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TERRA/Almería* : Las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas han pedido al titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, la paralización cautelar de las obras del hotel de cinco estrellas que la empresa Medgroup construye dentro del complejo turístico y residencial de lujo 'Beach & Golf Resort Playa Macenas' (Mojácar), un proyecto que consideran 'muy similar' al del hotel paralizado en el paraje del Algarrobico (Carboneras, Almería).
Sendos colectivos anunciaron en un comunicado que también han pedido al juez la suspensión cautelar del riego del campo de golf de 18 hoyos, prácticamente terminado, que incluye el residencial y la impugnación de todo el Plan Parcial al entender que el complejo se ubica íntegramente en suelo protegido --hábitat prioritario-- y que carece de los preceptivos informes de impacto ambiental.
Para Salvemos Mojácar, el proyecto de Macenas tiene aspectos similares al del Algarrobico e incluso 'más graves', como son la 'ocupación ilegal' de servidumbre de protección marítimo-terrestre y de dominio público de ramblas y la ocupación de hábitat prioritario, además del 'riego ilegal' de los campos de golf.
A su juicio, el hotel de cuatro plantas, de las que ya ha comenzado a construirse el piso inferior, invade la servidumbre de protección marítimo-terrestre, sin que la promotora, que 'reconoció' que así era, haya realizado ninguna modificación del proyecto.
Respecto al deslinde de la servidumbre de protección marítimo-terrestre, el Ministerio de Medio Ambiente, según ellos, ha hecho una revisión de error del mismo, ya en la zona del hotel bajaba 'misteriosamente' de 100 a 50 o 20 metros, una de las muchas 'arbitrariedades' que habían ocurrido en Almería, con lo que se ha aprobado un deslinde de 100 metros 'igual que en el caso del Algarrobico', aunque el deslinde podría ser de hasta 200 metros al tratarse de una rambla, lo que implicaría la eliminación total del edificio.
En cuanto a los campos de golf, los ecologistas señalaron que uno de ellos está ubicado en su totalidad en la Rambla de Macenas y más de la mitad ocupa el terreno de dominio público que delimita la rambla tanto en el deslinde original como en el aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el año pasado.
La promotora tiene un permiso de ocupación de 40 años del deslinde a condición, entre otras cosas, de no verter escombros aunque han echado más de un millón de metros cúbicos de tierra transformando lo que multiplica los riesgos de inundación, que se concentran sobre todo en el hotel que se sitúa justo en la desembocadura de dos ramblas y además en la zona inundable de costas, denunciaron.
Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas presentaron en 2006 un contencioso contra las licencias de obras del hotel y el campo de golf, que fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería.
* Terra Actualidad - Europa Press - Almería, 22-02-2008
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas - salvemosmojacar.org
Salvemos Mojácar pide la paralización cautelar del hotel de Macenas por ser 'similar' al Algarrobico
El Consell acumula 70 expedientes de demolición que afectan a grandes obras en suelo rústico
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DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca acumula en torno a 70 expedientes de demolición total y varios de carácter parcial que afectan a obras situadas en suelo rústico que están repartidas por toda la Isla. De momento, está previsto que en la próxima reunión de la Comisión Insular de Urbanismo se acuerde iniciar el expediente de ejecución de demolición de 15 obras seleccionadas.
Se trata de la "primera acción de esta legislatura" puesto que, según apuntó la consellera de Territorio, Maria Lluïsa Dubón, el objetivo del Consell es poner en marcha actuaciones que permitan "agilizar" los trámites burocráticos y administrativos que requieren estos procedimientos, cuya tramitación en algunos casos se prolonga hasta diez años.
Precisamente Dubón compareció hoy en rueda de prensa, junto al director insular de Urbanismo, Miquel Vadell, para presentar nuevas medidas que permitan ejercer un "mayor control" de la indisciplina urbanística en el territorio insular, un tema sobre el que existe "una mayor sensibilización social después de que se destapara el caso Andratx", indicó.
