ELPAÍS* : El tripartito no ha sido bueno para Ferrovial, firma sobre la que recae la sospecha de que pagaba el 4% de comisiones a CiU y a los saqueadores confesos del Palau por las obras que obtenía . La empresa, que sola o formando parte de uniones temporales obtuvo adjudicaciones de obras por más de 1.100 millones de euros en la última legislatura de CiU (1999-2003), no alcanzó los 300 millones en los siete años (2004-2010) en los que ha gobernado en Cataluña la coalición formada por socialistas, ecosocialistas y republicanos. Para ser precisos, las adjudicaciones conseguidas sumaron 293.905.768 euros.
En realidad, obtuvo otros 299 millones, pero estos corresponden a ampliaciones de trabajos ya logrados en la legislatura de CiU, de forma que a veces se concedían sin siquiera concurso público ya que se consideraban continuidad de obra. Estas cantidades se obtienen al sumar las adjudicaciones hechas en estos periodos por la empresa GISA (Gestión de Infraestructuras, SA), a través de la cual la Generalitat catalana gestiona la mayor parte de sus inversiones en obras públicas.
La caída de las cifras ha sido paralela a un enfriamiento de las relaciones entre la empresa y la Generalitat. Tanto es así que la constructora -que aportó más de 12 millones al Palau de la Música- fue la única de las que trabajan en la línea 9 del metro de Barcelona que declinó participar en el concurso para explotar las estaciones de este trazado. Adujo las dificultades que afectaban a su negocio aeroportuario en el Reino Unido, pero fuentes del sector sostienen que no acudió porque se trataba de "adelantar dinero" para financiar una obra del tripartito.
CiU licitó y adjudicó la línea 9 con una prisa notable cuando se acercaban las elecciones que dieron paso al Gobierno presidido por Pasqual Maragall. Actuó con tanta prisa que sacó a concurso al mismo tiempo la redacción del proyecto y la obra. Lo habitual en obras de esta envergadura (más de 40 kilómetros de trazado, muchos de ellos cruzando de pleno zonas altamente pobladas) es efectuar primero el proyecto, con cálculo de costes y estudios geológicos, y luego licitar la obra. El resultado de aquellas prisas fueron no pocos descosidos. Las obras se encallaron: unas veces topaban con un subsuelo imprevisto, otras se encontraban edificios cuyos cimientos se hallaban a una profundidad superior a lo esperado. Tras el enésimo retraso en varios tramos, el tripartito optó por revisar el proyecto al completo.
Inicialmente, la obra debía tener un coste que rondaba los 2.300 millones de euros. Ferrovial, sola o acompañada, logró prácticamente la mitad de las adjudicaciones. Es decir, se traba de una sola obra, pero dividida en varias adjudicaciones. Pero el precio final no será ese, sino prácticamente el cuádruple: unos 8.000 millones de euros. "La obra nació mal. La idea de adjudicar a la vez el proyecto y los trabajos fue un desastre", ha explicado el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal.
CiU previó que la obra se financiara por el método alemán, es decir, a la entrega de la misma. Esto explica, en parte, el aplazamiento de los pagos a que alude la Agencia Tributaria por las supuestas comisiones, que serían del 4% del importe de los trabajos. La Agencia Tributaria cree que 5,9 millones de euros fueron, supuestamente, a parar a las arcas de Convergència. Una de las vías de donación del Palau a CDC era la Fundación Trias Fargas, rebautizada como Catdem.
Las obras adjudicadas a Ferrovial por CiU y las que le ha adjudicado el tripartito no admiten comparación. De los menos de 300 millones obtenidos de los Gobiernos presididos por Maragall y José Montilla, más de la mitad se concentran en dos únicos concursos, correspondientes a otras tantas prisiones. Consigue también algunos centros de salud y escolares, pero casi ninguna obra ferroviaria, más allá de las ampliaciones o modificaciones de aquellas en las que ya trabajaba.
Durante la última legislatura de CiU, en cambio, de los más de 1.100 millones, casi 800 millones eran para la línea 9 del metro y 305 para la construcción de la Ciudad de la Justicia.
