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ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El alto tribunal obliga al Gobierno regional y al Consistorio a pagar 9.000 euros a una pareja de Bilbao cuya vivienda será demolida en Argoños. Otras 300 familias esperan a que se resuelvan varios recursos para cobrar.
Una pareja de Zorroza, Jesús María y Araceli, será la primera familia en cobrar una compensación económica por el daño moral que las administraciones cántabras han causado a quienes llevan batallando más de una década para que sus viviendas no sean derribadas. El Tribunal Supremo acaba de hacer firme una sentencia que culpaba al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños de que la casa del matrimonio de Bilbao vaya a ser pasto de las excavadoras. En su resolución, los magistrados obligan a las instituciones a indemnizarles con 9.000 euros.
El auto sienta un precedente muy importante, ya que, como Jesús María y Araceli, hay otras 300 familias a las que se les ha reconocido, en primera instancia, el derecho a ser resarcidas por el sufrimiento padecido, pero aún están a la espera de que se resuelvan diversos recursos. Dos casos -dos demandas colectivas que engloban a decenas de afectados- se encuentran ya en el Supremo. «Esperemos que el tribunal siga el mismo criterio que ha aplicado en este caso concreto», afirma esperanzado Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Este colectivo se creó hace cinco años con el objetivo de unir fuerzas entre los propietarios -en su mayoría vizcaínos- de un millar de inmuebles que están condenados a la piqueta, después de que las licencias de construcción que habían recibido el visto bueno de las administraciones cántabras fueran declaradas ilegales por la Justicia. Toda esta «pesadilla» comenzó por una cascada de denuncias del grupo ecologista ARCA y ha atrapado a más de 2.000 personas.
Aunque no entra al fondo del asunto, el Supremo es contundente en su decisión y hace firme la sentencia anterior, que era favorable a la pareja de Zorroza. Los magistrados no han admitido si quiera a trámite los recursos presentados por el Ejecutivo regional y el Consistorio de Argoños por una cuestión de forma. Entiende que no debe pronunciarse sobre pleitos en los que hay en juego una cantidad de dinero inferior a 150.000 euros. Además, el órgano de Justicia condena en costas a los recurrentes y obliga al pago de mil euros más para que Jesús María y Araceli puedan costearse su abogado. Este dinero que ahora percibirán es independiente a las cantidades que cobrarán por el daño patrimonial una vez se derruyan sus casas.
Satisfacción
El auto judicial ha sido bien recibido por AMA, por cuanto supone «reconocer la culpa» de las administraciones y la «inocencia» de unos vecinos que compraron sus casas con todos «los parabienes» institucionales. «Eso sí, las indemnizaciones dictadas hasta ahora por daño moral-oscilan entre los 9.000 y los 12.000 euros, en función de si la vivienda afectada es primera o segunda residencia- no enjugan ni un ápice el sufrimiento que llevamos padeciendo durante más de una década por culpa de la negligencia de los organismos oficiales», censuró Videla. «Es más -añadió el presidente de AMA-, uno de se da cuenta de que las cantidades a cobrar son mínimas por más de diez años de incertidumbre y sufrimiento psicológico, cuando uno ve que, recientemente, una revista del corazón ha tenido que pagar a la hija de la duquesa de Alba 90.000 euros por haberle atribuido un supuesto romance». Desde la asociación de afectados lanzaron también un ruego: «Pedimos a todos los ayuntamientos que continúan recurriendo este tipo de sentencias, que renuncien porque se ha demostrado que lo único que hacen es malgastar el dinero público y ejercer el 'sumum' del maltrato contra los ciudadanos que hemos sufrido las desastrosas consecuencias de su nefasta gestión».
Además, Vilela llamó la atención sobre cómo ningún político ha asumido hasta ahora «responsabilidad alguna por todo este fiasco».
El presidente de AMA también exigió a las instituciones que busquen una salida, «lo antes posible», para que las 1.000 viviendas condenadas en la comunidad vecina no sean, finalmente, objetivo de las excavadoras.