Con el objetivo de garantizar una mayor protección, la responsable insular de Urbanismo, apuntó la propuesta del Consell de crear una Agencia de protección de la legalidad urbanística de Mallorca, "un ente público que alcanzaría las competencias en la materia que tiene el Consell y los Ayuntamientos que decidan adherirse".
UN NUEVO ÓRGANO DEPENDIENTE DEL CONSELL
Dubón defendió la instauración de esta nueva figura frente a la creación de un Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico de la isla --que propone el PP-- porque, según apuntó, "es más operativa y eficaz, y no incurre en una duplicidad de funciones".
Al respecto, añadió que la propuesta de los 'populares' no implica ningún cambio del actual marco legal, mientras que la iniciativa que propone Dubón supondría la creación de un órgano independiente dentro del Consell -similar al Instituto mallorquín de Asuntos Sociales- "con personalidad jurídica, presupuesto y plantilla propio y capacidad para ordenar demoliciones", matizó al respecto un técnico de la Institución.
La consellera sostuvo, no obstante, que "dado el calado político que representa la creación de una agencia de estas características", cuya actuación se extendería también a los grandes municipios de la Isla, su aprobación, dijo, deberá ir precedida de un amplio debate entre las diversas formaciones políticas.
ENCUESTA
Por otra parte, la consellera informó del resultado de una encuesta realizada por su departamento entre 28 municipios de Mallorca, de población inferior a 5.000 habitantes, 21 de los cuales aceptaron "la cooperación del Consell para realizar labores de inspección urbanística y de control de la legalidad" en su territorio.
La consellera se felicitó por la "respuesta" de los municipios, porque, a su juicio, demuestra que existe una sensibilización por la disciplina urbanística. Así, añadió que próximamente se procederá a la firma de convenios con cada Ayuntamiento, en los que se acordarán las función específicas que realizará el Consell.
En la mayoría de los pueblos ejercerá una labor inspectora en el ámbito de suelo rústico de cada municipio, mientras que en de ellos también acometerá la instrucción de los procedimientos sancionadores.
Asimismo, siete Ayuntamientos gobernados por el PP que pertenecen a la Asociación de Municipios de las Islas Baleares (AMIB) -Alaró, Deià, Estellencs, Fornalutx, Llubí, Montuïri y Selva- no aceptaron la propuesta del Consell, señalando en su respuesta que debería ser el Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico el encargado de dichas funciones.
* Diario de Mallorca - Europa Press - 22 de febrero de 2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
Andalucía: La convulsión urbanística
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ELPAÍS/Reportaje* : En la legislatura que acaba de terminar la Consejería de Obras Públicas se propuso cerrar los pilares normativos sobre los que se debe sustentar el desarrollo urbanístico de Andalucía en los próximos años: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y planes subrregionales en las principales áreas urbanas, a los que se sumó después la iniciativa de una ley sobre el derecho a la vivienda.
El camino se había iniciado en la legislatura anterior, con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la primera normativa de suelo autonómica en 20 años de autogobierno, que entró en vigor en enero de 2003. Tras las autonómicas de 2004, el presidente de la Junta renovó mandato al frente de Obras Públicas a Concha Gutiérrez del Castillo con la encomienda de completar el dibujo de la ordenación territorial.
Básicamente se trataba de diseñar una planificación que garantice crecimientos urbanísticos dotados siempre de infraestructuras y servicios públicos precisos y que no agoten los recursos naturales.
Del empeño han surgido fricciones y la legislatura ha resultado convulsa, quizá porque como sostiene un conocido urbanista los tiempos de expansión inmobiliaria no son propicios para la planificación, porque hay muchos intereses en juego, por más que nadie crea que los ritmos de crecimientos eran sostenibles.
