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ELPAÍS/Madrid* : En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.
En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.
No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que recayeron en empresas próximas a la trama.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/11/2009
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es
Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre del pelotazo de Correa en Arganda
Objetivo, impulsar la vivienda de alquiler
ELPAÍS/Reportaje* : La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo.
Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?
Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.
El informe de Fedea hace hincapié en todos los males que acarrea un mercado inmobiliario arraigado en la propiedad: un excesivo endeudamiento de las familias, una baja movilidad laboral que impide que los trabajadores del sur se desplacen al norte, donde hay menos paro, o una tasa de emancipación muy baja en comparación con otros países. Según Fedea, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, cuando en Francia, Holanda y Reino Unido está proporción se mueve entre el 20% y el 22%.
Ahora bien, ¿por qué debe dejarse de construir VPP? El profesor de la London School of Economics y firmante del documento Luis Garicano sostiene que una primera razón es coyuntural. Con un stock de pisos que las estimaciones más conservadoras sitúan en un millón, levantar más pisos sociales supondrá "agravar" la crisis del sector. Pero hay más. "El principal motivo es el componente de lotería que tiene una vivienda pública, además del fraude que hay en las adjudicaciones. A quien le toca uno de estos pisos recibe una subvención enorme, mientras que otros se quedan sin nada", afirma Garicano.
A su juicio, el Gobierno debe eliminar, primero, las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. A la vez, prosigue, el Ejecutivo debe poner las bases para fomentar el alquiler de precio de mercado, dejar de construir VPP y crear un sistema de ayudas para subvencionar parte de la renta a las familias que no puedan acceder a una vivienda. Son palabras mayores para un país de propietarios y donde la construcción de pisos públicos es una de las principales políticas sociales de la agenda de cualquier partido.
Desde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la respuesta es clara: se coincide en el fin, el fomento del alquiler, pero no en el método. El subsecretario de Vivienda, Marcos Vaquer, explica que, a raíz de la crisis inmobiliaria y de las nuevas medidas del Gobierno, los contratos de alquiler subieron un 18%, lo cual ha permitido que el arrendamiento haya pasado del 11% del parque de viviendas español al 13,2%. Y este incremento se da incluso en ciudades donde el mercado de alquiler era más amplio y en el que se temía que hubiera tocado techo, como Barcelona, donde uno de cada cuatro ciudadanos arrienda.
Vaquer asegura que el Ministerio apuesta por el alquiler. Ahora bien, también "por un parque amplio y estable de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. No hay país que carezca de él". En estados como Dinamarca, Francia, Austria o Suecia el alquiler social representa más del 15% de todas las casas, y eso que en algunos países las políticas de signo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 liquidaron parte de ese parque. En Holanda, los pisos protegidos que se arriendan suponen incluso el 35% del total.
En cualquier caso, Vaquer rechaza que la política de vivienda se base "al 100% en cheques". Una fórmula que también rechazan los sindicatos. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que "la vivienda es un derecho constitucional" que requiere "políticas activas y no simplemente regulaciones del mercado". Por ello, López defiende "patrimonios públicos de suelo" y más VPP. Fuentes de CC OO aseguran, por su parte, que basarse en el alquiler libre es inviable, puesto que la oferta es reducida y los precios todavía son muy altos.
Tampoco las inmobiliarias lo aceptan, puesto que temen que el efecto acabe siendo nulo, como ocurre con las desgravaciones por la compra de vivienda. Pedro Pérez, presidente del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, opina que hay que ir "con mucha cautela" con las ayudas permanentes. "Hay fórmulas alternativas mejores y más limpias que estas subvenciones", sostiene.
Sin embargo, Pérez admite que la obtención de un piso protegido en propiedad sí es una lotería. "Resulta una política poco ponderada: o accedes a una vivienda en propiedad o bien te quedas sin tus necesidades resueltas", añade. La propiedad de la VPP plantea, además, otro debate: el de la inequidad.
