LAOPINIÓN* : El fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, asegura que con la decisión de los magistrados de la Audiencia Provincial de decretar la libertad de Daniel García Madrid y del arquitecto técnico municipal, Ramón Cabrera, se ha puesto de manifiesto que puede existir un vacío legal que no impide la vuelta de los funcionarios a sus puestos tras salir de la cárcel, algo que sí ocurre en el caso de los jueces, magistrados y fiscales.
Por eso, tiene intención de enviar a la Fiscalía General del Estado una solicitud "para que si lo estima procedente eleve al Gobierno una petición para que haga la modificación necesaria con la finalidad de que los jueces puedan decretar de forma cautelar, si así lo deciden, la suspensión de un funcionario público, para evitar que estos vuelvan a sus puestos de trabajo y puedan cometer actos delictivos", explica el responsable del Ministerio Público. Fuentes de la Fiscalía, consideran que el Código Penal debe modificarse, con la finalidad de que los jueces puedan impedir que los alcaldes corruptos vuelvan a sus despachos municipales, aunque sea de forma cautelar y en espera de juicio. Así, citan por ejemplo al primer edil de Mazarrón, Francisco Blaya, que tiene una petición de cárcel de seis años por parte de un juzgado, y que mientras tanto sigue gestionando su municipio.
Las mismas fuentes argumentan que en el caso del juez Fernando Ferrín Calamita, sí se ha adoptado la suspensión cautelar de sus funciones, lo que le obliga a sacar adelante a sus siete hijos con un sueldo de 900 euros.
* La Opinión de Murcia - TONO CALLEJA - 30 de abril de 2008
Foto: torrepacheco_ayuntamiento - lomejordemurcia.com
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde de Torre Pacheco sale de la cárcel sin depositar un euro - La Opinión de Murcia - 30 de abril de 2008
Murcia: La Fiscalía pide al Gobierno que aparte a los alcaldes corruptos
Un testigo atribuye al Govern del PP el pelotazo de la finca de es Crevers
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DIARIODEMALLORCA* : Un testigo, un ex alto técnico del Consell y actual asesor del Govern, ha revelado al juez que investiga el caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción político-empresarial, las claves de una cumbre que mantuvieron líderes del PP y de UM y donde los primeros habrían impuesto la inclusión en dicha norma de un terreno de Alcúdia que ha dado lugar a un pelotazo millonario en la finca es Crevers (Marratxí).
El testigo ha ofrecido todo tipo de detalles sobre la reunión y ha acusado al anterior Govern del PP de incluir, por sorpresa, esa finca en Alcúdia, que, al parecer, pocos días antes había adquirido el promotor Mateo Sastre, uno de los encausados.
La persona que ha contribuido a poner un poco de luz en el complicado entramado de las áreas de reconversión territorial incluidas en el PTM, un mecanismo que, según la fiscalía anticorrupción, habría propiciado unas plusvalías (pelotazos) de casi 300 millones de euros a unos pocos promotores, es Josep Giménez Serra, que en la pasada legislatura fue la mano derecha del entonces conseller de Territori del Consell de Mallorca por UM, Bartomeu Vicens (imputado en el PTM) y que ahora es asesor de la conselleria de Medio Ambiente, cuyo titular es Miquel Àngel Grimalt (UM).
El testigo afirma haber asistido a una reunión en el Parlament celebrada en noviembre del 2003 y a la que también acudieron: su jefe Vicens; Miquel Àngel Nadal, vicepresidente del Consell por UM; Grimalt, que era director insular de Territori; Rosa Estarás, vicepresidenta del Govern del PP, Jaume Font, conseller de Medio Ambiente e imputado; Mabel Cabrer, consellera de Obras Públicas; Jaume Massot, director de Ordenación del Territorio y uno de los principales encausados en el caso Andratx; y Miquel Ramis de Ayreflor, secretario general de la conselleria de Medio Ambiente. Giménez postula que hasta esa cumbre, y en la fase de gestación del PTM, nunca se había hablado de colocar en las áreas de reconversión la finca AS16 . El Govern del PP en aquel encuentro habría forzado la inclusión de la AS16 de Alcúdia en un área que permitiría hacer una gran urbanización junto al monasterio de Es Secar (en Palma). Otro testigo sostiene que el imputado Sastre había comprado la AS16 pocos días antes y también eran suyos los terrenos de Es Secar. En la primavera del 2004, cuando el trasvase a Es Secar se malogró, la operación se recondujo hacia la finca Es Crevers (Marratxí), que también acabó comprando Sastre.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ7J.F.MESTRE. PALMA - 30 de abril de 2008
Foto: Marratxí (Mallorca), finca Plan Territorial - diariodemallorca.es
La Fiscalía plantea un máximo de tres años de cárcel para los ediles de Marbella acusados de delito urbanístico
SUR* : Los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella acusados de conceder licencias de obras ilegales serán condenados a un máximo de tres años y un mínimo de seis meses en la cárcel. Eso es lo que propone la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para aceptar la acumulación de las más de 70 causas judiciales pendientes por delitos urbanísticos que piden los abogados defensores de los ex ediles, siempre y cuando éstos acepten que cometieron las ilegalidades de las que se les acusan.
El más beneficiado podría resultar Julián Muñoz, ya que el ex alcalde acumula medio centenar de procesos por licencias contrarias al planeamiento.
En este pacto, que se ha gestado con los letrados de los imputados y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ministerio Público plantea que los acusados ingresen en prisión y que las penas de cárcel «no puedan sustituirse en ningún caso por multas, ni tampoco ser suspendidas», explicaron fuentes judiciales. «Se ciñe, además, única y exclusivamente, a la concesión de licencias ilegales y no afecta, por tanto, a los convenios urbanísticos de los que se pudiera derivar imputaciones por cohecho y malversación», añadieron las fuentes.
El sistema en el que se ha basado este pacto es el de la conformidad de las partes -acuerdo entre acusación y defensa previsto en la ley- que permite al acusado beneficiarse de una rebaja de la pena prevista en el Código Penal, siempre que reconozca su culpabilidad.
El delito urbanístico está castigado con penas de multa o de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años de cárcel, además de inhabilitación para cargo público. En este caso, para llegar a la conformidad, la Fiscalía mantiene que la pena que se impondrá a los ex ediles será siempre de prisión, nunca de multa, y propone rebajar de dos a un año de cárcel el castigo máximo por cada delito urbanístico, mientras que el mínimo quedará en seis meses. Ello quiere decir que ningún ex concejal pasará más de tres años en prisión, ya que la ley impide que el reo cumpla más del triple de la pena más alta con la que está castigado el delito y en este caso el tope lo ha situado la Fiscalía en un año de cárcel.
Tomando como ejemplo el caso de Julián Muñoz aunque resultara condenado por cincuenta licencias ilegales a un año de cárcel por cada una de ellas, no podría imponérsele más de tres de prisión. Antes de este acuerdo el castigo máximo que recibiría el ex alcalde en caso de ser condenado sería de seis años.
El pacto beneficiaría a una decena de ex ediles del Ayuntamiento de Marbella entre el periodo comprendido entre 1997 y 2004, aunque, según las fuentes, podría afectar a otros munícipes fuera de esas fechas. Igualmente explicaron que la horquilla de seis meses a un año de cárcel en la que sitúa la Fiscalía las penas para los ex concejales imputados se aplicarán por tramos en función de la responsabilidad y participación que haya tenido cada acusado y planeamiento urbanístico vigente transgredido.
La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán penados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación. Igualmente, para el Ministerio Público es importante la «economía procesal» que se consigue en virtud de este acuerdo con el consiguiente ahorro de recursos materiales y humanos y de tiempo, ya que en caso contrario habría que celebrar 70 juicios por cada uno de los casos pendientes que son prácticamente idénticos.
Próxima reunión
El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento. Aunque según las fuentes la mayoría de las defensas se acogerán a este pacto, algunos letrados consultados por este periódico han manifestado que irán a juicio ya que sus clientes piensan defender su inocencia.
La próxima semana está prevista una reunión entre los abogados de los munícipes acusados y el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo, en la que se cerrará el acuerdo y se conocerán cuáles son los imputados que deciden acogerse al mismo.
* SUR - 30.04.08 - MONTSE MARTÍN
Foto: MARBELLA - JOSELE LANZA - SUR
Denuncian que el Ayuntamiento de Madrid deja en la calle a los vecinos de La Cañada mientras permite construir ilegalmente a grandes empresas
PAUS* : Hoy martes, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid colocarán la primera piedra de la "Ciudad de la Justicia", actuación que podría vulnerar la legalidad urbanística. El pasado 22 de abril el Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de un espectacular despliegue policial, comenzaba un proceso de derribo de varias viviendas en la Cañada Real por tratarse de construcciones levantadas en terrenos no urbanizables.
Ya en el mes de octubre del pasado año se llevaron a cabo las primeras demoliciones de viviendas en la Cañada, también con un fuerte despliegue policial que tuvo como consecuencia, además del derribo de viviendas, la detención de varios vecinos.
Lindando con la Cañada existen varios desarrollos urbanísticos, algunos de ellos en ejecución en la actualidad; Los Ahijones (UZP 2.03), Los Berrocales (UZP 2.04) y El Cañaveral (UZP 2.01), y otro previsto, Los Cerros (UZP 2.02). La presencia de infraviviendas en el entorno de dichos desarrollos depreciaría las viviendas que se espera construir en ellos, por lo que esta parece ser la verdadera razón que está detrás de las prisas del consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón en desalojar de sus viviendas a los vecinos de la Cañada, después de haber tolerado esta situación durante treinta años.
El hostigamiento a los residentes de la Cañada, bajo el pretexto de encontrarse en suelo no urbanizable protegido, contrasta con la permisividad del Ayuntamiento de Madrid a obras y construcciones que se ejecutan en la actualidad sobre suelo igualmente no urbanizable protegido, lo que las convierte en ilegales.
