ELMUNDO/Málaga* : Son los sacrificados por «el interés general» a los que ha hecho referencia la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, al aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), son esas comunidades de vecinos que han pleiteado durante años contra las viviendas ilegales de la época del GIL y que ahora el documento legaliza, sin que nadie les haya dado las gracias por haberse gastado su dinero y su tiempo luchando contra promociones que, ahora, reciben la bendición oficial del Ayuntamiento y, más que previsiblemente, de la Junta.
El columnista Raúl del Pozo los llamaba el martes «nihilistas enternecedores» y uno de los vecinos de Los Jardines del Príncipe pensaba hacerse una camiseta con la leyenda. Con ella o sin ella, muchos piensan seguir pleiteando.
Saben que es una batalla de años, pero están curtidos, aunque decepcionados porque el Ayuntamiento, en muchos casos, ni ha contestado a sus alegaciones. Otros de los perjudicados, según los abogados, son los jueces que durante años han dictado sentencias contra licencias impugnadas por la Junta de Andalucía. Licencias, casi 800, que ahora tienen su aprobación, a pesar de que en Derecho sea difícil justificar el ir contra los propios actos.
Y no están solos en sus percepciones, hasta la alcaldesa ha reconocido a los técnicos que este plan es de «difícil gestión». Y, para nuestros protagonistas, de difícil digestión. Las promociones que simbolizan su lucha son las siguientes:
Jardines del Príncipe
Esta promoción de lujo construyó más de lo permitido por el PGOU vigente. Los vecinos consiguieron, a través de los tribunales, que no se vendieran los apartamentos por lo que, en la actualidad, estos bloques están vacíos. A pesar de este logro, han visto impotentes cómo, además, las compensaciones de los promotores han ido bajando en las fases de la tramitación del PGOU. En un principio, había que derribar el 40% de lo edificado, lo suficiente para que los vecinos volvieran a ver Sierra Blanca. Luego, tenían que ceder tres mil metros de los bajos al Ayuntamiento que, finalmente, se han quedado en mil. Las Asociación de Vecinos Guadalpín, nombre del arroyo que por allí pasa, está dispuesta a seguir luchando en los tribunales.
Los Monteros
Esta asociación de vecinos, representada por Inmaculada Gálvez, ha conseguido sentencias, incluso algunas en el Constitucional, contra la casa de Antonio Banderas, que en parte invade una zona de equipamiento, y contra los bloques de Los Monteros Park, construidos en unas parcelas donde, según la legalidad urbanística vigente, sólo podían hacerse unifamiliares. La abogada anuncia que seguirá pidiendo la demolición en la ejecución de la sentencia que anula la licencia o una indemnización sustitoria. Sus clientes no descartan llegar a Estrasburgo a reclamar el cumplimiento de las sentencias, aunque su postura no fue así de dogmática durante la tramitación del plan, ya que estaban dispuestos a sentarse con los promotores y que se les resarciera de alguna manera, asfaltando la urbanización, por ejemplo, pero ni siquiera se contempló la posibilidad.
Vecinos Casablanca
Estos propietarios son los que denunciaron el exceso de edificabilidad del hotel Gualdalpín de Marbella, de la promotora Aifos, hoy en serios apuros económicos. Por la vía contenciosa, tienen ya la anulación de la licencia de obras del TSJA pero continúan abiertas las diligencias por la vía penal. Curiosamente, la investigación de este convenio fue el que dio origen a la Operación Malaya. También están dispuestos a seguir pleiteando, incluso impugnar el PGOU.
Hotel Senator
Tampoco está ocupado, por lo que no hay terceros de buena fe. Al igual que en otras promociones, el Ayuntamiento ha ido bajando las exigencias de compensación. En este caso, es el Meliá Don Pepe y comunidades de vecinos los que quieren seguir pleiteando contra la legalización de un hotel que considera competencia desleal.
Hotel Guadalpín Banús
En este caso hay varias asociaciones de vecinos afectados, algunas representadas por el despacho de abogados de Cremades y Calvo Sotelo. Fuentes de este despacho aseguraron que por supuesto que van a seguir luchando para que se restablezca la legalidad urbanística vigente en el momento en el que se construyó. Este hotel, también de Aifos, se legaliza por completo en el PGOU. En la vía penal, han declarado muchos de los ediles del GIL.
Promopinar
Esta promoción de 211 viviendas al lado del hotel San Miguel fue paralizada porque la Junta impugnó la licencia. Los promotores siguieron y finalmente se consiguió que desistieran, por lo que existe en la actualidad sólo las estructuras. Tampoco hay terceros de buena fe. Las casas se construían en 14.000 metros cuadrados que tenían una edificabilidad del 0,30 por ciento para tres unifamiliares. Una de las vecinas anuncia que se personarán en la ejecución de sentencia y que, en último término, impugnarán el PGOU, que, en un principio, obligaba a ceder la mitad del suelo, compensación que se ha quedado en 4.000 metros y el mismo número de viviendas.
