IDEAL* : A finales de los noventa algunos ayuntamientos -el primero fue el de Cádiz- empezaron a darse cuenta de que sus cascos históricos se les caían a pedazos. No era difícil percatarse. Estos barrios cada vez se quedaban más vacíos, se cerraban más casas y los vecinos que resistían se hacían más viejos. Basta el ejemplo del Albaicín, que ha perdido en tres décadas la mitad de la población, donde el último estudio municipal revela que hay 1.680 viviendas sin habitar.
El gobierno andaluz puso en marcha las áreas de rehabilitación concertada, donde Junta y ayuntamientos aunaron esfuerzos para rescatar los barrios históricos. En 2002 abrió la oficina del Albaicín -no abarca todo el barrio-, en 2003 la de Santa Fe, y en 2004 las de Loja, Guadix y Baza. Ha pasado un lustro.
La duración del programa era en todos los casos de ocho años y el ámbito de actuación afectaba a 12.663 viviendas. El diagnóstico que se hizo antes de empezar detectó que había, entre los cinco cascos históricos, 1.406 viviendas deterioradas, 735 muy degradadas y 332 que eran directamente irrecuperables. En total, 2.473 casas que necesitaban obras urgentes para seguir en pie con dignidad.
Según los datos recopilados por IDEAL, en los cinco primeros años de funcionamiento se han aprobado o terminado obras en 471 edificios y 1.336 viviendas, con una inversión que supera los 64 millones de euros -más de 10.000 millones de pesetas-. De ellas, la cuarta parte eran medio chabolas. Además está en estudio previo la reforma de otros 17 edificios con 70 viviendas.
Cerca de cinco mil vecinos han estrenado su casa de toda la vida. Estos datos hay que ponerlos en contraste con lo que había. Según el diagnóstico inicial, todavía están descuajeringadas más de mil casas.
Inicialmente, la zona más deteriorada era el Albaicín -también la más amplia-. Es además donde más trabajo cuesta actuar, por la propia estructura del barrio. La coordinación con el Ayuntamiento de la capital en los últimos cuatro años tampoco ha sido fluida y esta confrontación política provocó un frenazo, lamentan en la Empresa Pública de Suelo (EPSA).
La situación de Guadix o Baza no eran mucho mejor. La radiografía de Baza marcó 154 edificios destrozados y 377 en mal estado. Y en Guadix había 237 inmuebles muy degradados.
Para entrar en una de estas casas los técnicos tienen que ganarse la confianza de sus inquilinos, convencerles de que no se van a quedar en la calle. Cuesta. En la primera mitad del programa se han realojado cien familias. La inmensa mayoría (91) vivía en infraviviendas que daban pena verlas.
La rehabilitación de los barrios históricos se está aprovechando también para rejuvenecerlos. La mayoría de los vecinos que persistían en las casas descascarilladas eran mayores. En torno al 25% de la población tenía más de 65 años y alrededor del 30% entre 30 y 64. La presencia de jóvenes y adolescentes era simbólica.
* Ideal - 23.06.08 -Q. CHIRINO
Foto: Granada, Albaicin - wikipedia.org
Hay más de mil casas que se caen en los barrios históricos de Granada
El Consell tiene una lista de 60 obras ilegales a demoler y este año quiere derribar once
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DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca tiene en estos momentos sobre la mesa unos 60 expedientes de obras ilegales que tiene intención de demoler, y al menos once de estos derribos han sido programados para este año, según ha destacado la responsable de su área de Territorio, Maria Lluïsa Dubon.
Las primeras actuaciones que la institución insular quiere ejecutar se encuentran en municipios como Andratx, Llucmajor o Valldemossa.
Dubon no oculta que la demolición de obras ilegales sigue siendo la "asignatura pendiente" de la disciplina urbanística de Mallorca. "Tenemos como objetivo estar más cerca del ciudadano -afirma- y para eso hemos creado la oficina de información territorial. Pero cuando las cosas se han hecho mal y no se quieren subsanar, también vamos a demostrar que somos capaces de actuar con contundencia".