El 27 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló 22 ámbitos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 por considerar ilegal la desclasificación de terrenos que habían sido declarados protegidos en el PGOUM 85. Esta anulación fue ratificada por el Tribunal Supremo, mediante Sentencia dictada el 3 de julio de 2007, por lo que, a partir de entonces, toda obra que se lleve a cabo en dichos ámbitos, en aplicación del PGOUM 97 anulado, se encuentra completamente fuera de la legalidad.
Entre los ámbitos anulados están, precisamente, los citados de Los Ahijones y Los Berrocales, a pesar de lo cual las obras de urbanización de dichos desarrollos no sólo no han sido paralizadas, sino que parecen haberse acelerado en los últimos meses. De la misma forma han quedado anulados ámbitos como "Campamento", "Sistema Aeroportuario de Barajas" (en el que se ha levantado la Terminal 4 de Barajas) o "Parque de Valdebebas" (en el que el Ayuntamiento ha permitido que se levante la Ciudad Deportiva del Real Madrid a través de una operación de recalificación e intercambio de terrenos que dio lugar además al proyecto de las Cuatro Torres). Precisamente es en estos terrenos en los que la Comunidad de Madrid pretende construir la "Ciudad de la Justicia", operación que podría resultar igualmente ilegal.
La saña con la que se está empleando el Ayuntamiento en las últimas fechas para, supuestamente, hacer cumplir la legalidad urbanística en la Cañada Real, y que está dejando en la calle a familias sin recursos, contrasta con el trato que el equipo de Ruiz-Gallardón da a las grandes constructoras o a la propia Administración, a las que concede licencias que infringen la legalidad urbanística.
Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y grandes constructoras pretenden eludir la legalidad urbanística, por lo que corresponde a la Justicia velar por su cumplimiento, paralizando las obras, ordenando la demolición de lo construido y determinando si se derivan responsabilidades penales de sus actuaciones.
Madrid, 28 de abril de 2008
* Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)
* TORTUGA - 29 de abril de 2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Por una nueva cultura del territorio
ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ* : El territorio es un bien limitado, un recurso no renovable. Su transformación es definitiva, por lo menos considerada a las escalas generacionales habituales. Decisiones que hoy tomamos, comprometen a nuestros descendientes. Beneficios (aquí habría mucho que hablar) de hoy, eliminan beneficios mucho mayores en el futuro, con lo cual desde el punto de vista de una comunidad muchas de las operaciones territoriales son directamente antieconómicas, es decir, insostenibles. No así desde el punto de vista del interés particular, que es en demasiadas ocasiones el que se impone al interés general.
Dos problemas territoriales han afectado fundamentalmente a Andalucía en las últimas décadas: la construcción masiva del litoral y el desarrollo urbano desordenado de las áreas metropolitanas. Entre las razones de este proceso, hay una que subyace y a la que raramente se hace referencia. Se habla mucho de la debilidad de los gobiernos locales, de la ineficacia de los medios de control superiores, administrativos o judiciales, y por supuesto de las tramas de corrupción, aún siendo éstas el caso minoritario pero sí el que más alarma causa.
Sin embargo, vemos hechos significativos que nos pueden dar la pista de la profundidad del problema. Por ejemplo, no pocos gobiernos locales con causas judiciales en marcha por asuntos de corrupción urbanística han revalidado, e incluso incrementado, su apoyo electoral. Sin llegar a ese grado extremo, en materia de desarrollo urbano y territorial en muchos casos, tal vez la mayoría, no observamos diferencias claras en sus modelos de desarrollo urbano entre municipios con décadas de gobiernos locales de signo distinto. Pareciera que el modelo urbano es único, al margen de partidos o ideologías.
¿Qué está pasando? Claramente que una buena parte de la sociedad desconoce las consecuencias a medio y largo plazo del urbanismo desaforado, no dispone de elementos culturales, educativos e información suficiente para comprender la falacia de los cantos de sirena desarrollistas bien propagados por los interesados. No existe una cultura del territorio. Mientras que en cuestiones tales como la conservación de las especies y los medios naturales, o más recientemente con el cambio climático, va calando desde hace tiempo en la sociedad una conciencia ecológica, ésta sin embargo en el aspecto territorial aún no existe. De esta manera es fácil ganarse el favor de los responsables municipales y de la opinión pública local para los proyectos "estrella", que casi siempre son finalmente más urbanización. Incluso en no pocos casos, alcaldes sensatos se han visto en dificultades políticas cuando han intentado poner coto a esas situaciones.
Sería un error de los representantes institucionales y políticos andaluces, y de sus partidos, soslayar sus responsabilidades dejándose llevar hacia donde el viento parece más favorable. Al contrario, es su obligación detener el avance de modelos insostenibles, perseverando en algunas señales positivas que percibimos en este sentido la pasada legislatura.
También deben de contribuir al desarrollo de una vez por todas de una verdadera cultura ciudadana del territorio, liderando un compromiso general. Un proceso éste que empieza en las aulas, continúa en los medios de comunicación, y en las "internas" de las organizaciones sociales y políticas, y que debe mover a todo el cuerpo social. El objetivo es conseguir que la sociedad andaluza sea fuerte en defensa de sus intereses, actuales y futuros, en materia urbana y territorial. Ahora que aún podemos hacer algo.
* Enrique Hernández Martínez es presidente del Colegio de Geógrafos de Andalucía
* ELPAIS.com - Opinión - 25/04/2008
La Palma: Ecologistas denuncian que prima el interés especulativo al general de forma descarada
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SANBORONDÓN* : Eduardo Pérez Cáceres, miembro de la Asamblea Ecologista de La Palma, critica que prima en la Isla una forma de hacer política “desfasada”, basada en el cemento, y una forma de mirar el territorio que tilda de “penosa y preocupante para el futuro”.
Señala que no existe para La Palma un modelo de desarrollo, sino una serie de “intereses” de los municipios, a los que compara con “reinos de taifa”: “Cada uno va a colar sus proyectos, sus acuerdos y sus negocios, establecidos en términos que tal vez la Fiscalía Anticorrupción tendría que investigar cuando tenga tiempo”, sentencia.
Claro ejemplo de esta primacía de los intereses “empresariales - constructivos - especulativos” en las políticas de desarrollo de la Isla lo constituye el campo de golf proyectado para el municipio de Breña Alta. El controvertido proyecto afecta a una espacio natural protegido incluso por directivas europeas. Así, algunas partes del terreno que se destinaría a campo de golf han sido declaradas como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
“Es un sitio increíble...Cuando uno pasea por ahí no puede entender en qué cabeza cabe montar allí una serie de hoteles, villas de lujo y un campo de golf”, comenta Eduardo Pérez obviando ya lo referido al incumplimiento de las leyes. Se trata de una zona tradicionalmente dedicada a labores agrícolas y ganaderas, en la que además se encuentran ejemplos muy conservados de laurisilva y fallal-brezal.
Entiende Eduardo Pérez que es éste un “proyecto disparatado” que no va a aportar nada al desarrollo económico y social del municipio. Lo define como una operación “puramente especulativa”, en la que ciertas empresas habrían pagado un precio “irrisorio” por los terrenos, “pendientes de la típica recalificación para urbanizar”, dice.
Denuncian que el propio Ayuntamiento de Breña Baja se ha posicionado al frente de la defensa de que se aumente el número de camas cuya construcción está prevista en el Plan General de Ordenación del municipio, aún sin aprobación definitiva. Éste prevé 360, mientras que los promotores, con el Ayuntamiento al frente, demandan 900.
Según el ecologista, el modelo planteado por el PGO es “caduco” y de un “desarrollismo” propio de otras épocas, en las que la idea de desarrollo se encontraba intrínsecamente unida al cemento, la urbanización y la construcción. Comenta que la “ambición urbanizadora” de éste y otros Planes Generales de Ordenación en el territorio canario parecen “como fuera del tiempo”. Señala que habría que preguntarse quiénes son los “accionistas” de gobiernos como el de Breña Baja. “Quien paga, manda”, dice.
Cuenta que en estos momentos en que en la Isla hay tantos “frentes abiertos” contra éste y otros proyectos similares, tanto la Asamblea Ecologista de La Palma, de la que es miembro, como otras asociaciones y colectivos, luchan activamente en el frente legal. Juristas y no juristas sacrifican muchas horas de su tiempo libre, “con fe en la justicia”, aunque reconoce que el funcionamiento de ésta en ocasiones resulta “decepcionante”.
En este sentido, comenta que no sabría decir si es que la justicia es lenta o si, en lo que se refiere a la normativa urbanística y ambiental pueden darse distintas aplicaciones de la ley, según a quien se dirijan. Recuerda que son numerosos los casos en las Islas de viviendas derrumbadas o amenazadas por incumplir la ley: “¿Con qué cara mirará esta gente proyectos que se plantean incluso dentro de espacios protegidos, como el campo de golf de Tamanca?”, pregunta Eduardo Pérez.
* Revista San Borondón - 29.04.2008
Foto: Breña Baja (La Palma) - visitarcanarias.com
Piden 7 años a un técnico de Cártama por pedir dinero a cambio de legalizar viviendas
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20MINUTOS/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide siete años de prisión y una multa de 250.000 euros al encargado municipal del Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del pueblo quien, en sólo dos meses, exigió más de 120.000 euros en presuntos sobornos a diversos propietarios de viviendas irregulares o ilegales.
Después de conocerse los hechos, el funcionario renunció a su cargo.
Junto a él, están acusados un intérprete y un propietario, este último por aceptar el ofrecimiento. El juicio se celebrará después del verano en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.
El escrito del fiscal asegura que el funcionario ha venido reclamando a propietarios y vecinos, “abusando de sus funciones”, el pago de distintas cantidades para impedir la iniciación, paralización, la sanción o procurar la ocultación de expedientes de disciplina urbanística. En diciembre de 2004, solicitó a un vecino 12.000 euros por si éste quería evitar una sanción municipal por arrojar escombros ilegalmente.
En el mismo mes, pidió a un matrimonio "una suma de dinero" para regularizar una construcción y, posteriormente, exigió a un extranjero el abono de 18.000 euros para legalizar su obra, así como otros 3.000 por hacer lo propio con un camino y una piscina, aclara el representante de la acusación pública.
