ElPAÍS* : La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, pedirá 20 años y nueve meses de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero. El escrito de calificación, que se ha de formalizar ante el juzgado nº1 de Nules, calcula así las penas correspondientes a las imputaciones por las que, a juicio de esta parte de la acusación, ha de ser juzgado el también presidente del PP castellonense, al que el juez le ha imputado por los mismos presuntos delitos, a excepción del blanqueo de dinero.
Tal como adelantó en la concreción de las imputaciones, la acusación popular considera que Fabra debe ser condenado por cinco delitos fiscales, cometidos entre 1999 y 2003, por los que pide dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, así como una indemnización del dinero defraudado a Hacienda multiplicado por seis.
Según el informe pericial, Fabra dejó de ingresar en estos años un total de 980.000 euros, conclusión a la que llegaron después de que en sus cuentas hallaran ingresos por un valor superior a los dos millones de euros que no se correspondían ni con la renta ni con el patrimonio declarados.
Además, la acusación considera que Fabra ha sido autor de un delito de tráfico de influencias por el que reclama una pena de un año de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. En cuanto al cohecho, apunta que habría de ser condenado por los delitos de cohecho activo continuado y cohecho pasivo continuado, por los que pide un total de cuatro años. A ellos se une la petición por blanqueo, de tres años, lo que eleva a más de 20 años las penas de cárcel que solicita.
Respecto al resto de imputados, la acusación popular pide 13 años para la ex esposa de Fabra, por cuatro delitos de fraude fiscal y blanqueo, y cuatro de prisión tanto para el empresario que acusó a Fabra, Vicente Vilar, como para su ex esposa, Monserrat Vives.La Fiscalía Anticorrupción ha retrasado la presentación de su escrito de calificación porque tenía pendiente de notificación una parte del procedimiento, según indicaron ayer fuentes de la fiscalía. Las mismas fuentes manifestaron que Luis Pastor, el fiscal que interviene en el llamado caso Fabra, por el que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, no disponía del total de las amplias diligencias que se han instruido a lo largo de los más de seis años que han pasado desde que se abrió la causa.
Por ello, la fiscalía requirió al juzgado número 1 de Nules para que completara la documentación y entendió que, de esta manera, el plazo de cinco días marcado por el juez no contaba para esta parte de la acusación.
Según fuentes fiscales, citadas por Europa Press, el juzgado ha remitido ya a la fiscalía la documentación que faltaba, por lo que a partir de ahora empieza a correr el plazo para presentar las solicitudes de pena.
El ministerio público ha de concretar también las solicitudes de penas para el resto de imputados, Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, su ex esposa, Monserrat Vives, y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández.
Sobreseimiento
Pese a que la causa contaba con otros nueve imputados, en la vistilla que prevé la Ley del Jurado, la fiscalía solicitó el sobreseimiento respecto a todos los imputados excepto los cuatro citados. El fiscal se basó en la ausencia de indicios suficientes para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama. Por el contrario, la acusación popular sí que ha formulado una solicitud de pena para cinco de ellos, para los que reclama un año de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de dos millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias.
La acusación insiste además en que debería imputarse a los directores de los bancos en los que Fabra realizó los ingresos, así como al empresario Antonio Bonet, que pagó un préstamo del presidente de la Diputación de Castellón en el que aparecía como avalista. Para todos ellos, a los que considera autores de un delito de blanqueo de dinero, pide tres años y tres meses de prisión.
* El País - 13.07.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
Castellón.- La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Fabra
Barcelona.- Un hotel en el solar de un polideportivo
ELPAÍS* : Un carnet de socio de una piscina municipal o un club deportivo, o una tarjeta con una vaga alusión a la práctica de algún deporte, puede servir para hacer una reserva en el Hesperia Sport, un establecimiento con licencia para ser una residencia de deportistas pero que, en la práctica, es un hotel. Con unas instalaciones deportivas muy completas, pero un hotel a un paso de la Sagrada Familia. Es decir, en una de las zonas más turísticas de la ciudad.
