el centro de Mollet, una zona que en los últimos meses ha experimentado una remodelación urbanística y donde la mayoría de las calles se han convertido en peatonales. Los efectos del proyecto en este punto de la ciudad tiene una relevancia destacada, pues la mayoría de los vecinos, propietarios de comercios de la zona y vecinos de municipios próximos acostumbran a estacionar su vehículo en este solar al tratarse de una área libre de pago y sin limitación de tiempo.
La zona es también el emplazamiento habitual del mercado semanal de los martes y de las diferentes ferias de la ciudad, entre otros usos ciudadanos. Precisamente, aprovechando la celebración de una de las ferias, el ayuntamiento (gestionado por PSC y CiU) decidió el fin de semana pasado cerrar el perímetro y empezar los trabajos de construcción de un aparcamiento subterrá-
neo de tres plantas que tendrá 523 plazas de pago. También se ordenará la superficie con un parque público. "Nuestro objetivo es hacer un parque para todos y no para que unos pocos aparquen sus coches. El aparcamiento subterráneo es solo un accesorio", señala el concejal de Servicios Urbanísticos, Josep Garzón.
RECOGIDA DE FIRMAS
No lo ven así una gran cantidad de vecinos, que por el cierre del solar han visto reducidas las plazas de aparcamiento. Desde mediados de mayo, la formación local Independents per Mollet ha impulsado una campaña contra el proyecto y hasta el momento ya han recogido alrededor de 6.900 firmas. "Una familia con dos vehículos no puede pagar el gasto de tener estacionados dos coches en un aparcamiento", afirma el portavoz de la formación, Jesús María Carrasco, quien añade que una obra de este tipo no es necesaria en una situación económica como la actual.
Carrasco también teme que la eliminación del aparcamiento gratuito afecte de forma negativa al comercio local, dado que ante la obligación de pagar por estacionar "quizá un cliente de un municipio vecino opte para ir a otra localidad en lugar de venir a Mollet". Este extremo no es compartido por el equipo municipal. "Piensen en cuántos municipios de 30.000 habitantes tienen un solar de estas características vacío en medio de la localidad: ninguno", sentenció el concejal Garzón.
* El Periódico - ALBERT SEGURA - 12.10.2008
Foto: El solar del Pla de les Pruneres, cuya reforma ha levantado las quejas de los residentes en la zona. JOSEP GARCÍA, elperiodico.com
Rebelión vecinal en Mollet por la supresión de un párking público
Tras la estela del Algarrobico
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IDEAL/Granada* : El dictamen de los peritos oficiales coloca al Nevada en una situación calcada a la del hotel almeriense, ya condenado a la demolición. Como todas las filtraciones, no era inocente: el pasado viernes, un teletipo daba cuenta de la existencia de un informe pericial que avalaría la legalidad del descomunal Centro Comercial de Armilla. La noticia era sorprendente.
Echaba por tierra las investigaciones de la Guardia Civil -también las periodísticas-, de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que lleva meses recopilando indicios para decidir si sienta en el banquillo de los acusados por prevaricación y delito urbanístico a José Antonio Morales Cara, ex alcalde de Armilla; Gabriel Cañavate, ex edil de Urbanismo de dicha localidad y ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Granada, y Tomás Olivo, el multimillonario murciano propietario del Nevada.
El informe de marras existía y, efectivamente, respaldaba unas actuaciones que la justicia había puesto en cuestión. Lo raro era que el documento era del pasado mes de julio -¿a qué venía airearlo ahora?-, había sido redactado por un único arquitecto y solamente respondía a las cuestiones planteadas por una parte: Tomás Olivo.
Además, nada tenía que ver con la investigación penal, sino con un pleito contencioso-administrativo. Todo muy extraño.