Obras a derribar
En la actualidad los responsables del Consell están elaborando el proyecto de demolición de once actuaciones ilegales, como una casa unifamiliar de Alaró, unos sotanos y una piscina de Andratx, un anexo a un hotel de Son Servera, una caseta de aperos de Llucmajor, la ampliación de una casa en Campanet, una caseta de Ses Salines, una pequeña vivienda con piscina de Andratx, una vivienda unifamiliar de Llucmajor, una construcción de Santa Margalida, la base de una antena de telefonía de Valldemossa y una vivienda unifamiliar de más de 200 metros cuadrados en Maria de la Salut.
A esta lista inicial de once proyectos debían sumarse cuatro más, pero en dos casos todavía hay dudas legales -como el titular de la propiedad- y en otras dos los propietarios han aceptado encargarse personalmente de demoler la construcción ilegal -uno de ellos ya ha iniciado los trabajos-. Además, está el caso de una perrera de Andratx cuyos propietarios ya han ejecutado la demolición que se les exigía.
Dubon indicó que una vez concluida la redacción del proyecto de derribo de estos 11 expedientes, se solicitará la correspondiente licencia a cada municipio, de forma que en torno al mes de octubre se puedan haber contratado a las empresas que se ocuparán de ejecutar las demoliciones.
A propuesta de la patronal de constructores, estos proyectos se van a agrupar en cuatro grupos por proximidad geográfica, lo que además facilitará que su adjudicación pueda ser directa, sin necesidad de tramitar la convocatoria de un concurso.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 22 de junio de 2008
Foto: Los propietarios de una perrera de Andratx ya han ejecutado la demolición/ Consell de Mallorca
La huerta necesita una ley para protegerla del ladrillo
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ELPAÍS/Valencia* : La huerta histórica de Valencia es un paisaje cultural milenario, de los que quedan muy pocos en Europa. Un espacio agrícola periurbano singular que es seña de identidad de la ciudad y del área metropolitana. Por ello, su protección está en boca de muchos, desde hace años, sin que esa voluntad haya cuajado en un plan global para su conservación y disfrute.
Las iniciativas municipales concretas para preservar huerta o las campañas ciudadanas para frenar su deterioro no han encontrado eco hasta ahora en el gobierno autonómico. A falta de protección real, la voracidad urbanística y la presión de las infraestructuras han puesto a la huerta en "riesgo acelerado de desaparición".
Así lo reconoce el Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia presentado hace diez días por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El gobierno autonómico presenta el plan tras una década de frenesí del negocio del ladrillo, que ha ocupado el territorio a costa precisamente de la huerta. Camps lo prometió a principios de la legislatura pasada y ahora que ve la luz pide un debate "sincero y leal" para salvar la huerta histórica. Las alarmas, sin embargo, se encendieron hace tiempo.
El debate se enfrenta, de partida, a dos escollos difíciles de remover. Por un lado, la intención de una parte de los ayuntamientos de reclasificar suelo agrícola valioso en programas urbanísticos aprobados o en trámite antes de hacerse público el documento del Consell. Por otro, la desconfianza y el escepticismo de muchos defensores de la huerta que se preguntan si esta vez el gobierno autonómico va en serio. El lanzamiento del plan se abre con una etapa de consultas sobre la versión preliminar del estudio. La Consejería de Medio Ambiente promete un amplio debate y programa de participación pública para despejar dudas y recibir aportaciones. Estos son los ejes principales de un documento elaborado por un destacado panel de expertos y abierto a cambios.
