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ELPERIÓDICO* : José Moreno culminó ayer su ascenso al casi desierto Olimpo de los héroes inmobiliarios mediante un acto tan sencillo como la entrega de unos papeles. Tras varios días acampados en Fuenlabrada (Madrid), en las inmediaciones de la asociación de vecinos de este promotor de pisos a un precio cercano al de coste, más de 2.000 jóvenes entraron por orden en el local, le entregaron 120 euros, firmaron un papel que les acreditaba como futuros cooperativistas y salieron coreando su nombre, sonriendo, abrazándose entre sí y, en algunos casos, incluso llorando de alegría.
Todo por la promesa de ser propietarios en un futuro indeterminado de una vivienda barata que no existe. Aunque ha anunciado que espera comenzar a construir a comienzos del próximo año las primeras 200 viviendas de las 2.100 totales, Moreno carece de suelo por el momento.
El fenómeno dice tanto sobre la capacidad de atracción de este hombre como sobre la situación inmobiliaria en España, que tras una década de crecimiento se encuentra ahora bordeando el colapso debido a los recortes globales a los créditos y el frenesí constructivo. El precio de la vivienda empieza a descender debido a la crisis financiera, pero se dobló entre el 2001 y el 2007. Con los salarios subiendo apenas por encima de la inflación, los jóvenes se enfrentan a enormes dificultades para hacerse con un piso que puedan pagar. Lo que Moreno les ofrece es precisamente eso: una vivienda al alcance de su bolsillo para que vuelen de una vez del nido familiar.
600 EUROS AL MES
De acuerdo con lo anunciado por el promotor inmobiliario --conocido como el Robin Hood del ladrillo porque su margen de beneficio, de solo un 3%, es sensiblemente inferior al del resto-- las viviendas para personas de 18 a 35 años, en el sur de Madrid y el norte de Toledo, serán de entre dos y tres habitaciones, contarán con los mejores materiales y su precio oscilará entre los 120.000 y los 168.000 euros según sean de protección oficial o de renta libre, de los cuales el cooperativista pagará una entrada de 9.000 y mensualidades de un máximo de 600. Solo hay que creer en él. Y los jóvenes le creen, aunque la única garantía que ofrezca resida en el hecho de que en las otras ocasiones que ha construido en régimen de cooperativa --72 viviendas hace una década, 170 pocos años después y otras 402 en el 2007-- todo haya salido estupendamente.
LA ASOCIACIÓN
Por eso llegaron a Fuenlabrada en cuanto supieron que el 15 de noviembre, ayer, iba a inscribir en la futura cooperativa a las primeras 2.000 personas que se presentaran, pues los 100 inmuebles restantes hasta llegar a 2.100 irán a parar a miembros de su asociación de vecinos, llamada La Avanzada por el barrio en el que reside Moreno. La primera en llegar, el pasado domingo junto a su marido y su bebé, fue Deyaniry Feliz, ama de casa de 24 años. Al instalarse, Feliz provocó un efecto dominó: los interesados en el proyecto de Moreno, temerosos de no poder formar parte de él si se retrasaban, comenzaron a llegar sin pausa. El lunes sumaban 1.500, cifra que el viernes llegaba a los 2.500, convirtiendo así el barrio en un improvisado campamento de jóvenes sedientos de piso sobre el que también se dejaron caer muchas promotoras inmobiliarias que los tentaban, sin éxito, con sus ofertas en estos tiempos de crisis.
"¡Moreno, campeón, saluda a la afición!", exclamaban los jóvenes tras pagar los 120 euros que les convierten en miembros de la futura cooperativa y que, según los folletos informativos del héroe inmobiliario, les serán devueltos si esta no comienza a andar "en un año por motivos achacables a la gestora". Cuando posaban para las decenas de medios que se congregaron en el local vecinal, algunos también sustituían el tradicional grito de "¡patata!" por otro más adecuado para la ocasión: "¡Hipoteca!".