Es una de las piezas de la llamada Illa Myrurgia, en la calle de Nàpols. El Ayuntamiento de Barcelona requirió hace algo más de una semana el cese de actividades al Hesperia Sport porque "incumple la licencia de actividades", según fuentes municipales. Este es el segundo requerimiento municipal. Eso sí, se hizo después que el enfado vecinal llegara al extremo de llevar el caso a los tribunales de lo contencioso -y a los medios de comunicación- el pasado mes de abril por lo que consideran un fraude urbanístico.
Los vecinos están absolutamente en contra de que lo que debería haber sido un equipamiento deportivo y una residencia para deportistas se haya transformado, sin más, en un hotel. Se sienten defraudados especialmente por el Ayuntamiento, porque no pone remedio y por la forma en que se ha ejecutado un plan urbanístico aprobado hace casi 10 años. Primero se levantaron los pisos -mercado libre- y la supuesta residencia de deportistas; al final, la guardería, y esta primavera se ha abierto el interior de manzana. El Hesperia Sport se abrió a principios de 2009 sobre unos terrenos con calificación urbanística de equipamiento privado.El promotor fue el que propuso la fórmula de residencia para deportistas. En Internet, en cambio, se anunciaba como hotel. Ahora lo hace como "establecimiento deportivo integral". Los vecinos denunciaron la anomalía y el 14 de julio de 2009 el distrito del Eixample comunicó la orden de cese si la actividad del Hesperia Sport no se ceñía estrictamente a la licencia. Se hizo después de comprobar -tras una inspección de cotejo de las admisiones- que quienes se alojaban no era deportistas.
La empresa, entonces, se comprometió a tener un libro de registro que demostrara, de forma fehaciente, que sus huéspedes eran, de verdad, deportistas. Ese compromiso -treta, en opinión de los vecinos- le valió para que en octubre del año pasado el distrito le retirara la orden de cese de actividades, según las explicaciones del Consistorio.
En abril los vecinos decidieron llevar lo que ellos consideran un fraude a los tribunales. Poco después, el distrito reanudó las inspecciones al establecimiento, donde, por segunda vez, no pudo comprobar que los alojados fuesen deportistas: "No había una documentación de deportistas federados, sino como mucho, números de carnés de gimnasios de la ciudad y de clubes de fútbol", concreta el gerente del Eixample, Màxim López. De ahí la nueva orden de cese que se comunicó hace algo más de una semana. "La empresa tiene un tiempo para presentar alegaciones y demostrar que cumple la licencia. Si puede demostrar que aloja a deportistas -aunque puedan estar acompañados de alguien que no lo sea, como pasa con los menores- la orden de cese quedará sin efecto. Si no lo hace se podrá proceder al precinto", añade el gerente. ¿Plazo? "Un mes", contesta.
Más dudas tienen los vecinos que se movilizaron. Joan Balanyac, de la asociación de vecinos de la Sagrada Família, cree que la única forma es presionar: "o se toman en serio las inspecciones o no se conseguirá nada", apunta. El abogado que ha presentado el contencioso, Daniel Jiménez, califica de "perversión" urbanística confundir una residencia de deportistas con un hotel.
La directora del establecimiento en cuestión, Lucía Arroyo, asegura que siempre se han atenido a los requerimientos del Ayuntamiento y que lo seguirán haciendo ahora tras recibir la segunda orden de cese: "Estamos negociando llegar a acuerdos con equipos, está claro que es una residencia de deportistas".
* El País - 13.07.10
Foto: Entrada del Hesperia Sport, en el barrio de la Sagrada Família.- elpais.com
Marbella.- El fiscal se basa en las tesis del juez Torres para pedirle a Corulla 100 millones por ‘Malaya’
ELCONFIDENCIAL* : Montserrat Corulla, La dama del velo blanco, se enfrenta a una multa de 100 millones de euros y a cuatro años de cárcel, tras la petición del fiscal Juan Carlos López Caballero por su presunta implicación en el delito de blanqueo de capitales en el caso Malaya. La solicitud de la condena se basa, prácticamente en su totalidad, en las tesis mantenidas en el auto de procesamiento que dictó el juez Torres antes de apartarse del procedimiento. Montserrat Corulla, descrita a lo largo del voluminoso sumario Malaya, como la principal testaferro de Roca y a quien el propio Juan Antonio Roca (alias El Piedras y alias Juanito Valderrama, según denominaciones usadas por la propia Corulla), describe como "una fenómena", entró en contacto con la trama marbellí a través del despacho de abogados Sánchez-Zubizarreta, según reconoció ella misma ante el magistrado.