* EL Mundo - Berta González de Vega - 2.08.09
Foto: MARBELLA. - JOSELE LANZA - SUR
La difícil digestión del PGOU para los primeros denunciantes del GIL
Las tramas urbanísticas de El Verger llegan al juez
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ELPAÍS/Alicante* : Son tiempos de venganza en La Marina Alta. Pasada la época de gloria del urbanismo, en numerosos municipios las fuerzas políticas intercambian ahora broncas, acusaciones recíprocas de haber favorecido a las promotoras que antaño depredaron sus territorios y crearon graves problemas de planificación urbanística. Muchas de esas denuncias han sido admitidas a trámite por los juzgados.
En Dénia, con seis procesos judiciales contra la actual alcaldesa, la popular Ana Kringe, y su antecesora, la socialista Paqui Viciano, hace unos días el pleno aprobó un plan para construir casi 500 casas a las faldas del parque natural del Montgó, en la partida del Bisserot. La oposición llevará el acuerdo a los tribunales.
Este clima de tensión se extiende más allá de los enclaves turísticos del litoral. En El Verger, un pueblo de "segunda línea" que carece de playa pero está muy cerca de la de Dénia, desde 2001 se construyeron miles de viviendas en urbanizaciones diseminadas adquiridas en su mayoría por residentes ingleses y alemanes. Los dos últimos alcaldes de El Verger, el actual, Miguel González (PP) y el anterior, Manuel Martínez (BNV) afilan espadas y se culpan de tan complicada herencia. En 2004, Martínez llegó a la alcaldía tras una moción de censura con el PSPV que derrocó al PP del poder. Ahora, González, que recuperó la vara de mando tras las últimas elecciones, asegura que en 2005 Martínez urdió una trama junto al gobierno de Dénia -también ocupado entonces por socialistas y nacionalistas- para dar trato de favor a una promotora y permitirle la edificación de 60 apartamentos de lujo en primera línea de la costa de Dénia. El juez ha admitido a trámite la denuncia de González. Lo curioso es que se trata de la misma urbanización por la que ya está imputada la ex alcaldesa socialista de Dénia, Paqui Viciano, a la que se le acusa de un presunto delito de prevaricación por vender un camino catastral para hacer factible la urbanización en su término municipal. Y además, es la misma promotora del reciente plan del Bisserot en el Montgó. Así, el PP mata dos pájaros de un tiro y, con la misma empresa en el punto de mira, ataca a sus rivales políticos en ambas poblaciones.
El BNV también ha llevado a la fiscalía un depósito de desguace de vehículos que pertenece al alcalde popular de El Verger y que funciona en pleno suelo rústico.
* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 02/08/2009
Foto: El Verger (Alicante) - wikipedia.org
Miniestadi, maxipisos
JULI CAPELLA* : El ciudadano debe saberlo. La calificación de un terreno como equipamiento imposibilita su uso para construir pisos. Así es la ley, que protege escuelas, zonas deportivas y jardines de la insaciable voracidad edilicia. Una ley rotunda, pero que puede cambiar quien gobierna bajo el eufemismo de recalificación, vulgarmente conocido como especulación, un término franquista que, desgraciadamente, hemos seguido escuchando durante la democracia. Y no solo en Marbella, sino también en ciudades aparentemente progres.
Adjudicar por la cara 1.500 pisos a los terrenos del Miniestadi del FC Barcelona, actualmente calificados como equipamiento, es una sinrazón. Por un lado, porque es ilegal y porque Les Corts es un barrio altamente denso que no necesita más viviendas, sino bibliotecas, guarderías, salas culturales y zonas verdes y deportivas, pero abiertas al barrio, no valladas. El sentido común descarta la conveniencia de construir allí 1.500 pisos, pero hay una razón clara para que el
Barça lo pida: poder pagar la ampliación megalómana del estadio. El ayuntamiento debería velar por todos. No ha sido así, y se ha plegado a los intereses privados; encima, lo hará con agosticidad y recochineo, pues para compensarlo le ha pedido al club que compre 7,5 hectáreas de verde en Montcada i Reixac. Es una buena idea, que podríamos extender a toda la ciudad: edifiquemos viviendas sobre los equipamientos, parques y plazas, que da mucho beneficio, y compremos un gran parque en el Montseny, y así podremos ir allí todos a pasear. Porcioles no se atrevió a tanto, y tampoco Maragall, ni Clos, cuando Núñez y Gaspart intentaron una jugarreta similar.
* Juli Capella, arquitecto
* El Periódico - Opinión - 29.07.09