* El Diario Montañés - JOSU GARCÍA - 08.05.2008
Foto: magen de la urbanización de Argoños afectada por sentencia de derribo. / DM
NOTICIA RELACIONADA: Un millar de viviendas siguen condenadas en Cantabria - El Diario Montañés - 08.05.2008
El TS ratifica la primera indemnización por daño moral en Argoños
Los arquitectos dicen que los planes nacen viejos por exceso de corsés
LAVOZDEGALICIA* : Los planes urbanísticos son ahora un parto excesivamente complicado por el gran número de corsés y detalles con que se elaboran. Además, son objeto de confrontación política, muchas veces durante dos mandatos municipales. El resultado es que tardan entre ocho y diez años en aprobarse y que son ya viejos antes de nacer.
Es, a grandes rasgos, la reflexión que hizo ayer el decano del Colexio de Arquitectos de Galicia, Celestino García Braña, al abrir las jornadas sobre urbanismo que celebra la Diputación.
Los planes generales se están haciendo con esquemas de la ciudad industrial de hace 30 años -delimitada por las autopistas de circunvalación y no tan abierta como la actual- y son herederos de los procedimientos de los años 70. Además, «en vez de ser un elemento de cohesión, se convierten en un elemento de confrontación» entre gobierno local y oposición, advirtió García Braña, quien calificó de «extremadamente lento» el proceso de aprobación.
García Braña demandó una «nueva visión urbanística» en la que el planeamiento tenga una capacidad de respuesta «más rápida». Se trata de encarar los cambios sociales de un mundo globalizado en el que el capital se mueve con una enorme rapidez y hay necesidad de suelo industrial, residencial y de entretenimiento. «Todo esto exige una gran dinámica: si esa dinámica no se da, el plan que resulta es atrasado y manido», dijo.
El hecho de que ningún municipio pontevedrés tenga adaptadas sus normas a la ley del 2002 obedece a estas circunstancias y a que se quiere descender mucho al detalle. «Para descender al detalle -explicó- tiene que precisar enormemente y, cuando precisa, se carga de una cantidad tremenda de argumentos jurídicos. Desarrollar todo eso se convierte en un corsé para todo el mundo».
Cuellos de botella
Esta circunstancia hace que persistan los cuellos de botella en la tramitación, aunque la Xunta haya aumentado el personal que la revisa. Hay una «avalancha» de planeamiento sobre la mesa y, además, deben revisarse normas de gran complejidad que es preciso analizar «con mucha precisión y detalle», señaló García Braña. El arquitecto advirtió que no deben buscarse distingos políticos en esta situación. Cambiar la forma de hacer planes es una «responsabilidad del conjunto de la sociedad» y «no solo de una Administración o un ayuntamiento».
En su opinión, los planes no deberían descender tanto al detalle ni ser una foto fija. Tendría que ser posible modificarlos casi cotidianamente. En este sentido, apuntó que Barcelona tiene un plan con 30 años de existencia y 3.000 modificaciones, pero «segue a ser o mesmo plan».
* La Voz de Galicia - A. Castroverde - Pontevedra - 08.05.2008
Foto: Pontevedra, costa - lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: Frenar el bajo y cuatro en núcleos bien conservados ante los efectos «irreversibles» del bum edificatorio - La Voz de Galicia - 08.05.2008
Denia: Los vecinos exigen que el Ayuntamiento persiga el urbanismo ilegal
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INFORMACIÓN/Alicante* : Los vecinos de Dénia, o al menos los representados en la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, no quieren más desmanes urbanísticos y ayer pidieron al Ayuntamiento tolerancia cero con las ilegalidades en el campo de la construcción.
Es hora, dijo su presidente, Fermín Ribes, de que se haga cumplir el planeamiento con todas las consecuencias, y que no se repitan casos como el reciente del chalé de la Cova de l'Aigua en Sant Joan, donde la oposición municipal ha impedido el derribo de la casa construida sobre un barranco que pretende demoler el equipo de gobierno.
Los representantes de la federación vecinal se reunieron en la tarde del martes en las dependencias del antiguo instituto de formación profesional para abordar varias cuestiones de su preocupación, entre ellas también la situación sanitaria de la ciudad o la inminente revisión del catastro en el término municipal.
Pero el urbanismo centró buena parte de la discusión. Los últimos casos polémicos, como el de la Cova de l'Aigua o el de las obras de construcción de un chalé por el concejal socialdemócrata Juan Sancho, no están dando un ejemplo adecuado a la ciudadanía.