12.000 euros y "lo oculto en un cajón"
También pidió 12.000 euros a otro vecino por "ocultar en un cajón" el expediente de demolición de la obra que construía; y a dos extranjeros, 18.000 por hacer desaparecer el expediente incoado por el Consistorio, para lo que utilizó a un intérprete que, según el fiscal, "conocía perfectamente lo que hacía, aunque no consta beneficio económico".
En enero de 2005, acudió a otro terreno y reclamó a su dueña 6.000 euros por convertir el mismo en urbanizable y ocultar las futuras multas. Lo mismo hizo con otro propietario, a quien le exigió ver "los permisos de construcción de la casa", a lo que el interpelado contestó que no contaba con ellos. Así, "le reclamó el pago en tres o cuatro días de 6.000 euros para evitar el precinto de la construcción realizada".
Más dinero
Con J. S. R. contactó a través de un intermediario. Éste se había construido una vivienda. El procesado ofreció al primero de ellos "la paralización del expediente sancionador a cambio de 9.000 euros", entrega que se hizo efectiva, aunque después le solicitó además otros 6.000 euros, una vez que el dueño había recibido una carta del Consistorio informándole del precinto de las obras.
A otro propietario le pidió 9.000 euros por evitar que se precintara su obra. Éste pagó 7.000, pero cuando le llegó la resolución municipal ordenando lo que había tratado de evitar, fue a la Gerencia de Urbanismo y denunció los hechos. A todos ellos se suman dos casos: solicitó 6.000 euros a un extranjero por tener su casa en un terreno inferior a 100 metros cuadrados e intentó cobrarle 12.000 euros a otra mujer "para solucionar la legalización de su vivienda en zona protegida", añade el fiscal.
* 20 Minutos - 28.04.2008
Foto: Cártama (Málaga), demolición viviendas ilegales - laopiniondemalaga.es
La Fiscalía pacta con los ex ediles del GIL imputados evitar los juicios si aceptan la pena de cárcel
SUR/Marbella* : La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella imputados en algún procedimiento urbanístico para no celebrar los juicios con la condición de que admitan su culpabilidad y acepten su ingreso en prisión por ello.
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que en dicho acuerdo de conformidad "cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa", además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta.
Además, el pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros.
Las fuentes han explicado que cada ex edil tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación, aunque con la ventaja de no tener que pasar por la pena de banquillo.
Para llegar a dicha conformidad se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía que la ley impone como máximo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga o pueda tener conexidad.
En este sentido, las fuentes han apuntado que aunque la Administración de Justicia celebre setenta juicios y los ex ediles del GIL sean condenados a setenta años no pueden cumplir más del triplo de la pena máxima.
Además las fuentes han subrayado que la pena por la que podrían ser condenados estos ex concejales por cada delito oscila desde una pena de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de cargo público de siete a diez años.
La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán condenados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación.
En virtud de este acuerdo, la Administración de Justicia también consigue ahorrar en recursos materiales y humanos, al no tener que celebrar cada uno de los más de setenta juicios pendientes.
Entre los ex ediles que se podrán acoger a dicho pacto se encuentran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, que es el ex regidor con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas.
El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento vigente en Marbella.
* Sur - EFE - 29.04.08
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Un juez ordena la suspensión de un PAI de Rocafort que modifica el término de Godella
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LEVANTE/Valencia* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Valencia ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de Godella contra la reparcelación del PAI del Bovalar de Rocafort y ha dictado medidas cautelares para paralizar este desarrollo urbanístico.
El auto, notificado a las partes el pasado viernes, no valora el fondo del recurso pero considera que procede "la suspensión cautelar del acto impugnado" al producirse "un evidente perjuicio irreparable si se llevara a cabo la actuación urbanística de la reparcelación". Las obras de la reparcelación han comenzado por lo que en aplicación del auto deberían también paralizarse aunque ayer podían verse máquinas amontonando arena en la zona.
El PAI del Bovalar de Rocafort se aprobó el pasado mandato, en abril de 2006, con la unanimidad de todos los grupos políticos. La UE del Bovalar desarrollará 144.000 metros cuadrados de suelo y en el plan parcial presentado por la promotora en el momento de la aprobación cabía la posibilidad de la construcción de hasta 500 vivendas. La entonces concejal de Urbanismo, Carlota Navarro, indicó que no se construirían más de 300 casas debido a la tipología permitida en la localidad. Ya en abril del pasado año se expuso al público el proyecto de reparcelación del urbanizador, al que alegó el PSPV de Rocafort.
En julio de 2007 el Ayuntamiento de Godella presentó alegaciones contra la modificación del proyecto de reparcelación del PAI del Bovalar porque aumenta el riesgo de inundaciones y porque en la zona de actuación se incluye el encauzamiento de un barranco que ha modificado el término municipal de Godella. Rocafort rechazó las alegaciones y el consistorio vecino acudió al contencioso.
En el recurso presentado contra este PAI, el Ayuntamiento de Godella impugna la resolución que aprueba el proyecto de reparcelación porque se produce "un traslado de las zonas de servidumbre a terrenos del termino municipal de Godella" sin el consentimiento o rechazo del ayuntamiento. Esto implica la modificación del término municipal de Godella. La declaración de impacto ambiental emitida para tramitar el Plan Parcial y Homologación del sector está condicionado a la "conformidad del Ayuntamiento de Godella". El plan fue aprobado sin que conste, indica el auto, que Godella haya dado su conformidad al nuevo trazado del barranco y que no existe riesgo de inundaciones.
Y sin pronunciarse sobre "si se ha producido alteración de términos municipales o no" el juzgado considera que "procede la suspensión cautelar del acto impugnado".
* Levante-EMV - J. T. , Godella - 29 de abril de 2008
Foto: rocafort. Una de las máquinas amontonaba ayer arena en la zona del PAI del Bovalar/ j. t., levante-emv.com
Feijóo aprobó el plan de Ourense pese a conocer sus irregularidades
ELPAÍS* : La Consellería de Ordenación del Territorio encabezada en 2003 por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo constancia documentada, en abril de aquel año, de que el planeamiento urbanístico de Ourense expuesto al público en el Museo Municipal no era el mismo que había aprobado inicialmente el Ayuntamiento un año antes.
Tanto el entonces alcalde de Ourense, el popular Manuel Cabezas, como el propio Núñez Feijóo, recibieron sendas notificaciones de un particular, con acta notarial de las irregularidades, alertándoles del "cambiazo" de los planos.
En el planeamiento que se mostraba a los orensanos para que hicieran las correspondientes alegaciones la edificabilidad era considerablemente inferior a la que realmente se había aprobado. Pero tanto Cabezas como la consellería miraron hacia otro lado y Feijóo firmó un mes después la aprobación definitiva del planeamiento que ahora, por ese mismo motivo y por la denuncia presentada por el mismo particular, ha anulado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que pone en peligro las inversiones y el desarrollo urbanístico de la ciudad.
El 25 de marzo de 2003, dos días antes de que se celebrara el pleno municipal de aprobación provisional del plan general de Ourense, entró por Registro en el Ayuntamiento un escrito firmado por el promotor Delio Óscar Santalices Vieira informando de que el documento que se había expuesto al público no se correspondía con el de la aprobación inicial. Santalices adjuntaba copias, certificadas por notario, de ambos planos.
El escrito, reclamando la retirada de la aprobación del plan del orden del día del pleno, llegó el día 27 a manos del jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento, Cándido Ortells. Cuando el técnico vio la reclamación se estaba sometiendo ya el documento a aprobación plenaria. Ante la gravedad de la denuncia, Ortells redactó un informe para que fuera entregado de urgencia al alcalde, al concejal de Urbanismo y al secretario municipal que estaban en el pleno. "Habiéndose recibido el mencionado escrito siendo las 10,45 horas, dado que el pleno comenzó a las 9,30 horas y dada la trascendencia de la solicitud y sin perjuicio de su posterior informe jurídico por el contenido del mismo, deberá darse traslado a la mayor brevedad posible de copias del escrito de referencia al alcalde, al concejal delegado de Urbanismo y al secretario general", especificaba. Pero horas más tarde la corporación aprobó el planeamiento sólo con los votos del PP.
Santalices remitió entonces un escrito a la consellería dando cuenta de lo ocurrido. Así consta en el fax urgente enviado el 23 de abril de 2003 desde esa consellería, presidida por Núñez Feijóo, al alcalde de Ourense. "En esta dirección general se recibió escrito presentado por Delio Óscar Santalices en el que se plantean diversas cuestiones relacionadas con el trámite de información pública del documento del PXOM..." consta en el escrito en el que se insta además al Ayuntamiento a que certifique que el plan aprobado inicialmente "fue sometido a información pública". El alcalde y el secretario municipal, Mariano Rodríguez, firmaron el mismo día ese certificado.
Delio Óscar Santalices no denunciaba la falta de exposición pública, sino que los planos aprobados inicialmente por el Concello "no coinciden con los expuestos al público" y alertaba de la "graves divergencias en cuanto a clasificación y calificación" advirtiendo de "la responsabilidad jurídica de los autores". Pese a ello, el 29 de abril el conselleiro de Obras Públicas, Alberto Núñez Feijóo, firmó la aprobación definitiva del plan.
El 7 de mayo el jefe de servicio de Planeamiento pidió un informe a la secretaría municipal ante "la gravedad" de lo denunciado por el promotor y la "acusación de falsedad en documento público". Poco después el alcalde destituyó de la jefatura a Cándido Ortells. La semana siguiente comenzaba la campaña de las municipales que le iba a dar la tercera mayoría absoluta consecutiva a Manuel Cabezas.
Cambio de edificabilidad
Las "graves divergencias de clasificación y calificación" que existían entre la documentación del plan de urbanismo expuesta al público y la aprobada por el Ayuntamiento de Ourense, se referían especialmente a la edificabilidad y al número de alturas de determinadas fincas de la ciudad. La denuncia -presentada finalmente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló la semana pasada todo el planeamiento- hacía constar que los cambios "más notorios" se referían a la unidad de ejecución comprendida entre la Rúa do Entroido y la Avenida de la Ribeira Sacra, una de las zonas de expansión de la ciudad.
