EFE/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros cinco ex ediles del Ayuntamiento han sido condenados a siete años de inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con una cuota de 10 euros diarios por un delito de prevaricación urbanística. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga decreta asimismo la nulidad de la licencia de obra del proyecto de ejecución a la entidad Artola Inversiones SL, otorgada en la comisión de gobierno el 10 de julio de 1998, de la que formaron parte los concejales condenados, para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.
El fallo atiende la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia y el juicio, celebrado el pasado octubre.
Los concejales a los que se les ha impuesto la misma pena que a Muñoz -que actuó como presidente en la comisión en condición de alcalde accidental- son Rafael González Carrasco, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Mario Jiménez Notario y María Luisa Alcalá Duarte.
El ex primer teniente de alcalde Pedro Román ha sido absuelto porque "sólo tuvo intervención en la concesión de la licencia del proyecto básico, no así en el proyecto de ejecución", según se señala en los fundamentos de derecho.
En este apartado también se establece que no es posible acordar la demolición de la vivienda en este procedimiento "como la forma de restablecer el orden urbanístico perturbado" porque no han sido llamados al proceso los terceros adquirientes del inmueble.
La juez considera probado que la licencia fue otorgada en referencia a un Plan de Ordenación Urbana que estaba en revisión y que "por tanto ni había sido aprobado por el organismo correspondiente ni publicado en el BOE".
Asimismo, indica que el suelo sobre el que se otorgó la licencia tenía la calificación de zona educativa y docente de uso público desde un plan parcial de 1984, como equipamiento cultural social de uso público en el PGOU de 1986, y que en el plan de revisión su calificación era de "urbanismo exento".
En la sentencia también se señala que los concejales no pueden alegar que votaban siguiendo las instrucciones del secretario del Ayuntamiento, puesto que no estaba obligado a informar.
En cuanto a la multa impuesta, menciona que se opta por esta pena "atendiendo a la menor entidad del hecho puesto que se trataba de la concesión de una licencia para una sola vivienda".
La causa fue iniciada tras la denuncia presentada por la abogada y ex diputada de Los Verdes Inmaculada Gálvez el 23 de abril de 1998.
El Ministerio Fiscal calificó en el juicio los hechos como constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio y pidió para Muñoz y cinco acusados la pena de 20 meses de prisión, así como diez años de inhabilitación especial, y para otros dos imputados, 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para el cargo público de concejal.
Julián Muñoz se encuentra en prisión provisional por el "caso Malaya" contra la corrupción en Marbella desde hace 17 meses y recientemente ha obtenido el segundo grado penitenciario.
* La Opinión de Málaga - EFE - 18 de diciembre de 2007
Foto: Marbella, playa - Manuel González Olaechea y Franco, wikipedia.org
Julián Muñoz y cinco ediles, condenados a siete años de inhabilitación por prevaricación
El TSJ suspende el PAI de la Foya de Vilafamés por la falta de agua
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado la suspensión del plan parcial del sector la Foya de Vilafamés ya que «la suficiencia y disponibilidad de los recursos hídricos del sector no está acreditada, siendo que, además, como denuncia en su informe la propia entidad colaboradora (Facsa), no se ha emitido el perceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)».
En el auto del TSJ se explica que «no hay informe de la CHJ, pues no puede considerarse emitido por haber intervenido durante la tramitación y aprobación del PGOU del municipio, como el Ayuntamiento de Vilafamés pretende» . «Consta así que el 20de septiembre de 2006 el consistorio recibió un escrito de la confederación denunciando tal falta de intervención» , se añade.
El TSJ establece que el hecho de que exista una modificación sustancial que puede incidir es aspectos relacionados con los recursos hídricos existentes, disponibles y necesarios haría imprescindible la intervención del organismo de la cuenca.
Asimismo, se recuerda que a raíz de la modificación de la ley del Plan Hidrológico Nacional «las confederaciones hidrográficas emitirán . El auto dice que «cuando los planes de las entidades locales comporten nueva demandas de agua, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas» .
La resolución del tribunal, que no es firme y contra la que cabe recurso de súplica del Ayuntamiento de Vilafamés, se emite a raíz de una denuncia de la Asociación de Afectados La Foya.