El empeño de la Consejería de Obras Publicas ha causado de hecho muchas fricciones, especialmente a causa del POTA, aprobado en diciembre de 2006 e impugnado por varias asociaciones empresariales. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) llegó a acusar a la Junta de deslealtad por romper la concertación social. Y en el frente político, el PP ha declarado un combate con el que persigue la derogación del POTA.
La CEA se quejaba de que la norma más trascendente del POTA no fue consultada en la mesa de concertación social como el conjunto del documento -fue introducida en el trámite parlamentario por iniciativa de IU-.
Se trata de la famosa norma 45 que determina que la Junta no aprobará planes de ordenación urbana municipales que contemplen en ocho años un crecimiento del 30% de la población existente o del 40% del suelo urbano actual.
La norma fue sumando rechazos, de alcaldes de todo color político, incluida IU, y incluso de urbanistas que comparten filosofía con la Junta. Se le achacaba a la norma además de ser injusta por establecer un mismo límite para situaciones muy dispares, que impedía crecer a municipios pequeños.
Finalmente, hace menos de un mes, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una rebaja de los límites para los municpios mayores de 10.000 habitantes, que podrán crecer entre el 40% y el 60% en población, y eliminar los suelos industriales del cómputo para calcular el 40% tope de nuevos suelos urbanos.
Fue una medida previamente pactada por la Junta con la Federación de Municipios y Provincias (FAMP) y la CEA y que permitió aprobar el Plan de la Vivienda que contempla el compriso de las partes a construir 700.000 nuevas casas en 10 años, 300.000 de ellas de VPO.
No es ni mucho menos el primer cambio normativo en esta convulsa legislatura. En 2005 se aprobó la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, que reformaba algunos apartados de la LOUA apenas a los dos años de entrar en vigor. Esta norma extendió la obligación de destinar el 30% de los nuevos suelos en desarrollo a VPO a todos los municipios, sea cual sea su ntamaño. Uno de los puntos más polémicos fue la prohibición a los ayuntamientos a disponer del dinero que recaudan por anticipado de convenios urbanísticos hasta que no están aprobados definitivamente los planes que garanticen que la actuación acordada es viable.
También los planes subrregionales han motivado fricciones entre la Junta y los ayuntamientos. El de la Costa del Sol Occidental por ejemplo ha sido impugnado por dos alcaldes socialistas, los de Mijas y Estepona. Todos además van con retraso, y esta circunstancia junto a los sucesivos cambios de las normas a aplicar son usados como excusa por los ayuntamientos para no haber adaptado aún sus planes urbanísticos a la LOUA aprobada hace cinco años, proceso que apenas han iniciado un tercio de municipios.
Para la nueva legislatura queda mucha tarea sobre la mesa.
Propuestas de los partidos
- PSOE: Planes de ordenación territoriales para el interior y de movilidad en las grandes áreas urbanas.
- PP: Derogar el POTA y elaborar uno nuevo. Ley de control urbanístico. Reforma de las comisiones provinciales.
- IU: Medidas para invertir la concentración de población en el litoral y grandes ciudades. Plan de desarrollo sostenible.
- PA: Medidas para mejorar el control urbanístico.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 22/02/2008
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)
La Generalitat tiene 1.439 pisos públicos sin ocupar
PÚBLICO/Barcelona* : Promociones de vivienda pública de alquiler para jóvenes con hasta un tercio de los pisos vacíos. Esto es lo que Público ha encontrado en una investigación en el área de Barcelona, donde los precios del mercado libre están por las nubes y hay largas listas de espera para acceder a un piso protegido. La Ley catalana del Derecho a la Vivienda contempla la expropiación forzosa a propietarios que mantienen sus viviendas vacías y no las alquilan en estas mismas áreas donde hay más necesidad. Mientras, hay 1.439 pisos públicos pendientes de adjudicarse.