La explicación de la filtración interesada del estudio benevolente no tardó en llegar: ese mismo viernes había trascendido otro informe pericial relacionado con el 'caso Nevada'. En realidad era 'El informe pericial' -así, con mayúsculas-, el de peso, el esperado análisis en el que habían trabajado durante meses, y a petición del magistrado instructor, un grupo de nueve juristas y urbanistas independientes. El contenido era demoledor, y nunca mejor dicho. Para los peritos oficiales, el Nevada era un desastre, un «cúmulo de irregularidades» y presuntas ilegalidades, un abuso urbanístico de proporciones gigantescas que sólo podrá ser corregido con la piqueta.
Un mazazo
Un auténtico mazazo para los implicados en el caso. Se entiende que alguien quisiera parar el golpe generando confusión con el otro informe, el que defendía el Nevada. La maniobra de distracción demostraba que ese 'alguien' estaba extraordinariamente preocupado por las conclusiones de los peritos designados por el tribunal y quiso amortiguar el brutal revés. Esa intranquilidad era comprensible. El dictamen pericial coloca al Leviatán -por utilizar la expresión que eligió el instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco, para referirse al inmueble- al borde del abismo. El 'monstruo' de cemento es un moribundo. El complejo -cuyas obras comenzaron en 2005- que iba a recibir 16 millones de visitantes al año y a crear 800 puestos directos de trabajo -y otros 400 más indirectos- está seriamente tocado.
Irrecuperable
El Nevada parece condenado a seguir la estela de El Algarrobico, el colosal hotel construido, también de forma groseramente irregular, en el interior del prodigioso Parque Natural de Cabo de Gata y que ya está sentenciado.
El Nevada lleva el mismo camino. Los peritos sólo ven dos salidas y la piqueta tiene un papel protagonista en ambas.
Primera: la demolición total, una obra casi tan faraónica como lo fue la construcción. Sería «un borrón y cuenta nueva» sin precedentes en España. Habría que echar abajo unos 200.000 metros cuadrados de ladrillo. Una cifra mareante.
La broma saldría por unos 30 millones de euros que tendría que abonar el promotor, esto es, Tomás Olivo. Teniendo en cuenta que con las irregularidades -siempre según el cálculo de los peritos- iba a embolsarse 36 millones -es el valor monetario derivado de la apropiarse de 40.000 metros cuadrados de suelo público- no parece un gasto exagerado. Sin embargo, los peritos también admiten que la destrucción total del inmueble no serviría para reparar los efectos del gigantesco estropicio. «La restitución completa de los valores ambientales es imposible (...), una vez que se han hormigonado unas quince hectáreas de Vega».
En este sentido, los especialistas se inclinan por demoliciones parciales. El mal está hecho, pero es necesario salvaguardar lo positivo de toda esta historia. Por ejemplo, la creación de puestos de trabajo, que falta hacen.
El Leviatán debe dejar de serlo para sobrevivir.
* Ideal - 12.10.08 -C. MORÁN Y R. MENDOZA
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es
Cho Vito: una historia de recuerdos, dolor y mentiras
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ELDÍA/Tenerife* : Los vecinos de Cho Vito no dejarán de serlo por el hecho de haber perdido sus casas. Durante mucho tiempo han dado muestras de que por encima de sus propiedades está el sentimiento del tiempo de vida que han pasado entre las paredes de las viviendas que ya no existen y de las que aún se mantienen en pie. Este poblado vive el calvario propio de la desaparición a la que lo obliga el cumplimiento de la ley en medio de escombros, enseres rotos, impotencia, rabia, dolor, verdades y mentiras.
En ese marco, ayer sus habitantes recibieron el apoyo de 500, 1.000, 1.500, 100 personas... Que cada cual ponga la cifra que quiera porque este grupo de vecinos de Candelaria sintió el calor de quienes han estado, están y estarán con ellos incondicionalmente. Y todos a una pidieron, exigieron por enésima vez, la dimisión del alcalde, José Gumersindo García, a quien consideran responsable de la desaparición de Cho Vito. Y a la justicia, por injusta. Y al Gobierno de Canarias, por inacción.
