PÚBLICO/Madrid* : Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas. Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público.
Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.
El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
Donaciones y contratos
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.
La interlocución de la trama
El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
Dos delitos de alcance político grave
El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.
* Público - 25.10.10
Foto: La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre - publico
Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente
Firman un manifiesto contra la política ambiental de la Junta de Andalucía
AMBIENTUM* : Más de 120 organizaciones ecologistas, sociales y vecinales andaluzas hicieron público el manifiesto Recuperemos Andalucía Verde donde denuncian el deterioro que han sufrido en los últimos años las políticas ambientales de la Junta de Andalucía. Los firmantes también resaltan que la defensa del medio ambiente se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en la comunidad autónoma y que las vías de participación que contempla la legislación se están deteriorando.
Las organizaciones sociales no están ni suficiente ni correctamente informadas, y sus voces están siendo acalladas con críticas y menosprecio por parte del Gobierno andaluz, por lo que exigen un cambio de comportamiento y soluciones para los conflictos ambientales de la región.
Además, bajo el ficticio argumento del desarrollo sostenible, las organizaciones están siendo testigos de una creciente permisividad de la Junta con las empresas, las constructoras y las industrias más contaminantes y depredadoras de recursos naturales. Por otra parte, los firmantes del manifiesto consideran que se priorizan los intereses económicos de unos pocos frente al cumplimiento de la legislación y al respeto básico del derecho al medio ambiente y a la salud de la población andaluza.
“La Junta de Andalucía no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de su patrimonio natural y seguir callada frente a las demandas de los colectivos que exigen a sus representantes una solución frente a los graves conflictos ambientales”, ha declarado Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace.
La política de “cosmética ambiental verde” que la Junta de Andalucía abandera debe traducirse en hechos reales frente a ejemplos como la contaminación en Huelva, Algeciras o la Mina Las Cruces, el urbanismo depredador en El Algarrobico, Las Aletas (Cádiz), la innecesaria ampliación del puerto de Tarifa o las agresiones dentro de supuestos Espacios Naturales Protegidos.
* Ambientum - 26.10.10
Foto: Los firmantes aseguran que la
Junta debe luchar contra el urbanismo depredador en El Algarrobico (aquí foto de Ronda)- ambientum
Correa decidía cómo Boadilla le adjudicaba los concursos
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ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán [responsable de las empresas de Correa]".
"Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".
Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.
El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.
Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".
No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.
La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama.
Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.
* El País - 25.10.10
Foto: El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el actual regidor, Juan Siguero, el día que el primero dimitió. A sus espaldas, el escudo del Ayuntamiento que instalaron las empresas de Correa.- elpais.com
La fiscalía implica a la alcaldesa de Alicante en la ‘trama Brugal’
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PÚBLICO* : Acusa a la dirigente del PP de recibir regalos a cambio de favores al constructor Enrique Ortiz, imputado en este escándalo de corrupción. Un coche Mini Cooper y viajes a Andorra e Ibiza. Estos son los obsequios que, según el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, recibió la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), de mano del constructor Enrique Ortiz a cambio de diseñarle a medida el mapa urbanístico de la ciudad. El informe del fiscal está fechado el 17 de junio y pide la imputación para Castedo por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y soborno.
Esta acusación coloca a la primera edil en el epicentro del caso Brugal, un escándalo de corrupción con numerosas ramificaciones que afectan a la gestión provincial de la basura y a la ordenación urbanística de Alicante. Por ahora son un centenar los imputados, entre ellos el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y su mano derecha, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como también los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
"Retahíla de despropósitos"
Fue la propia Castedo quien dio ayer a conocer el informe del fiscal en una rueda de prensa convocada minutos antes y en la que no aceptó preguntas "por consejo" de sus "asesores y abogados". La primera edil negó haber favorecido a ningún constructor y tildó de "retahíla de despropósitos" los regalos que, según el fiscal, "son coincidentes en el tiempo con las distintas gestiones efectuadas en favor de Enrique Ortiz en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".
El dossier señala que Castedo pidió al constructor que obsequiara con un turismo Mini Cooper a una persona de su confianza. "No existió tal regalo", apostilló la alcaldesa, al tiempo que empuñó "facturas" que, según su versión, demuestran que compró este vehículo y corrió con "los gastos derivados de los servicios de una gestoría y su tramitación ante la Jefatura de Tráfico". Otra de las "dádivas" que apunta el informe es la de dos viajes a Andorra, en 2008 y 2009, y uno en yate con familiares a Ibiza durante el verano de 2009. Castedo reconoció haber realizado las tres travesías, aunque sólo acreditó con recibos las estancias en Andorra. Unas facturas a las que tampoco tuvieron acceso los periodistas "por tratarse de asuntos personales", justificó.
Pero la alcaldesa de Alicante no sólo recibió regalos, según el informe. También medió ante Ortiz para que ocupara en sus empresas a gente de su confianza. Algo que la alcaldesa no sólo reconoció, sino que también defendió y anunció que no dejaría de hacerlo. "A la alcaldía llegan a diario decenas de casos dramáticos de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal. Me he valido de mis influencias para intentar que muchas de estas personas consigan trabajo no sólo en las empresas de Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este ayuntamiento. Y lo voy a seguir haciendo", subrayó.
El nombre de Sonia Castedo apareció en 2008 en las escuchas telefónicas del caso Brugal. Es ahí donde se desgajan los presuntos delitos que salpicarían a la primera edil. El primero de ellos se refiere a un supuesto trasvase de información privilegiada a Ortiz sobre el PGOU de Alicante en julio de 2008, cuando Castedo desempeñaba el cargo de concejala de Urbanismo a las órdenes Luis Díaz Alperi. Según el informe del fiscal, Castedo le proporcionó a Ortiz el plano del plan general antes de que se publicase.