* El Periódico - JUAN RUIZ SIERRA, FUENLABRADA - 16.11.2008
Foto: La larga cola de los aspirantes a un piso de bajo coste, antes de formalizar la inscripción, ayer. - JUAN MANUEL PRATS, elperiodico.com
El cámping del piso barato hace de su promotor un héroe inmobiliario
Manifestación en defensa del patrimonio alcarreño
LATRIBUNA/Guadalajara* : Los representantes de Ecologistas en Acción, Tierra Comunera, el Grupo para la Defensa del Patrimonio Histórico- Artístico de Guadalajara, (Dalma) y la asociación La Camada se concentraron ayer en la plaza del Concejo contra la escasez de políticas de conservación y «el abandono de las autoridades».
La manifestación comenzó entorno a las 11,00 horas en la plaza del Concejo para continuar hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se leyó un manifiesto. Durante el desarrollo de la misma, la decena de concentrados se equiparon con pancartas en las que se podía leer ‘Urbanismo imparable’, ‘Patrimonio cultural, patrimonio mundial’ o ‘ ¿Quién es el responsable? ¡Intereses políticos y económicos!’. Además de corear diferentes lemas como «¿Qué van a ver de Guadalajara los turistas, sino dejamos nada?».
Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción, denunció que «no hay conservación de ningún tipo». Como ejemplo puso el ábside de la iglesia de San Gil, en la plaza del Concejo, quejándose del lamentable estado en el que se encuentran estos restos y su entorno.
En su manifiesto los convocantes llamaron a los alcarreños a salir a la calle, para evitar «el deterioro del casco antiguo» y «el desmantelamiento del patrimonio artístico, cultural y natural». En este documento destacaron que el detonante de la concentración del sábado fue la «destrucción» de un yacimiento de la Edad de Bronce de las Terreras del Henares y la «ocultación de información» en este caso. Además los manifestantes denunciaron «la descoordinación entre las administraciones públicas: Cultura, Medio ambiente y Ayuntamiento». Al respecto, constataron «el escaso control en las obras públicas y la falta de parcialidad en los casos en que se ejecuta». Recordaron también que es la misma Administración quien controla los restos arqueológicos e impone las sanciones pertinentes.
malas prácticas. Luego procedieron a leer un listado de las malas actuaciones, que han destruido «gran parte del patrimonio histórico de Guadalajara» desde los años 50: la desaparición del Convento de Santa Clara (hoy sede de Ibercaja y del Hotel España) en los sesenta, del antiguo recinto amurallado medieval (ocupado en la actualidad por las viviendas de la calle Ramón y Cajal) o en 2001 la reconstrucción total del Palacio de Dávalos y la demolición, sin autorización, del edificio de Guardahermosa de la Plaza de los Caídos, entre otros muchos casos. A juicio de las asociaciones convocantes la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla La-Mancha tiene por objetivo «inventariar y tirar» la mayoría de los restos hallados en las obras. La concentración finalizó entre aplausos de los presentes y gritos de «¡Basta ya de destrucción!». Marta Arias, una de las manifestantes, constató que Guadalajara es una «ciudad escasa en edificios de interés turístico».
* La Tribuna de Guadalajara - carlos manso - 16.11.2008
Foto: Guadalajara, ayuntamiento - wikipedia.org
Los jueces anulan un PAI de Valencia por vulnerar la libre competencia
ELPAÍS* : La adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) del sector urbanizable de Patraix en Valencia, con más de 3.000 viviendas, vulneró las reglas de la libre concurrencia. Aprobado definitivamente en 2002, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anula ahora el proyecto, con la urbanización ya avanzada y cuando el agente urbanizador, una empresa encabeza por el promotor Juan Soler, ejecuta un tramo del bulevar sur para mejorar las conexiones viarias de la zona.
