ELDIARIOMONTAÑÉS* : Agua de borrajas. En eso parece haberse quedado el acuerdo del Parlamento de Cantabria en el que instaba al Gobierno regional a buscar una solución al problema de las sentencias de derribo de viviendas en la comunidad autónoma. Han transcurrido tres meses y el Ejecutivo regional no ha tomado ninguna decisión.
Cantabria cuenta con 23 sentencias firmes de derribo que afectan a un total de 532 viviendas repartidas en cinco municipios costeros (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos y Miengo). Todas las denuncias, excepto una (Escalante), fueron presentadas por la asociación ecologista Arca y en todos los casos se condena a los ayuntamientos y al Gobierno regional. Ambas administraciones son condenadas también en el caso de las sentencias por los daños morales ocasionados a las familias.
El pasado 17 de diciembre, el Parlamento de Cantabria aprobó, por unanimidad, «encomendar al Gobierno regional que, a la vista de la situación en que se encuentran las personas perjudicadas por las sentencias de derribo de viviendas, establezca, en el plazo más breve posible, un plan encaminado a dar solución, en la medida de lo legalmente viable, a los problemas planteados, teniendo en cuenta las distintas situaciones en que se encuentran las personas afectadas».
Según el Parlamento, el Gobierno deberá actuar «de acuerdo con la naturaleza de la situación planteada y a la vista de la ley y de la jurisprudencia, la posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidad, la posible legalización de los inmuebles, el asesoramiento a las personas afectadas y cuantas medidas de similar naturaleza se consideren procedentes». Por último, pide que, en la medida que sea necesario, le sean remitidas las iniciativas legislativas adecuadas para «permitir la viabilidad de la solución que se proponga».
La gran mayoría de las familias afectadas integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que viene pidiendo justicia y movilizándose desde hace varios años. Su presidente, Antonio Vilela, mostró ayer su decepción por la dejadez con la que están actuando los ayuntamientos y el Gobierno regional.
«Ellos son los condenados y están obligados a buscar una solución. Han pasado tres meses desde el acuerdo del Parlamento y no han hecho nada. Ni siquiera hemos podido hablar con Mediavilla -consejero de Justicia-. Les estamos pidiendo que, por lo menos, se informe a los jueces de los cambios que se producen. Por ejemplo, en Argoños se ha aprobado un nuevo planeamiento urbanístico y hay urbanizaciones que ya no son ilegales», afirma.
Según Vilela, el ejemplo a seguir es Andalucía, donde «se ha aprobado la suspensión de la ejecución de las sentencias mientras se busca una solución». «Si seguimos así, en Cantabria se van a producir algunos derribos cuando las urbanizaciones ya sean legales», señala.
Hasta el momento, no se ha demolido ninguna vivienda en Cantabria. Los ayuntamientos, atendiendo órdenes judiciales, siguen licitando los derribos, pero quedan desiertos. La única adjudicación tuvo lugar en el caso de El Encinar, pero la empresa, Erri-Berri, renunció el año pasado a ejecutar la sentencia tras recibir presiones.
En la asociación ecologista Arca es problema es visto de otra manera. Gonzalo Canales, su presidente, declaró recientemente a EFE que la demora en la aplicación de las sentencias de derribo «supone una clara burla al sistema democrático».
«La demora en la ejecución de las sentencias es injusta», sostiene Canales que cree que el que no haya empresas dispuestas a ejecutar los derribos responde a «las amenazas veladas» que, «según ha publicado la prensa» han vertido los propietarios de las casas contra los adjudicatarios.
* El Diario Montañés - 16.03.08 - J. I. ARMINIO
Foto: Piélagos, viviendas Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
Crisis en el urbanismo de Cantabria. Sin noticias del Gobierno
Los vecinos de Horta de Sant Joan tumban el proyecto del parque eólico
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ELPERIÓDICO/Tarragona* : Los vecinos de Horta de Sant Joan (Terra Alta) han votado hoy mayoritariamente contra el proyecto municipal de instalar un parque eólico en la consulta popular impulsada por el propio ayuntamiento. El 78% de los 811 vecinos de la localidad tarraconense que han acudido a las urnas -en una población de alrededor de 1.000 habitantes- han dicho no al proyecto impulsado por el consistorio, mientras que solo el 20% ha dado su apoyo.