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 18 de diciembre de 2007
Foto: Villafamés (Castellón) - costaazahar.com
Casi 400.000 madrileños habitan en infraviviendas, sin contar la Cañada Real
MADRIDIARIO* : El 9,8 por ciento del parque mobiliario regional está compuesto por infraviviendas, un porcentaje que asciende al 11,3 por ciento en el caso de la capital, según un estudio encargado por Cáritas Madrid que no incluye la Cañada Real. Unos 400.000 madrileños habitan en infraviviendas, la mayoría situadas en las zonas sur (40 por ciento) y norte (30 por ciento) de la Diócesis de Madrid. Y nueve de cada diez son viviendas en altura, lo que se conoce como 'chabolismo vertical'.
Son los datos de un estudio sobre la infravivienda en Madrid encargado por Cáritas, cuyo ámbito geográfico abarca la capital y numerosos municipios del noroeste de la región, y excluye, por tanto, los pertenecientes a las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares. También queda excluida la Cañada Real, el mayor núcleo chabolista de la región, donde se calcula que habitan otras 50.000 personas, pues las viviendas allí edificadas no cuentan con un censo fiable.
Así, según el estudio, 33.155 viviendas, el 2,6 del parque residencial de la diócesis, se encuentra en situación de hacinamiento. De ellas, 4.479 tienen una superficie útil ppor habitante menor o igual a cinco metros cuadrados. Y otras 48.388 se encuentran en situación de "promiscuidad crítica", esto es, disponen de menos de media habitación por persona.
Entre las causas de este hacinamiento se encuentra la cohabitación en una misma vivienda por más de una familia, una circunstancia que se da en una de cada cinco infraviviendas de la diócesis de Madrid. El 23 por ciento de las personas que viven en esta situación son extranjeros y el 22 por ciento, de etnia gitana.
Julio Beamonte Mayayo, director de Cáritas Madrid, adelantó también algunos datos "sorprendentes" del estudio, a la espera de su publicación completa. Así, señaló que las infraviviendas detectadas en el distrito de Salamanca (1330) superan la media de los distritos de la capital (1316). "La mayoría son personas mayores que han llevado una vida de trabajadores pero que, al jubilarse, se han quedado con una pensión muy baja y no tienen dinero para mantener sus viviendas. Además, sufren de una especie de 'pobreza vergonzante' y no se atreven a pedir ayuda", señaló Beamonte.
En el estudio se han utilizado datos del Instituto para el Realojo y la Integración Social (IRIS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de la Comunidad de Madrid.
Vivienda y exclusión social
Para determinar la relación de los problemas de vivienda con la exclusión social, la ONG realizó, además, 415 entrevistas, que arrojan una muestra con una fiabilidad de un 90 por ciento. El denominador común de los habitantes de infraviviendas entrevistados es la pobreza, que alcanza al 97 por ciento de los encuestados. De ellos, el 63 por ciento padece pobreza extrema, es decir, sobrevive con menos de 165 euros al mes.
Además, la mayoría (el 61,7 por ciento) se encuentran en activo y el 17 por ciento son desempleados o sufren precariedad laboral. Seis de cada diez son mujeres y el 27 por ciento son analfabetos.
* Madridiario - 18-12-2007 - Celia G. Naranjo
Foto: Madrid, desalojo chabolas - madridiario.es
Orden de Desbloqueo de proyectos urbanísticos en la Región de Murcia
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : Ante las Jornadas de Presentación de dicha Orden por parte de sus autores intelectuales, Ecologistas en Acción de la Región Murciana señala que tras la bondad aparente de la norma se esconde un ánimo de favorecer a promotores concretos en desarrollos urbanísticos de alto impacto permitiendo inaplicar en la Región de Murcia normas estatales y comunitarias de Evaluación Ambiental.
Aunque se aluda a la agilidad y eficacia, el grupo de defensa de la naturaleza denuncia que “realmente” se inaplican normas vinculantes y se impide el análisis de los impactos ambientales y la participación ciudadana, eliminando el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, en un claro abuso de la potestad reglamentaria en contra del interés público, que no es otro que el desarrollo sostenible y no la velocidad y agilidad en urbanizar la Región.