Pero Cho Vito sabe de derribos mucho antes del 7 de octubre pasado, porque el poblado no tiene 50 años, como atestiguan las imágenes hechas públicas esta semana por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Hace 23 años, el poblado vivió en silencio una demolición.
4 de febrero de 1985.- Ese día comenzaron los trabajos de derribo de una edificación de tres plantas construida ilegalmente en este enclave por Juan Martín, un simpatizante socialista. La orden fue dada por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, entonces presidido por Jerónimo Saavedra. En Candelaria gobernaba la coalición AP-PDP-UL y el alcalde era Rodolfo Afonso, durante cuyos mandatos sucesivos fue creciendo Cho Vito, lugar al que se dotó de los servicios básicos: agua y luz.
1996-1998.- Las autoridades judiciales emiten en dos años en torno a una veintena de resoluciones y sentencias en firme acerca de la ilegalidad de las construcciones que ocupan el espacio del deslinde marítimo-terrestre en la playa de Cho Vito.
28 de diciembre de 2004.- La Policía Local de la Villa Mariana recibe la denuncia de una vecina que reside junto al poblado contra una construcción que se realiza en el mismo. Al día siguiente, según consta en el acta correspondiente, los agentes se personan en Cho Vito e informan de que el titular del inmueble, Tomás González, "ha construido una obra techada con planchas de fibra, sin licencia para ello".
En ese momento ya estaba en marcha el proceso judicial para la recuperación del espacio del deslinde marítimo-terrestre por parte del Gobierno central.
18 de febrero de 2005.- El Pleno del Ayuntamiento de Candelaria procedió a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO), en cuyo catálogo del patrimonio histórico se lee que su antigüedad es de 50-60 años, que en las normas subsidiarias (vigentes desde 1987) estaba fuera de ordenación y que se trata del "último conjunto de poblado marinero popular de Candelaria de interés etnográfico y paisajístico", proponiéndose la remodelación.
22 de noviembre de 2005.- La Dirección General de Costas aprueba definitivamente el proyecto de paseo marítimo y demoliciones en la playa de Cho Vito al desestimar las alegaciones recibidas, en las que se pide dejar sin efecto tales derribos y estudiar una posible concesión administrativa del lugar a los vecinos. Además, refleja que el Ayuntamiento de Candelaria no informó el proyecto aunque el 5 de octubre de 2005 solicitó "la suspensión de la ejecución del expediente de demolición de la playa de Cho Vito". Asimismo, Costas asegura que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias emitió un informe favorable al proyecto, el 16 de mayo de 2005.
Aún así, en las aprobaciones provisionales del PGO de la Villa Mariana, que tuvieron lugar el 24 de febrero de 2006 y el 9 de junio de 2006, se mantiene la catalogación de poblado marinero como conjunto de interés y de protección ambiental para Cho Vito.
25 de mayo de 2006.- La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife determina que el poblado "no posee valores patrimoniales destacados y, en ningún caso, suficientes para justificar la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural", algo solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria como una vía para salvar Cho Vito. Con tal argumentación, dicho órgano dictaminó desfavorablemente dicha pretensión.
20 de julio de 2006.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprobó definitivamente el PGO de Candelaria con algunos reparos a subsanar, figurando entre ellos que "en los poblados de Cho Vito y Bajo la Cuesta, el PGO se atendrá a las determinaciones de Costas con respecto a las edificaciones existentes, por lo que no establecerá medidas que permitieran el mante- nimiento de éstas".
27 de septiembre de 2006.- El Ayuntamiento de la Villa Mariana recibe el estudio que sobre los valores etnográficos e históricos de Cho Vito encargó a Fernando Estévez, profesor titular de Antropología Social de la Universidad de La Laguna. Se trata de un documento que los vecinos del poblado venían demandando desde un año antes.