Fermín Ribes se refirió al caso de la Cova de l'Aigua. Los vecinos no entienden cómo una obra declarada ilegal incluso mediante sentencia judicial no sólo siga en pie, sino que no haya manera de derribarla. Hace unas semanas, la intención del equipo de gobierno (PSPV-Bloc) de decretar la demolición tropezó otra vez con la alianza de los partidos de la oposición y el edil díscolo Juan Collado, que unieron sus votos para dejar el punto sobre la mesa.
"Las sentencias están para cumplirse", dijo ayer el presidente de la Federación de Vecinos.
De hecho, para Ribes, si el Consistorio se aplica en hacer cumplir el planeamiento urbanístico saldrán ganando todos los ciudadanos. "Nuestra filosofía es que cuanta más disciplina urbanística haya, será mejor para los vecinos". Por ello, cualquier obra debe "ajustarse al planeamiento, incluso cuando éste no nos guste".
Además, para los vecinos el Consistorio debe ser también rígido a la hora de prohibir cualquier edificación sin la necesaria urbanización previa, uno de los males que padece la ciudad desde hace décadas. Los vecinos, por otra parte, criticaron la falta de compromiso del gobierno de Dénia con el Consell de Participació Ciutadana.
* Información - SERGI GARCÍA - 08.05.2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Dimite un concejal de Lubrín tras imputarle un delito de prevaricación
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IDEAL/Almería* : Dio la licencia de primera ocupación a una vivienda construida en suelo rústico. Juan López Camacho ya no es concejal de Lubrín. Presentó su dimisión en el pleno del pasado lunes 28 de abril y sus compañeros se la aceptaron. Al abandonar su acta de concejal, también ha dejado de ser diputado provincial, porque para formar parte de la institución supramunicipal hay que ser concejal.
No son «motivos personales» como alegaron ayer sus allegados y compañeros los que han motivado que este ex alcalde del PSOE deje su cargo público, sino la imputación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de un delito de prevaricación urbanística.
Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, al que ha tenido acceso IDEAL, los hechos se remontan a noviembre de 2006, cuando la Policía Autonómica denunció una construcción que aparentemente podía ser ilegal, en el término municipal de Lubrín. La Fiscalía de Medio Ambiente ordenó la apertura de diligencias para esclarecer los hechos comunicados por los agentes, su naturaleza y las circunstancias en las que se produjeron los mismos, así como las personas intervinientes.
Tras recopilar esta información, se dedujo la presunta comisión de delitos de tres de las personas implicadas. Por un lado está Isabel María Rumí Ramos, promotora de la vivienda y María Benita Campos Molina, como técnica directora de la obra. A las dos se las acusa por parte del fiscal de Medio Ambiente de haber llevado a cabo, «cada una dentro de sus competencias», una construcción con tipología de vivienda en una parcela, ubicada en el término municipal de Lubrín, situada en suelo no urbanizable de especial protección. Para hacerse este chalé en medio del campo, la promotora había solicitado al Ayuntamiento de Lubrín licencia de obra mayor para la construcción de una nave almacén de uso agrícola.
Primera ocupación
Por aquellos entonces, el alcalde era precisamente Juan López Camacho, el concejal que dimitió ayer. Su relación con este asunto está en que expidió la licencia de primera ocupación para que pudieran dar de alta el agua en este chalé encubierto.
El juez Alberto Blanco Barberá, en su auto de 11 de abril de este año, reconoce que estos hechos «pueden encuadrarse en la tipificación punible que el Código Penal hace del delito contra la Ordenación del Territorio», delito que imputa a Campos y a Rumí. Asimismo, imputa al ex alcalde un delito de prevaricación urbanística.
A pesar de que en un primer momento se hablasen de motivos personales para justificar el abandono, fuentes socialistas consultadas por este diario aseguraron que «el PSOE tiene establecido que cuando se imputa a algún cargo público por delitos urbanísticos o medioambientales, se tiene que presentar la dimisión, a diferencia de lo que sucede en el PP, que esperan para abandonar el cargo público a estar condenados». Realmente en este caso ha habido una máxima diligencia por parte de los dirigentes socialistas que han adoptado esta decisión, ya sean los del PSOE de Lubrín o los propios dirigentes provinciales de esta formación. Y es que no ha pasado un mes desde que el juez tramitara este expediente hasta que se ha producido la dimisión.
