AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : -Si tuviste que hipotecarte de por vida para acceder a una vivienda!
-Si a ti también te machacaron con la idea de que alquilar era tirar el dinero, y que el precio de la vivienda nunca baja!
-Si te sientes engañado por los políticos que durante años negaron que en España existiera una burbuja inmobiliaria!
-Si los bancos te cobraron comisiones desorbitadas, te endosaron seguros inútiles por la cara, y te estafaron con cláusulas abusivas!
-Si te ves obligada a elegir entre pagar la hipoteca o dar de comer a tus hijos!
-Si el banco te echa a la calle y encima te reclama parte de la deuda pendiente!
-Si encima el banco te presiona, te humilla y te maltrata !!!
Únete a nosotros!! Exigimos soluciones!! Decimos basta a la usura bancaria!! Los hipotecados nos plantamos!!
Somos miles. Juntos, podemos!!!
Sábado 24 octubre, 17 h
Pl. Sant Jaume (Barcelona)
* Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 13.10.09
Barcelona, Sábado 24 de Octubre: Concentración hipotecados!
Alhendín: El juez ve indicios de cohecho de los empresarios de Marchalhendín y Fernández
LAOPINIÓN/Granada* : El juez instructor del caso Marchelo considera en su auto judicial que existen indicios "suficientes" de que el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández (PP), pudo cobrar por sus favores una dádiva de los empresarios que constituyeron la mercantil Parque Empresarial Alhendín. La responsabilidad criminal de Fernández y los empresarios imputados Fernando Muñoz Nogueras, Juan Leocadio Muñoz Tamara, Luis Alonso Polo y Manuel Melguizo parte del ofrecimiento que hacen estos últimos al entonces responsable del Urbanismo en Alhendín, al que prometieron una participación en la sociedad del 1,5%.
En concreto, le ofrecieron, según consta en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, cuatro parcelas que sumaban 28.000 metros cuadrados y que se tasaron en 1.177.960 euros. El magistrado no califica la comisión de los delitos pero de su lectura se desprende que los implicados en la trama de Marchalhendín pudieron cometer un presunto cohecho, un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto y que también implica al que la otorga.
Todos los detalles pudieron incluso, según el juez, plasmarse en un documento privado que firmaron todos los implicados excepto Juan Leocadio Muñoz Tamara. El propio concejal, en una de las conversaciones grabadas, además de reconocerlo durante su declaración ante el juez, admitió que tenía el proyecto de montar junto a otras personas un establecimiento de comida rápida para las personas que trabajaban en el parque empresarial.
De las conversaciones telefónicas se desprende, según el juez instructor, que el concejal de Urbanismo llevó a cabo gestiones de intermediación de forma "intensiva" para resolver disputas entre los propios empresarios. Manuel Melguizo actuaría en la trama de corrupción como un "hombre de paja" o testaferro, encubriendo, según consta en el auto judicial, al concejal de Urbanismo, el "verdadero titular del 1,5%". Es más, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detecta que Manuel Melguizo ingresó un cheque de 34.800 euros en una cuenta abierta a nombre de un despacho de abogados en pago a los servicios profesionales prestados. Aunque no se precisa en el auto a quién pertenece dicho despacho sí se conoce que Fernández compatibilizaba su ejercicio en la política con su bufete de abogados.
El juez también se refiere a la declaración del propio concejal, "acuciado" ante el contenido de las grabaciones" y que, según el instructor, no calibró adecuadamente el alcance y trascendencia de sus palabras. Reconoció que existió un interés de los Muñoz –padre e hijo– y de Luis Alonso de que él entrara en la sociedad y tuviera participación. Aunque negó que llegase a figurar como socio, confesó que le llegaron a prometer entre el 1,5 y el 2%, admitiendo que dicha promesa llegó a plasmarse documentalmente en un contrato privado.
No ocultó que acudiera a los consejos de administración pero, en su descargo, sostuvo que ese 1,5% era una "participación futurible" sin repercusión monetaria.
* La Opinión Granada - P.M. / A.C. - 23.10.09
Foto: alhendin -ideal digital
Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron a Convergència
ELPAÍS/Barcelona* : La controvertida fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se demostró en los últimos años del pujolismo como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables del Gobierno catalán. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro.
Así lo demuestran las cifras que la misma fundación depositó en el registro de fundaciones de la Generalitat.
Entre 2002 y 2005, 34 empresas aportaron dinero a la fundación Trias Fargas. También lo hicieron dos fundaciones, la Puig y la del Orfeó Català, que presidía Fèlix Millet. Hasta 28 de las empresas donantes se vieron beneficiadas por decisiones del Gobierno catalán entre 2002 y 2003, los últimos con Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Artur Mas de conseller en cap.
Sin ninguno de estos datos y sin aportar pruebas, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall motivó una importante crisis política en 2005 al acusar a CDC de financiarse a través de comisiones sobre obra pública y empresas de servicios. Fue el denominado caso del 3%, que finalmente los partidos catalanes decidieron enterrar. Mas negó entonces solemnemente que su partido hubiera obtenido ingresos a cambio de favores a empresas. Maragall retiró las acusaciones. Jordi Pujol también aseguró recientemente, en la presentación de su libro de memorias, que su gobierno fue "poco clientelista".