- Diagnóstico. Forjada a partir del agua que fluye del Turia a las siete acequias del Tribunal de las Aguas y la Real Acequia de Moncada, la huerta histórica conforma un entorno periurbano de Valencia y las poblaciones del área metropolitana en serio peligro de desaparición. En 1950 se había destruido un 10% de esa huerta histórica, y hasta 2006 la "tendencia se ha acentuado de forma alarmante", con la ocupación del 30%. "Si se quiebra definitivamente el paisaje de la huerta, se perderá una parte sustancial de la identidad cultural y de los atributos que hacen de Valencia y su entorno un lugar único en la Península y en el Mediterráneo occidental", advierte el plan. Los expertos constatan la falta de eficiencia del riego de las acequias (no alcanza el 15%), el impacto de las aguas residuales y basuras sobre la calidad ambiental de la huerta, así como la desaparición o inutilización de ramales. El estudio afirma que en esta situación, el reparto de agua basado en derechos históricos lleva al sistema a una "grave ineficiencia hídrica". Además, el crecimiento urbanístico y de infraestructuras a costa de la huerta ha creado también barreras y la fragmentación visual del paisaje, y afecta a los caminos rurales y a las acequias. A la progresiva degradación del paisaje contribuyen asimismo torres de alta tensión, construcciones no tradicionales como naves industriales y grandes carteles. Y otro factor que encabeza el riesgo de supervivencia de la huerta: la producción agrícola es "difícilmente sostenible en sí misma en las condiciones actuales", lo que desemboca en el abandono de campos y residencias de la huerta. En la desaparición de lo que le da vida, en definitiva.
- Ámbito de aplicación. La huerta histórica configurada en torno a las acequias del Turia y marjales abarca un ámbito de 23.000 hectáreas en 40 municipios. Descontada la urbanización y los sectores urbanizables aprobados o en tramitación a finales de 2006, la que queda hoy de huerta y es objeto del plan se reduce a 12.000 hectáreas en 34 municipios -algunos ya no tienen suelo agrícola que recuperar-. El plan tiene un enfoque "claramente metropolitano", de coordinación de todas las variables que inciden en la protección de la huerta, desde el reconocimiento de que intentos anteriores de abordar globalmente esta planificación han fracasado.
- Cinco estrategias. El documento define cinco estrategias para la huerta. La primera es una red de paisajes que conecten y articulen la huerta de mayor valor entre sí con los parques naturales de L'Albufera, el Turia, la sierra Calderona y el Marjal dels Moros en Sagunto. A ello se suma la conservación y restauración de los elementos patrimoniales que se han catalogado, tanto arquitectónicos (alquerías) como hidráulicos (molinos, azudes, etc.). Las áreas de mayor densidad de estos valores patrimoniales se sitúan al norte y sur de Valencia y zonas próximas al núcleo urbano.
La segunda estrategia se centra en los agricultores. Son el factor clave para el mantenimiento de la huerta. Sin ellos, un plan de protección convertiría la huerta en una especie de "parque temático" hortofrutícola. Para garantizar su permanencia en el entorno es necesario un plan agrícola específico que implicaría a más de 26.000 explotaciones. Los expertos abogan por que se mantenga al máximo la propiedad privada y se eviten fórmulas simplistas de subvención o subsidio, sin que por ello se desaprovechen ayudas como las europeas al sector. Los mecanismos para garantizar una renta justa a los labradores son variadas: desde la recuperación del mercado para sus productos y promoción de la agricultura ecológica, hasta la terciarización agraria con actividades que complemente la renta, como el agroturismo, pasando por revisar el tamaño de las explotaciones y profesionalizar el trabajo.
El plan propone además, mecanismos de compensación a los agricultores por sus servicios medioambientales de mantenimiento del paisaje y elementos culturales y patrimoniales, ya que éstos benefician al conjunto de la sociedad. Se les ayudará para promover también restaurantes, tiendas de la huerta y otras actividades, mientras que a los labradores que no quieran seguir cultivando se les proponen acuerdos de cesión para que sus tierras las trabajen entidades de conservación o la Administración. En la huerta de titularidad pública se proponen cesiones a agricultores mediante convenio y huertas urbanas. Al plan agrícola se unirán uno de modernización del riego y un plan de uso turístico-recreativo para dar cabida simultánea a todos los aspectos de revitalización de la huerta.
La tercera estrategia presta su atención a la integración paisajística de las infraestructuras y recomienda enterrar todas las posibles. Si no es factible, se intentará que no creen bolsas aisladas de huerta y en los bordes urbanos con carreteras y ferrocarril se diseñarán paseos peatonales y carriles bici. El estudio apunta medidas de integración al AVE y alternativas a rondas que pretenden atravesar huerta.
A la protección del patrimonio cultural y visual se dedica la cuarta estrategia, con la restauración del patrimonio arquitectónico e hidráulico, caminos históricos etc., además de estudios y trabajos de catalogación y fomento educativo y recreativo.
