UrbanismoPatasArriba: viernes, 8 de enero de 2010

ELCORREO/Cantabria* : La Justicia está encontrando abundantes indicios de irregularidades en el desmesurado crecimiento que ha experimentado Castro Urdiales en los últimos años. Con motivo del auto con el que da por cerrada la instrucción de varios presuntos delitos en las unidades de ejecución del área de Santa Catalina, el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de la localidad ha detallado el alcance de sus numerosas investigaciones al respecto.

En su escrito, advierte «evidencias sólidas» de que existe una «trama de corrupción» en la gestión del urbanismo promovida desde el Ayuntamiento. Pero sus conclusiones van más allá. Sostiene que esta red -en la que involucra a políticos, funcionarios y constructores- estaría encabezada por «personas de perfil bajo incorporadas a la vida política municipal con el único ánimo de enriquecerse de manera ilícita».
La consecuencia de estas actuaciones, que el instructor considera se han prolongado por espacio de años, es la «despatrimonialización» de Castro. El proceso ha seguido hasta completar un «auténtico desastre urbanístico». Según argumenta, se ha aplicado un «modelo centrado y basado únicamente en la mera construcción de viviendas, lo que significa la ausencia de una preocupación por cubrir las necesidades de la población». Y, en ese sentido, se habría cedido a las constructoras suelo correspondiente a equipamientos públicos, espacios libres e infraestructuras básicas. Materias en las que la localidad presenta «graves deficiencias».
Falta de control
El instructor avala sus afirmaciones con pruebas. En virtud de ellas, se ha producido una «anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad urbanística». En su opinión, esta materia se ha gestionado a nivel local «a criterio y voluntad de los responsables municipales».
También se ampara en la fiscalización del Ayuntamiento que practicó el Tribunal de Cuentas de Cantabria. El juez subraya que este informe ya advertía de un «contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en la actuación urbanística municipal».
Sus investigaciones le han permitido desentrañar la forma en que operaban los autores de estas irregularidades y apunta a que el principal instrumento utilizado es el propio planeamiento urbanístico municipal. O, mejor dicho, de sus diversas modificaciones, que no han sido aprobadas por las instituciones competentes, lo que implica su nulidad y de todas las decisiones que sobre dicho documento se han adoptado.
«Hacían caso omiso de los informes vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo, bien prescindiendo de solicitar los que eran preceptivos porque sabían que serían desfavorables, o bien decidiendo que algunas actuaciones fuesen informadas sólo por personas de confianza o ajenas a la Administración Pública buscando así informes 'a la carta'», detalla el juez. Es más, afirma que los políticos incluso habrían «prescindido» de los funcionarios «molestos» por criticar que se actuase en contra de la legalidad.
Blanqueo de capitales
El auto también confirma la investigación que ya desveló EL CORREO sobre un presunto delito de blanqueo de capitales entre políticos, funcionarios y constructores. Así, subraya los desfases patrimoniales detectados en más de 130 personas investigadas. Curiosamente, remarca que los nombres más cercanos al Ayuntamiento apenas poseen un patrimonio «relevante», aunque sí se detecta un incremento importante «en familiares y allegados».
Sus pesquisas le permiten incluso cifrar en 9 millones de euros el «enriquecimiento patrimonial ilícito» que se habría producido con el urbanismo en Castro. Una estimación que, se apresura a señalar, es «muy prudente», ya que la cantidad «real» podría multiplicarse «por dos o por tres si se atiende a un más que seguro alto nivel de vida». La tela de araña tejida en torno al Ayuntamiento se caracterizaría por todo tipo de conexiones. «Existe una relación con personas o sociedades relacionadas con algunos concejales o sus familiares», concluye el instructor.

* El Correo Digital - 8.01.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr

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El juez del 'caso Gürtel' imputa a una concejal de Pozuelo

ELPAÍS/Madrid* : El juez que investiga el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha imputado a un nuevo cargo político en la Comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar el próximo martes a la concejal de Presidencia y Mujer de Pozuelo, Yolanda Estrada (PP), en calidad de imputada.

Estrada era la persona que hacía de enlace entre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y el Ayuntamiento de Pozuelo, según un auto del juez Baltasar Garzón. El documento señala: "Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo [en 2003], el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). La persona con la que contactaban en el Ayuntamiento de Pozuelo era Yolanda Estrada, concejal de Obras".

Con esta decisión judicial se elevan a 12 los altos cargos del PP imputados en la Comunidad de Madrid en el caso Gürtel, la trama de corrupción en administraciones gobernadas por ese partido.

