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ELPAÍS/Madrid* : En los juzgados de Parla se acumulan los legajos que hablan de la vecina localidad de Pinto (41.000 habitantes). Y una parte nada desdeñable están dedicados a operaciones urbanísticas llevadas a cabo en el municipio en los últimos años. Pertenecen a tres denuncias que investigan los juzgados 2 y 5, en las que se vincula a empresarios del Espacio del Motor, así como a otros relacionados con la Fundación Pinares, que preside el ex alcalde socialista, Antonio Fernández y que comparte sede con el PSOE local.
Tanto el proyecto del motor, como la fundación están en el punto de mira del PP. En ellos ven las razones a la moción de censura que el lunes les desalojará de la alcaldía a favor de PSOE, IU y Juntos por Pinto.
La primera de ellas se refiere al desarrollo urbanístico Punctum Millenium, que prevé levantar unas 10.000 viviendas. En 2005, el Ayuntamiento vendió su participación en la sociedad. Poseía la mitad del suelo y era la encargada de urbanizar. Según la denuncia, la venta de las acciones se hizo por un precio inferior al de mercado en alrededor de nueve millones de euros.
Además, los denunciantes alegan que, paralelamente, en la sociedad entran nuevos accionistas: cuatro empresas que se harían en conjunto con el mismo porcentaje que dejaba el Consistorio. En un escrito enviado al juez se identifican a las empresas beneficiarias, a las que califican de "afines al poder político y especialmente designados por el entonces alcalde de Pinto, Antonio Fernández". Una de ellas, hoy extinguida, era propiedad de Teodoro Martín, un promotor del Espacio del Motor. Otra de ellas pertenece a Antonio Rodilla, uno de los fundadores de la Fundación Pinares. Una tercera pertenece a la familia Carrero Manrique, relacionada con el portavoz de IU, Carlos Pénit.
El segundo caso tiene que ver con la permuta y posterior recalificación de una parcela municipal que se produjo hace dos mandatos. Según la denuncia que investiga el juez de Instrucción número 5 de Parla, el padre de un ex concejal del PSOE y socio fundador de la Fundación Pinares, Rafael Arellano, y otro empresario cambiaron al Ayuntamiento dos solares ocupados por un garaje y un antiguo cine a cambio de una parcela municipal en la que el Consistorio quería edificar un centro comercial. Tras la permuta, el Gobierno municipal, del PSOE, recalificó la parcela. Pasó a ser residencial y aumentó su edificabilidad.
Hay más. Los tribunales tienen también sobre la mesa el desarrollo residencial de La Tenería II. Allí el Ayuntamiento permutó en 2005 un suelo municipal por otro de propiedad de unos empresarios. La operación fue denunciada dos años después por el edil de Juntos por Pinto y firmante de la moción de censura que desalojará el lunes al PP del Ayuntamiento. En su denuncia se alegaba que la parcela municipal había sido valorada a la baja, mientras que se había inflado el valor del suelo privado, lo que había provocado al Ayuntamiento unas pérdidas cercanas a 1,5 millones de euros. Los beneficiarios de esa permuta eran varios miembros de la familia Carrero Manrique, vinculados al también firmante de la moción, Carlos Pénit.
* ELPAIS.com - J. S. DEL MORAL - Madrid - 20/12/2008
Foto: Pinto (Madrid), espacio del motor - pueblos-espana.org
Los jueces investigan el urbanismo pinteño
Sólo once de 268 alcaldes han denunciado ante la Fiscalía construcciones ilegales
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ABC/Valencia* : Los ayuntamientos dan la espalda a la ley y miran para otro lado ante las viviendas ilegales que proliferan en sus términos municipales. Así se desprende de las estadísticas de la Fiscalía de Valencia correspondientes a 2008: en lo que va de año el Ministerio Público ha incoado 130 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio. Sólo 51 de ellas tuvieron su origen en un denuncia previa de algún consistorio.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) obliga a los ayuntamientos a dar traslado a la Fiscalía de aquellas infracciones en las que aparezcan indicios racionales de delito o falta. Sin embargo, son escasos los alcaldes que cumplen con esta obligación como lo demuestra el dato de que sólo once de los 268 municipios de la provincia de Valencia pusieron en conocimiento del Ministerio Público la existencia de construcciones que podrían vulnerar la normativa urbanística.
Se trata de los ayuntamientos de Pedralba, Cullera, Bétera, Bellús, Moncada, Alginet, Rotglá y Corberá y Benimodo. Cada uno denunció en una sola ocasión. Los consistorios más colaboradores son el de Chiva, con 27 denuncias, Llíria, con 13, y Picassent, con tres.