Pese a la claridad de las normas estatales y comunitarias en la materia y la evidencia en la insostenibilidad del desarrollo urbanístico la Consejería competente ayuda a los promotores inmobiliarios - ahorrándoles dinero y tiempo – a saltarse los controles e impide que el público participe y defienda el medio ambiente en proyectos concretos, dejando al paisaje indefenso. A través de la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) se analizan alternativas, impactos y se proponen medidas correctoras que mitiguen las posibles afecciones del ladrillo y el cemento al patrimonio natural, histórico y cultural, todo ello implicando al público en la defensa del ambiente.
Ecologistas en Acción – Región Murciana considera que la recientemente aprobada Orden de 12 de Noviembre de 2007 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio debe ser declarada nula por ser contraria a las normas comunitarias que aseguran el desarrollo sostenible y a la legislación estatal básica, así como al derecho fundamental de participar en las decisiones públicas que afecten al ambiente y está estudiando emprender acciones legales y judiciales y hacer una queja por incumpliento a la Comisión Europea .
El proceso que hasta ahora seguían estos proyectos, no fue diseñado para “bloquear” o dificultar la consecución de los mismos, como se ha querido dar a entender, si no que era un proceso diseñado para asegurar lo siguiente:
- La participación de la sociedad en el proceso.
- El estudio detallado y valoración de los impactos que conllevan esos proyectos sobre el medio ambiente.
Sin embargo, con la aprobación de esta Orden, la Región de Murcia se convierte de nuevo en un estado de excepción para las normas protectoras del ambiente, donde los proyectos sometidos por Ley a evaluación de impacto ambiental se excepcionan por las autoridades regionales. Esta estrategia ya fue utilizada por la Ley del Suelo que modificó la Ley General de Medio Ambiente para eliminar el requisito de Evaluación de Impacto Ambiental – como en la reclasificación de 900 hectáreas de Huerta en el municipio de Murcia - y ahora se da un paso más intentando neutralizar los efectos de la Ley 9/2006 que evalúa planes urbanísticos. Todo ello con el telón de fondo de la modificación de la Ley 1/1995 para instalar industrias solares por todo el territorio sin criterios de ordenación del territorio, planificación ni evaluación ambiental.
- Lo que la Consejería llama “desbloqueo” es una dispensa de cumplimiento de las normas.
- Lo que se llama “retraso”, es un proceso de evaluación donde además se da traslado a los ciudadanos para que opinen sobre el modelo de desarrollo y los impactos al entorno en que viven.
De nada sirve el “marketing” del Pacto Social por el Medio Ambiente, que esta asociación cuestiona de raíz, si por otro lado se excluye a los ciudadanos y sus organizaciones para defender el medio ambiente. Esta Orden supone en realidad un recorte de derechos democráticos para proteger el ambiente y una muestra de que la Consejería no trabaja por el desarrollo sostenible a través de la aplicación de la legislación ambiental, la integración de la sostenibilidad en el resto de políticas y la participación ciudadana sino que su misión es dinamitar y promover la insumisión a la legalidad, como se ejemplifica en decisiones concretas de reclasificación de espacios naturales (lease, Marina de Cope, Lo Poyo, reclasificación de Huerta en la Senda de Granada) y en decisiones globales que se enmascaran en un "desbloqueo" para manipular la opinión de los habitantes de una Región que pierde su paisaje y su patrimonio natural, histórico y cultural bajo el ladrillo y el green, y todo ello en aras de que unos pocos satisfagan su ambición, que es la más antigua del mundo: el lucro.
Lo que Ecologistas en Acción propone es que:
- Se apliquen cabalmente las normas.
- Se cumpla el deber de integración ambiental y no se coopere a su elusión.
- Se creen puestos cualificados de Evaluación Ambiental en la Administración Regional para asistir a los Ayuntamientos y promotores.
- Se informe y capacite a los técnicos, pero no se avale la inaplicación de normas que establecen garantías para la sostenibilidad del desarrollo y la democracia ambiental.
* Ecologistas en Acción de la Región Murciana - 17 Diciembre 2007
Foto: Mazarrón (Murcia), golf urbanización en El Saladillo, 2005 - ecologistasenaccion.org
Yacimiento de ladrillos
Viñeta: El Roto - elpais.com - 20071217
Los vecinos irrumpen en el caso de las licencias ilegales en Madrid
ADN/Madrid* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha anunciado que se personará este martes como parte afectada en el sumario de la Operación Guateque, en representación de seis asociaciones vecinales de los distritos de Centro y Chamberí que han interpuesto denuncias por la apertura ilegal de locales de ocio nocturno.