Delio Óscar Santalices destacaba que en el plan expuesto al público se calificaba el suelo de estas fincas como "urbano intensivo en bloque abierto con cuatro plantas de altura máxima autorizadas". Pero en el plano aprobado por el Ayuntamiento se calificaba la zona como "área de planeamiento específico con edificación en bloque y altura máxima de 7 plantas".
Pero no era el único caso. Los planos de otras zonas de la ciudad ofrecían similar variación. En donde en el documento expuesto al público figuraban (AR-39N) dos bloques de cuatro plantas cada uno, en el aprobado por el ayuntamiento constaba que se construirían tres bloques de siete alturas. Y en donde se mostraba a los ciudadanos que habría una torre de 16 plantas (AR-38N) el PP había aprobado en el pleno que la torre sería de 19.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 29/04/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Vecinos, políticos y periodistas recorrieron las irregularidades urbanísticas de Hortaleza
MADRIDDIGITAL* : Varios representantes de la asociación vecinal Urbe, acompañados de miembros de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Hortaleza, la FRAVM e IU, realizaron el fin de semana un recorrido por algunos de los lugares del barrio de Canillas que incumplen la legalidad urbanística, y que a pesar de haber sido denunciados en repetidas ocasiones ante la Junta de Distrito, gozan de la permisividad de la administración local.
La visita arrancó de la calle Zacarías Oms, a escasos metros de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, “la misma junta que lleva meses ninguneando a las vecinas y vecinos de la asociación Urbe”, según denuncian éstos. Su presidente, el actor Carmelo Gómez, fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias y, con un grupo de periodistas, representantes vecinales y políticos recorrió tres inmuebles significativos de Canillas que incumplen las normas urbanísticas, de las decenas que tiene registrado la asociación vecinal.
Los edificios han sido denunciados por hechos como el exceso de ocupación de parcelas y del volumen edificable, daños causados por obras en edificios colindantes, exceso de altura, tala de árboles, cambios de usos, incumplimiento de condiciones estéticas o por la inexistencia de licencias de primera ocupación, acciones que dañan a vecinos que habitan en viviendas anejas y alteran la convivencia en la zona.
“Lo que queremos es que respeten la legalidad”, sólo eso, indicó Carmelo Gómez ante un lujoso edificio de tres pisos que incumple la normativa sobre alturas y ha invadido parte de las parcelas contiguas.
Meses de denuncias
La asociación Urbe llevaba meses denunciando estas irregularidades cometidas por promotores inmobiliarios, sin que nadie tomara cartas en el asunto. Al menos hasta la semana pasada, cuando la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, se comprometió a estudiar las quejas vecinales tras recibir, de manos de la citada entidad vecinal y de representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), un informe del Defensor del Pueblo que destaca “la connivencia por inhibición” de los servicios técnicos de la Junta Municipal de Hortaleza con los infractores urbanísticos.
Pero los vecinos no sólo se quejan de la pasividad de la delegación municipal: “No nos dejan hablar en los plenos de la Junta, y la nueva concejala, con la que tenemos peor relación que con la anterior, sólo quiere recibirnos en su despacho, nunca de manera pública, en el pleno. Así es como están haciendo la democracia”, se quejó Gómez.
El 23 de mayo de 2007, la AV Urbe remitió al Defensor del Pueblo un informe de más de 100 páginas que recogía multitud de denuncias de infracciones urbanísticas de diversa índole en el barrio de Canillas. El documento fue elaborado por requerimiento de la entonces concejala presidenta de distrito, Sandra Lorite. Posteriormente, el pasado 5 de marzo, el Defensor del Pueblo hacía pública una resolución en el que constata “la desidia e inhibición de los servicios técnicos de la Junta y su connivencia con los infractores urbanísticos”.
Tras agotar las vías de interlocución con la Junta de Hortaleza, “donde los malos modos, la cerrazón y la más absoluta de las negativas a atender las demandas vecinales se han convertido en moneda corriente”, según denuncia la asociación Urbe, la FRAVM y la entidad ciudadana se dirigieron a una instancia superior, al área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, con el propósito de informar directamente a sus responsables, obteniendo el citado compromiso de los responsables municipales.
+ Madrid Digital - 28/04/2008
Foto: AAVV madrid - madriddigital.info
Entrevista a Miguel Amorós sobre el TAV
KLINAMEN* : ¿Qué es el TAV? Antes que nada conviene aclarar que en una sociedad como la nuestra, donde tecnócratas expertos dirigen todos los aspectos de la vida y donde la libertad no es sino otro nombre del despotismo, el lenguaje no es un medio de comunicación entre personas libres, sino la herramienta por la cual los dirigentes transmiten sus ideas y sus órdenes a las masas dominadas. Cada palabra, especialmente si es un neologismo, sostiene una realidad opresiva disimulada tras una apariencia técnica. Sabemos que la técnica no es neutral ni el neologismo tampoco. Así pues por TAV no podemos entender simplemente un artilugio que marcha a 300 km/h.
El TAV es el emblema tecnopolítico de la mundialización. En tanto que trasporte preferido de los dirigentes en la media distancia, es una condición necesaria de la economía globalizada; en tanto que figura política del marketing internacional ciudadano, es la pura Razón de Estado.
¿Por qué ahora hay tanta prisa con el TAV?
El TAV ha de construirse cuanto antes porque los intereses del poder así lo requieren. No se trata tanto de ganancias inmediatas, como por ejemplo las de las constructoras de obra pública, los fabricantes de trenes o las empresas de seguridad; tampoco de intereses privados ligados a oligarquías locales; mejor es cuestión de intereses generales relativos a la clase que domina el mundo, y del mundo tal como resulta del dominio de esos intereses. Cuando la población se concentra en unas pocas regiones metropolitanas, la acumulación ampliada de capital depende mucho más de la circulación, incluida la circulación de ejecutivos financieros, empresariales y políticos. Éstos necesitan un medio de locomoción más eficaz que el avión entre dos sistemas suburbiales, es decir, entre dos megaciudades: ese es el TAV.
¿Qué beneficios aporta?
La respuesta depende de si la pregunta se hace a los dirigentes o a los dirigidos. Para los primeros el beneficio es incuestionable, puesto que todo lo que contribuya a la movilidad colabora en la transformación del mundo conforme a su interés. La “intermodalidad”, es decir, la coordinación de las distintas formas de transporte, sería un buen ejemplo del mundo de los ejecutivos, donde “los rápidos se comen a los lentos”. Sin embargo, todo lo que resulta ventajoso para aquellos, forzosamente ha de resultar perjudicial para los demás, pues refuerza su sometimiento y su alienación.
Pero ¿y la rapidez?
Si el criterio racional contara, la fórmula perfecta sería un tren de bajo impacto que combinara celeridad y precio. Tales trenes existen y además competirían con las autopistas. Sin embargo para la clase cuyo tiempo es oro, una ganancia de segundos significa un lucro importante, por lo que la velocidad goza de prioridad absoluta. La alta velocidad de los trenes es la alta velocidad de los negocios.
Sin embargo, lo que es bueno para la economía ¿no es de alguna forma bueno para todos?
Más bien lo contrario. Si la riqueza se concentra, la pobreza se difunde. Indudablemente los bancos, los especuladores inmobiliarios, las refinerías, la industria turística, el comercio de coches y el sector logístico, van a amasar mucho dinero. Habrá migajas para unos cuantos. Pero en la medida en que se terciariza la economía con la inestimable ayuda de ese caballo de Troya en forma de tren, se imponen para la mayoría las condiciones de trabajo y de vida que le son propias: precariedad, salarios ínfimos, horas extras, hipotecas, vivienda indigna, transporte público infame... Eso es todo lo que saldrá ganando la mayoría.
¿Qué consecuencias tiene el TAV para las ciudades?
Las ciudades “situadas en el mapa” por el TAV acumulan población y, por lo tanto, van extendiéndose como mancha de aceite hasta penetrar en las provincias adyacentes. Mientras el centro de la ciudad original se museifica y peatonaliza para devenir mitad parque temático, mitad centro comercial, la periferia pierde sus límites y se transforma en un entorno artificial, caro, invadido por vehículos, ruidoso, contaminado e insalubre tanto física como síquicamente.
¿Qué papel juegan las estaciones?
Son los edificios por donde llegan las elites de la globalización; arquitectónicamente representan sus valores, sus delirios, su falta absoluta de sensibilidad y su mal gusto. Evolucionan hacia un híbrido entre el centro comercial y el complejo hotelero, pues la intención es que el transporte acabe siendo una actividad económica entre tantas, exactamente igual que sucede con los aeropuertos. La estación del TAV determina un reordenamiento total de la barriada donde se ubica que se convierte en un auxiliar monitorizado de la estación, a través de cuyas pautas toda la ciudad va a remodelarse. La estación en realidad es la ciudad futura en pequeño. Contiene una promesa de ciudad radicalmente distinta, carcelaria y consumista a partes iguales, que sólo espera inversiones para desplegarse.
¿Qué significa el TAV para el conjunto del país?
El TAV contrae el espacio a la vez que la economía lo coloniza. Tiene pues un efecto centralizador. Las conurbaciones quedan conectadas entre sí como densos nódulos de una red gobernada por un enjambre electrodirigente. El territorio resulta agredido de mil maneras, quedando fragmentado, desequilibrado y reducido a decorado paisajístico.
Entonces ¿hay que ir contra el progreso?
Solo si el progreso significa despilfarro energético y dilapidación de recursos, desequilibrio territorial, cultivos transgénicos, líneas de muy alta tensión, motorización, centrales nucleares, neurosis y exclusión social. El TAV es esa clase de progreso.
¿Cómo funciona la lucha anti TAV en Cataluña?