La sentencia, notificada el pasado 6 de noviembre, refleja la larga controversia en torno a las condiciones de adjudicación de los PAI con la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que ha desembocado en una denuncia del urbanismo valenciano ante la Unión Europea.
El plan bendecido por el Ayuntamiento de Valencia y la entonces Consejería de Obras Públicas fue recurrido por numerosas empresas con intereses o propiedades en el área urbanizable. Los recursos alegan motivos diversos, pero la mayoría conduce a una misma acusación: la Administración local incumplió la normativa de contratación europea y estatal, que está en el centro de la polémica sobre la falta de transparencia y libre competencia en la adjudicación de planes en las leyes urbanísticas valencianas.
Los magistrados entran en el debate al analizar los argumentos de las partes, y aunque desechan la anulación del PAI de Patraix por una posible infracción de las normas europeas y apuntan que la discusión sigue abierta, sí defienden que el expediente no respetó los principios de publicidad y libre concurrencia de todos los interesados en la adjudicación como marca la normativa estatal de contratación. El fallo del TSJ no es firme, por lo que el Ayuntamiento deberá decidir si lo recurre o intenta subsanar, de ser posible, las irregularidades de la tramitación.
El PAI del nuevo barrio de Patraix ocupa casi medio millón de metros cuadrados y es uno de los sectores urbanizables más grandes de la ciudad de Valencia. A su desarrollo se presentaron varias empresas con alternativas técnicas, entre ellas la opción ganadora, encabezada por la empresa de Juan Soler DUPSA (Desarrollo Urbano de Patraix, SA).Durante la larga gestación del proyecto, que arrancó en 1999, la propuesta de urbanización estuvo abierta a alegaciones, pero una parte de las empresas demandantes denuncia que hasta la aprobación final en el pleno de octubre de 2002 se produjeron modificaciones que no llegaron a salir a exposición pública, por lo que se conculcó el principio de no discriminación y libre concurrencia. Tanto el Ayuntamiento como DUPSA rechazan este argumento y alegan que los cambios en el plan no fueron "sustanciales", y que se cumplió la previsión de la LRAU sobre la información pública. También esgrime una de las partes que pretendió presentar una nueva oferta, pero que el procedimiento no lo permitió, con lo que cree que DUPSA "obtuvo una posición absolutamente privilegiada" y no hubo igualdad de condiciones.
En respuesta a todos las objeciones, el tribunal de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sustenta su decisión en la ya amplia jurisprudencia que ha generado el choque de la LRAU con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en relación con la selección del agente urbanizador, su calificación para la adjudicación, los procesos de expropiación, publicidad e información pública, entre otros aspectos. Los magistrados citan diversas sentencias al respecto y se reafirman en que no basta con argumentar que un plan cumple la LRAU -ya sustituida por la Ley Urbanística Valenciana (LUV)-. Si la tramitación del proyecto se contradice con la norma básica estatal, que asume las directrices europeas, ésta debe prevalecer.
Los magistrados concluyen así que la adjudicación del PAI vulneró "los principios de no discriminación y libre concurrencia". Además, el adjudicatario "no estaba debidamente clasificado para contratar con la Administración", y aunque la LRAU no se lo exigía, tampoco excluía "expresamente" esta condición, por lo que una vez más prevalece la "normativa estatal básica".
El PAI de Patraix se queda sin urbanizador y sin proyecto válido. La sentencia deja en el aire una urbanización que incluyó expropiaciones y está ya avanzada.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 16/11/2008
Foto: Valencia, barrio Patraix - picasaweb.google.com
Amigos del Patrimonio denuncia que está en peligro la singularidad de la ciudad histórica
ELNORTE/Segovia* : La Asociación de Amigos del Patrimonio celebró ayer una asamblea ordinaria en la que mantuvo el tono crítico con las actuaciones urbanísticas que, a su juicio, van desfigurando poco a poco la singularidad de la ciudad histórica.