Pero la documentación del propio partido crea sombras de duda sobre si los donativos de las empresas a la fundación del partido eran totalmente altruistas. La mayor parte de estas donaciones procedían de constructoras de obra pública con contratas del Gobierno catalán, de laboratorios farmacéuticos proveedores del departamento de Salud o de compañías que prestaban servicios a la Generalitat. Entre 2002 y 2005 las donaciones particulares a la fundación Trias Fargas ascendieron a 2,1 millón de euros, la mitad procedentes de empresas constructoras de obra pública. Muchas de estas empresas vieron reducidos sus contratos con la Generalitat con la llegada de la izquierda.
- Concesiones prolongadas. En septiembre de 2003, tres meses antes de salir de la Generalitat, el Gobierno de CiU firmó una resolución con la que amplió por otros ocho años -hasta 2014- las concesiones que vencían en 2006 a las dos empresas que gestionaban la Inspección Técnica de Vehículos. Las dos empresas eran Applus, entonces del grupo Agbar, y RVSA. Ese año, Agbar dio 90.000 euros y RVSA otros 48.000 a la fundación de CDC. No repitieron las donaciones en años posteriores.
Pasa a la página 2- Ampliación de Baqueira. La polémica ampliación de las pistas de esquí de Baqueira Beret, entonces propiedad de Catalana Occidente, vio finalmente luz verde en 2002 tras años de oposición ecologista y de la propia Generalitat. En mayo de 2002, el Gobierno de Jordi Pujol cambió de opinión y autorizó la construcción de 17 pistas en parajes casi vírgenes del Pallars Sobirà. Las obras empezaron en 2003. Catalana Occidente aportó aquel año 60.000 euros a la fundación de CDC y otros 60.000 en 2004.
- Compra de vehículos. Las empresas Motorsol y Autolica, dedicadas a la venta de coches, obtuvieron en 2002 un contrato por valor de dos millones de euros, que repartir entre sus sociedades, para suministrar de vehículos a los Mossos d'Esquadra. Motorsol y Autolica aportaron 5.000 euros cada una a la fundación Trias Fargas aquel año, pero no volvieron a registrarse nuevas donaciones en años posteriores.
- Adjudicaciones de obras. Las tres principales adjudicatarias de obras de la empresa pública Gisa, entonces dependiente del actual número dos de CDC, Felip Puig, aportaron fondos a la fundación del partido. La primera, FCC, les dio 60.000 euros. La misma cantidad aportó Copisa, que entre 1999 y 2003 fue la segunda contratista de Gisa. La tercera en liza es Comsa, de la familia Miarnau, que a través de tres de sus filiales entregó 160.000 euros a la fundación nacionalista. Las dos últimas empresas han caído del podio de constructoras de la Generalitat. Otra sociedad que inyectaba con frecuencia ingentes cantidades a la Trias Fargas era Rehac SA, que entre 1999 y 2004 se adjudicó obras de rehabilitación por 9,7 millones de Adigsa.
* ELPAIS.com - MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER - Barcelona - 23/10/2009
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El Ejido: Enciso compró barato un terreno donde iba un parque y lo vendió por el triple
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La Fiscalía investiga estos hechos, junto a otros muchos relativos a la trama urbanística, denunciados por partidos políticos, sindicatos y particulares desde el año 2007, que corre paralela a la de la empresa municipal de obras y servicios, Elsur, en este caso a través de subcontratas con las que los arrestados habrían obtenido grandes beneficios del Ayuntamiento inflando facturas y presupuestos.
De hecho, una de las partes en el caso ha destacado la importancia de esta trama urbanística , en la que se podrían haber invertido parte de los beneficios de las subcontratas de Elsur. «Es imposible que se hayan conseguido 150 millones de euros de beneficios sólo con las facturas infladas de Elsur, por muy graves que sean», asegura esta fuente, que piensa que, gracias a estos negocios urbanísticos, las ganancias podrían ser, incluso, superiores a esta cifra.
En concreto, la compraventa realizada por la empresa Enciso y Aguilera SL fue denunciada por Izquierda Unida y por el PP, aunque se de la circunstancia de que, cuando se produjo, Juan Enciso militaba aún en sus filas, puesto que fue expulsado y fundó el PAL en 2005.
Información privilegiada
Según Izquierda Unida, valiéndose de información privilegiada, la empresa familiar del alcalde adquirió los terrenos donde después se construiría un parque para, pocos días después, venderlos por más del triple a Gestora Ejidense, a la que pertenecen, bien como representantes o en sus órganos de administración, el propio matrimonio, a través de la empresa Enciso y Aguilera SL, además de los también detenidos Juan Antonio Galán Martínez, administrador de dos subcontratas de Elsur, Jardines del Poniente y Jardines del Alcor, y de Multigestión Ejido SL; Jesús Aragón García, administrador único de Sillar y Raíz SL, y Ambrosio Cuevas, administrador único de AGC, Agencia Consultoría y Gestión SL.