Desgraciadamente en Cataluña una lucha de esas características no existe. Lo que hay es una oposición farisea, mediatizada por partidos y alcaldes, que se opone a determinados trazados o que exige soterramientos, pero que no cuestiona la necesidad del TAV, ni mucho menos se interroga sobre la sociedad que lo reivindica. Las plataformas cívicas anti TAV hablan el mismo lenguaje que el poder que lo construye y concuerdan con sus fines. En sus métodos no buscan provocarlo, sino abrir vías de diálogo y colaboración institucional. Pero sucede que por propia naturaleza el TAV no puede permitirse demasiada flexibilidad y tiene poco que ofrecer aparte de dinero. Normalmente las inversiones culturales o deportivas suelen bastar para que los representantes de los intereses locales lesionados miren para otro lado. En último extremo las plataformas tratarán de consolarse con inútiles caceroladas, recogidas de firmas y pleitos administrativos.
¿Cuál es la alternativa?
La lucha contra el TAV no tiene sentido sino dentro de la lucha contra el modelo político y económico de sociedad a la que va asociado. No ha de reivindicar sólo otro transporte, sino otra sociedad. Es una lucha contra todas las infraestructuras típicas de una economía desbocada, autopistas, superpuertos, túneles, macroaeropuertos, etc., y también una lucha contra el automóvil, la suburbialización, la alimentación industrial, la artificialización de la vida, la destrucción del territorio, la explotación del trabajo, etc. Es una lucha antidesarrollista y anticonsumista. La lucha de los afectados por el TAV es una lucha contra la clase dirigente, por lo que ha de saber reconocerse como lucha de clases. Ha de poner en marcha mecanismos organizativos autónomos capaces de elaborar puntos de vista críticos de manera colectiva, así como formas de lucha directa alejadas de la política y el sindicalismo. De ellas ha de nacer un sujeto histórico, una comunidad de oprimidos capaz de enfrentarse como clase a las fuerzas de la dominación y cambiar el mundo según sus deseos.
Vale, pero ¿no es eso abarcar mucho y apretar poco?
Evidentemente una lucha de tal envergadura no es cosa de meses ni de guerras civiles para mañana. Es cuestión de saber fijarse objetivos a medio y corto plazo, por ejemplo, la detención de las obras. Su simple parálisis daría un respiro al territorio y sus pobladores, ralentizando la degradación. Sabotear la política de tierra quemada que emplean los dirigentes, obligándoles a retroceder mediante movilizaciones lo más numerosas posible, como en Valsusa. Cuando es la causa de la libertad la que está en juego, primero hay que ir poco a poco; después, cuando pinten la ocasión, ya se procederá de golpe.
Para acabar y a nivel más personal, ¿qué es para ti el TAV?
Es la prueba de la insolente rapidez con que unos pocos cuya autoridad cuestiono deciden cómo va a ser la vida de todos.
* Miguel Amorós
Entrevista para AHT Gelditu!, 23 de abril de 2008
* Klinamen - 25 de Abril de 2008
Las infraestructuras terrestres están destruyendo el territorio andaluz (II)
GAS* : En esta segunda noticia relacionada con las infraestructuras que, por doquier, se multiplican en el suelo andaluz, trataremos nuevas agresiones y proyectos que en diferentes provincias amenazan los ecosistemas andaluces. Tanto en las provincias de Cádiz, Sevilla o Huelva, los kilómetros de vías se multiplican por doquier, causando estragos en los parajes naturales y poblaciones que atraviesan.
Se suceden proyectos de dichas infraestructuras que pasan desapercibidos para la población y que las administraciones intentan ocultar a los colectivos ecologistas, debido a su claro impacto en el medio.
En Sevilla, la localidad donde se están produciendo más movimientos es en Alcalá de Guadaíra, al sur de la capital hispalense:
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha licitado las obras de duplicación de la carretera A-392 (Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas), con un presupuesto de 37,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses. La duplicación constará de 6 rotondas y dos carriles para cada sentido, que irán separadas por una jardinera. El proyecto, que incluye un carril-bici en todo el recorrido, contará con un enlace a la autovía A-376 (dirección Utrera), y diversos pasos elevados para el tránsito peatonal y las vías pecuarias Cordel de Pelay Correa y Vereda del Rayo.
Otra obra más polémica es la carretera conocida como Variante Este, en el mismo municipio de Alcalá de Guadaira, está siendo construida sin la Declaración de Impacto Ambiental, con un estudio de tráfico erróneo y sin el proyecto aprobado por Obras Públicas, situación de la que era conocedora la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Esta construcción, que se lleva dando durante más de un año por el Ayuntamiento de Alcalá y que ya ha finalizado algunas partes, unirá la carretera que va de Dos Hermanas a Alcalá (A-392) a la altura de La Hacienda La Boticaria y la que vía que conduce a Morón desde Alcalá, en el Junco.
Esta obra uniría estos dos puntos atravesando el río Guadaíra en el escarpe de los Alcores, junto a los molinos de Marchenilla, para lo cual se tendría que construir un puente.
La ilegalidad en la que está la obra se une al fallo en el estudio de tráfico. Este estudio debe asegurar que la carretera es factible y que los ciudadanos ahorrarán con su construcción en gasolina, aceite, etc. El estudio recoge que esta variante acogerá el tráfico que circula por la A-392, aunque olvida que la SE-40, ya en construcción y que será la principal alternativa, ya que es mucho más conveniente para la unión de las zonas circundantes y afectadas. Además, tiene un fallo en el cálculo de lo que se ahorraría un coche utilizando la variante. Relamente, aunque no se construyera la SE-40 es más económico no hacer la variante, pero, sin embargo sí es ventajoso para las urbanizaciones de la zona sur de Alcalá, alrededor de la zona conocida como la Pirotecnia y la Boticaria.
Además, este proyecto ya en construcción incumple diversos aspectos del PGOU de Alcalá de Guadaira, lo que hace su ilegalidad más patente. Por último, todo esto, unido a la riqueza ecológica que atraviesa, hace que sea un impacto ambiental, paisajístico y social defendido y amparado por las administraciones y sólo denunciado por grupos ecologistas de la localidad afectada.
Ambas obras son defendidas por la necesidad de contar con más infraestructuras para la zona, aunque actúan como imanes de coches y vehículos, ya que crean espacios donde el transporte privad goza de gran ventaja y predominio sobre el público, que queda relegado a una posición anecdótica, al contrario de lo que quieren hacer ver con la política del desarrollo sostenible y el respeto por la naturaleza.
Por su parte, en las provincias de Cádiz y Huelva, tras más de diez años en el silencio, de nuevo la Junta de Andalucía se saca de la manga un viejo proyecto:
La Junta de Andalucía está promoviendo la conexión por autovía de Cádiz y Huelva, lo que ha levantado las primeras protestas por parte de grupos ecologistas. La recién nombrada consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, expresó el lunes su apoyo a la conexión por autovía entre las provincias de Huelva y Cádiz, pero dejó claro que «se hará respetando escrupulosamente todo lo que es el espacio tanto del Parque Nacional de Doñana como de todo el entorno». Lo defendía asegurando que la conexión entre Huelva y Cádiz, supondrá más seguridad, alta capacidad y más cercanía entre las dos provincias, aunque no pretende perjudicar en ningún extremo ni el entorno de Doñana ni Doñana en sí.
Sin embargo, Huelva y Cádiz ya están bien conectados por carretera con la A-92 y la futura S-40, por lo que sólo haría falta una conexión marítima, siendo esta una movilidad alternativa y sostenible, al contrario que este tipo de políticas, desarrollistas y no sostenibles. De hecho, en 1992 una comisión de expertos científicos se reunió para estudiar este proyecto y determinó que no era viable, lo que, junto con las movilizaciones que se produjeron en contra de dicho proyecto, hizo que Chavés diera marcha atrás.
Siguiendo en Andalucía Occidental, y a caballo entre Cádiz y Sevilla, las alegaciones al Proyecto de la Autovía Sur de ANEA-Ecologistas en Acción:
Ya se conoce el proyecto de la Autovía del Sur A-4 de Madrid a Cádiz, el Tramo Los Palacios y Villafranca (Sevilla)-Jerez de la Frontera (Cádiz), cuyo promotor es el Ministerio de Fomento. La construcción de esta autovía se da en las proximidades de humedales de gran interés natural y paisajístico, y catalogados con alguna figura de protección e incluidos en el Inventario Andaluz de Humedales, lo que deja patente su importancia. En este proyecto, se está apostando desde las administraciones la aprobación de la alternativa 1.b, lo que causaría la destrucción de esta riqueza natural y la flora y fauna asociadas a ella, debido a su poco coste económico con respecto a otras posibilidades.
Estos espacios tienen un elevado interés natural, ya que, en gran parte de ellos, se desarrolla parte o todo el ciclo vital de fauna silvestre de gran interés incluidas en diversos regímenes de protección con estatus de gran importancia. Los humedales, en general, constituyen un tipo de ecosistemas de muy elevado valor ambiental, económico, cultural y social. Serían el Humedal del Pantano, importante para la comarca y Andalucía dada su proximidad al Paraje Natural del Brazo del Este y al Parque de Doñaña, y la Laguna de “Diego Puerta o Mejorada” que alberga la mayor colonia comunal de garcilla bueyera de España y acoge uno de los mayores dormideros comunales, los espacios más afectados.
Otros impactos son las importantes alteraciones socioeconómicas, pérdidas de propiedades rurales, urbanas, empleo y calidad de vida (ruido), que la construcción de la autovía puede suponer; además de los riesgos geológicos, la erosividad, fauna, paisaje y patrimonio arqueológico. También se caería en un delito ecológico al desaparecer los viñedos, setos y matorrales asociados a los mismos, el lugar de reproducción del alzacola, especie catalogada de gran interés europeo y catalogada en peligro de extinción.
De este proyecto, la alternativa del Corredor 2 AP-4 es la más aceptable según asociaciones como Ecologistas en Acción, ya que supone la sustitución del trazado actual por la autovía, no la construcción aparte de otra autovía, como se propone. Esta construcción aparte tendría un impacto como barrera física, que interrumpe el paso por los caminos históricos que cruzan el territorio, además de impedir el paso de la fauna silvestre y ahogar aún más al núcleo de Los Palacios y Villafranca, fragmentar su territorio y dificultar la relación del núcleo urbano con su medio rural.