* El País - 6.08.10
Foto: El líder de CiU, Artur Mas, en las obras de la línea 9.- elpais.com
Cataluña.- Ferrovial logró obras por 1.100 millones con CiU y por solo 293 con el tripartito
Los tribunales insisten en los derribos pese a la Ley aprobada por el Parlamento cántabro
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ELCORREO* : El 26 de julio el Parlamento de Cantabria, con la unanimidad de todos los partidos, aprobaba una ley que pretende evitar el derribo de la mayoría de las 600 viviendas declaradas ilegales y con la amenaza de la piqueta sobre sus tejados. La medida legislativa parecía ser la solución definitiva a los propietarios afectados, la mayoría vizcaínos, pero los jueces siguen mostrándose implacables y se niegan a dar el brazo a torcer. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a apremiar a los ayuntamientos de Argoños y Piélagos a ejecutar las sentencias de demolición dictadas contra 122 chalés distribuidos en tres urbanizaciones.
La sala de lo contencioso del alto tribunal ha dado un plazo «improrrogable» de 10 días a la institución local de Argoños para que informe sobre el grado de ejecución de la sentencia firme para echar abajo las 91 viviendas de La Llana I. Además, en un auto anterior urgía a la empresa pública Tragsa a acatar la orden que recibió en febrero de derribar 12 casas en La Lana I. Y, por último, también ha desestimado los recursos de súplica presentados por el Consistorio de Piélagos y varios particulares para evitar la demolición de 22 chalés en la urbanización Cerrias II.
Ante estos autos, el consejero de Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, manifestó la necesidad de «darse prisa» en la aplicación de la ley contra los derribos. «Estamos todos preocupados porque algunas urbanizaciones pueden encajar dentro de una nueva legalidad», subrayó. La Asociación de Maltratados contra la Administración (AMA), también confió en que «llegue la cordura» y la nueva normativa permita «salvar esta situación».
* El Correo - 6.08.10
Foto: Piélagos (Cantabria), urbanización ilegal Cerrías - publico.es
El plan de urbanismo de Tui persiste en las recalificaciones prohibidas
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ELPAÍS/Pontevedra* : La cuarta versión del plan general de urbanismo de Tui que el gobierno local presenta para su aprobación por la Dirección Xeral de Urbanismo mantiene la recalificación de terrenos que aumenta la edificabilidad en parcelas de Provitui, la promotora inmobiliaria del hijo del alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha, de la que el propio regidor del PP es apoderado. También mantiene en toda su extensión el polígono industrial de Ribadelouro y la dotación deportiva en la vega del Louro, que la anterior Xunta consideró ilegales: por envolver al núcleo de población de A Magdalena, en el primer caso, y por ocupar zona de protección especial de la Red Natura en el segundo.
La Dirección Xeral de Urbanismo ya rechazó desde 2003 tres propuestas de ordenación urbanística de Tui, con Xosé Cuiña, Alberto Núñez Feijóo y María José Caride, sucesivamente, al frente de la consellería competente en el asunto. Ahora, en el plazo de tres meses, tendrá que pronunciarse Agustín Hernández. Las propuestas de planeamiento han ido adaptándose a los requerimientos de la Xunta hasta cumplirlos en plenitud, según el alcalde, aunque no parece que sea tanto así.
El plan contemplaba en origen y hasta su penúltima versión la construcción de unas 20.000 viviendas que permitirían elevar la población de Tui, en ocho años, de sus 17.000 habitantes actuales a 60.000. La previsión de ingresos municipales en función de este incremento espectacular de la edificabilidad daba alas a su vez a una teórica solvencia financiera del Ayuntamiento para abordar equipamientos como ése deportivo de la vega del Louro, inicialmente de 160.000 metros cuadrados. Ahora se rebaja la edificabilidad total y la superficie del equipamiento se reduce a 75.000 metros, pero se mantiene su emplazamiento en terrenos de especial protección.
La rebaja de edificabilidad, por lo demás, se ha concentrado en los ámbitos rurales del municipio. En el casco urbano, donde Provitui ostenta sus principales promociones, Rocha insiste en duplicarla con edificios de bajo más cinco alturas.