Su presidente, Pedro Montarelo, advirtió de que esa singularidad que diferencia Segovia de otras ciudades corre peligro «con esas pequeñas intervenciones que se van haciendo y que van suponiendo un cambio sustancial en la fisonomía urbana».
Montarelo lamentó el «culto al automóvil» existente en ciudades en las que debería respetarse el patrimonio histórico de manera exquisita. En este sentido, censuró los proyectos de aparcamientos subterráneos para recintos amurallados como el de Segovia, «que esconden los coches pero suponen una mella irreparable en el paisaje de la ciudad, como el que se está proyectando bajo el paseo del Salón, al que nos oponemos rotundamente porque esa zona ya nunca quedará igual que estaba», manifestó. Esta asociación segoviana aboga por una planificación general de la ciudad histórica «porque no podemos esconder o guardar todos los coches en aparcamientos subterráneos».
El presidente de Amigos del Patrimonio recordó que Segovia fue en su día declarada Patrimonio de la Humanidad, no por sus monumentos, sino por el conjunto que éstos conforman con el caserío, las tapias, las huertas, los espacios libres... «Si bien esos grandes monumentos no corren peligro, se están llevando a cabo intervenciones muy cuestionables en la calle de San Geroteo, en la Calle Real, en el paseo de Juan II, etcétera, que contribuyen a acabar con esa singularidad que posee el recinto amurallado de Segovia, al cual no podemos aplicar la misma normativa urbanística que a las ciudades nuevas, porque no es una ciudad en construcción, sino hecha, terminada».
Sensibilización
Amigos del Patrimonio quiere seguir desempeñando la labor de vigía de la conservación del legado histórico y artístico segoviano, pero también quiere extender la sensibilización por el patrimonio. Para ello, prepara unos encuentros en los que dará cabida a otros colectivos sociales. «El objetivo es charlar sobre el patrimonio segoviano con instituciones, medios de comunicación, organizaciones vecinales y otros colectivos sociales, no desde una perspectiva especializada, sino desde el punto de vista del ciudadano de a pie que está interesado en la conservación del patrimonio de su ciudad». Estos 'encuentros con el patrimonio' tendrán un carácter mensual y arrancarán el próximo mes de diciembre.
* El Norte de Castilla - 16.11.08 -CARLOS ÁLVARO
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com
La Fiscalía de Valencia investiga un centenar de casos de corrupción en los últimos dos años
LEVANTE* : Terra Mítica, Fabra y, Orihuela son nombres ya conocidos en los pasillos de los juzgados y entre la opinión pública. Pero no son los únicos. En dos años, la Fiscalía de Valencia lleva investigando de forma callada un centenar de casos de corrupción política y de fraude empresarial. En Alicante y Castelló el panorama es tanto o más desolador, donde la promoción turística ha ido pareja a la especulación urbanística.
Con la crisis económica y financiera a escala mundial, los pelotazos urbanísticos, los hombres del maletín y el negocio del ladrillo son más difíciles de ocultar. La prueba está en la Comunitat Valenciana, hecha a golpe de PAI, en la que la corrupción comienza a aflorar. Sólo en la provincia de Valencia, entre 2007 y lo que va de 2008, la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia abrió 86 diligencias de investigación penal, que se pueden ampliar hasta final de año. Y no ha hecho más que empezar.
El fraude fiscal denunciado en 2005 por las obras de jardinería en Terra Mítica fue el detonante. Tres años después, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, con Jesús Carrasco al frente, ha consolidado su sección de delitos económicos con un equipo formado por Carmen García, Teresa Lorente, Carlos Díez, Francisco Ceacero, Vicente Torres y, hasta hace poco, Ricardo Olivares.
La lista de delitos sería interminable, aunque algunas de las denuncias se utilizan como armas políticas por parte de la oposición. Acaban archivadas.