La quinta estrategia lleva al ciudadano a la huerta a través de un trazado peatonal, vías verdes para disfrutarla a pie, en bicicleta o a caballo, con puntos estratégicos de entrada (portes a l'horta) con información y aparcamientos, actividades recreativas y de turismo rural, sin perder de vistas las actuaciones de concienciación. Para conectar las distintas áreas de huerta se sugieren, además, actuaciones singulares en el entorno del parque natural del Turia, la recuperación del agua en el nuevo cauce para unir el paisaje a L'Albufera y un bosque litoral para unir la huerta de Alboraia y el mar.
- Modelo de protección. No hay tradición en la legislación española de conservación de un espacio antropizado como la huerta en el que es básico mantener la actividad económica de mercado, constata el plan. Las que rigen en parques naturales están pensadas para espacios silvestres y tampoco acaba de encajar la figura del paisaje protegido. La clasificación de suelo no urbanizable de especial protección servirá de momento, aunque no garantiza que en el futuro un cambio de plan general municipal u otro programa de acción autonómico cambie el uso. Por ello, los expertos creen necesaria una ley que arrope a la huerta con una definición que proteja su singularidad más allá de apetencias urbanizadoras de los municipios que, en cualquier caso, tendrán que atenerse al plan. Además de catalogar 27 unidades de paisaje de huerta, el plan avanza una primera zonificación en función de su valor y nivel de protección exigible. Así se establece huerta de protección integral, periurbana con posibilidad de albergar alguna dotación pública, o zonas de transición y vectores de conexión en los bordes urbanos aún en estudio porque hay que buscar la adaptación de los planes urbanísticos municipales a la protección.
Además de la ley de la huerta, será necesario un ente que elabore los planes agrícolas, de modernización de riego y uso turístico-recreativo, y que gestione fondos y ayudas para hacer viable la actividad de la huerta.
- Participación pública. "La versión preliminar del plan está totalmente abierta para trabajarla" con ayuntamientos, entidades y expertos, destaca la directora general del Paisaje, la arquitecta Arancha Muñoz, que ha dirigido y coordinado el estudio. Considera esencial el proceso de consulta pública para lograr una redacción final que involucre a instituciones y ciudadanos en la protección de la huerta. Muñoz califica de "pionero" el plan de participación pública, que prevé una primera fase de consulta y debate -también por Internet-, talleres de paisaje, jornadas, reuniones con expertos, etc. para incorporar los resultados al documento definitivo, que será el que salga a la exposición pública propiamente dicha hacia enero de 2009. Será también el momento de definir la financiación y los presupuestos de las actuaciones.
- Obstáculos. Las primeras opiniones, a falta en la mayoría de los casos de un análisis pormenorizado del documento, apuntan ya a que las previsiones de crecimiento urbanístico de los municipios serán el principal campo de batalla. También las soluciones de integración o mejora de grandes infraestructuras, como el AVE en L'Horta Nord y nuevas rondas de circunvalación serán claves. Con la decisión de aceptar los proyectos aprobados o en tramitación hasta diciembre de 2006, la Generalitat da por perdida una importante superficie de huerta en Catarroja (PP) con las miles de viviendas de Nou Mil.leni -en las que participa la propia consejería-; o en Manises (PP), con el plan de Gran Manises, pegado al parque del Turia. También Torrent prevé unas 10.000 viviendas sobre la huerta del Safranar, la mayoría de protección social. El concejal de Urbanismo, Santiago Martí, del PP, recuerda que el proyecto lo impulsó en 2001 el gobierno socialista. "Ahí se han generado unas expectativas que han llevado al abandono de los cultivos", asegura Martí, partidario de reforzar la protección del resto de huerta pero para quien la expansión de Torrent no tiene otra salida.
Alboraia (PP) es otro de los municipios que no quiere renunciar a ocupar una huerta productiva y de alto valor, en la zona de la Vera, a donde pretende trasladar un centro comercial. Alboraia prevé "la protección de la mayor parte de la huerta", alegan en el Ayuntamiento, enfrentado a los agricultores de la Vera.