Fuentes jurídicas consultadas también por IDEAL aseguraron que además del delito de prevaricación urbanística, el ex concejal del PSOE de Lubrín podría haber incurrido en otro de falsedad en documento público, ya que un alcalde no puede certificar, sino informar y el ex edil expidió una licencia de primera ocupación para el chalé construido en suelo protegido cuando era regidor de la localidad de Lubrín.
Silencio
Este periódico contactó asimismo con responsables del PP de Lubrín, que declinaron pronunciarse sobre este tema y aseguraron que todo este asunto responde a «rumores» que hay en la localidad, obviando el auto del juez de Vera y la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Almería. Y es que el ex concejal y ex regidor Juan López Camacho parece contar con el respaldo del pueblo, ya que hay un máximo silencio y máxima discreción en el municipio en torno al posible delito cometido.
Zurgena
El caso más reciente en el que también se han visto imputados representantes públicos en delitos urbanísticos es el de la localidad de Zurgena. Aunque se trata de casos muy distintos, ya que en la localidad zurgenera se dirime la legalidad de un millar de viviendas construidas sobre suelo rústico y al ex edil de Lubrín sólo se le acusa de haber concedido una licencia en suelo no urbanizable y de especial protección, hay similitudes en estos dos casos. La principal cercanía es que la imputación a Juan López Camacho le viene de su época como alcalde. Sobrevuelan su cabeza los delitos de prevaricación urbanística y podría llegar el de falsedad en documento público. Son dos de los delitos que ya se le imputan a Cándido Trabalón, alcalde de Zurgena, en la supuesta trama urbanística que destapó el mes pasado la Guardia Civil en la denominada 'Operación Costurero' llevada a cabo en la localidad.
* Ideal - ÁFRICA MATEO - 08.05.2008
Foto: Lubrín (Almería) - andaluciarustica.com
Vía libre para juzgar al ex alcalde de Oropesa
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ELPAÍS* : La Audiencia de Castellón ha desestimado el recurso de un imputado en el caso del edificio Mar de Oropesa, con lo que da luz verde a que acusación particular y fiscalía soliciten la apertura de juicio oral. En el procedimiento están imputados el ex alcalde de Oropesa Francisco Garrido, otros dos ediles del grupo independiente -en el gobierno municipal en 2003, cuando se originó el caso- y Juan Manuel Ribes, después expulsado del PSPV.
El arquitecto municipal también figura como imputado. El caso se abrió después de que un particular presentara una denuncia basada en la autorización que el Ayuntamiento de Oropesa otorgó para construir dos bloques de apartamentos sobre un suelo terciario destinado a cámping. Las acusaciones se centran en un posible delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Las penas estipuladas para estos casos ascienden a cerca de nueve años.
El arquitecto municipal fue quien presentó recurso contra la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Castellón. Alegaba que el cuestionamiento de la actuación municipal se ceñía al ámbito de lo contencioso. Sin embargo, la audiencia considera que el arquitecto emitió un informe favorable a la concesión de una licencia "que contravenía el plan general, del que era conocedor". Así, la Audiencia sigue la línea que marcó la juez en su auto, en el que señalaba que los cuatro concejales autorizaron la construcción de apartamentos en un suelo "incompatible con la edificación de viviendas residenciales" y añade que, pese a ello, el arquitecto "emitió informe favorable" pese a que existían otros tres informes desfavorables (de la secretaria, del colegio de arquitectos y del servicio territorial de Urbanismo), en los que, además, se advertía de la ilegalidad del proyecto.
La aprobación se remonta a 2003, con lo que el edificio ya está construido y habitado pese a que ni siquiera está legalizado. De hecho, el PP, en la anterior legislatura y cuando ya gobernaba el actual alcalde, Rafael Albert, trató de legalizar los edificios con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en un pleno que, posteriormente, fue anulado por vía judicial debido a un defecto de forma.