Por último, también en Málaga los colectivos ecologistan han denunciado un caso que ya se está llevando a cabo:
El Ayuntamiento de Málaga comenzó a construir una carretera en marzo, atravesando el monte con el consiguiente destrozo de árboles y del terreno, haciendo desaparecer el bosque que ocupa el espacio de Monte Victoria, Calvario y el Cerro de San Cristóbal. La obra en cuestión: conectar la Calle Amargura y la zona de Camino del Seminario, no aparece en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Precisamente por esto es un acto ilícito, ya que se trata de un bosque calificado en el documento del PGOU actualmente aprobado como “suelo no urbanizable” de especial interés por sus valores ambientales y paisajísticos. Y por si esto fuese poco, el recientemente aprobado avance inicial del Plan Especial de Gibralfaro, lo contempla como un corredor biológico que une Monte Victoria y Monte Gibralfaro buscando el efecto de transmisión de riqueza biológica desde uno al otro.
* Grupo de Acción Social - GAS - 26/04/2008
Foto: Autopistas - arqhys.com
Indignación por la actitud violenta de un grupo hacia 'Banderas Negras' en el Algarrobico
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TELEPRENSA/Almería* : La Asociación Amigos de la Alcazaba quiere manifestar su indignación por la tensa situación vivida, y con riesgo de la integridad física de los participantes, esta mañana, domingo, en El Algarrobico, donde la primera parada de la actividad “Banderas Negras” ha intentado ser saboteada por un pequeño grupo de unas 100 personas, presuntamente vecinos de Carboneras...
... pero sin identificación de ningún colectivo, con amenazas verbales, impidiendo el paso de la manifestación, rompiendo algunas banderas y han llegado incluso a algunas pequeñas agresiones físicas.
“Se han vivido momentos de tensión, y no ha llegado la situación a mayores porque no hemos querido responder”, afirma Francisco Verdegay, presidente de la Asociación Amigos de la Alcazaba.
La Asociación Amigos de la Alcazaba critica que esta situación se podría haber evitado si se hubieran puesto los medios adecuados por parte de las fuerzas de seguridad, porque la presencia de la Guardia Civil ha sido mínima, pese a que estaban avisados por escrito.
“Banderas Negras” se celebra por segundo año como actividad lúdica - festiva - reivindicativa. “Banderas Negras” en esta ocasión se ha centrado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, y a través de la música, teatro, historia y poesía se reivindica durante toda la jornada de hoy, 27 de abril, la defensa de los valores del patrimonio natural y cultural del parque y se informa del deterioro de algunos de estos enclaves. En esta ocasión colaboran la asociación de vecinos “La Traíña” y Ecologistas en Acción.
La Asociación Amigos de la Alcazaba lamenta, sobre el incidente de El Algarrobico, que mientras personas particulares, más de 500 participantes en las “Banderas Negras”, dedican su tiempo y dinero a defender el patrimonio natural y cultural de Almería, es decir, el bien general, las autoridades no hayan sido capaces de prevenir y evitar esta situación. Porque, como explica Francisco Verdegay, “hemos tenido que solicitar permisos y autorizaciones a la Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, es decir, es una actividad totalmente legal y autorizada. Sin embargo, han permitido el intento de boicot de una manifestación ilegal de un centenar de personas que nos esperaban y que podrían hacer sido disueltos antes de nuestra llegada”.
Cerca de 500 personas han participado en esta actividad de las “Banderas Negras” que con música y las banderas han llegado a El Algarrobico. Tras encontrase con la actitud violenta de los presuntos vecinos y para evitar males mayores, se ha decidido leer un manifiesto a favor de la protección del patrimonio natural y cultural del parque Cabo de Gata-Níjar, y reclamar que no se produzcan atropellos como el hotel del Algarrobico, al que se ha gritado “demolición”. No se ha celebrado la “Performance” prevista también en el acto, para evitar males mayores.
“Banderas Negras” ha visitado “El Algarrobico”, el Castillo de Los Alumbres y sigue ahora en el Cortijo del Fraile, como ejemplos de patrimonio en peligro -en el caso de El Algarrobico, peligro de deterioro del patrimonio natural de la costa-. Y también ha tenido una faceta divulgativa con parada en Mesa Roldán, donde se ha informado de la función de los faros, y en el Castillo de Los Escullos, donde se ha disfrutado de té con pastas.
* Teleprensa - 28 de Abril del 2008
Foto: Momentos de tensión en Algarrobico - teleprensa.net
Murcia: Condenan a penas de cárcel a más de cien dueños de casas ilegales
LAOPINIÓN* : Los jueces de lo Penal han condenado a penas de prisión, en los últimos cinco años, a más de un centenar de vecinos de Murcia que se habían construido casas y naves industriales en suelo no urbanizable y que fueron denunciados ante la fiscalía por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, departamento que controla en el municipio la edificación ilegal de inmuebles.
Según los datos de que dispone la concejalía de Urbanismo, los jueces han condenado a estos infractores a penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y un año de cárcel con la última reforma del Código Penal, que establece que la construcción ilegal en suelo no urbanizable está castigada con penas de prisión que pueden llegar a los dos años.
El concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, explicó que estos vecinos que han promovido la edificación ilegal y que han sido condenados no han tenido que entrar en al cárcel, debido a que las penas impuestas no superaban los dos años. Además de las condenas de prisión, los juzgados que han llevado sus casos les han impuesto una multa económica y, en algunos casos ha decretado la demolición de la edificación, órdenes que han sido comunicadas al ayuntamiento de Murcia.
En el año 2001 este departamento comenzó a aplicar la disposición transitoria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que establecía una amnistía urbanística para las construcciones realizadas en suelo no urbanizable, que podían legalizarse presentando durante los próximo cinco años, a partir del 2001, una serie de documentación. Con este proceso de legalización, que duró cinco años, salieron de la clandestinidad unas 1.200 edificaciones, de las siete mil edificaciones ilegales estimadas.
Pasada la moratoria de los cinco años (expiró en el 2006), el Ayuntamiento dio un nuevo plazo y ahora ha vuelto a dar un ultimátum a los infractores. Hará una campaña para comunicarles que en febrero de 2009 si no han regularizado sus construcciones comenzará a demolerlas. El concejal de Urbanismo indicó que, a pesar de que el Ayuntamiento descubre cada año una media de trescientas edificaciones clandestinas, "en la actualidad no tenemos casas y naves ilegales, porque todas esas construcciones han sido localizadas por los servicios de inspecciones cuando estaban en cimientos o vallándose el solar y no han seguido adelante". Berberena añadió que "estamos haciendo demoliciones a diario de estructuras y de vallas y no dejamos que las obras sigan adelante".
* La Opinión de Murcia - 27 de abril de 2008
Foto: Viviendas clandestinas 'tapadas' por edificios - laopiniondemurcia.es
La crisis destapa fiascos urbanísticos
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ELPAÍS/Barcelona* : Todavía no han aparecido grandes Seseñas en Cataluña. Pero la crisis inmobiliaria, que las propias empresas admiten que azota más fuerte de lo previsto, ha convertido en fiascos proyectos para los que sus promotores auguraban grandes éxitos. En pleno boom, eso sí.
Las ventas se han desplomado más del 40%, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta caída, junto a la necesidad de las empresas de echar el freno a su actividad, ha convertido en un auténtico páramo a barrios y urbanizaciones.
Roda de Barà es una localidad pequeña. Apenas tiene 6.300 habitantes, aunque en verano se multiplican al menos por cinco. En el núcleo antiguo, en el pueblo, hay multitud de pisos con el cartel de se vende. La oferta inmobiliaria abunda. Pero eso no es nada con lo que tiene que llegar. La N-340 separa el casco urbano de lo que los ecologistas de la zona, agrupados en Alternativa Baix Gaià, consideran "un verdadero monstruo". Se refieren al Francaset, una urbanización que tendrá más de 1.000 viviendas y que supondrá un crecimiento de población de entre 4.000 y 5.000 habitantes, según los cálculos del Ayuntamiento.
La entrada a la urbanización, una rotonda en la N-340, es casi desértica. Pero también lo es el nuevo desarrollo en sí. En la calle principal, donde todavía se están haciendo los acabados de algunas casas, hay numerosos carteles de agencias y promotores inmobiliarios. "Es cierto, no vive demasiada gente, las ventas están paradas y eso hace que parezca un pueblo fantasma. Además, las obras van más lentas. Espero que al menos las terminen", asiente la primera teniente de alcalde de Roda de Barà, Maite Huerta (PSC).
A lo largo de la zona hay varias zonas urbanizadas (con calles asfaltadas, aceras y farolas), pero sin edificios. Huerta, que en septiembre será alcaldesa después de que el PP y el PSC presentaran una moción de censura contra el anterior gobierno local de CiU, afirma que es un proyecto "heredado". ¿En qué se parece a Seseña? "Está mal planificada. No se tuvieron en cuenta los servicios, ni tiendas donde ir a comprar una barra de pan, salvo un supermercado. Estaba mal comunicada. Había dos líneas de farolas en la carretera que funcionaban a pesar de que allí no había casi nada, por lo que hemos quitado una...", lamenta. "Es cuestión de ir remontando e incorporar servicios", se resigna Huerta.
Una de las agencias inmobiliarias que comercializan los pisos de obra nueva es Finques Compte. Su propietario es el anterior alcalde de Roda de Barà, Pere Compte (CiU). En la campaña para las últimas elecciones municipales el urbanismo fue una de las armas que usó la oposición. Denunció que el gobierno local estaba copado por un agente de la propiedad inmobiliaria (API), dos constructores, la propietaria de una empresa de excavaciones y otra de una firma de seguros. "Resulta al menos extraño que el alcalde vendiera los pisos. Siempre queda la duda de si ha habido algún tipo de privilegio", dice Huerta.