Estos planes urbanísticos son los que alimentan el recelo, por ejemplo, de Ferran Gregori, experto en la huerta de la Unió de Llauradors-COAG. Teme que el plan, que aún no ha estudiado a fondo, se quede en "palabrería". Coincide con los expertos en que "una huerta sin agricultor es imposible" y que son necesarios mecanismos "que mantengan la actividad y las rentas". La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) se pronunciará cuando analice el plan con más detalle.
Hacia Valencia se dirigen muchas miradas de desconfianza. El gobierno de la alcaldesa, Rita Barberá, defiende que el nuevo plan general en tramitación se ajusta a la defensa de la huerta, pero lo cierto es que las 400 hectáreas que prevé reclasificar dan bocados sustanciosos a zonas de alto valor que, además, están situadas en puntos estratégicos de conexión de la red del paisaje agrícola, como es el caso de Campanar, el límite con Alboraia, La Punta o el cinturón de pedanías pegadas al nuevo cauce del Turia y los municipios de L'Horta Sud. En la huerta de Faitanar incluso prevé un área industrial.
Esta semana, además, una decisión del Tribunal Superior de Justicia ha contribuido a cuestionar las intenciones del Ayuntamiento y del Consell de proteger los espacios valiosos. La consejería recurrirá, y Barberá lo apoya, una sentencia que anula la posibilidad de construir viviendas y algunos equipamientos en pedanías dentro del parque natural de L'Albufera.
"Yo estoy a favor de que haya una planificación territorial de protección de la huerta", adelanta la alcaldesa socialista de Aldaia, Empar Navarro, que también preside la Mancomunitat de L'Horta Sud. Sin embargo, las reclasificaciones previstas en Valencia, Alboraia, Catarroja o Manises convierten de momento el plan "en una declaración de intenciones con demasiadas dudas", apunta Navarro, que reprocha al Consell que "nunca hace lo que predica". Igual que Aldaia, Picanya destaca por incluir en su plan general una calificación específica de huerta protegida. "Sí al plan", afirma su alcalde, Josep Almenar (PSPV), "pero en todos los municipios". Salvar la huerta exige, en su opinión, un verdadero "gobierno metropolitano" en el que las decisiones no se tomen sólo "desde Valencia".
El debate se anuncia vivo, complejo. La huerta, mientras, espera en la encrucijada a que se elija un camino que pueda rescatarla de la destrucción.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 23/06/2008
Foto: Alboraia (Valencia), huerta - flickr.com
Hidalgo y Malaya, preludio de Astapa
MÁLAGAHOY* : Cuando el río suena, agua lleva. Ese sería el refrán popular que se podría aplicar en el caso de la puesta en marcha de la operación Astapa si se tiene en cuenta que en los sumarios de los casos Malaya e Hidalgo el nombre de Estepona o de personas vinculadas con el municipio empezó a aparecer desde un principio.
En marzo de 2006 se supo que el empresario marbellí detenido en el marco de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de este municipio costero era Ismael Pérez Peña, vinculado a las empresas Alquicamsa y Alvemotor, con las que el Ayuntamiento de Marbella tuvo contratado durante la era GIL el leasing de los vehículos de la Policía Local. Aunque no fue la única, ya que Estepona repitió experiencia.
De hecho, el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la gestión del gobierno municipal entre 1995 y 1999, periodo en el que gobernaba el GIL en la localidad esteponera, investigó el abono injustificado de 428.400 euros a Alvemotor por parte de la corporación municipal. Según refleja en el informe, el 1 de agosto de 1996 la comisión de gobierno del Ayuntamiento acordó encargar a Compras Estepona XXI SL la adquisición de vehículos. Como consecuencia de ello, el 1 de febrero de 1997 se firmó un contrato de arrendamiento de 19 vehículos durante tres años para su uso por la Policía Local con la empresa Alvemotor SL, a pesar de lo cual no consta la existencia del expediente de tramitación de dicho contrato.
"Sin embargo, antes del acuerdo de la comisión de gobierno y de la celebración del mencionado contrato", continúa el documento, "ya se habían recibido facturas de la citada empresa en concepto de alquiler de vehículos por importe de 94.800 euros que no tenían el necesario soporte contractual".