Esos once ayuntamientos acaparan las 51 denuncias, que dieron origen a otras tantas diligencias de investigación penal de la Fiscalía. En el resto de casos, hasta llegar a 183, la intervención del Ministerio Público se produjo a instancias de la Conselleria de Territorio (36), Seprona (16), particulares (22), ecologistas (1), partidos políticos (1) y de oficio (1).
«Algo falla»
Los datos de 2008 son mejores que los de 2007. Entonces se incoaron 111 diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio. La Fiscalía sólo recibió 35 denuncias procedentes de Ayuntamientos. Sólo seis municipios denunciaron. De ellos, sólo cuatro -Llíria, Albalat dels Tarongers, Picassent y Chiva-, lo hicieron más de una vez. Pese a ese ligero repunte en la colaboración municipal, el coordinador de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, es concluyente. «Algo falla». Baños Considera «escandaloso» que «estando en boca de todos la existencia de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable sigan sin llegar denuncias a la Fiscalía», pese a que los Ayuntamientos, en muchos casos, tienen expedientes administrativos abiertos y, por tanto, conocen la existencia de esas irregularidades susceptibles de ser perseguidas como delito.
Es esta realidad que Baños califica de «chocante» la que ha obligado al Ministerio Público a intensificar la presión contra el urbanismo descontrolado y a solicitar a todos los ayuntamientos información relativa a los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la LUV.
El objetivo de la sección de Medio Ambiente es hacer un criba y asumir aquellos casos que, estando bajo la investigación de los ayuntamientos, han de traspasar la vía administrativa y ser asumidos por el Ministerio Público por existir indicios de delito. Hasta la fecha, apenas una decena de consistorios ha respondido al requerimiento de la Fiscalía.
Prevaricación por omisión
El Ministerio Público está convencido de que existe una «enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento de la Fiscalía»; mantiene que, el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema más grave de «prevaricación urbanística» de alcaldes y cargos públicos por acción y omisión, por permitir las edificaciones o por no hacer nada para eliminarlas. El caso Zarra, dicen, es sólo la «punta del iceberg».
La Fiscalía busca respuesta al problema en el Código Penal. Propone multa, cárcel e inhabilitación por prevaricación tanto activa como omisiva. Y propone también imputar a los ediles por omisión del deber de perseguir delitos, que se castiga con inhabilitación de seis meses a dos años.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 20.12.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
El cerebro de Urbanismo de Matas, ingresado en la cárcel para "evitar su fuga"
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ELPAÍS/Palma* : La Audiencia de Palma mandó ayer a prisión a Jaume Massot, el que fue cerebro de Urbanismo del Gobierno balear de Jaume Matas (PP), "para evitar su posible evasión y fuga de la justicia". Cuenta con dos condenas que suman ocho años y seis meses de cárcel por corrupción urbanística, que recurrió ante el Tribunal Supremo. Los jueces le señalaron una fianza de 200.000 para eludir la prisión.
Massot fue sentenciado en las dos primeras vistas del caso Andratx, ligado al urbanismo salvaje, y tiene pendientes decenas de juicios. Es el quinto alto cargo de la época de Matas que pasa por la cárcel en el último año.
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ayer su ingreso en la cárcel pero si la acusación particular, la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxá. Como ex director general de Ordenación del Territorio de Baleares, Massot participó en el diseño de grandes operaciones urbanísticas.
Trato con el fiscal
Poseedor de claves y secretos de la política de los negocios de planes y leyes territoriales, Massot comenzó en noviembre a negociar con la Fiscalía Anticorrupción un posible pacto de la colaboración con la Justicia: desvelar detalles y tramas delictivos a cambio de un mejor trato penal. Al ser detenido en 2006, Massot estuvo en el calabozo dos noches mientras que sus compañeros de banquillo, el ex alcalde Andratx Eugenio Hidalgo y ex celador de obras Jaume Gibert, fueron encarcelados 60 días.
Los jueces de la Audiencia justifican la orden de prisión por las "serias e importantes dudas" sobre cuáles son sus "verdaderas intenciones" [de fuga]. Massot, aparejador y funcionario, tuvo una empresa de asesoría a urbanizadores mientras era director general. Está acusado de blanqueo de capitales y ha sido investigado por supuestos depósitos en paraísos fiscales, que él niega. Los magistrados sospechan que cuenta con "importantes y cuantiosos ingresos no declarados y ocultos" procedentes de actividades delictivas, que le concederían una "capacidad y posibilidades económicas que favorecerían su posible evasión y fuga de la justicia".