La federación indica en un comunicado que aportará, en el Juzgado de Instrucción número 32 de Plaza Castilla, denuncias puestas desde 2004 ante las Juntas de Centro y Chamberí, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por la apertura de bares y terrazas sin autorización, y por el incumplimiento de la normativa del ruido, "todas sin respuesta".
Las asociaciones denunciantes aseguran que "la dejación de responsabilidades en la función de control y gestión de la concesión de licencias ha dado lugar a una proliferación abusiva y descontrolada de locales de ocio nocturno cuyas consecuencias [...] padecen las vecinas y vecinos de las zonas con mayor concentración de estos negocios llegando, en no pocos casos, a tener que abandonar sus barrios".
Además, la FRAVM ha adelantado que en la asociación se están recopilando más denuncias de otros distritos madrileños para "colaborar en el esclarecimiento y alcance de los hechos denunciados".
Representantes de la federación, que prevén acudir al juzgado a las 11.30, han expresado su disconformidad en relación a la "externalización de la elaboración de los informes previos a la concesión del permiso de apertura de locales como solución al problema".
* ADN - Agencias - 17/12/07
Foto: Madrid, antiguo Ayuntamiento - artehistoria.jcyl.es
Los precios de los pisos han subido en la última década un 60% más que entre los 20 países más ricos
ELPAÍS* : Los precios de los pisos subieron en España un 190% entre 1997 y el tercer trimestre de 2007, un 60% más que entre los 20 países desarrollados que el semanario The Economist incluye en su análisis trimestral de la evolución internacional del mercado de la vivienda. De acuerdo con este análisis, el país con mayor inflación inmobiliaria en ese periodo fue Sudáfrica (393%), seguido de Irlanda (240%), Gran Bretaña (213%), España (190%), Australia (159%), Suecia (149%), Francia (144%), Bélgica (131%), Dinamarca (128%), Nueva Zelanda (123%), Estados Unidos (116%), Holanda e Italia (102% ambos).
El resto de países se encuentran por debajo de la barrera del 100%, y en tres de ellos, Alemania, Japón y Hong Kong, los precios de los pisos se abarataron en el último decenio, mientras que en Suiza sólo subieron un 19%.
Además, los datos de The Economist muestran que, en el tercer trimestre de este año, los precios de los pisos ya caían en las tres grandes economías capitalistas (un 4,5% en Estados Unidos, un 4,1% en Alemania y un 0,7% en Japón), así como en Irlanda, el país que (sin contar a Sudáfrica) ha tenido la mayor burbuja inmobiliaria de los últimos diez años.
Respecto a España, la ralentización se ha acentuado en términos comparativos, ya que la tasa del 5,3% del tercer trimestre es inferior a la media global actual, del 6,5%, y le sitúa como el país número 12 por ritmo de encarecimiento de los pisos, mientras que hace un año era el décimo, justo en medio de la tabla.
EE UU, "en la cama del enfermo"
Con ritmos de crecimiento de los precios actualmente superiores a España figuran Singapur (27,6%), Sudáfrica (13,6%), Nueva Zelanda (12,7%), Suecia (11,6%), Hong Kong (11,3%), Australia (10,6%), China (9,5%), Gran Bretaña (6,9%), Francia (6,8%), Canadá (5,8%) y Bélgica (5,7%).
Por debajo de España están Italia (5,1%), Dinamarca (4%), Holanda (3,8%), Suiza (2,3%), Japón (-0,7%), Irlanda (-2,8%), Alemania (-4,1%) y Estados Unidos (-4,5%).
The Economist señala que "el mercado de la vivienda en Estados Unidos está ahora en la cama del enfermo", mientras que "los mercados inmobiliarios de muchas zonas de Europa han pasado el punto de inflexión. La inflación de precios ha caído en Francia, España, Italia y Bélgica. En Alemania, donde los valores de la propiedad han disminuido durante la mayor parte del tiempo desde mediados de los noventa, esa tendencia se ha acentuado durante el último año".
* ELPAIS.com - SERVIMEDIA - Madrid - 17/12/2007
Foto: Vivienda, precios 10 años - fuente ministerio vivienda