Compte quiere despejarla. Asegura que el proyecto ya venía "del mandato anterior" a su llegada, y dice claro que él siempre se ha dedicado a la intermediación inmobiliaria. "La oficina fue de mi padre, ahora es mía y mi hijo también se dedicará a la profesión", sostiene Compte con rotundidad. "Soy API de toda la vida", remacha. Además, asegura que sus familiares administraron y se ocuparon de la agencia mientras él ejerció de alcalde.El anterior alcalde de Roda de Barà, Pere Compte, sí admite la crisis que atraviesa el mercado de segunda residencia. "Dicen que las ventas han caído el 40% en Cataluña. Aquí mucho más, porque hay mucha segunda residencia. Con el parón inmobiliario han quedado bastante paradas [las ventas del Francaset]". A las cinco de la tarde, la urbanización está completamente dormida. "La calle de ahí está acabada, pero hay muy poca gente", dice el trabajador de una obra. Donde él trabaja, en la calle de Dolores Ibarruri, no hay nadie.
No sólo la segunda residencia sufre el parón. La vivienda habitual, también. Varias fuentes consultadas señalan zonas concretas: los nuevos desarrollos de Sant Cugat, que supondrán la salida al mercado de más de 4.000 viviendas en los próximos años. De momento, el gremio de promotores y constructores del Vallès asegura que en esta localidad hay cerca de 2.000 pisos en existencia; es decir, que no se pueden vender.
En los nuevos barrios de Sant Cugat las comunicaciones parece que deberían ser más fáciles que en Roda de Barà, puesto que hay proyectada una estación de tren. El nuevo barrio de La Guinardera ya ha tomado forma, pero es inóspito. Parece un gran salón inmobiliario en un gran escenario de cartón piedra. No hay gente por la calle, ni tiendas, ni apenas equipamientos. Sólo grandes carteles de se vende o se alquila, anuncios enormes de ofertas inmobiliarias y casetas de promoción. Están las grandes empresas: Colonial, Osuna, Reyal Urbis...
Carme, que acaba de llegar al barrio, dice que la zona le gusta. "Es verdad, no hay apenas gente. En mi escalera viven familias, pero fuimos de los últimos que compramos sobre plano. El resto está vacío", asegura. Aun así, está ilusionada porque dice que "un día" el Ayuntamiento creará un centro cívico y una calle con tiendas. "¡Ah! Y ahí, en el edificio de Colonial, sí habrá tiendas. Una chica creo que quiere abrir una peluquería", recuerda. "Dentro de dos o tres años espero que haya más vecinos", remata.
En uno de los bloques ya terminados hay seis carteles de inversores que quieren desprenderse del piso que adquirieron para especular. "Nos hacen la competencia, porque algunos los vendimos en paquetes, con descuento, y ahora los despachan a un precio inferior al nuestro", afirma un promotor que pide no ser identificado. Esto explica que haya diferencias entre precios. Un piso de tres habitaciones, con los mismos metros cuadrados que otro, en la misma finca vale 440.000 euros en un caso y 380.000 euros, en otro.
Las inmobiliarias del barrio se vuelcan en el comprador. Inmobiliaria Osuna, por ejemplo, debe entregar un edificio en junio. Como muchos compradores potenciales están pendientes de vender su antiguo piso, deja que el cliente entre más tarde -y empiece a pagar entonces- y que se acoja a la figura del alquiler con opción a compra durante un tiempo. En otra promoción de viviendas, un comercial que está en una caseta admite que al cliente le echa para atrás la soledad del barrio. Y, añade, tampoco le resulta muy agradable enseñar piscinas comunitarias que no se pueden llenar por la sequía.
En Sant Cugat y Roda de Barà, las obras, al menos las de primera fase, han empezado, que ya es mucho. En Malgrat de Mar (Maresme), por ejemplo, hay terrenos urbanizados, con las calles asfaltadas, las farolas y las aceras. Pero no hay viviendas. En su lugar, en las manzanas donde deberían alzarse edificios, crece la mala hierba. "Es un paisaje un poco molesto, porque queda justo al lado del Pla de Grau [la zona de los campos]. Y llevan tiempo así", dice Maria Rosa, una vecina del municipio.
En este desarrollo, mucho más modesto que el de Sant Cugat, se pueden levantar 307 viviendas, explica una portavoz del Ayuntamiento. Este municipio turístico se acerca a los 18.000 habitantes, sobre todo por la llegada de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona que primero tenían en la localidad su segunda residencia y luego decidieron quedarse. Ahora, en esta zona nueva sólo hay terminados dos inmuebles, uno de 28 pisos y otro de 38. Hay otras dos licencias pedidas, una para un chalet y otra para 10 viviendas adosadas. "Tienen un plazo de 10 años para construir. Si se hace antes, vamos mal. Pero si hace después, también", asegura la portavoz.
El caso es que, dada la crisis de ventas, la inmobiliaria que debía levantar los pisos ha renunciado a hacerlo. Fuentes del mercado que conocen la operación aseguran que la inmobiliaria ha renunciado a las casas y que ahora vende las parcelas, de unos 157 metros cuadrados, para que cada comprador se las construya él mismo. El panorama, el que arroja la crisis en otras tantas localidades: desolador.
Enojados por las ofertas
C. H. compró con su pareja en febrero de 2007 un piso de la enorme promoción de Vilamarina que Sacresa está levantando en Viladecans. Se hicieron con uno de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, plaza de garaje y trastero por 480.000 euros. Llevaron el piso donde estaban a una agencia de la propiedad, que les garantizaba que si cuando llegara octubre de 2008 no lo habían vendido, se lo quedaban. Todo arreglado, podían asumir el pago del piso.
"Hace un mes nos llamaron de la agencia para decirnos que no podrían hacerse cargo de ese contrato tal como estaban las cosas, porque los precios habían bajado mucho y los bancos no concedían hipotecas", cuenta C. H. El abogado les aconsejó no ir a juicio, puesto que podían perderlo. Acudieron a Sacresa para ver si podían "ayudar". "Cuando entramos en la oficina de ventas nos encontramos un cartel muy llamativo en el que un piso igual que el nuestro se anuncia por 90.000 euros más barato y otros salen incluso por 100.000 euros menos que los que vendieron por nuestras fechas", explica.
Sacresa admite los descuentos, pero matiza. "Era una promoción como las que hacen todas las promotoras para vender ocho pisos que quedaban de la primera fase", explica un portavoz. "Algunas compraron hace unos meses, cuando los precios estaban en máximos, pero ahora todas las empresas tratan de vender con ofertas. Y nosotros hemos hecho una coincidiendo con el día de Sant Jordi", insiste.
Pero C. H. no está sola. Se ha puesto en contacto con otros vecinos de la promoción igual de enfadados por las rebajas. "Ahora comentan que están estudiando hacer una compensación a los primeros compradores, que somos unos 120", asegura. La compañía afirma que ha mandado una carta a sus clientes para "buscar soluciones" en el caso de que el comprador tenga dificultades, por ejemplo, para venderse su piso. "Conclusión: teníamos pensado solicitar una hipoteca de 240.000 euros y si tenemos que bajar el precio de nuestro piso tenemos que pedir 300.000. No nos salen los números", lamenta C. H.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 28/04/2008
Foto: Roda de Barà (Tarragona) - mma.es
El alcalde de O Pino logró en seis horas seis informes para el polígono
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ELPAÍS/Santiago* : La cronología de las decisiones adoptadas por el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, el 21 de junio de 2007 servirá al juzgado de Arzúa para determinar si el regidor del PP infringió la ley o, simplemente, aceleró los trámites para agilizar el polígono industrial que la inmobiliaria Fadesa promueve en este ayuntamiento cercano a Santiago.
Dando por buena la versión del regidor, a primera hora de ese jueves -el mismo día en que expiraba el plazo de exposición al público del proyecto de urbanización-, el servicio de Correos entregó en el registro municipal tres alegaciones distintas de particulares contra el parque industrial. Y a partir de ese momento, según las diligencias previas instruidas por el juez, el Ayuntamiento de O Pino, con problemas de personal y escasez de técnicos funcionarios, se convirtió en un modelo de eficacia administrativa poco frecuente en la gestión municipal.
En apenas seis horas, entre las nueve y las tres de la tarde, el gobierno de O Pino requirió al equipo redactor del plan, la consultora Singla Ingeniería SL, con domicilio en A Coruña, un informe que esta empresa remitió, según el alcalde, a lo largo de la mañana. Al mismo tiempo, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento elaboró otro dictamen por escrito que avaló la viabilidad del polígono. Y la Secretaría Municipal emitió tres veredictos más, todos favorables al proyecto de Fadesa. Como los anteriores, un sexto informe externo encargado al bufete Roibás Vázquez abogados, también con fecha 21 de junio, desestimó las alegaciones vecinales.
Con toda esa documentación en su poder, el visto bueno del equipo redactor del planeamiento y los avales de la secretaría municipal y el arquitecto contratado por el ayuntamiento, el alcalde de O Pino acordó esa mañana la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono industrial. Y fue minutos después, según el propio regidor, cuando éste recibió una orden de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura que anuló el permiso -que este mismo organismo había dictado meses antes-, imprescindible para convalidar el plan parcial del polígono. La resolución de la Xunta, que Taboada dijo haber recibido después de estampar su firma en el proyecto de urbanización -lo contrario implicaría un delito de prevaricación- reclamaba una prospección arqueológica para comprobar si el espacio delimitado para las naves industriales invade la traza original del Camino de Santiago.
Hasta que los técnicos de Patrimonio determinen la ubicación exacta de la ruta, las obras quedaron finalmente suspendidas en una parcela de 400.000 metros (del millón que ocupará el polígono industrial), tras aceptar parcialmente la consellería un recurso presentado por el ayuntamiento. Con el permiso municipal en vigor, las máquinas trabajaron desde entonces en los otros 600.000 metros cuadrados hasta que, a principios de abril, otra orden de Medio Ambiente decretó la paralización de los trabajos, tras una denuncia del Seprona que reveló desvíos en cauces de arroyos como consecuencia de las obras. A la espera de los recursos presentados por el gobierno local contra la Xunta, el proyecto permanece estancado.