Calle Josep Duran 2-4, Cornellà de Llobregat. En esta promoción de 24 pisos hay ocho en los que no vive nadie. "Algunos están vacíos desde hace más de un año", asegura una joven vecina. A Marta Rodríguez le adjudicaron una de estos casas en octubre de 2005. Pero, pese a estar vacía, hasta marzo de 2006 no le entregaron las llaves. "Me dijeron que tardaban tanto por temas de burocracia", explica.
Abandono progresivo
Carretera Reial número 1-7, Sant Just Desvern. De 48 pisos que hace cuatro años se adjudicaron a otros tantos jóvenes, 13 están vacíos. Dos de ellos desde el año 2006. El resto se han ido abandonando progresivamente, a medida que sus inquilinos encontraban una vivienda fija, dado que sólo pueden beneficiarse del alquiler público durante un periodo de cinco años.
Los propios vecinos denunciaron esta situación en una carta que el lunes remitieron a Adigsa -empresa de la Generalitat que gestiona los pisos- y al Ayuntamiento de Sant Just. "Queremos que la ocupación sea del 100%, y creemos que el Ayuntamiento lo gestionaría mejor", explica la presidenta de la comunidad, Mercè de Noguera.
Calle Marina 343, Barcelona. "El 7º-5A está vacío desde hace un año", explica una vecina de la misma planta, que añade: "me parece fatal porque hay muchos que lo necesitan". En este caso, la Generalitat tuvo que echar a los antiguos inquilinos porque no pagaban el alquiler. En esta promoción la gestión ha sido algo más rápida. Algunos pisos han sido readjudicados en un plazo de entre tres y cuatro meses.
La Generalitat dice que sólo tiene 41 pisos vacíos, entre los de venta y los de alquiler. Sin embargo, al insistir en la cantidad de viviendas que ha localizado Público, añade que hay otros 1.439 donde no vive nadie, pero no los considera vacíos porque están en vías de adjudicación.
Uno de los problemas es que las listas de espera caducan a los dos años. "Readjudicar un piso requiere un trámite legal para hacer cumplir la igualdad de oportunidades", explica el consejero delegado de Adigsa, Frederic Linares. La Generalitat contempla elaborar listas permanentes. También prevé que los ayuntamientos gestionen en el futuro estos pisos.
* Público - GLÓRIA AYUSO - Barcelona - 20/02/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El Valencia construirá un hotel de lujo y con veinte alturas junto al nuevo estadio
LEVANTE* : El Valencia CF ha introducido cambios de calado en la parcela en la que ya se empieza a erguir el nuevo estadio en la avenida de Les Corts Valencianes. En una modificación de la modificación del PGOU (para llevar a cabo la obra ya fue necesaria una previa) que aprobarán Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana se incluye un futuro hotel recayente a las calles la Safor y Amics del Corpus.
El uso hotelero -inicialmente prohibido- se justifica, según la sociedad deportiva, como "una mejora de la oferta para aspirar a la celebración de grandes eventos". Las características del establecimiento, que será de lujo (cuatro o cinco estrellas) se definirán más adelante, aunque se baraja provisionalmente una altura de unas 20 plantas. De ser así, podría equivaler a un negocio de 126 millones de euros -según el precio de terciario de la zona, unos 3.00 euros por m2- que vendría a compensar en caja la operación de momento fallida de venta del suelo recalificado del antiguo Mestalla.
La solicitud, de la que se dará cuenta el lunes, data de finales de enero y en realidad supone cuatro modificaciones: la cota de referencia de la instalación se recalcula (la parcela tiene un importante desnivel de altura de terreno de más de unos cinco metros de uno a otro lado); la altura de cornisa sube de 20 a 25,30 metros; el estadio, a diferencia de los edificios de la línea de Corts Valencianes, no se retranquea y el ya referido cambio en los usos.