La participación del equipo de gobierno del PP en el intento de legalizar el proyecto llevó a la fiscalía a que la imputación se ampliara a los ediles que formaron parte de ese intento.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 08/05/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)
Los pleitos del Arzobispado de Valladolid salpican a la Junta de Castilla y León
ELCONFIDENCIAL* : El escándalo de la Fundación Emilio Álvarez Gallego ha terminado por salpicar a la Junta de Castilla y León. Si los afectados acusaron primero al Arzobispado de Valladolid de especular con el patrimonio inmobiliario de esta institución de ayuda a discapacitados, que administra la propia diócesis, ahora sus ataques se dirigen contra la Consejería de Interior y Justicia.
Los damnificados denuncian la total inacción del Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente de la Junta, ante la venta del subsuelo de la fundación a la compañía Promociones Parkosa. Un solar de 5.300 metros cuadrados, en pleno casco histórico de Valladolid, que la diócesis de Braulio Rodríguez vendió supuestamente por menos de la mitad de su valor real, tal y como informó este diario.
“Pese a conocer la ilicitud penal, la Junta no presentó ninguna denuncia ante la Fiscalía. Debemos preguntarnos por qué el Protectorado de Fundaciones, que debe velar por el cumplimiento de los fines fundacionales y está legitimado para cesar a los patronos, no investigó ninguna de las demandas que presentamos”, dice Julia Álvarez Arregui, sobrina del sacerdote que creó la Fundación.
También la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) ha reaccionado ante la pasividad del Protectorado. La asociación ha interpuesto una denuncia ante la Junta en la que solicita la inmediata intervención del organismo por presunta gestión irregular. Su objetivo, según fuentes próximas, es intentar impugnar a los patronos, todos ellos miembros del Arzobispado.
No obstante, fuentes de la Consejería de Interior y Justicia señalan a este diario que la Junta no ha recibido notificación de que haya un proceso judicial abierto. “Se considera que la Junta ha actuado con total transparencia y ha facilitado toda la documentación a quienes tenían derecho a acceder a ella”, afirman. Con ello, reiteran lo dicho por la directora de la Gerencia Regional de Justicia, María Felisa Herrero, en una reciente comparecencia sobre la Fundación, solicitada por el Grupo Socialista. En ella, Herrero destacó la "absoluta transparencia" de la Junta en este asunto y reiteró el "no intervencionismo" de la Administración regional.
Al respecto, Arregui asegura que entre la documentación que el Protectorado envió al Grupo Socialista no estaban las denuncias contra el Arzbispado. Sí había, sin embargo, un informe de tasación solicitado por la diócesis, que fija el valor de los terrenos de la Fundación en seis millones de euros. Es menos de la mitad del valor que les otorgó un informe de tasación anterior, encargado por los demandantes. Se da la circunstancia de que los dos informes son obra del mismo arquitecto técnico.
* El Confidencial - Ángel Martínez.- 07/05/2008
Foto: Valladolid, plaza mayor - wikipedia.org
La Fiscalía pide 5 años de prisión para Hidalgo, 4 para Massot y rebaja a 4 meses la petición para Gibert
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DIARIODEMALLORCA* : El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, solicitó hoy un total de cinco años de prisión para el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, cuatro años de cárcel para el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, mantiene un año prisión para el ex letrado municipal, Ignacio Mir, y reduce la petición inicial de pena del ex celador de Obras, Jaume Gibert, de seis a cuatro meses de prisión por su colaboración con la justicia.
Así se desprende del escrito del fiscal Joan Carrau, en el que se contempla la rebaja de la petición inicial de pena para Hidalgo, que pasa de los seis años que se solicitaban al inicio del proceso a los cinco que se piden ahora por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. Sobre el ex alcalde se ha retirado la acusación por un delito de falsedad.
Respecto a Massot, la petición de pena de prisión se ha duplicado, ya que al inicio del proceso la Fiscalía le acusaba de un delito de prevaricación por el que pedía dos años, mientras que en las conclusiones finales la acusación pública le imputa también un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita otros dos años de cárcel.
Por tanto, la petición final para el ex alto cargo sería de cuatro años de cárcel por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, que en caso de ser firmes en la sentencia le obligarían a entrar en prisión. Mientras, para el letrado municipal, Ignacio Mir, la Fiscalía solicita la misma pena que al inicio, de un año, por un delito de prevaricación urbanística.