Xavi Fortuño, uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, que se opone al proyecto, ha expresado su satisfacción y su sorpresa por los resultados, ya que se esperaba que fuera "más ajustado".
"Los vecinos de Horta de Sant Joan han entendido la amenaza que supone para el territorio la instalación de las empresas que iban a gestionar la planta eólica", ha agregado.
Votación vinculante
El alcalde de Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, convocó la consulta para conocer la opinión de los vecinos sobre el proyecto de instalación de un parque eólico que inició el ayuntamiento en el año 2002, cuando él no había accedido aún a la alcaldía.
Ferràs se comprometió en que si el no resultaba vencedor se denegarían los permisos del proyecto, que ya ha recibido la autorización del Departament d'Indústria y la declaración de impacto ambiental.
La Plataforma en Defensa de la Terra Alta y otras organizaciones ecologistas, como SEO/Birdlife y GEPEC/Ecologistes de Catalunya, sostienen que en el área donde se quería instalar el parque habitan especies de fauna y flora únicas y algunos carroñeros en peligro de extinción.
* El Periódico - EFE - 16/3/2008
Foto: Horta de Sant Joan (Tarragona) - ivive.com
La alegría de un derribo espectacular
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Estepona (Málaga): Imágenes del derribo espectacular de la estructura del edificio Prasa, situado en pleno paseo marítimo del casco urbano, en la playa de La Rada, frente a la barriada de pescadores.
NOTICIA.- ANTECEDENTES: La obra, que fue paralizada en 2003 porque no se ajustaba a la legalidad urbanística (entre otras irregularidades, invade zona de dominio marítimo-terrestre de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y carece de licencia para uso hotelero), tuvo su embrión durante el gobierno del GIL, en 1996, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con el propietario del solar, Acasa, donde se contemplaba una modificación de elementos en el PGOU para casi quintuplicar la edificabilidad de la parcela y otorgarle 22.000 metros cuadrados de techo para construir un hotel. En 1999 se aprobó esta modificación del planeamiento y unos meses después se le concedió a una sociedad del grupo Prasa, Estepona Beach 2000, la licencia para edificar.
El Ayuntamiento de Estepona firmó el día 20 del pasado mes de noviembre el convenio de planeamiento con la promotora Prasa para la demolición de la estructura. El acuerdo urbanístico contempla compensar a la empresa promotora por la superficie que se demuele en la parcela de La Rada y por las pérdidas ocasionadas durante la tramitación del expediente con 25.000 metros cuadrados de edificabilidad en unos terrenos ubicados en primera línea de playa, en Arroyo Antón (El Velerín). Los suelos son propiedad de Prasa y pasarán a disponer de un total de 35.000 metros cuadrados de techo, tras la operación urbanística de permuta de terrenos, aunque no se plasmará hasta que se apruebe la revisión del planeamiento. Será entonces cuando se analice esta operación en el contexto del modelo territorial que defina el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), si bien el equipo redactor que diseña la revisión del planeamiento ha emitido un informe favorable en el que se indica que los planteamientos del convenio se ajustan al plan.
(malagapueblos.com)
FOTOS: 8 de marzo de 2008.- Estepona (Málaga), derribo estructura hotel paseo marítimo/ urbanismopatasarriba
Casas sin gente... gente sin casa
GAS/Sevilla* : Tras el cierre de un centro para pernoctar en Sevilla, de nuevo la gente “sin techo” deben volver a pasar las noches en la calle, uniéndose a los cientos que pueblan la capital hispalense. De esta manera, se vuelve a poner de manifiesto la irracional situación de la ciudad, donde no cesa de construirse viviendas, mientras miles de casas están deshabitadas.