19 de octubre de 2006.- Se reúne la comisión bilateral mixta integrada por los gobiernos central y canario para la gestión integral y sostenible del litoral de las Islas. En la misma, el director de la Demarcación de Costas en Tenerife afirma que queda demostrado que en Cho Vito sólo existía una construcción antes del deslinde de 1969. En dicha sesión, el vicepresidente del Cabildo Insular, José Manuel Bermúdez, recuerda que el planeamiento municipal recoge el lugar como "poblado marinero de carácter etnográfico" apoyándose en el informe de la ULL, planteando compaginar la regeneración del lugar con el mantenimiento de las casas.
El concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, se comprometió a remitir el estudio citado a los gobiernos central, regional e insular, que debían pronunciarse sobre el mismo. Sólo respondió el Ejecutivo español, manifestándose contrario al mismo.
10 de noviembre de 2006.- La COTMAC considera corregidas las deficiencias que detectó en el PGO cuatro meses antes, especificando que se habían subsanado las correspondientes a Cho Vito y Bajo la Cuesta "de conformidad con el informe de la Dirección General de Costas", lo que impedía la protección de dichos núcleos candelarieros.
23 de abril de 2008.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife emite un auto por el que autoriza la entrada y demolición de 23 de las 31 viviendas de Cho Vito otorgando 6 meses de plazo para materializar el mismo. Dicho periodo concluirá el penúltimo día de este mes.
10 de octubre de 2008.- La solidaridad con el pueblo de Cho Vito se puso de manifiesto a través de una rueda de prensa en la que los colectivos participantes aludieron a un "pelotazo urbanístico" como móvil del "crimen" del que ha sido objeto el poblado. Tal referencia aparece en la adaptación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), que elaboró el Cabildo de Tenerife, a la Ley de Directrices, que incluye el documento "Actuaciones portuarias previstas adscritas al segundo nivel". En el mismo se contempla la construcción de un puerto deportivo en las inmediaciones de Cho Vito.
* El Día - MEDINA, Candelaria - 12.10.2008
Foto: Candelaria (Tenerife), vista Cho Vito - flickr.com
Las promotoras de Dénia vinculadas a Urbanismo aspiran a nuevos proyectos
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ELPAÍS/Alicante* : Las empresas vinculadas a los dos funcionarios municipales de Dénia que dirigen la nueva área de Urbanismo del Ayuntamiento desde la pasada moción de censura de julio que le dio el poder al PP aspiran a realizar en el futuro ambiciosos complejos residenciales.
El nuevo jefe del Servicio de Ordenación Urbanística, el arquitecto municipal Rogelio Mira, y el recién nombrado director de Programas y Proyectos, el ingeniero municipal Jesús Escolano, deberán ahora pronunciarse sobre esos proyectos desde sus puestos públicos.
Así, Escolano es consejero de la mercantil Meridian Gestión Urbanística, que tiene como accionista a la constructora Blauverd. Esta última aspira a la construcción del ambicioso PAI de l'Almadrava-Molins, con 4.000 nuevas viviendas en la costa norte de la ciudad y que ya fue rechazado en la anterior legislatura. No obstante, Blauverd rescata ese proyecto y ha enviado una carta a la Dirección General de Urbanismo en la que pide que se alce la suspensión que ahora mismo existe sobre ese suelo para poder comenzar a desarrollar el PAI. Esa carta está incluida en el Plan de Participación del nuevo Plan General que aprobó la corporación en su último pleno.
El otro hombre fuerte del nuevo urbanismo en Dénia, Rogelio Mira, se encuentra en una situación semejante. Mira es administrador único de las mercantiles Arquimizara y Corokia, cuyo objeto es la prestación de servicios de asesoramiento en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Arquimizara, según reveló recientemente el PSPV, realizó trabajos para la mercantil Patrimonios del Levante, actuando como arquitecto en una obra que esta última empresa realizó en Pedreguer y que incluía la construcción de 38 viviendas concluidas en 2007. Pues bien, Patrimonios del Levante ha llevado a cabo o aún está ejecutando diversas promociones en Dénia cuyos expedientes de licencia han podido ser informados por Rogelio Mira en su calidad de arquitecto municipal.
* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 12/10/2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
El fiscal afirma que el 'caso Estepona' afectará a "cientos de personas"
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ELPAÍS/Málaga* : Tres meses despúes de destaparse el caso de corrupción municipal investigado en Estepona (Málaga) el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero asegura que todavía quedan por pasar por el juzgado "cientos de personas" entre testigos e imputados.
La apreciación forma parte de un informe en el que la Fiscalía se opone por segunda vez a dejar en libertad al ex alcalde Antonio Barrientos, en prisión preventiva desde el 20 de junio. El fiscal responde a un escrito de apelación con el que los abogados del ex alcalde del PSOE pedían a la Audiencia Provincial que enmendase la negativa de la juez Isabel Conejo a excarcelar al regidor.
La instructora, titular del juzgado número 1 de Estepona, considera a Barrientos "máximo responsable" de la trama de corrupción investigada y destaca que el primer edil era el cabecilla de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente".
"El fiscal viene a decir que la investigación está todavía en una fase muy inicial y que su puesta en libertad puede influir en todas las personas que todavía restan por pasar ante el juzgado", explica un letrado que ha tenido acceso al documento. La defensa del ex alcalde cree que el término "cientos de personas" se ha incluido de forma "un tanto ligera" e incide en que los dos fiscales que intervienen en el caso -Juan Carlos López Caballero y Valentín Bueno- han dado "sentidos distintos" a sus negativas a poner al ex alcalde en libertad.
Además de Barrientos, por este caso continúan en prisión preventiva el jefe de gabinete del ex alcalde José Flores, y los ediles de la formación posgilista PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina. Ambos eran socios de gobierno de Barrientos en la anterior legislatura.
Diversas fuentes consultadas coinciden en que todavía queda mucho por investigar en el llamado caso Astapa. El 26 de septiembre, la juez pidió al Ayuntamiento que les entregaran todos los expedientes por irregularides urbanísticas abiertos en los últimos cinco años y la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones que elevará hasta 58 el número de implicados.
Entre los citados el próximo martes está Carlos Barrientos, cargo de confianza de Alcaldía y primo hermano del ex regidor; y el empresario local Aurelio Martín Simón, presidente de la empresa Costa Sol Hipermercados SL, que gestiona un hipermercado Carrefour en Estepona. Martín Simón presentó a finales de mayo junto con el representante de la empresa Azata y el ex alcalde el anteproyecto del macrocentro comercial La Lobilla. El convenio para la construcción de este centro comercial, con pretensiones de convertirse en "el más grande de España", se firmó el 5 de diciembre de 2005. La plusvalía que obtenía el Ayuntamiento era de 15 millones.
La tramitación se estaba realizando mediante un Plan Especial de interés general, fórmula que no sujeta el proyecto a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y que permite acelerar su puesta en funcionamiento. Ocuparía una superficie de 168.000 metros cuadrados y supondría una inversión de 300 millones.
El mismo martes también está previsto que declare Miguel Navarro García, coordinador de infraestructuras en la delegación de Urbanismo y empleado municipal; y Francisco Navarro de Hoyos, propietario de la empresa de Publiluna. Su compañía fue objetivo de una de las actuaciones más drásticas que acometió el departamento de disciplina urbanística en la época la que Rafael Duarte era concejal de Urbanismo. El edil, que renunció a su cargo tras ser imputado en el caso Astapa, ordenó suspender la instalación de más de 1.000 vallas publicitarias que la empresa estaba colocando sin licencia. Publiluna firmó un contrato con el edil de servicios José Ignacio Crespo -del Partido de Estepona (PES)- en la época en la que esta formación posgilista era socia de gobierno de Antonio Barrientos. Crespo, lo firmó sin publicidad ni acuerdo de los órganos competentes ni informes técnicos.
* ELPAIS.com - J. VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Marbella / Málaga - 11/10/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