El 1 de julio de 1997, las partes acordaron rescindir el contrato de común acuerdo, "a pesar de lo cual Alvemotor SL, con posterioridad, facturó a la sociedad por el mismo concepto 285.600 euros y el Ayuntamiento pagó cuatro facturas por un total de 48.000 euros. Tres de éstas, por importe de 36.600 euros, que constan contabilizadas por Compras Estepona XXI, aunque a 31 de diciembre de 1999 este saldo figura pendiente de pago en la sociedad municipal". En este caso, fue IU la que estableció las relaciones entre Marbella y Estepona.
Anónimo
Unos meses después de conocerse la relación de Ismael Pérez con el Ayuntamiento de Estepona, en noviembre, salió a la luz un anónimo incluido en la página 102 del tomo 14 del sumario del caso Malaya en el que se hacía mención a la relación que podría mantener el que por aquel entonces era primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo (PES), con el considerado cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, así como con Pedro Román.
El que por aquel entonces era portavoz del PSOE, David Valadez, preguntó públicamente a Crespo sobre este documento, a lo que este respondió asegurando que el PSOE "debe explicar las palabras de este señor" y añadió que en caso de que los socialistas respalden a Valadez "el PES tendrá que tomar alguna decisión política e inaplazable", es decir, se plantearía abandonar el equipo de gobierno. No fue necesario que llegaran a tanto porque a los pocos días el alcalde y secretario general de los socialistas, Antonio Barrientos, destituyó a Valadez de su cargo después de que éste se ausentara de un pleno en el que se iban a aprobar convenios que, a su juicio, "no cumplían el decálogo del PSOE en materia urbanística".
Coincidiendo con esta polémica, IU instó al Pleno a aprobar la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía de aquellos convenios suscritos entre 2002 y 2006 que hubieran promovido la modificación del PGOU vigente, así como la fiscalización de los aprovechamientos enajenados en ese mismo periodo y el fin al que se destinaron sus fondos.
negociaciones de roca
Tras unos meses de tranquilidad, en julio de 2007, se conoce una nueva parte del sumario del caso Malaya. En esta ocasión, en el tomo 81 aparece que la empresa Inmobiliaria Eridano -vinculada al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca- firmó en 2005 un convenio con el Ayuntamiento de Estepona para comprar una parcela pública conocida como Bahía de Estepona y que después vendió por un precio casi diez veces superior.
Un negocio para el que, según el informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, "fue necesaria la colaboración del por entonces coordinador de Urbanismo de Estepona, Pedro López, del Partido Estepona", cargo de confianza del alcalde, Antonio Barrientos. Pedro López ha sido detenido esta semana en el marco de la operación Astapa y ha quedado en libertad bajo fianza de 300.000 euros. A él se le imputan los presuntos delitos de cohecho y malversación.
Los investigadores precisaban que López dependía "directamente" de Barrientos. En este sentido, apuntaban que como máximo responsable, el regidor pudo "haber tenido conocimiento de las irregularidades que conciernen al departamento de Urbanismo". Ante estas sospechas el alcalde dijo que firmó el convenio porque contaba con los informes favorables de los técnicos de Urbanismo. Sobre la participación de López en la negociación del citado convenio, señaló que quien tenía que dar explicaciones era José Ignacio Crespo, al haber sido designado por éste.
Hidalgo
Finalmente, en febrero de este mismo año, se conoce el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. De nuevo vuelve a aparecer Estepona. En esta ocasión, según el informe policial, uno de los imputados en la causa, Jan Nadir, asegura en una conversación telefónica que ha tenido que "soltar dinero" para conseguir una licencia de urbanización en este municipio. Ahora el nombre que aparece es el del arquitecto municipal Arturo Cebrián, también detenido en Astapa, aunque en libertad tras abonar 30.000 euros de fianza. Se le acusa de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Según Barrientos, el técnico actuó en la compra-venta de unos terrenos que ya eran urbanos y que no sufrieron ningún tipo de recalificación o aumento de edificabilidad. Por ello, insistió en que las acciones no implicaron la actuación del Ayuntamiento como institución. En estas escuchas se desvela que el intermediario había soltado "un montón de dinero" a gente del Ayuntamiento a cambio de obtener la licencia de urbanización. Tras conocerse estas noticias, el alcalde ordenó que se abriera una investigación. El arquitecto, por su parte, aseguró que nunca había cobrado por dar una información que era pública y que él no tenía capacidad para tramitar la licencia.