El ex hombre de confianza de Matas será juzgado en otros sumarios por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas. Los jueces suponen que habría obtenido "ingresos no declarados" por "comisiones ilegales o de asesoramiento con finalidad ilícita".
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 20/12/2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
Juez y Tribunal de Cuentas investigan el contrato de la cuarcita del Gaiás
ELPAÍS/Santiago* : La justicia ha entrado de lleno en el caso de la cuarcita de la Cidade da Cultura, en el monte Gaiás de Santiago. La Xunta de Manuel Fraga encargó la piedra a una empresa del ex alcalde de Ortigueira Antonio Campo, del PP, un año antes de sacar a concurso el suministro. Y se lo adjudicó, a pesar de que un informe encargado por la propia Fundación Cidade da Cultura alertaba de las "incertidumbres" de las reservas para el revestimiento de todos los edificios del complejo cultural.
El juzgado de instrucción número 1 de Santiago y el Tribunal de Cuentas investigan los hechos.
La Consellería de Cultura se ha visto obligada a buscar en Brasil una cuarcita de características similares a la que se extraía de Muras (Lugo), debido a que las reservas se confirmaron insuficientes y de mala calidad. La cantera se explotaba sin licencias de ningún tipo, por lo que la Consellería de Política Territorial acabó por dictar su cierre. La UTE formada por la empresa de Campo y otras dos compañías ha ingresado dos de los seis millones de euros del presupuesto consignado. La Xunta presentará una demanda para recuperar los dos millones y exigir daños y perjuicios.
El caso se ha judicializado después de que los hechos fueran incluidos en el informe del Consello de Contas sobre la Cidade da Cultura. El Tribunal de Cuentas ha actuado a instancias del consejo gallego. Mientras, la titular del juzgado número 1 de Santiago, Ana López Suevos, ha solicitado a la consellería toda la documentación disponible sobre la adjudicación de la cuarcita, en la que está centrando sus investigaciones sobre las irregularidades relacionadas con la Cidade da Cultura cometidas durante el Gobierno del PP.
El ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela, del PP, fue dejando abundantes pistas de su intención de adjudicar la cuarcita del Gaiás a Campo. En agosto de 2001 concertó una entrevista de los administradores de la empresa con el arquitecto del proyecto, Peter Eisenman. Un informe de la empresa Proesga iniciado en 2002 y cerrado el 25 de febrero de 2003, además, identificaba con precisión la piedra que se iba a instalar en el Gaiás, pese a que el anuncio del concurso público no se publicó hasta el 13 de junio de ese mismo año. Tal era la seguridad de que esa sería la cuarcita elegida que hasta existía un informe que advertía de las previsibles deficiencias de suministro, y recomendaba al Gobierno de Fraga que exigiera algún tipo de garantía formal.
"Las incertidumbres en cuanto a las reservas que en estos momentos presenta esta cantera aconsejan que el fabricante ofrezca algún tipo de garantía formal que le implique en el suministro", reza una de las recomendaciones del informe. La Xunta hizo caso omiso, pero las previsiones se cumplieron a rajatabla. Desde el primer día el suministro fue escaso y deficiente, lo que obligó a rechazar buena parte del material y a ralentizar la ejecución de las obras.
La situación se agravó con la orden de cierre de Política Territorial, dictada el 11 de diciembre de 2006 por la inexistencia de licencias municipal y autonómica, aunque hasta el verano del siguiente año, Campo siguió con las extracciones. El entonces alcalde incluso ofreció mantener el suministro con un sobreprecio de entre el 135% y el 166%.
La empresa sólo pudo entregar 30.000 de los 50.000 metros cuadrados de cuarcita que le habían sido encargados, con los que se cubrieron los edificios del Arquivo Nacional y la Biblioteca. Los restantes serán recubiertos total o parcialmente con el material procedente del Estado brasileño de Minas Gerais. Según la consellería que dirige Ánxela Bugallo, el color y las características son las mismas que la de la cuartica de Muras, por lo que no se apreciará la diferencia.
Esta vez no ha sido la Xunta, sino las empresas que construyen el complejo las que han contratado la piedra, como suele ser habitual en este tipo de obras. Del presupuesto sólo ha trascendido que de momento ya eleva en 400.000 euros el aprobado en 2003. Antonio Campo dimitió sorpresivamente como alcalde de Ortigueira el 4 de octubre de 2007, una semana antes de que comenzaran las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de la Cidade da Cultura.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 20/12/2008
Foto: Obras de la Cidade da Cultura.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com