Los detractores de la vivienda protegida de compra ponen siempre el mismo ejemplo: un joven de 24 años, por ejemplo, puede ser beneficiario de una VPP. Y este joven, al cabo de tres años, puede conseguir un buen empleo. Incluso puede ser directivo de una empresa al cabo de otros tres. Y no tendrá la obligación de devolver su piso a pesar de que ya puede acceder al mercado libre. En cambio, en el mismo concurso se habrá presentado alguien sin recursos que transcurridos seis años se hallará en la misma situación. Y además, al cabo de unos años -por regla general, 30- el piso pondrá venderse a precio de mercado libre.
Para evitar que la subvención acabe siendo un negocio y tener un parque de VPP estable, la Generalitat decidió que los pisos en suelo público sean protegidos durante 90 años. La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, rebate, además, el argumento de la inequidad. "Los veinteañeros no son el perfil de los que buscan un piso protegido de propiedad, entre otras cosas porque la mayoría no tiene los ingresos necesarios para comprarlo. Estamos viendo que la mayoría de los que tienen entre 22 y 30 años nos está pidiendo alquiler", asegura Trilla, que opina que la política de vivienda debe ser el resultado de usar "todos los instrumentos disponibles".
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que también firma el documento de Fedea, rechaza la VPP de compra, pero no se opone a un parque público de vivienda de alquiler. "Lo ideal sería que los subsidios al alquiler funcionaran bien, pero el problema es que pueden ser inflacionistas", indica.
Ahí está el ejemplo de las ayudas al alquiler para jóvenes, de 210 euros, que en algunos casos supusieron que los alquileres se encarecieran porque el propietario sabía que el inquilino iba a disponer de más recursos. Luis Garicano, no obstante, no cree que ese sea ahora el problema más acuciante. "Puede ser un revulsivo. Imaginemos que una ayuda de 120 euros se reparte a partes iguales entre arrendador y arrendatario. Es una forma de ayudar a la oferta y a la demanda", asegura.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 16/11/2009
Foto: La recesión no ha facilitado el acceso a las viviendas protegidas. En la imagen, uno de estos edificios en Barcelona- elpais.com
El Ayuntamiento de Arboleas preveía construir 6.000 viviendas y multiplicar por 15 su población
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ELCONFIDENCIAL/Almería* : El Ayuntamiento de Arboleas, intervenido ayer para recabar documentación de licencias urbanísticas, preveía construir 6.000 viviendas para multiplicar por 15 su población. De esta forma, la localidad almeriense, de 4.000 habitantes, alcanzaría los 50.000 habitantes, según las denuncias de Ecologistas en Acción ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Estas “ilegalidades urbanísticas”, como critican los grupos ecologistas, se están cometiendo en siete pedanías del municipio de Arboleas: Los Carrascos, Los Garcías, La Perla, El Germán, Los Llanos de Arboleas, Limaria y Los Higuerales.
“La situación de efervescencia urbanística que presenta este municipio ha hecho que al mismo lleguen promotoras de municipios vecinos, sobre todo de Albox, y promotoras de otros puntos de la provincia, Almería capital fundamentalmente, todas ellas atraídas por la facilidad con que se gana dinero con el ladrillo”, critican en Ecologistas en Acción.
El modus operandi en este municipio se basaba en crear “nuevos macro-núcleos de población dotados con centro comercial”. Es el caso de la construcción en los Llanos de Arboleas con más de 2.000 viviendas, arrancando numerosas hectáreas de arbolado y destruyendo parte de la Cañada Real Cullar-Arboleas.
Un pueblo copado por británicos
El municipio, en el que residen 1.000 británicos, aprobó su PGOU a finales de la década de los noventa con la bendición de la Junta de Andalucía. El problema fue la manga ancha en la aplicación de las normas subsidiarias urbanísticas, ya que se aplicó como núcleo de población consolidada cualquier cortijo de Arboleas, “ante lo que podría ser un claro ejemplo de abuso de ley de la figura urbanística de los diseminados de ámbito rural”, según destacó a este diario un portavoz del grupo ecologista. En Arboleas se han construido nuevos núcleos de población donde antes sólo existían dos o tres cortijos.