La abogada más codiciada mediáticamente, admitió en su declaración judicial que actuaba como mujer de paja del supuesto artífice de la corrupción marbellí, y que cobraba un salario mensual de 4.000 euros como empleada de una de sus sociedades. En uno de los testimonios a petición propia, afirmó que “había firmado dos transferencias de cantidades millonarias a Suiza desde el despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor “pero sin saber el destino de los fondos”.
Ya en el auto de procesamiento fijado por el juez Torres fechado en Marbella el 18 de julio de 2.007 se fijó la suma de 100 millones de euros de multa para “Montserrat Corulla Castro, Miguel Pérez Camino, Gonzalo Astorqui Zabala y Julio Blasco Garrido, atendiendo simplemente a los fondos recibidos y objeto de blanqueo en sus entidades como Condeor, Masdevallía y Lipizzar”.
La Corulla en el segundo estadio
En el escrito de López Caballero se afirma que en la estructura delictiva de Roca se practicaba la división del trabajo. En la cúspide se encontraban los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que creaban y mantenían el entramado de 71 empresas tras las que Roca ocultaba su patrimonio y que recibió ingresos en metálico de 25,5 millones de euros entre 1994 y 2005.
Montserrat Corulla se encontraba en el segundo estadio: dentro del conjunto de los encargados de adquirir y gestionar los inmuebles “de su jefe”, como los hoteles de El Rocío (Huelva), Los Alcázares (Murcia) o los tres palacios que Roca poseía en Madrid. Según se desprende de la investigación policial Montserrat Corulla empezó a recibir órdenes directas del “jefe”. En una de las conversaciones intervenidas por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Corulla se quejaba de que “El Piedras nunca tiene bastante…”, hecho que la hacía que tener que trabajar más que el resto de los letrados del despacho para no enfadarle.
La niña mimada
Algunas imputadas del caso Malaya se han quejado del trato de favoritismo que han dispensado “los jueces con la Corulla”. Montse, además de ser una de las pieza clave en la trama, ha sido en todo momento “la niña mimada del proceso”.
El 29 de marzo de 2006 la abogada fue detenida en la primera fase de la Operación Malaya. Ahí el mundo se le vino encima. Tras negarse durante cinco meses a confesar sus actividades presuntamente ilícitas, el 28 de agosto del 2009 compareció a petición propia ante el juez Torres para hablar. Y allí contó todo lo que debía contar. Durante el transcurso de esta declaración pactó una serie de condiciones que le permitieron, una semana después, el 4 de septiembre, salir de la prisión de Alhaurín de la Torre tras depositar una fianza de 60.000 euros. Y lo que es más, en diciembre de ese mismo año viajó a Sudáfrica con su novio de entonces, el empresario Gonzalo Muñoz, para pasar las Navidades junto a su familia de safari.
Entre esas medidas de favor que se pactaron el día de la confesión de la La dama del velo blanco estaban “la de archivar ciertas conversaciones telefónicas privadas de Corulla para proteger su intimidad”. Parte del contenido de estas conversaciones luego vieron la luz, porque paralelamente a las escuchas policiales del caso Malaya, Monserrat Corulla tenía pinchado el teléfono por detectives contratados por Muñoz, sospechoso de que le era infiel.
Por amigos comunes
La acusada de blanqueo de capitales admitió ante Torres que actuaba como testaferro de Roca y proporcionó valiosa información para el proceso judicial, según aseguraron fuentes cercanas al caso. Montserrat Corrulla relató al juez Miguel Ángel Torres que conoció a Juan Antonio Roca a través de amigos comunes que le pusieron en contacto con el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, cuyo equipo de abogados fabricó, supuestamente, todo un entramado societario a través del cual se ocultaba y blanqueaba el patrimonio obtenido ilícitamente por ex asesor de urbanismo en el Ayuntamiento marbellí.