Esta recalificación y otras circunstancias concomitantes motivaron la imputación al alcalde y a otros siete implicados -concejales y técnicos municipales- de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico en el denominado caso Patazumba. Provitui compró la finca de ese nombre y otros terrenos próximos del ámbito de Camfran, y el gobierno de Fernández Rocha, apoderado y padre del administrador único de la promotora, los recalificó luego en el plan general con el doble de edificabilidad. La causa penal abierta está pendiente desde hace dos años y medio de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso de los imputados, que solicitaron la anulación del auto judicial que los culpabilizaba.
Pero el caso tiene otra derivación importante. En Patazumba hay un hórreo declarado bien de interés cultural que la ficha del plan general, en sus anteriores propuestas, señalaba "hórreo a trasladar". El juzgado y la Dirección Xeral de Patrimonio dictaminaron no sólo la imposibilidad de tal desplazamiento, según la Ley de Patrimonio, sino que debía extenderse una zona de protección en torno al hórreo de 50 metros de radio, lo que incluye también una casa.
Fernández Rocha presentó la anterior propuesta de plan general sin el preceptivo informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, que la Xunta le instó a recabar en enero de 2009. Pese a la declarada urgencia de aprobar el plan, el Ayuntamiento no tramitó hasta el 25 de mayo último la solicitud del citado informe. Patrimonio lo emitió en un mes. La ficha del plan ha cambiado de decir "hórreo a trasladar" a "hórreo solicitar traslado" y en el informe "se estima más prudente" no trasladarlo, pero, en una extraña pirueta, condiciona esa sugerencia (más que orden) al resultado del expediente judicial del caso Patazumba, introduciendo una confusa vinculación entre lo que manda la Ley de Patrimonio y el proceso penal por presunta corrupción.
La incorporación de ese informe al plan general fue lo que votó el último pleno municipal para que la Xunta vuelva a dictaminarlo. De momento, según anunció Rocha en la misma sesión, ha adelantado una subvención de 250.000 euros para la redacción del Plan Especial del Casco Histórico. La empresa que tenía ese encargo lo dejó plantado en 2004, cuando sólo le quedaba por cobrar tres de los 23 millones de pesetas (unos 140.000 euros) del contrato.
Una misteriosa rehabilitación
Son minucias, pero con el encanto de Antonio Feliciano Fernández Rocha. El pasado junio el alcalde ordenó devolver a la Xunta 296,36 euros, importe correspondiente a la cantidad no gastada de una subvención otorgada en septiembre de 2007 para contratar personal en la obra de rehabilitación de la casa escuela de Randulfe. La subvención autonómica había ascendido a 43.118,70 euros, pero comprobado que el gasto fue menor en la citada cantidad, Rocha ordenó devolverlos por ser de ley.
Nadie sabe con certeza, sin embargo, en qué se gastaron los restantes 42.822,34 euros de la subvención: el vecindario no ha visto que se haya realizado ninguna obra de rehabilitación en la casa escuela de Randulfe. Desde hace años, la instalación permanece cerrada, con las ventanas tapiadas y con riesgo de ruina, que sigue amenazando a quien se aventure en su interior.
Los clubes deportivos locales, por otra parte, no salen de la precariedad con las suvenciones municipales. Pero el Ayuntamiento se mostró espléndido en la organización del Campeonato de España de Remoergómetro, el pasado abril. Pagó el hospedaje durante dos días a los 165 participantes y convidó a cenar a la directiva de la Federación Galega de Remo, que preside el concejal José Prada, expulsado del grupo popular municipal por el propio alcalde. El evento, según la oposición, sirvió para fidelizar el voto de Prada por la nadería de 21.000 euros.
Cuando, en fin, la misma oposición rechazó la instalación de dos depuradoras transportables dentro de un chapucero despliegue ejecutado por la Diputación Provincial, el alcalde achantó y el asunto cayó en olvido. Hasta que hace unos meses se destapó que en Ponteareas, donde se había programado la instalación de dos depuradoras, solo hay una que dará servicio a una urbanización construida por Provitui, lo que demostraría la también eficiente política exterior de Rocha.