Así las cosas, cabe pensar que la operación Astapa hunde sus raíces en los casos Malaya e Hidalgo que azotaron a Marbella y que aún continúan abiertos.
* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 23.06.2008
Foto: Fragmentos del sumario del caso Malaya, en los que se alude a Estepona/ malagahoy.es
Los cultivos ilegales cercan Doñana
ELPAÍS/Huelva* : Cuatro agentes de la Consejería de Medio Ambiente en Doñana fueron detenidos la semana pasada acusados de cobrar dinero a cambio de mirar hacia otra parte y no denunciar la presencia de los cultivos ilegales, aquellos que crecen en terrenos de uso forestal y no agrícola.
El suceso volvió a poner encima de la mesa el fenómeno de los cultivos que se abren paso en zonas forestales o protegidas. Se trata de algo muy característico de Huelva, una provincia que busca un difícil equilibrio entre la potencia de su agricultura y el sostenimiento de joyas ecológicas como Doñana.
Un par de días después de que se detuviese a los agentes, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, en su informe anual, volvió a destacar los delitos contra el cambio del uso de los terrenos -de forestal a agrícola-, como uno de los problemas más acuciantes, especialmente en el entorno del parque nacional. La organización ecologista WWF/Adena calcula que hay más de 2.000 hectáreas de cultivos ilegales en zonas de monte público y espacios protegidos en el ámbito de Doñana.
El uso que se da a la tierra suele estar centrado en el cultivo de fresas, arándanos o frambuesas. Legalmente, la provincia ha transformado más de 13.335 hectáreas de suelo forestal en agrícola en los últimos diez años, según datos del delegado de Medio Ambiente en Huelva, Juan Manuel López. Pero la Consejería ha abierto, desde 2006, 150 expedientes sancionadores por los cambios de uso irregulares.
El fenómeno existe desde hace décadas, recuerda Félix Sanz, portavoz de Asaja en la provincia. "Pero no creo que ahora haya un problema alarmante. La mayoría de los terrenos se han ido regularizando con el tiempo y ahora se les está intentando dar forma. Pero está claro que actualmente, en una provincia eminentemente forestal como es Huelva y con amplias zonas protegidas, hacer un cambio de uso es muy complicado. Incluso en parajes de eucaliptos, donde hace tres años era muy fácil conseguir un cambio de uso para cultivos", afirma.
En 2003 la Consejería de Medio Ambiente redactó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) para tratar de poner orden en éste y otros problemas. Pero los intentos para abordarlos por la vía penal empezaron hace unos tres años. "En 2005 la Delegación de Medio Ambiente en Huelva nos informó del problema de los cambios de uso del suelo, nos subrayaron que los procedimientos sancionadores administrativos no funcionaban, porque a los agricultores se les imponía una multa y al día siguiente las pagaban. Económicamente les compensaba, pues seguían con su actividad agrícola", destaca Alfredo Flores, fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Huelva. "En muchos casos, encontramos además que los cambios de uso de suelo iban ligados a la construcción de otros elementos sancionables, como las balsas para regadío, por ejemplo. También había posibles delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales en zonas protegidas", continúa el fiscal Flores.
Entre 2005 y 2006 la Fiscalía empezó a abrir diligencias de investigación y a formular denuncias a los juzgados. En 2007 se realizaron los primeros juicios orales. Se han dictado cinco sentencias, todas condenatorias. Y salvo una, todas han sido de conformidad con los acusados. "En esos casos, lo que hace es condenarlos a un año de prisión, pero si quieren la suspensión de la condena tienen que plantear y ejecutar un plan de restauración ambiental del espacio afectado, que deberá aprobar la Consejería de Medio Ambiente. Además, se debe abonar una sanción", destaca Flores. Hay varias ejecutorias pendientes de que se presenten y lleven a cabo dichos planes de restauración. "Todavía no hay ningún caso en que se haya completado, pero hay que comprender que es un proceso lento".