La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado la petición de pena para Jaume Gibert, para el que inicialmente se solicitaban seis años de cárcel. La acusación pública pide ahora cuatro meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, una rebaja sustancial ya que su colaboración con la justicia ha actuado como circunstancia atenuante.
MULTAS PARA TODOS
Acompañadas a las peticiones de prisión, también se solicitan cuantiosas multas e inhabilitaciones. Así, para Hidalgo se pide inhabilitación especial por diez años y una multa diaria de 100 euros durante 20 meses.
En relación al ex director general de Ordenación del Territorio, la Fiscalía solicita una inhabilitación especial de diez años y una multa de cien euros al día durante 20 meses, mientras que para el ex letrado municipal se pide una inhabilitación de diez años y para el ex celador una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros, con inhabilitación durante 18 meses.
Asimismo, el fiscal solicita la demolición por parte de Hidalgo de la nave que fue ilegalmente construida y, en caso de que no lo haga, de manera subsidiaria solicita que lo realicen Massot o Gibert. La conclusiones finales de la acusación particular en representación del Ayuntamiento de Andratx y la defensa del policía local, Joan Ensenyat y de la edil de UM en el Consistorio, Isabel Alemany, solicita las mismas penas que el Ministerio Fiscal.
En estas conclusiones, la Fiscalía acusa a Massot de haber emitido el informe favorable a la licencia ilegal de construcción y señala que realizó actos de "colaboración imprescindible" y aconsejó al ex edil sobre cómo solicitar la licencia, a sabiendas de que Hidalgo no se iba a dedicar a la agricultura y de que ésta licencia era ilegal.
Sobre Hidalgo, la Fiscalía manifiesta que ya sabía que en el terreno que iba a comprar sabía que no podía construir, señalando que aprovechó su condición de alcalde para conseguir "que ningún vecino ni funcionario municipal pudiera oponerse a su proyecto de construcción de vivienda ilegal y que guardaran silencio sobre ello por miedo a represalias".
En relación a Mir, la Fiscalía le acusa de haber emitido un informe favorable a la concesión de la licencia, mientras que en relación a Gibert, el Fiscal deja patente que la construcción se concluyera "por temor a una reacción del alcalde". También se refleja que en febrero de este año, Gibert confesó ante la justicia su intervención en diversos delitos facilitando información sobre los mismos.
LIBRE ABOSLUCIÓN
Por su parte, todas las defensas de los acusados han solicitado la libra absolución de sus clientes, excepto el abogado de Gibert, Juan Luis Matas, quien se ha mostrado conforme con las peticiones de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, en representación del Ayuntamiento de Andratx y de los particulares Joan Ensenyat -policía local-- e Isabel Alemany --edil de UM en el Consistorio--.
Está previsto que mañana finalice el juicio sobre esta pieza, la número 56, que trata de esclarecer la construcción de un chalet por parte del ex alcalde con una licencia de ampliación de nave agrícola en un terreno clasificado como Área de Interés Paisajístico (Arip).
Los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach expondrán mañana a partir de las 10.00 sus conclusiones finales, que darán paso a las de la acusación del Ayuntamiento de Andratx, ejercida por Isabel Fluxà, y a las de la defensa del policía local y la edil de UM, ejercida por Miquel Borràs.
Posteriormente, harán lo mismo la defensa del ex alcalde, representado por Rafael Perera, del ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, quien es representado por Miquel Capellà. Posteriormente, presentará conclusiones el letrado, Josep Zaforteza, en representación del abogado municipal Ignacio Mir, y finalmente lo hará Juan Luis Matas, abogado de Gibert.
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS. PALMA - 07.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca), construcciones costa - efe, diariodemallorca.es
Torres más altas
MONCHO ALPUENTE* : De la Torre de Babel a las Torres Gemelas, los humanos ensoberbecidos no han escarmentado en su afán por escalar los cielos. El hombre es el único animal que después de haber tropezado dos veces en la misma piedra se vuelve y le da una patada. Las cuatro torres que se yerguen al norte de Madrid parecen las chimeneas gigantes de la humeante caldera de la gran fábrica de humos en la que se ha convertido la ciudad. Edificios emblemáticos llaman a los cuatro colosos de acero y hormigón, emblemas de la rapacidad y la rapiña, de la especulación inmobiliaria, hitos, menhires, megalitos que no rinden culto a los cielos, sino que pretenden conquistarlos...