La letrada aseguró que, en principio, entró a trabajar en el bufete realizando tareas menores, hasta que reclamó llevar a cabo otras de mayor envergadura y que llevaran aparejado más salario, alegando para ello su formación como jurista. En su defensa, Montserrat Corulla dijo también “que en muchas ocasiones no sabía lo que firmaba”. Y tal vez por ese desconocimiento “tan poco creíble” se enfrente ahora a una de las demandas mas duras del fiscal solicitándole una multa de 100 millones de euros.
* El Confidencial - 12.07.10
Foto: Marbella, acusada Montserrat Corulla - elconfidencial.com
La situación del territorio urbanístico onubense en el punto de mira
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HUEVAINFORMACIÓN* : El profesor de la Universidad de Huelva, José Manuel Jurado Almonte, y la directora general del territorio, Rocío Allepuz, intentarán aclarar en el curso Ordenación del territorio y urbanismo. Conflictos y oportunidades la situación actual en la que se encuentra el territorio urbanístico onubense así como los conflictos y oportunidades que conlleva. Así, durante la realización del curso, el profesor Jurado tratará temas recientes en el paisaje onubense como ha ocurrido en las playas, así como en el paisaje de España, urbanismo sostenible en Andalucía y Europa, y las diferentes planificaciones en la infraestructura en la provincia de Huelva.
Este curso trata la ordenación del territorio y el urbanismo como poderosos instrumentos sobre los que se asientas la economía, la cohesión social y el medio ambiente de regiones, ciudades y núcleos rurales. Cada vez más el urbanismo es la piedra angular sobre la que destacan las políticas de incentivación económica locales, las actuaciones en infraestructuras y equipamientos públicos, la hacienda municipal y están íntimamente implicada en las políticas de bienestar social, patrimonio cultural y medio ambiente urbano, entre otros. Un curso dirigido a todos aquellos que muestran interés por la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico, el sector de la construcción, el medio ambiente y el desarrollo local.
También se tratará el momento económico actual en Responsabilidad social corporativa, crisis y reforma laboral, en el que Miguel Rodríguez Piñero, de la Universidad de Sevilla, pondrá de manifiesto las posibilidades que existen para poder intentar salir de la crisis. Con temas tan interesantes como las pymes, la importancia de los medios de comunicación y la responsabilidad social, el papel de Naciones Unidas en el pacto mundial, la agenda europea 2020 y las prácticas en empresas innovadoras.
* Huelva Información - 13.07.10
Foto: Ayamonte (Huelva), edicios ilegales Isla Canela - huelvainformacion.es
Los dueños de las casas ilegales de Marbella presionan para no pagar
ELPAÍS/Málaga* : Los dueños de viviendas ilegales de Marbella (Málaga) están recelosos. Después de varias reuniones con técnicos de urbanismo para ver cómo se van a regularizar las 16.500 viviendas ilegales de la ciudad, no tienen tan claro el compromiso que en su día hizo el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de no permitir que los terceros de buena fe terminen pagando las tropelías de otros.
"Empezaron a explicárnoslo poco a poco, hasta que llegó el momento en el que nos tocaba pagar, en algunos casos se han dado hasta cantidades", explica Cristóbal Moncayo, de la asociación de vecinos Cristo de los Molinos. La organización, a la que pertenecen unos 800 socios y que abarca una extensión con 1.500 casas ilegales, se echó las manos a la cabeza. "Vamos a preparar una plataforma por si hay que sacarla a la calle en caso de emergencia", añade Moncayo. Entre 10 y 15 urbanizaciones les han llamado para adherirse.
El runrún de los vecinos forzó que el edil de Urbanismo, Pablo Moro, anunciara el pasado miércoles una moción para el próximo pleno en la que el Ayuntamiento vuelve a comprometerse a perseguir a los promotores para que se hagan cargo de los desembolsos. Moro intentó tranquilizar a los propietarios de los inmuebles y pidió a la oposición que les apoye en esta iniciativa.
Conscientes de que falta menos de un año para las elecciones, los autodenominados "terceros de buena fe" buscan precisamente esto, que el PSOE también se comprometa. "No sería una gran cosa, pero habría donde agarrarse políticamente", consideran.