El área donde se han denunciado más casos de cambios de uso del suelo en la Fiscalía forma un eje entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares, donde uno de los ejemplos más famosos es el de la finca de El Avispero, denunciada en la Fiscalía por Ecologistas en Acción. Los fiscales se quejan de falta de colaboración por parte de los ayuntamientos y critican que hayan permitido el fenómeno sin ponerle coto. Y es que la mayoría de los terrenos que se ven afectados por irregularidades están relacionados con tierras de canon que los consistorios arriendan a particulares para que estos cultiven. El problema se da cuando amplían las explotaciones, arañando hectáreas en áreas forestales de terreno público.
Algunos alcaldes de la zona no tienen tan claro que ellos tengan que vigilar la conducta de sus vecinos. "No podemos perseguirlos a todos. Yo creo que en el tema de los cambios de uso del suelo, quien debería de controlarlo es la Junta de Andalucía", protesta Manuel García, alcalde de Lucena del Puerto. García añade además que las leyes y normas en esta materia son ambiguas y no contemplan los usos tradicionales. "Aquí hay vecinos que pueden llevar un siglo cultivando una parcela y de repente se enteran de que la zona es forestal porque unos señores lo dicen", critica. "Otra cosa es que el agricultor convierta, a sabiendas un terreno forestal en otro agrícola de manera ilegal. Eso sí que hay que sancionarlo", afirma el alcalde.
* ELPAIS.com - MANUEL J. ALBERT - Huelva - 22/06/2008
Foto: Doñana, parque nacional - wikipedia.org
Lesa corrupción
JOAQUÍN ESTEFANÍA* : ¿Será Estepona para la actual legislatura democrática lo que Marbella supuso para la anterior?: el paradigma de la corrupción urbanística, hacia la que se desplazaron las irregularidades cometidas en la financiación ilegal de los partidos políticos de la década de los noventa. Lo que se sabe hasta ahora es que hay implicados dos docenas de funcionarios (entre ellos, el alcalde) y empresarios, acusados de delitos como prevaricación, cohecho, malversación de fondos o contra la ordenación del territorio.
Uno de los defectos de nuestra democracia, según se desprende del Informe sobre la democracia en España 2008, que edita la Fundación Alternativas, es que el sistema institucional, compuesto de reglas y derechos, funciona bastante bien, y es en el comportamiento y en las prácticas de los actores donde aflora la mayor parte de los problemas. Por ejemplo, parece que la libertad sindical está garantizada en nuestro país, pero al mismo tiempo las empresas no respetan, en muchos casos, los derechos de los trabajadores.
Algo parecido sucede con la corrupción. Los últimos años han sido proclives a establecer normas y actuaciones que la combatan: una nueva ley de financiación de los partidos, la regulación de los contratos del sector público, la Ley del Suelo, la creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías (bajo la coordinación de un fiscal de sala que actúa como delegado del fiscal general) o la organización de una unidad contra los delitos urbanísticos en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A ello se añade el Código del Buen Gobierno, la ley de regulación de los conflictos de intereses de altos cargos, la reorganización de la fiscalía anticorrupción, etcétera.
Pues bien, a pesar de los avances, el balance todavía es decepcionante. No es porque las autoridades locales españolas sean más corruptas moralmente que las de los países de nuestro entorno, sino que el marco en el que se lleva a cabo la política urbanística en España genera formidables incentivos para la corrupción, entre otros, la enorme repercusión económica de las decisiones públicas sobre los usos urbanísticos (en general, en manos de las autoridades locales).
Hay tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupción que van emergiendo de modo incesante: el extraordinario boom de la construcción de la última década (hubo años en que España construía más viviendas que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos); los perennes problemas de financiación de las haciendas locales, y los cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales. Esto último cobra especial importancia si se confirma que parte del dinero de las comisiones ilegales pagadas por los constructores en Estepona financiaron al PSOE local.
* ELPAIS.com - Opinión - Joaquín Estefanía 22/06/2008