..."El cielo de Madrid ya tiene dueño", titula un periódico digital, y el dueño se llama Florentino Pérez, el ex presidente del Real Madrid, el Señor de los Ladrillos, constructor de las fortalezas de Mordor, la Tierra Oscura, que afronta la crisis del sector, el derrumbe del edificante imperio, encastillado tras sus ciclópeas murallas y escuchando músicas celestiales.
Sobre la antigua Ciudad Deportiva del club blanco surgieron: Torre Espacio, Sacyr, La Mutua y Caja Madrid (antes Repsol), que es la más alta de todas, 250 metros frente a los 236 de sus compañeras. Florentino Pérez, responsable de la constructora ACS, las bautizó como Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham, los cuatro galácticos que acabaron perdiendo la guerra de las galaxias balompédicas. La megalomanía del gran constructor blanco, que también perdió su equipo, no conoce límites ni reconoce realidades. Las cuatro torres fueron construidas mientras se destruía y explotaba la vacua burbuja inmobiliaria en la que vivían los explotadores y los especuladores, aislados del mundanal estrépito y de las voces agoreras que anunciaban el declive del sector, previsible e ineludible. Es la maldición de Casandra, hija de los infelices Hécuba y Príamo, reyes de Troya, sacerdotisa de Apolo y condenada por el dios a profetizar siempre la verdad y a no ser creída nunca.
Arde Troya, pero sus hogueras siguen alimentando la voracidad de los constructores, destructores irresponsables que salvarán los muebles y la cara gracias a las limosnas del Estado. Se destruyen empleos y miles de inmigrantes se verán forzados a regresar a sus países con las manos vacías y encallecidas en vano, pero las 33 mayores constructoras del país forman piña y hacen lobby para recibir ayudas estatales, poniendo sobre la mesa de negociación los 400.000 puestos de trabajo que dependen de su organización, la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN). No lo hagan por nosotros, claman los lobbystas, háganlo por ellos, por esos pobres 400.000 trabajadores que no tendrán nada que llevarse a la boca.
Para más escarnio, el gran limosnero de la SEOPAN, pan para hoy y hambre para mañana, será David Taguas, el ex jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, asesor y amigo del presidente Zapatero, ahora del otro lado de la barrera. Antes daba y ahora pide: el pan nuestro de cada día dánosle hoy, que nosotros ya veremos lo que hacemos con él, nos quedaremos con la miga pero repartiremos las migajas sobrantes. Desde la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas apoyó especialmente a las empresas constructoras que hoy le devuelven el favor. Entre los 400.000 empleos a destruir nunca estará el suyo, ni los de sus nuevos compañeros de la banda empresarial. La SEOPAN, se defiende Taguas ante su presunta incompatibilidad, no es una asociación con afán de lucro, debe ser una oenegé, constructores sin fronteras y sin escrúpulos. Antes la empresa era un buen trampolín para saltar a la política, hoy la política es una excelente rampa de lanzamiento para aterrizar en la empresa privada. Los casos de Pizarro y Zaplana, ida y vuelta, son dos buenos exponentes. En la empresa privada los sueldos y las gratificaciones son mucho mayores y entran dentro de la borrosa legalidad, aunque casi nunca de la licitud. Forrarse con la política, que fuera el objetivo, cumplido, de la vocación de servicio público de Zaplana, es posible, pero conlleva mayores riesgos.
Las cuatro torres del norte son gigantes y molinos que siempre recogen vientos favorables. Colosales despropósitos erigidos en vísperas de una crisis que de haberse anticipado les hubiera impedido construirlas. El bonito juego de a ver quién levanta la torre más alta se parece bastante al entretenimiento infantil de comparar los tamaños de los órganos sexuales, a ver quién la tiene más larga. Juego de hombres, fálico y masturbatorio.
* ELPAIS.com - Opinión - Madrid - 07/05/2008