Los socialistas han recogido el guante al segundo. "Si dentro de un año soy alcalde, ningún comprador de buena fe pagará ni un euro de compensaciones", prometió el viernes José Bernal, secretario del PSOE de Marbella. Bernal se acompañó de una arquitecta, experta en urbanismo, que aseguró la existencia de "mecanismos suficientes para no tener que exigir nada a los vecinos".
Con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado, los promotores de las viviendas en situación irregular tienen hasta mayo de 2011 para aportar de forma voluntaria las compensaciones (terrenos o dinero) que les marca el documento y así conseguir su legalización. Si no lo hacen, el Consistorio se lo puede exigir. En caso de que estén desaparecidos, el propietario de la vivienda asume la carga.
Tanto el equipo de gobierno, como la oposición, defienden que no se llegará a este extremo, pero las fórmulas para conseguirlo no están claras. El edil de Urbanismo deslizó la posibilidad de exigir responsabilidades a las administraciones implicadas, entre las que se incluye el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Bernal también apostó por esta vía, aunque no entró en detalles. "Lo único que hay que hacer es gestionar debidamente", dijo su asesora, la arquitecta Isabel Pérez.
Ya a finales de 2008, la alcaldesa trató de zanjar esta polémica con una carta que recibían todas las personas que iban a consultar el PGOU. El documento daba por hecho que todos los compradores de viviendas ilegales en Marbella las adquirieron con buena fe y les garantizaba que quedarían eximidos de pagar las compensaciones.
Para conseguirlo, aseguraba que se había introducido en el PGOU un artículo en el que esa inmunidad no aparecía recogida expresamente. La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
* El País - 12.07.10
Foto: Marbella, ilegal Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
¿Para cuándo el cambio de modelo?
JOSÉ MANUEL NAREDO* : Puede un gobierno ningunear sus propias elaboraciones? Sin duda que puede, y es lo que ocurre si por iniciativa de políticos y funcionarios bienintencionados se promueven estudios o propuestas de interés que, cuando llegan a término, no corresponden con las prioridades políticas del momento. Tras tanto hablar del cambio de modelo económico, cuando por fin se plantea en un sector tan importante como es el inmobiliario, parece que ya no cabe en una agenda política volcada en la ardua tarea de imponer disciplina presupuestaria y recortes salariales. Hace ya un mes que se presentó el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, elaborado por iniciativa del Ministerio de Vivienda, que señalaba la necesidad de cambiar el actual modelo inmobiliario. La importancia de los temas de fondo planteados en el mismo corrió pareja al escaso interés político y mediático despertado.
No en vano se impone el Mundial de fútbol como principal tema de interés patriótico, o saltan a la palestra otras cuestiones que no dejan hablar del “cambio de modelo” que tiempo atrás se consideró necesario para salir de la crisis. Como las prioridades son otras, la caja de resonancia de los media no ha tenido a bien amplificar ni el diagnóstico, ni las propuestas del mencionado Libro blanco, sintetizadas en su decálogo final. En él se reconoce que la crisis económica actual refleja el agotamiento del modelo inmobiliario-financiero que la había propiciado. Se analizan los resquicios que ofrece el actual marco legislativo para hacer practicable el cambio de modelo y se proponen medidas e instrumentos cuya aplicación reclama una firme voluntad política hoy por hoy inexistente. Pues rebasan el campo de la vivienda y el urbanismo reclamando un apoyo decidido de todas las administraciones que sólo cabe conseguir mediante un auténtico acuerdo o pacto de Estado, que está lejos de producirse.
En suma, que el Libro blanco contribuye a pensar y posibilitar el cambio del modelo inmobiliario-financiero que lastra el futuro de la economía española. Si el Gobierno no quiere verlo, este documento permanecerá en los cajones de la Administración como testigo del esfuerzo de los políticos, funcionarios y técnicos que lo promovieron para mostrar que sí hay alternativas. Y que la ceguera voluntaria hacia ellas está arrastrando al Gobierno por la pendiente de un conformismo bien poco ilusionante.
* JOSÉ MANUEL NAREDO, Economista y estadístico
* Público - Opinión - 8.07.10