La edil imputada ayer entró en el Consistorio de Pozuelo de la mano de Jesús Sepúlveda en 2003, quien la puso al frente de la Concejalía de Obras hasta el verano de 2008, cuando pasó a ocuparse de la Secretaría de la Junta de Gobierno municipal. Hasta entonces colaboró estrechamente con Gonzalo Aguado, ex concejal de Urbanismo y actual regidor en sustitución de Sepúlveda. "Es la mano derecha del alcalde", reconocen fuentes municipales.

Tras conocerse la destitución de Sepúlveda como alcalde por su presunta implicación en el Gürtel (recibió 442.000 euros de la trama y un todoterreno), Estrada pasó a ocupar la Concejalía de Presidencia. Un portavoz municipal negó que el alcalde fuera a destituir "de forma inminente" a la edil.

* ELPAIS.com - 8.01.10
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com

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Ciudadanos cómplices

ROMÁN OROZCO/Andalucía* : Amin Maalouf escribe en su último libro que "el mundo padece un desajuste en varios ámbitos al mismo tiempo: desajuste intelectual, desajuste financiero, desajuste climático, desajuste geopolítico, desajuste ético". En El desajuste del mundo, el escritor libanés reflexiona sobre todo tipo de discordancias. De algunas se habla mucho estos días: la financiera, la climática, la geopolítica e incluso la intelectual. Pero se habla menos de los desajustes éticos.

Dos noticias recientes, aparentemente contradictorias, me han hecho reflexionar sobre las palabras de Maalouf.

Primera: los dirigentes del Partido de Almería (PAL), con el apoyo de buena parte de los vecinos de El Ejido, presentarán de nuevo a su encarcelado alcalde, Juan Enciso (ex PP), acusado de malversación, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, como candidato a las próximas elecciones municipales.

Segunda: el Gobierno andaluz ha aprobado dos leyes para dotar a los ayuntamientos de más competencias y mejor financiación. O sea, más poder y más dinero.

Los problemas de los municipios andaluces son en algunos casos dramáticos. El más grave es el de Jerez. Su alcaldesa, Pilar Sánchez, lo resumía aquí: o se pone en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) o hay "un despido masivo de trabajadores".

¿Cómo se ha llegado a esa situación? En el caso de Jerez, entre otras cosas, por una plantilla inflada por razones políticas y electorales. De los 2.700 empleados, unos 2.000 (el 75%) consiguieron su puesto de trabajo sin concurso de mérito alguno. Fueron contratados a dedo. Igual que en muchos otros municipios.

El profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), Víctor Lapuente, recordaba en este periódico que, mientras en las ciudades menos corruptas de Europa hay sólo dos o tres personas cuyo sueldo depende del éxito electoral de un partido, en España ese número sobrepasa el centenar. En esos casos, empleadores y empleados protagonizan el "desajuste ético" que preocupa a Maalouf.

También se producen desajustes éticos cuando, por ejemplo, 16 alcaldes de la Axarquía malagueña piden que se legalicen 10.000 viviendas construidas irregularmente en zona rural, autorizadas por ellos a sabiendas de que cometían una ilegalidad. Esos ediles piden también que no se les aplique el Código Penal por el presunto delito cometido.

Por fortuna, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia ejemplar que confirma las penas impuestas a los responsables del escándalo urbanístico y corrupto de Andratx (Mallorca). El TS ordena que "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal". El alcalde mallorquín alegaba que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no una penal.

Imagino que miles de malagueños que levantaron sus viviendas violando la ley apoyan a sus alcaldes y estarían dispuestos a votarlos de nuevo. Como lo estarán los miles de andaluces que durante años han encontrado empleo en la construcción a la sombra de la burbuja inmobiliaria, inflada con licencias de obras ilegales por las que muchos alcaldes recibían sustanciosos sobornos.

Unos y otros, políticos, propietarios, constructores, trabajadores, se mueven en un clarísimo "desajuste ético". Por ese desajuste, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), en libertad bajo fianza, obtuvo en 2007, cuatro meses después de ser detenido, 5.545 votos más que en las elecciones municipales de 2003.

El desajuste ético, pues, no solo implica a políticos y empresarios. También salpica a los ciudadanos que apoyan comportamientos corruptos y se convierten en sus cómplices políticos. Por ello, nos preguntamos con Maalouf "si nuestra especie no ha llegado al umbral de incompetencia ética".

* ELPAIS.com - Opinión - 7.01.10