Pero el acondicionamiento de las parcelas de O Pino había comenzado mucho antes incluso de que la obra contase con la preceptiva licencia municipal. Entre enero y junio de 2007, Fadesa acometió la tala indiscriminada de cientos de árboles sin permiso del ayuntamiento.
La deforestación de cerca de un millón de metros cuadrados la explicaron ante el juez el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y el representante de Fadesa en el noroeste de España, José Antonio Suárez Fernández. Cada uno a su manera. En su declaración como imputado, el regidor alegó que la inmobiliaria no había hecho una corta masiva, sino "labores de desbroce en el marco de un convenio con Medio Rural para evitar incendios, dada la cercanía del aeropuerto".
En su comparecencia también como imputado en el juzgado de Arzúa, el directivo de Fadesa sí admitió la tala de masas arbóreas, encargada a una subcontrata y que, según el directivo, "no tuvo relación alguna" con la prevención de fuegos. El representante de la constructora reconoció además que Fadesa no pidió permiso al Ayuntamiento, tal y como obliga la ley del suelo, y que pese a ello, nadie del gobierno local le pidió paralizar las obras.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 28/04/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
Ibiza: Los Juzgados tramitan 80 casos por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente
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ÚLTIMAHORA* : Los Juzgados de Eivissa tramitan actualmente alrededor de 80 casos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico artístico e incendios forestales.
Según explicó el fiscal especializado en estos temas, Antoni Torres, muchos de estos asuntos tienen una «gran complejidad» -caso Cretu, Parques de es Cubells o contaminación de pozos en Santa Gertrudis- y en un gran número de ellos están involucrados cargos públicos y técnicos municipales, con aparición de conductas relativas a presuntos delitos contra la Administración pública.
Sólo durante el año 2007 este fiscal incoó una veintena de expedientes de personas o administraciones que se dirigieron directamente a la Fiscalía para denunciar los hechos. Sin embargo, sólo se celebraron cinco juicios por delitos medioambientales y urbanísticos.
Torres se queja de que la investigación de estas materias se hace «larga y difícil», no sólo por la necesidad de practicar pruebas periciales complejas y caras, sino también por la falta de especialización de los jueces, que implica que la mayoría de las instrucciones tengan «que ser impulsadas por el ministerio fiscal». «Ojalá se especializara un juzgado de instrucción en esta materia», expresó Torres, que indicó que si ya la Ley de enjuiciamiento criminal tiene más de 900 artículos, con la normativa urbanística y medioambiental «se podría llenar una biblioteca».
Otro problema son los peritajes necesarios para investigar este tipo de temas. A los peritos se les paga al final del procedimiento judicial, lo que hace que muchas veces sean reacios a participar. Es algo que podría haber ocurrido por ejemplo con el tema de la tierra de las autovías, donde la Conselleria de Medi Ambient se negó a hacer una pericial para ver si hay restos de asfalto contaminantes, aunque finalmente el Consell se ha ofrecido a adelantar el dinero para realizar esta prueba. «Sería extremadamente beneficioso contar con asesoramiento de profesionales (biólogos, arquitectos, químicos, etc.), ya que el sistema actual ralentiza la investigación y no permite decidir, a priori, qué actuaciones son las procedentes en cada caso», explica Torres en la memoria del año 2007 que ha entregado al fiscal de medio ambiente de Balears, Adrián Salazar. Según el fiscal, si se pudiese contar antes con este asesoramiento especializado probablemente se evitaría que numerosos asuntos desembocaran en los juzgados.
A estos problemas hay que unir el volumen de trabajo que tiene la Fiscalía de Eivissa, donde la mitad de las plazas suelen estar ocupadas por fiscales sustitutos. Por eso, Torres consideraría conveniente que se incentivara la permanencia de los fiscales en Eivissa.
Los juicios sobre delitos medioambientales y urbanísticos celebrados en 2007 fueron el de Puig d'en Serra por prevaricación urbanística contra el alcalde de Sant Josep y varios concejales en el que se dictó sentencia absolutoria por prescripción del delito; el de la presunta construcción ilegal del establecimiento hotelero Las Dunas de Formentera, que está pendiente de sentencia, y el referido a la explotación de una cantera de arena en zona ANEI en Formentera, también pendiente de sentencia. Se celebró otro juicio por la ampliación de una vivienda en el área periférica del parque de ses Salines en el que se condenó a la promotora, el arquitecto y el constructor y que está pendiente de recurso de apelación (en esta mansión veraneó el ex presidente Aznar) y otra vista oral por la edificación de una vivienda de grandes dimensiones en suelo especialmente protegido cuya sentencia fue absolutoria.
La Fiscalía también presentó en 2007 escritos de acusación en el caso ses Torres, pendiente de juicio y en el que está imputado por prevaricación el ex alcalde de Santa Eulària; en el caso de los pozos de Santa Gertrudis y en otro por delito de incendio.
De la veintena de diligencias incoadas por el fiscal en 2007 hay muchas que se refieren al municipio de Sant Josep. Entre ellas el convenio urbanístico presuntamente ilegal que firmó el ex alcalde de Sant Josep en Cala Pinet; el incumplimiento de sentencias firmes de derribo, el caso del asfaltado del negocio del ex alcalde, la concesión de licencia a la carpintería Alba donde se investigan delitos de prevaricación y tráfico de influencias o la «irregular práctica» denunciada por el Colegio de Arquitectos de tramitar como estudios de detalle verdaderas modificaciones de las áreas de actuación sin comunicación al Consell, lo que podría suponer prevaricación urbanística. Otra denuncia se refiere a un posible delito contra el medio ambiente por la construcción de la depuradora en Cala Tarida.
* Última Hora Digital - CLAUDIA ROIG - 27.04.2008
Foto: En los Juzgados se investiga por presunta prevaricación al ex alcalde de Sant Josep por dar licencia a esta carpintería/ ultimahora.es
Corrupción intensiva
JOSÉ E. IGLESIAS/Mallorca* : Decenas de políticos en activo acusados de corrupción y cientos de millones de euros del erario público balear traspasados a bolsillos privados, bien monetariamente, bien en especie, bien mediante la especulación concertada sobre nuestra materia prima esencial: el territorio. Este es el balance, grosso modo, de la realidad insular a comienzos del siglo XXI. Un resumen escalofriante nada coyuntural. Estamos ante un profundo problema infiltrado en las arterias de la estructura social que empieza a convertir nuestra democracia en una farsa.
La italianización de Balears es evidente, incluso puede que más certero sea invertir esos términos. Por acción u omisión, la esfera política se ha instalado en la permanente sospecha debido al sinnúmero de casos investigados por los tribunales de justicia. Andratx, Rodrigo de Santos, Son Oms, Ayudas a asociaciones de UM, Bitel, Plan Territorial y no sé cuántos más que transitan rutas ya abiertas por el caso Calvià, Túnel de Sóller, Brokerval, Mapau.... Y lo que es más tremendo e ilustrativo: apenas en una quincena de años. Signos de corrupción intensiva.
La piel ciudadana se ha endurecido, fruto de la impotencia y también de esa condescendencia tan mediterránea expresada en el menfotisme, una variedad radicalizada del vive y deja vivir. No hace falta que les traiga a colación la época o las épocas del contrabando que tanta admiración y complicidad causaba en pueblos y ciudades. Echenle un vistazo al último libro de Pere Ferrer Guasp, "Contraban, república i guerra", para tener una visión somera de lo dicho. Por pura causalidad, entre capítulo y capítulo cayó en mis manos la denuncia de la fiscalía sobre los pelotazos del Plan Territorial de Mallorca (PTM). Ni una ni otra actividad tienen nada que envidiarse en cuanto a las complejidades sociales de sus tramas.
De todo lo citado, lo más escandaloso es lo del PTM, o cómo la supuesta corrupción escala hasta el rango de ley, que es algo así como el colmo de los colmos de la perversidad. Denunciamos en su día que la norma del suelo representaba un urbanismo a la carta inconcebible y de una opacidad inadmisible en una sociedad sensible al deterioro del territorio. Si entonces olía mal, hedía, hoy debemos señalar que el PTM está muerto, al menos para la gente de la calle. Las leyes, para cumplirse, deben ser creíbles y esta, tras las duras acusaciones de la Fiscalía, ya no lo es. Que haya partidos que lo sigan defendiendo ahonda en su descrédito y en la sospecha.
El que sin embargo está muy vivo es el caso Bitel, que los periodistas nos hemos apresurado a titular como II, cuando no existe más que uno, el original. Si quien salvó a Jaume Matas de ser enjuiciado por piratear los correos electrónicos de Urbanismo del Consell es el detenido ahora por malversar fondos públicos, el escándalo es un continuum con diferentes escalas. No es aventurado asegurar que aquel expediente judicial podría haberse cerrado en falso, al ponerse en duda la fiabilidad del perito exculpatorio.
Me quedé corto cuando alguna vez califiqué el mandato de Matas como el cuatrienio de la revancha y el exceso. Quien hoy disfruta de su exilio dorado, sin dar explicaciones a nadie sobre la responsabilidad política de todas las trapacerías que están apareciendo, llegó a hacer de esta, su finca, como vemos, un auténtico patio de Monipodio. No puede calificarse de otra manera lo que hoy está trascendiendo. En esto desemboca aquella soltura y esmero que con tanto desparpajo premiaba adhesiones y represaliaba las críticas.
Desde la razón no suelo dar a la alternancia política en sí misma un valor necesario. ¿Por qué habría de retirarse un gobierno que fuera transparentemente bueno para sus ciudadanos? Esto es la teoría. En la práctica estamos impelidos a defender la alternancia en las altas esferas de gobierno como medida de seguridad para la defensa de los intereses públicos. Lo que estamos viendo en la actualidad es fruto de esa alternancia. Si no existiera, no duden que ninguna de las pesadillas que hoy nos atribulan hubieran aflorado, para mayor gloria y disfrute de la delincuencia de cuello blanco.
* Diario de Mallorca - Opinión - 27 de abril de 2008