* El País - 6.08.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
Urbanismo para los amigos
ANTONIO MONTIEL* : A finales de mayo el Gobierno Valenciano recurrió al Decreto Ley para reformar algunos aspectos de nuestra legislación urbanística. Una reforma parcial y apresurada con beneficiarios muy concretos y que gracias a la holgada mayoría del PP en Les Corts, ha sido convalidada como ley poco antes de despedir el periodo de sesiones. Bajo el rimbombante título «Medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo», el gobierno Camps ha colado dos auténticos regalos para operadores urbanísticos.Se busca favorecer a algunos Agentes Urbanizadores con una amnistía urbanística que les permitirá eludir sus responsabilidades ante la Administración y los propietarios afectados aún cuando hubiesen incumplido los plazos legales para desarrollar los Programas de Actuación Integrada (PAI) adjudicados. Tampoco verán desclasificados los suelos rústicos cuyo cambio a urbanizables promovieron aunque no estuviesen cumpliendo las obligaciones derivadas de aquella reclasificación.
Presentada como «un respiro» para un sector tensionado por la crisis y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, la medida beneficiará especialmente a grandes promotoras —cuyos nombres son fáciles de adivinar—, que durante los años de furor especulativo acumularon más suelo del que el mercado podía digerir y que ahora, gracias al gobierno Camps, van a poder seguir haciendo figurar en sus activos a valor urbanístico unos terrenos que, en muchos de los casos, no podrán ya urbanizar ni comercializar, manteniendo así unos valores inmobiliarios y empresariales sobredimensionados, con los riesgos económicos que ello comporta.
Pero lo peor es que con esa medida se quiere hurtar a la ciudadanía la posibilidad de exigir que reviertan cuantas reclasificaciones de suelo rústico obedecieron a la pura codicia y no a demandas ni necesidades reales. Tantas y tantas reclasificaciones de espacios de singular interés por sus valores agrícolas, naturales o paisajísticos, sometidos a una alteración artificial e interesada con la única finalidad de alimentar una espiral especulativa que ha contribuido decisivamente a la actual crisis económica, a pesar de las reiteradas advertencias tanto de especialistas como de algunas entidades ciudadanas.
El segundo regalo del fin de curso parlamentario, junto a facilidades para la venta directa de productos agrícolas producidos en la misma parcela y para el establecimiento de hoteles rurales, campamentos de turismo, centros recreativos, deportivos y similares, consiste en extender al suelo rústico la permisividad para el establecimiento de determinadas actividades industriales y terciarias.Así, encontramos una previsión expresa para establecer en suelo no urbanizable, sin distinguir entre suelo común y de especial protección, «Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, como también almacenamiento de vehículos,…» con la excusa de incorporar el suelo rústico a la actividad económica y favorecer el empleo.Baste recordar algunas de las ocupaciones ilegales que ya existen en las áreas metropolitanas valencianas, por ejemplo en el entorno de la Albufera al servicio del Puerto de Valencia. Ocupaciones que ahora aumentarán provocando transformaciones del suelo agrícola, tanto por sus dimensiones propias como por el acondicionamiento de nuevos accesos, además de residuos contaminantes, degradación del paisaje, etc. Aunque eso si, instalaciones irregulares y otras «provisionales» podrán consolidarse e incluso ampliarse y otras nuevas establecerse, todo a muy bajo coste para las empresas.Incapaz de asumir el fracaso de un modelo de crecimiento basado en el consumo desaforado de territorio y otros recursos naturales y temeroso de afrontar una reforma en profundidad de una legislación urbanística confusa, farragosa e inapropiada para los tiempos actuales, el gobierno del PP se empeña en asegurar interesadas amistades utilizando los poderes que le ha conferido la ciudadanía para favorecer los negocios de unos pocos mercaderes inmobiliarios.
* Levante-emv - Opinión - 6.08.10
Greenpeace denuncia que la urbanización en Murcia aumentó cuatro veces más que su población
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GREENPEACE* : Tras diez años vigilando el litoral, la organización ecologista destaca que el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Asimismo, denuncia el acoso a los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección. En el caso concreto de la Región de Murcia, Greenpeace resalta que mientras que entre 1990 y 2000 la población aumentó un 15%, la urbanización lo hizo un 52,6%.