Las calles se llenan de gente. Los datos lo confirman: cada vez más extranjeros y jóvenes se buscan la vida en las calles de las ciudades andaluzas. En Sevilla, las cifras oficiales apuntan la existencia de 300 “sin techo”, aunque esta cifra, en la realidad, podría dispararse. Para pasar las frías noches sevillanas, el Ayuntamiento y diversas organizaciones (algunas de ellas de carácter religioso) ponen a disposición de estas personas un lugar donde dormir, pero sin embargo, esta medida se torna insuficiente.
Otro medio de supervivencia es la creación de barrios chabolistas, donde cientos de personas se unen para vivir, esperando viviendas que las autoridades prometen, pero que nunca llegan.
La Sala Guadalquivir, salón de conferencias, donde se había habilitado un espacio temporal para acoger a los “sin techo”, acaba de cerrar. Esto hace que de nuevo, cientos de personas tengan que sobrevivir en las calles sevillanas, donde por la noche las temperaturas bajan mucho. Esta Sala había llegado a acoger en este invierno hasta a 2.000 personas, lo que denota del problema real que vive la capital hispalense. Precisamente, el cierre del Centro Social Okupado y Autogestionado Casas Viejas, supuso la expulsión a la calle de varias personas sin lugar donde dormir y que pasaban allí las noches. De nuevo, una medida del Ayuntamiento los dejó a la intemperie.
De hecho, en este invierno, se han sucedido varias muertes de los llamados por los medios de desinformación “indigentes”, uno de ellos cuando ya había pedido auxilio a unos operarios del Ayuntamiento. Esta situación choca irracionalmente con el cierre de infraestructuras como la Sala Guadalquivir, la disminución del número de plazas en los albergues locales o, en sumo grado, con el enorme número de casas vacías existentes en la capital.
Estas casas vacías, compradas por especuladores, serán vendidas a precios de lujo para una minoría social, mientras cientos de jóvenes e inmigrantes deben quedar reducidos a las calles, algunos de ellos trabajadores, cobrando un sueldo ínfimo y sin nadie a quien acudir. Esta situación se refleja también en la expulsión de familias enteras en diversos barrios sevillanos, lo que ha causado que 25 familias que vivían en alquiler se hayan echado a la calle para reivindicar sus derechos a tener una vivienda y denunciar la actuación de los especuladores y asustaviejas, que consiguen pingues beneficios a base de la extorsión. Éstos desalojan, amparados en la legalidad o en la complicidad administrativa, a cientos de personas humildes que ahora se unen para proteger sus derechos.
* Grupo de Acción Social - 15/03/2008
Foto: Vagabundos, dibujo - redasociativa.org
Canarias: Golpe mortal a la moratoria
LAPROVINCIA* : La moratoria podría tener los días contados. La sentencia que obliga al Gobierno de Canarias a pagar una indemnización a los empresarios por no poder construir hoteles a pesar de "haber cumplido con los deberes urbanísticos concretos" coloca a la polémica Ley al borde del precipicio. El Supremo tiene la última palabra.
1.- La Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias ha estado siempre marcada por la polémica. Para empezar, el Gobierno autonómico lanzó un decreto, el 4/2001, que paralizaba ya la construcción indiscriminada de hoteles, pero muy pronto la Justicia lo anuló por las grandes deficiencias que tenía en su redacción. Apenas unos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbara este primer decreto, el Gobierno que presidía en aquel entonces Román Rodríguez contraatacó con un segundo decreto, el 126/2001, que también se mantuvo poco tiempo en pie, justo hasta que la Sala de lo Contencioso volviera a declararlo nulo de pleno derecho. Las sentencias que anularon ambos decretos fueron confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo. Ahora, la Ley 19/2003 recibe también un varapalo judicial de dimensiones incalculables, pues el TSJC acumula reclamaciones por valor de 1.500 millones de euros.