Tras un tira y afloja, el proyecto se aprobó con la posibilidad de integrar actividades comerciales consideradas vinculadas a la actividad deportiva en sí (cafeterías, restaurantes, tiendas, oficinas de prensa), etc. Pero se excluía expresamente el uso hotelero. Ahora no sólo se abre esa puerta, sino que se especifica que "más del 50%" de la edificabilidad total permitida (84.000 m2 techo) será la de uso deportivo y el resto, el terciario (esto, es, 42.000 m2). Ambos usos se separan en dos zonas diferenciadas de la parcela. Además, las actividades compatibles antes citadas e integradas en la "piel" del estadio no computan.
El cambio ha recibido los parabienes de los técnicos municipales, que incluso recomiendan abrir la mano en todas las demás modificaciones de planeamiento. En un primer momento, el Valencia ya planteó la inclusión de un área de oficinas (también en una torre de 20 plantas) y su eliminación fue clave para que el PSPV se abstuviese en vez de votar en contra en el pleno. La vuelta al terciario plantea una incógnita respecto a la valoración de los solares permutados entre ayuntamiento y club.
Se cuidará que el hotel se aleje de la escultura de la Dama Ibérica para no eclipsarla.
* Levante-EMV - S. G., Valencia - 22 de febrero de 2008
Foto: Diseño provisional. A la izquierda de la maqueta del estadio, una figuración de lo que sería el nuevo edificio propuesto en la calle de la Safor. levant-emv
Los Albertos, el Príncipe y don Dinero
JESÚS CACHO* : Un poco de historia, siquiera apresurada. El 29 de diciembre de 2000, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid declaró, con todo lujo de detalle, a Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de Alcocer Torra, los Albertos, responsables de haber estafado a sus socios en Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla de Madrid donde hoy se alzan las torres KIO, aunque absolvió a los demandados al considerar que el delito había prescrito.
El 14 de marzo de 2003, sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo casó esa sentencia ratificando la censura moral de la Audiencia Provincial y condenándoles, además, a penas de tres años y cuatro meses de prisión y 6.000 euros de multa como autores de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil, al negar la prescripción de los delitos.
El 1 de abril de 2003, los Albertos –que de forma paralela solicitaron el indulto al Gobierno Aznar- interpusieron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Supremo, recurso que semanas después la Sala Segunda del TC admitió a trámite, un filtro previo que no prejuzgaba el fondo de la cuestión, pero que un prestigioso catedrático madrileño, con muchos años de oficio en el foro, calificaba entonces a quien esto escribe como “una decisión poco común, preocupante y sorprendente, porque son muchas, demasiadas las veces que el Constitucional ha negado la admisión a trámite de recursos mucho más fundamentados, con mucha más carga de eventual lesión de derechos fundamentales, y tiene que ser precisamente éste, qué casualidad, que afecta a dos personajes tan conocidos, el que haya sido admitido por un Tribunal que, además, está abrumado por una carga de trabajo que le sobrepasa”.
El recurso, al decir de los especialistas en Derecho, “carece del más mínimo contenido de posible amparo, y es casi imposible que el TC les conceda amparo alguno”, porque no parecía que los Albertos fueran precisamente una pareja de inmigrantes indocumentados recién llegados a las costas de Tarifa, cuyos derechos fundamentales habían sido violados por falta de recursos o de abogados. Pero, misterios dolorosos de esta España nuestra, los españoles avisados comenzaron a sospechar de inmediato que la pareja terminaría por salirse con la suya no por la fuerza de sus argumentos en Derecho sino en razón de la importancia de sus apoyos políticos, a la cabeza de los cueles se encontraba –se encuentra- el mismísimo Rey de España, íntimo amigo de francachelas de Alberto Alcocer Torra.