Durante los últimos diez años Greenpeace ha sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas para ir depredando el territorio costero. En todo el Estado, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario); 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.
“Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continua y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Es lamentable que por intereses partidistas como los de Coalición Canaria se promuevan mordiscos a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años”,.
Urbanismo salvaje
Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral como “negro”, ni la previsión más pesimista podía prever lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. En 2005 se estaban revisando los planes urbanísticos de 35 de sus 45 municipios, aunque ya en el periodo 2002-2005 la Consejería de Obras públicas autorizó la construcción de 195.000 viviendas. Una de cada tres nuevas viviendas estaba asociada a un campo de golf. Pero una década de destrucción a toda costa del litoral murciano queda retratada con un dato: más del 50% de los municipios de la Región están bajo sospecha de corrupción urbanística.
Construcción de infraestructuras
Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos. El afán depredador del Puerto de Cartagena no ha cesado durante estos años. Si se ha acabado con la alta diversidad marina del entorno de la bocana del puerto y de Escombreras, ahora este Puerto del Estado promueve un nueva infraestructura, la terminal de El Gorguel, en el entorno de la Sierra de la Fausilla, que extendería el impacto ambiental a esta zona de alto valor ambiental.
Paralelamente, la fiebre de los puertos deportivos ha sido imparable en el litoral. La Región no cuenta con un Plan de Puertos que ordene y cuantifique la viabilidad de los nuevos amarres. Son numerosos los proyectos que se han acometido durante estos años en Águilas, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y los Alcázares.
Contaminación de las aguas
A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. Aunque en 2003, España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la CE ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas. Es evidente que en la Región la Administración se ha preocupado más durante estos años por potenciar su sector turístico que por el buen estado de sus aguas costeras, olvidándose de combatir la contaminación industrial. Desde 2001 a 2009 Greenpeace ha documentado vertidos fecales en la práctica totalidad de los municipios costeros.
¿Diez años más de destrucción?
Tras esta radiografía de destrucción costera en los últimos diez años, Greenpeace ha analizado el futuro que según las políticas estatales y autonómicas le espera al ya maltratado litoral.
Buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en 2007 están pendientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 y que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda virgen. Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los próximos diez años que pasan por el control de la corrupción y el respeto a la normativa existente.
“En esta década se ha producido una urbanización masiva de la costa, sólo comparable a la de los años 60” ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. “Hoy sufrimos las consecuencias ambientales y la crisis económica, pero no parece que hayamos tomado nota de sus causas. Es imprescindible sentar las bases hacia una economía sostenible en la costa antes de que sea demasiado tarde”, subraya Marcos.
Greenpeace señala tres asignaturas pendiente en la gestión del litoral. Las iniciativas sobre una economía sostenible carecen de credibilidad si los casos de destrucción costera más icónicos siguen promovidos por las correspondientes administraciones:
- La Región de Murcia debe descartar el proyecto Marina de Cope clasificado como “Actuación de Interés General” que promueve la construcción de 11.000 viviendas y 23.000 plazas hoteleras. La Región debe analizar los grandes proyectos urbanísticos que han fracasado, como Polaris World, para aportar por un desarrollo sostenible.
- La regeneración de la bahía de Portmán, situada a tan sólo 500 metros de El Gorguel, es incompatible con el proyecto de terminal de contenedores. El Ministerio de Medio Ambiente no debe autorizar esta infraestructura.
- El Estado debe recuperar la concesión del puerto deportivo de Puerto Mayor y recuperar y restaurar los 700 metros de playa que se han perdido, unos de los últimos de la zona norte de La Manga aún sin urbanizar. Su legalidad está pendiente de la resolución judicial definitiva.
“Somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual pero que encierra un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca”, declara Marcos. “Nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero”.
En el informe diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, pescadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe. Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.