2.- La sentencia 78/08 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que contó con el magistrado Javier Varona como ponente, será en adelante un instrumento vital para entender el perjuicio causado por la moratoria turística. La sentencia viene a explicar que el Gobierno de Canarias creó un instrumento sin parangón en el marco legislativo nacional, y asegura que "no existen antecedentes normativos que hayan suspendido de forma indefinida el otorgamiento de licencias en suelos en los que el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos". Pero además, advierte que "no se trata de una suspensión transitoria o cautelar por tiempo determinado, sino un plazo indeterminado que queda a la voluntad de las administraciones que han de confeccionar los planes territoriales". Y apostilla el fallo, que "como suele ser habitual, ni los instrumentos planificadores han sido elaborados ni existe una certeza sobre cuando puedan cumplirse", por lo que "tal situación produce un perjuicio".
En síntesis, el fallo viene a explicar que el Gobierno de Canarias creó una Ley para salvaguardar la construcción indiscriminada pero que posteriormente la guardó en el cajón, por lo que la Administración debe pagar por su desidia.
3.- Una de las peculiaridades de la sentencia del magistrado Javier Varona es la forma que establece para fijar la indemnización que debe pagar el Gobierno de Canarias a los empresarios turísticos. Por hacer un símil, es como si los empresarios colocan un dinero en un banco a plazo fijo y reciben por ello los intereses que da el dinero. De esta forma, la Sala establece pagar el valor del Euríbor anual sobre la cantidad resultante del valor de los aprovechamientos urbanísticos que posee cada empresario. A todo esto, habrá que sumarle el interés anual habitual. Sólo con la sentencia que otorga al Grupo Seaside Hotels el derecho a ser indemnizado, teniendo en cuenta que el valor de sus aprovechamientos urbanísticos asciende a 19 millones de euros, resulta una cantidad anual de 600.000 euros, sin contar con los intereses, que podrían suponer otros 90.000 euros cada año. Por el momento, la suma supera ya los tres millones de euros.
4.- En su contestación a la demanda presentada por el grupo Seaside Hotels, del empresario Teo Gerlach, el Gobierno de Canarias argumenta que "si la Sala otorgase una indemnización a la actora por los daños que invoca, esto es, la pérdida de facto de su derecho a edificar, se produciría un enriquecimiento injusto, pues nada le impide después ejecutar su licencia ya obtenida y materializar unos aprovechamientos cuyo valor le habría sido resarcido previamente". Y es que en realidad, el empresario turístico Teo Gerlach (y el resto de los reclamantes cuyas sentencias saldrán en los próximos seis meses) lo que solicitaba a la Sala es una indemnización por el total del valor de los aprovechamientos urbanísticos de los que son titulares. De esta forma, y como quiera que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias apuntaron acertadamente que los empresarios no perdían sus aprovechamientos, sino que permanecían una vez se levante la moratoria turística, y con ello se les permita construir, la sentencia deja claras varias cosas: primero, que los empresarios mantienen sus aprovechamientos urbanísticos; después, deja claro que se produce un perjuicio por el tiempo en que no pueden disponer de esos aprovechamientos; y por último, fija la manera de pagar por el perjuicio.
5.- Diferentes expertos urbanísticos consultados por este periódico coinciden en afirmar que la solución al problema con el que se encuentra el Gobierno de Canarias tras la sentencia que estima el recurso del grupo Seaside Hotels no puede ser otro que un cambio legislativo o el levantamiento del veto a la construcción de hoteles, denominada moratoria turística. El primer paso, claro está, es el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero los expertos urbanísticos consultados coinciden también en que la sentencia de la Sala, que contó con el magistrado Javier Varona como ponente, está muy bien construida y fundamentada. Si el Supremo confirma el fallo del TSJC, las indemnizaciones a los empresarios con el mantenimiento de la moratoria en vigor supondrán un problema económico de calado. La otra opción sólo pasa por un cambio en la ley que permita a los empresarios construir.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 15 de marzo de 2008
Foto: construcción de un complejo turístico en el Sur de Gran Canaria - laprovincia.es
Almería entre la ley y la anarquía
JAVIER SALVADOR* : Un filósofo italiano dijo una vez que debe estimarse muy poco vivir en una ciudad donde las leyes pueden menos que los hombres. Yo no quiero vivir en esa provincia y Almería tiene ante sus narices un reto espectacular en el que deberá decidir si “todos moros o todos cristianos”. Hay que demostrar si las leyes son para todos por igual o nos sumimos en un estado de anarquía ciudadana en la que soy el primero que me niego a pagar impuestos.