Para Ecologistas en Acción, además de la “destrucción del territorio” y el avance del desierto se une la “contaminación producida por el ingente volumen de aguas residuales sin depurar provocada por las miles de viviendas ilegales, y los pozos ilegales que se están realizando, para -entre otros usos- piscinas, en una zona de una gran dependencia y escasez de agua”.
Según un comunicado de prensa enviado ayer por la tarde por el alcalde socialista del municipio, Ángel Jesús García, el registro sólo se había limitado al despacho del que ha sido secretario accidental del Ayuntamiento de Arboleas, Fernando García. Este secretario accidental ha desarrollado esta función desde el año 2000 hasta el mes de junio de 2009, cuando fue sustituido por una secretaria de habilitación.
* El Confidencial - Agustín Rivera (Málaga).- 17/11/2009
Foto: Vista de Arboleas (web del municipio)
El TSJA anula el acuerdo para urbanizar un monte en Málaga
ELPAÍS* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado en sentencia firme el acuerdo que en septiembre de 2002 adoptó el pleno municipal de Málaga, con los votos del PP, que declaró de utilidad pública el complejo residencial centro ruso de Málaga, lo que significaba la autorización a construir en suelo no urbanizable con protección paisajística en el monte San Antón, uno de los pulmones de la ciudad.
El TSJA ha dictaminado que una declaración de utilidad pública en no urbanizable requiere el visto bueno de la Junta, que primero lo negó y luego impugnó judicialmente el acuerdo municipal. La sentencia considera además que el Ayuntamiento optó por una vía equivocada, un plan especial, que "se excedía" porque alteraba el plan general de ordenación urbana.
El centro ruso, que contemplaba 70 viviendas, hoteles e instalaciones deportivas y culturales, quedó desechado en 2005. Su promotor ha sido sancionado varias veces por construir en suelo no urbanizable y desobediencia.
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 17/11/2009
Foto: Málaga, monte san Antón - diariosur.es
Castelló: El PP vuelve a aprobar en solitario el mismo PGOU de 2000 que anuló el Supremo
LEVANTE* : El Partido Popular del Ayuntamiento de Castelló utilizó ayer su mayoría absoluta para volver a aprobar en solitario el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 - anulado desde diciembre por el Tribunal Supremo- y rechazó tanto las 662 alegaciones ciudadanas como los requerimientos legales del secretario.
La revisión del plan se rubricó en un pleno extraordinario que, diez años después, ha ratificado un documento idéntico al de 1999 que finalmente fue anulado por los tribunales, punto por punto, coma por coma... El gobierno local argumenta que no fue el contenido del plan lo que el Supremo invalidó, sino un mero "error formal de procedimiento".
La sentencia del Alto Tribunal concluye que el ayuntamiento privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones y anula el PGOU al tiempo que ordena un nuevo proceso de alegaciones.
Dicho periodo se abrió el pasado mes de julio después de más de seis meses de pugna del ayuntamiento para eludir la ejecución del fallo y tras una decisión definitiva del Tribunal Constitucional, que rechazó la admisión del recurso del consistorio. El documento se expuso en su totalidad a los ciudadanos por orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la posibilidad de interponer alegaciones se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sin embargo, tanto el PP como el Arquitecto Director del Plan General, Javier Vidal, descartan 617 de los escritos por "improcedentes" al considerar que no se refieren a las modificaciones sustanciales. Además, desestiman por razones técnicas los 45 restantes que sí son relativos a las mencionadas modificaciones.
Debate
Los concejales iniciaron el debate siendo conocedores de que hasta dos informes del secretario advertían sobre deficiencias legales del plan y reclamaban que la asesoría jurídica clarificara si era necesario adaptarlo a la legislación actual -especialmente a la Ley Urbanística Valenciana (LUV)-. Entre las supuestas irregularidades destaca la autorización para construir en zonas verdes.