* Greenpeace - 16.10.07
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Puerto de Escombreras. Al fondo Puerto de Cartagena, Murcia.- greenpeace.org
La Unesco reitera a Salamanca su 'no' a los proyectos urbanos en la capital charra
ELMUNDO* : El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que ha celebrado su 34ª Sesión en Brasilia, ha reiterado al Ayuntamiento de Salamanca la necesidad de abandonar los proyectos del Huerto de las Adoratrices y la construcción de un parking en la Plaza de los Bandos por su impacto negativo respecto al Bien declarado Patrimonio de la Humanidad 'Ciudad Vieja de Salamanca'. Además, califica de "indeseable" la ubicación en la Vaguada de la Palma del futuro Centro de Recepción de Turistas.
Dicho Comité ha llegado a esas conclusiones tras analizar un informe realizado por el Ayuntamiento de Salamanca, quien había paralizado ambos proyectos el año pasado para tratar de convencer a la Unesco de que no afectaban al patrimonio protegido. Sin embargo, y según informa la Asociación Ciudadanos en Defensa del Patrimonio, la Unesco reitera la petición formulada en junio de 2009 para que sean olvidados.
Respecto al proyectado Centro de Recepción de Turistas en la Vaguada de la Palma, el Comité de Patrimonio Mundial ha analizado el informe recibido en junio de 2009 y ha concluido que dicho proyecto carece de estudio sobre el impacto ambiental, sobre el tráfico de la zona y un razonamiento que justifique la ubicación propuesta. Sin embargo, prefiere no entrar a valorar los diferentes aspectos del Centro de Recepción de Turistas hasta la aprobación del Plan Integral de Gestión del Bien, pero matiza que "los aspectos visual y de tráfico, hacen indeseable este proyecto en esta parte del Bien declarado".
Por otra parte, el Centro de Patrimonio Mundial y los organismos consultivos han tomado nota de los progresos logrados en la preparación del Plan Integral de Gestión, pero consideran que dicho plan y cualquier revisión de los límites del Bien protegido debe estar de acuerdo con una declaración, previa e imprescindible, de Valor Universal Excepcional. Esta declaración debe ser elaborada por el Estado Español junto con el Centro de Patrimonio Mundial e ICOMOS, y estar aprobada por el Comité de Patrimonio Mundial.
El Comité de Patrimonio Mundial recuerda, como ya pidió la misión de expertos que visitó Salamanca, que los Planes Integral de Gestión y Especial de Protección deben ser coherentes y relacionados. Y pide un nuevo informe, para el 1 de febrero de 2012, en el que se detallen los progresos logrados en la aplicación de las recomendaciones que en los últimos años se vienen formulando. La Asociación 'Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio' considera que es momento de que el Estado Español, y "muy especialmente" el Ayuntamiento de Salamanca, entiendan que los salmantinos "no aceptan" que se mantengan estos desafíos ante el Comité de Patrimonio Mundial, que en 1988 inscribió a Salamanca en la Lista del Patrimonio Mundial
Según esta asociación, los proyectos del 'Huerto de las Adoratrices' y 'Plaza de los Bandos', la falta de un Plan Especial de Protección y un Plan Integral de Gestión, la no ampliación de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, las modificaciones puntuales al planeamiento urbanístico, entre otros motivos, sitúan a Salamanca como ejemplo de todo lo que no debe hacerse para conservar, potenciar e incrementar los bienes patrimoniales de la humanidad.
Al mismo tiempo, califican de "temerario" el comportamiento de los responsables del Ayuntamiento de Salamanca, a los que acusan de haber "perdido tanto tiempo e invertido tanto dinero de los contribuyentes" en defender unos proyectos que no cumplen los requisitos de la Convención de París.
Ahora, el Ayuntamiento de Salamanca, tendrá que informar a la Unesco, como ya debió hacerlo hace un año, del abandono definitivo de los mencionados proyectos, tiene que tramitar las correspondientes modificaciones al planeamiento urbanístico a fin de que nunca más se vuelva a poner en riesgo el Valor Universal Excepcional del Bien declarado, y tiene que recuperar la Plaza de los Bandos peatonalizándola y respetando la vegetación existente.
* El Mundo - 4.08.10
Foto: Plaza Los Bandos (Salamanca)- salmantinos