Si un alcalde puede hacer una obra ilegal, sin licencia de apertura y multiplicando la edificabilidad, yo no quiero pagar IVA, retenciones o mejor aún, no pago la hipoteca porque como es la única casa que tengo no me pueden mandar a la calle con mis niños. Y ése es el juego que se trae entre manos Gabriel Amat con Gran Plaza y su reto a Chaves.
Almería tiene ante sus narices un reto. Demostramos que las leyes son para que todos las cumplamos o no las cumple nadie. Hay una tercera vía, que la Junta de Andalucía acepte públicamente que en esta comunidad, socialista desde que conoce la democracia, hay ciudadanos de primera que buscan el cobijo del PP y luego, muy detrás, viene el montón.
Se han terminado las elecciones y no hay más excusas. El dinero no puede tumbar el sentido común, el estado de Derecho y las normas que rigen nuestro comportamiento para nuestra propia protección.
Una cosa normal puede ser que no se cierre Gran Plaza por no afectar a las personas que allí trabajan, pero un alcalde que no sabe ni decir su nombre no puede retar a la Junta de Andalucía y hacerle un corte de mangas en un pleno diciendo eso de ven a por mi, que aquí te espero manolín.
Independientemente de que este individuo tenga un subidón y la pinza se le soltase hace mucho tiempo, lo que no puede ser, lo inaceptable por coherencia, es que el resto de ciudadanos veamos como algunos se pasan por el forro la ley que acatamos los demás.
Amat le ganó la partida a la Junta con un despliegue de euros sin precedentes comprando medios para su defensa ante el intento de la Junta de cerrar el centro comercial como medida que le obligase a tramitar la documentación que pueda hacer legal. Especiales publicitarios pagados con talonazos, un programa de Carlos Herrera para darse un baño de masas desde el mismo centro comercial Gran Plaza y chicas con camisetas ajustadas recogiendo firmas en el Paseo de Almería.
Y quizás ésa sea una de las claves de su victoria electoral en Almería. Igual hay que plantearse estar del lado de Atila, porque éste demuestra que nadie le toca.
Almería tiene ante sus narices la barbaridad de las barbaridades. Un informe de la inspección urbanística que hace temblar las piernas hasta al más experto urbanista y que no vale de nada para el receptor del mensaje.
Vimos pasar de largo los acantilados de Aguadulce. Somos testigos de cómo en un plan general se contempla una zona que supuestamente va a ser declarada de dominio público si no hay bajada de pantalones por parte de Costas y aún así nadie hace nada. Esto más que Almería empieza a parecerse a esa Calabria que nos describen en las novelas.
Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, ha retado a la Junta de Andalucía a que le toque si es capaz. El plazo que le dio la Junta para que restituyese la legalidad en el caso Gran Plaza termina el día dos de abril y el juego está más que claro.
Amat sabe que Tomás Olivo, promotor del centro comercial, no va a pagar el exceso de edificabilidad, pero también sabe que la ley es clara y que si no lo hace le pueden retirar las competencias urbanísticas del municipio.
Su juego se centra en la postura de fuerza y no ya en los puestos de trabajo, que en ningún caso peligran, sino aprovechando la situación política actual. Ha ganado las elecciones y cualquier actuación en su contra la venderá como una revancha del PSOE por el daño hecho. A diferencia del caso de Marbella el PP aquí no le va a apoyar, así que no le queda más remedio que asumir el riesgo y cumplir con la ley como prometieron a todos los andaluces hacer cumplir o con la mano puesta sobre la Constitución o perder el respeto de todos.
* Teleprensa - Almería - 16 de Marzo del 2008