Fuentes de IU han señalado que en el entramado urbanístico en el que participan algunos de los detenidos, como informó ayer este diario, es habitual el trasiego de dinero con fines especulativos. En este caso, la coalición explica que el objetivo era conseguir la edificabilidad correspondiente al terreno donde iría el parque puesto que, a pesar de ser expropiado, los dueños de solares podrían trasladar dicha edificabilidad que les correspondía a otro lugar.
Se da la circunstancia, además, de que la empresa que vendió los terrenos a Enciso y Aguilera SL fue posteriormente adjudicataria de diversas obras municipales de gran presupuesto, como un plan de reforma interior adjudicado en octubre de 2004 y de la ordenación volumétrica y aprovechamiento de la agrupación de distintas parcelas municipales, también adjudicada durante 2004, pocos meses después de la operación de compraventa.
Pero éste es sólo un ejemplo de la trama urbanística. En la denuncia presentada por IU se citan otros muchos casos. Entre ellos se encuentra otro en que también está relacionada la mujer de Enciso, Francisca Aguilera, que en 2007 figuraba como administradora mancomunada de la empresa Ensap Plaza SL junto a un constructor y promotor que en su momento realizó para el Ayuntamiento la Plaza Mayor y que gestiona el parking junto al Consistorio ejidense.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 23.10.09
Foto: El Ejido (Almería), policía ayuntamiento -elpais
El propietario de Mahía se ve imputado en nuevos procesos
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ELCORREOGALLEGO/Santiago* : Un juez de Valladolid le investiga para saber por qué prestó 180.000 euros a un alcalde. En los próximos meses se va a intensificar la presencia en los tribunales de Ramón López Casal, propietario de, entre otras, la constructora Maexpa, antigua Mahía. Ayer tuvo que volver a comparecer en los Juzgados compostelanos de Fontiñas para dar cuenta sobre un nuevo capítulo de la demanda que abrió contra él su antiguo socio cofundador de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, quien le acusó de apropiación indebida.
Durante hora y media, entre las diez menos cuarto y las once y cuarto de la mañana, López Casal tenía que responder a las acusaciones de los abogados de Gómez Maroñas -Ulises Bértolo y Miguel Bajo Fernández- y de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, ana López-Suevos Fraguela.
Según pudo saber EL CORREO, López Casal se negó a responder a todas las preguntas que le realizaron Bértolo y Bajo y contestó negativamente sobre los aspectos que se le imputaban cuando las cuestiones se las planteaba la magistrada.
Gómez Maroñas acusa al presidente de Maexpa de manejar de forma irregular 27 millones de euros en forma de préstamos que se concedía a sí mismo desde empresas de su propiedad y que devolvía en las fechas posteriores tras, presuntamente, haber recibido ingresos de otras de sus firmas por similares cantidades a las prestadas. López Casal también fue cuestionado sobre la documentada participación de Gómez Maroñas en juntas a las que éste no asistió, según afirma en su demanda.
Próximamente en Valladolid
Pero los problemas judiciales de López Casal no acaban en Santiago. El magistrado de Instrucción número uno de Valladolid ha modificado la condición de testigo por la de imputado al propietario de Maexpa en el caso de presunta corrupción urbanística de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.
Ramón López tendrá que comparecer el próximo siete de diciembre ante ese magistrado como imputado para explicar junto a José Manuel Méndez Freijo, alcalde de Arroyo, y José Presas Zobra, propietario de Recreativos Dema, porqué le prestó en 2001 a Méndez Freijo 180.303 euros que éste no devolvió en el plazo pactado de tres meses, ni tampoco entre esa fecha y el año 2005, como refleja la contabilidad en la auditoria posterior que fue realizada.
El fiscal de ese caso recordó al juzgado en un escrito que Méndez declaró en 2008 que "no tuvo relación con Mahía", a la que, sin embargo, sí compró un piso en Vilagarcía de Arousa en 2004. Y además fue después de que la acusación particular -ejercida por la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI- entregase al juez las anotaciones del préstamo donde seguía figurando en la contabilidad de Mahía cuando la defensa de Méndez Freijo aportó un recibo firmado por su socio, José Presas, en el que se asegura haber recibido 15 millones de pesetas y, posteriormente, otro similar por la misma cantidad.
Claro que el fiscal mantiene sus dudas sobre esos documentos, que se presentaron al juez ocho años después de la concesión del crédito. Pero además, el acusador quiere saber por qué si el préstamo era para recreativos Dema no se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa, y por qué no se entregó mediante cheque. De ahí que el fiscal queira saber por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema y sí como representante de la constructora Mahía, propiedad de López Casal.
* El Correo Gallego - M. TIMONEDA - 23.10.09
Foto: Las oficinas de Maexpa ocupan ahora una pequeña parte de lo que fue la sede original de la firma - Patricia Santos, elcorreogallego.es