La sesión estuvo marcada por las pancartas de protesta contra el proyecto del trolebús en el parque Ribalta y por la intervención del alcalde, Alberto Fabra, para prohibir el aplauso vecinal a la oposición. "Les advierto que no se puede aplaudir para mostrar agrado o rechazo y es una falta grave; si aplauden tendrán que abandonar la sala y, lamentablemente, someterse además a esa falta grave".
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. La primera de ellas llegó de la mano del portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, que cuestionó que el PP considere la mayor parte de las alegaciones "improcedentes" y puso en duda que el proceso haya cumplido la sentencia del Supremo. "Si ustedes invitan a la población a presentar alegaciones, incluso en el Boletín Oficial, a todo el documento, cómo nos dicen después que no se puede. No tiene sentido. Por otro lado, los informes técnicos hacen dudar de si con esto hemos cumplido la sentencia del Supremo. No podemos votar a favor".
Por su parte, el portavoz socialista, Juan María Calles, hizo hincapié en "la falta de sensatez y la ceguera del PP al despreciar todas las opiniones de los ciudadanos sin dar la respuesta motivada que exige la ley. Este Plan General agoniza ¿Me dice que ni un solo ciudadano tenía una idea positiva?".
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 17.11.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
La presidenta del Parlamento de Baleares declara como imputada en un caso de corrupción urbanística
ELPAÍS* : La presidenta del Parlamento de Baleares e imagen de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar (Barcelona, 1955), declara hoy como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Está citada por el magistrado Javier Muñoz que investiga el caso de supuesta corrupción en el proceso de venta a mitad de su precio real de la parcela pública de Can Domenge, apta para 600 viviendas, cerca del centro de Palma de Mallorca.
"Me he sentido realmente apoyada por los míos", ha asegurado Munar, tras su declaración en el juzgado, en una breve comparecencia en la que no ha admitido preguntas. La presidenta del Parlamento ha añadido que los políticos sufren "penas de telediario" y que cualquier cargo con responsabilidad puede tener que ir a declarar si alguien presenta una querella.
A la entrada de Munar en el tribunal un centenar de personas exigían su dimisión, mientras un grupo de seguidores de su partido la vitoreaban.
El caso penal nació de la querella criminal que presentó en 2007 contra políticos de UM y PP del Consell de Mallorca el promotor barcelonés José Luís Núñez, que ofertó 60 millones de euros por el negocio inmobiliario que se adjudicó en 2006 a la firma catalana Sacresa por 30 millones. En la causa se investigan supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales, negociaciones prohibidas y revelación de secretos en el proceso de adjudicación.
La minoría bisagra UM decide el signo del poder en Baleares desde 1983. En la actual legislatura 2007-2011 Munar y sus otros dos diputados 'bisagra' de UM apoyan la mayoría de centro izquierda que encabeza el PSOE, en los gobiernos de Palma, Mallorca y Baleares. Durante más de una década el urbanismo en Mallorca ha estado controlado por los mallorquinistas, alternativamente con la derecha y los socialistas. El negocio de Can Domenge, según un diseño de Jean Nouvel, fue anulado por la actual alianza de gobierno.
Además de Munar otras tres figuras de UM están encausadas en este asunto de Can Domenge: Miquel Nadal, consejero de Turismo y ex líder de UM; Tomeu Vicens, ex secretario general del partido y diputado (suspendido de militancia), y el actual presidente del grupo y consejero insular, Miquel Àngel Flaquer. El diputado del PP, Fernando Rubio, está imputado y hoy acudirá a declarar. También está implicado en la causa el ex consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña por CIU, Joan Maria Pujals, que trabajaba como mediador asesor para la expansión de la inmobiliaria Sacresa que adquirió el solar. Pujals trató con Miquel Nadal -que era vicepresidente del Consell- detalles del concurso antes de que fuera público.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 16/11/2009
Foto: Palma, Can Domenge - concatel