Sólo seis fiscales investigan en estos momentos los casos de corrupción que salpican los municipios valencianos. De ámbito provincial, en 2007 la Fiscalía de Valencia abrió 55 diligencias de investigación penal contra políticos, ayuntamientos y empresas por delitos que les pueden llevar a prisión: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos. fraude a la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa, contrabando, delitos contra la ordenación del territorio, irregularidades contables...
Así, el año pasado fue prolífico en denuncias de la Agencia Tributaria contra diversas empresas por un presunto fraude a la Hacienda Pública. Nuevas Residencias 2000 SL, Lava Tap Norte SL, Glasbusiness Invest SL y Avanzza Soluciones SL., figuran entre las primeras. Las constructoras también han sido denunciadas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por fraude.
Pero las que abundan son las que denuncian irregularidades en los ayuntamientos, la mayoría de ellas, archivadas. Como las denuncias contra los alcaldes de Rafelbunyol, Benaguasil o Xàtiva. Ninguna de ellas prosperó.
También es normal que se abran diligencias contra algún diputado o algún miembro del Consell, incluso contra el Presidente de la Generalitat. Un ejemplo es la denuncia de un empresa contra Francisco Camps por prevaricación, que fue archivada dos meses después. Se busca el titular.
Fraudes de empresas
Las cifras de 2008 no difieren mucho. Hasta el 10 de noviembre, la sección de delitos económicos ha abierto 31 diligencias de investigación. En esta ocasión, proliferan las denuncias contra las pequeñas empresas por fraude a Hacienda o a la Seguridad Social. Y, cómo no, en año de elecciones destacan las denuncias por delito electoral, como la que presentó EUPV contra el alcalde de Alberic, el asesor de Seguridad y el jefe de la policía local. Sigue adelante.
Destaca la actuación de la recién creada Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valencia, Grupo II, que detuvo al alcalde de Zarra y a su hijo tras una investigación de cinco meses por varios delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 16.11.2008
Foto: ciudad de la justicia. La sección de delitos económicos de la Fiscalía ha abierto ya 86 diligencias en 2008 - manuel molines, levante-emv.com
El fiscal pide cárcel para el ex regidor de Gondomar
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ELPAÍS/Vigo* : El anterior alcalde y actual portavoz del PP en el ayuntamiento de Gondomar, Carlos Silva, será juzgado a partir del lunes, junto a los otros cinco ediles que formaban la Xunta de Goberno local en el anterior mandato, por un presunto delito de prevaricación urbanística, por el que el fiscal pide para cada uno de ellos 18 meses de cárcel y su inhabilitación durante 10 años.
Carlos Silva y los demás concejales que formaron parte de la Xunta de Goberno responderán en el juzgado de lo penal número 2 de Vigo por la concesión de 37 licencias de obra entre noviembre de 2005 y enero de 2006 de acuerdo al plan general de urbanismo de 1997, que el Tribunal Supremo anuló definitivamente en 2005 en un procedimiento que había suscitado el PSOE en 2001.
La denuncia ante la fiscalía por el otorgamiento de las licencias fue presentada por el BNG y el actual alcalde, Antón Araúxo, que prestará declaración en la vista oral como testigo el martes.
Sólo el ex alcalde y otro concejal, Ángel Gregores Méndez, forman parte del grupo popular en la actual corporación. Otro de los concejales imputados, José Luis Mosquera, también está imputado por la fiscalía, junto con el que era concejal de urbanismo, Alejandro Gómez, de tres presuntos delitos de cohecho.
Estos dos concejales fueron detenidos en febrero de 2007 en una encerrona policial, cuando cobraban los primeros 50.000 euros de los 180.000 apalabrados por firmar un convenio urbanístico en el marco del plan general de 2006, entonces con aprobación inicial y en fase de redacción, el cual iba a cubrir el vacío del plan de 1997.
* ELPAIS.com - P. CARBAJO - Vigo - 15/11/2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