La decisión del Alto Tribunal se ha venido demorando desde la primavera del 2003 hasta casi rozar el fuera juego, y es que atender la petición de los condenados por el Supremo suponía tal escándalo ante la opinión pública, tan notoria befa para la Justicia, hacían falta tantos Bacigalupos para concederles el amparo, que los señores magistrados no se atrevían a dar el paso al frente, y así hemos llegado al borde del precipicio, al filo mismo en que (ver noticia publicada en este diario el pasado 12 de febrero) si no se pronunciaba antes del 14 de marzo próximo, la pena podía prescribir al cumplirse los cinco años desde la condena del Supremo. Puestos en esta tesitura, de cara a la pared entre una solución mala y otra peor, los señores Magistrados han optado por la pésima. Doña Justicia huye despavorida por los riscos de una España una vez más humillada por togas y puñetas.
Preocupados por la deriva que estaban tomando las cosas a cuenta de las noticias periodísticas sobre la prescripción que se venía encima, los demandantes -y al tiempo estafados-, Pedro Sentieri y Julio San Martín, remitieron el pasado viernes 15 un escrito al TC solicitando que, dada la importancia del caso a tratar, el recurso de marras fuera visto por el Pleno del Alto Tribunal en lugar de por una de sus Salas. La respuesta llegó ayer a toda prisa, con nocturnidad y cierta alevosía, y sin aviso de ninguna clase a las partes. “Como español siento consternación y vergüenza”, aseguró ayer a este diario Julio San Martín, una especie de santón laico cuyo último deseo sería ver a los Albertos en la cárcel.
Consternación por el significado procesal, jurídico y político que tiene la sentencia conocida ayer; vergüenza porque la situación de deterioro de la Justicia está tomando proporciones tan alarmantes que mejor esconder la cabeza bajo el ala para no reparar en los perniciosos efectos que, en términos de futuro colectivo y convivencia en democracia, representa esta Justicia severa con el pobre y dócil con el poderoso, Justicia que hace trizas el principio de igualdad de todos ante la ley, Justicia cada día menos digna de tal nombre, es decir, más injusta, y además lenta, terriblemente lenta, incapaz en su laxitud de dar respuesta a las exigencias de una sociedad y una economía modernas.
Porque si en algo tienen razón Alberto Cortina y Alberto Alcocer es en que resulta de todo punto inadmisible que el TC haya tardado 5 años en pronunciarse, al punto de que en términos de censura social han pagado con creces los tres años y cuatro meses de cárcel que el Supremo les impuso. Pero no es eso, no es eso. No estamos hablando de la desgracias de dos pobres ricos, sino de las miserias morales de un país dizque democrático que consiente en silencio el deterioro creciente de pilar tan esencial como es una Justicia digna de tal nombre. “Deberíamos tener el coraje suficiente para romper con mucho de lo que el hombre de finales del siglo XX considera normal”, decía en 1997 el entonces cardenal Ratzinger en su libro La Semilla de la Tierra, que añadía una soberbia lección para los Eugenio Gay de este mundo, “dispuestos a comprar el bienestar, el éxito personal, el prestigio social y el aplauso de la opinión dominante al precio de la verdad”.
Una sentencia que salpica peligrosamente al Rey y, por ende, a la propia institución monárquica. Es ya una realidad que en la democracia española no se aplica un mismo Código Penal a todos los ciudadanos. Un chorizo sin posibles puede terminar entre rejas si roba cien euros, pero si afana mil millones, entonces tranquilo, sobre todo si es millonario y cuenta con amigos importantes. El entrañable “Todo por la Patria” de la Guardia Civil, ha sido sustituido por el más realista “Todo por la Pasta”. Tiempo habrá para referirse a las technicalities de esta sentencia, así como al ejercicio de honestidad que con su voto particular realizó ayer Ramón Rodríguez Arribas. De momento, pongamos en valor el viejo principio de Jeremy Bentham, según el cual “toda ley es un mal, en tanto en cuando su aplicación depende del capricho de unos jueces a menudo plegados al poder coercitivo del Príncipe”. El Príncipe y don Dinero.
* El Confidencial - 21/02/2008