En segundo lugar, el informe del fiscal relata "diseños a la medida de Ortiz" en relación a los índices de edificabilidad de determinadas zonas. Finalmente, Briones también denuncia que Castedo aceptó que su departamento de Urbanismo ayudara al constructor en la remodelación y recalificación -posteriormente frustradas- del Rico Pérez, estadio donde juega el Hércules, el club del que es máximo accionista el promotor alicantino.
Campaña electoral
Castedo, arropada en todo momento por su equipo, rechazó las tesis del fiscal, aunque reconoció las relaciones con Ortiz, pese a que no consiguió "nada de lo que pidió, ya que no hubo trato de favor a Ortiz ni a empresario alguno". La primera edil interpretó el informe como "un intento de hacer ruido y despertar el morbo mediático" para afectar a su "imagen". "No es un asunto judicial, es el comienzo de la campaña electoral", apostilló.
* Público - 25.10.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
Poder ´chaletero´ en el Camp de Túria
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LEVANTE/Valencia* : Camp de Túria es una de las comarcas valencianas con mayor tradición "chaletera". Se calcula que sólo en su capital, Llíria, hay asentadas más de 7.500 viviendas en 108 núcleos de población fuera del casco urbano. Todas pagan sus impuestos como cualquier otro contribuyente pero en algunas de ellas ni siquiera se cubren las necesidades básicas. Lodazales de barro en vez de pavimento, colectores en mal estado o incluso inexistentes, ausencia de alumbrado público o falta de agua potable, son algunos de los escollos con los que conviven diariamente los vecinos de las urbanizaciones. Unas demandas que no siempre son escuchadas por los partidos tradicionales de las diferentes localidades a las que están adscritas. Ante tal situación muchos colectivos vecinales de la comarca se han lanzado al ruedo de la política para hacer llegar su voz hasta las cámaras municipales.
Los partidos surgidos en el seno de las urbanizaciones comienzan a tomar fuerza en la configuración de algunos gobiernos locales, ejerciendo un contrapeso necesario que les permite defender sus ideas a través de la representación. Se trata de partidos que compilan diversas ideologías políticas y cuyo único objetivo es defender los intereses de sus vecinos.
Los grandes partidos olvidan en muchas ocasiones un remanso de votos importante, teniendo en cuenta que en localidades como Nàquera, Llíria o la Pobla de Vallbona esta población supera a la de los núcleos urbanos. Mª Carmen Contelles, alcaldesa popular de La Pobla, considera que su presencia es enriquecedora para la democracia, pero reconoce que su éxito depende del mapa político de cada municipio. "Rascan votos y pueden ser clave en algunos, pero creo que es complicado que lleguen a gobernar", asegura.
Con el crecimiento de la población durante los años del "boom" urbanístico y fruto de la necesidad de dotar a estos núcleos de unos servicios municipales mínimos acordes con el pago de sus tributos surgen movimientos vecinales que buscan eliminar discriminaciones respecto a los habitantes del núcleo urbano. Diferencias que padecen, por ejemplo, los 500 habitantes de la urbanización de San Miguel de Nàquera obligados a pagar doblemente los impuestos que recauda, por una parte el ayuntamiento y por otro la Entidad Urbanística de Conservación, una figura jurídica nacida en los años 70 encargada de su mantenimiento. Según Ángel, propietario de un chalet, a la alcaldía "le interesa el doble pago porque así revierte los tributos en el pueblo pero no en San Miguel".
Salto a la política
El impulso que han tomado en los últimos años las corporaciones vecinales en algunos municipios y la necesidad de hacerse oír han convergido en la creación de agrupaciones que ahora dan el salto al campo de la política como plataforma para respaldar sus propias iniciativas. Es el caso del nuevo partido Ciudadanos de Urbanizaciones de la Pobla de Vallbona (CUPO) que busca conseguir mediante la representación en el ayuntamiento lo que a través de las asociaciones no han podido alcanzar.
"Tras 10 años pensándolo hemos decidimos agruparnos como única alternativa para reivindicar nuestras necesidades", afirma Francisco Navarrete, Secretario General del partido.
Plataforma Cívica Democrática de San Antonio de Benagéber integra a otras formaciones eminentemente políticas como EU o el Bloc. Su carácter municipalista la ha convertido en la segunda fuerza más votada y actualmente cuenta con tres concejales en el gobierno local. Vicente Monteagudo destaca de ella su proyecto político propio para gobernar. "Le damos prioridad a la participación ciudadana y encabezamos sus reivindicaciones", asevera.
En Serra, Iniciativa Torre de Portacoeli , es la agrupación que representa a los más de 1.000 habitantes de la urbanización, o lo que es lo mismo, al 35% del censo del municipio. "Con los últimos planes de Zapatero y Camps el pueblo se ha embolsado un millón de euros, pero no se ha gastado nada en Portacoeli", denuncia Primitivo Alegre, presidente del partido. A pesar de contar con dos concejales en el ayuntamiento, reconoce que su papel es de "bisagra" entre PP y PSOE y que, de momento, aún están lejos de poder gobernar.
IVIN, el azote del alcalde de Nàquera
En Nàquera surgió en 2004 el grupo Iniciativa Vecinal Independiente de Nàquera (IVIN), "con una vocación integradora" explica su concejal Álvaro Cuadrado. "No es una lucha de "chaleteros" contra el pueblo, sólo queremos dejar de ser ciudadanos de segunda", advierte Cuadrado. El partido ha presentado ya varias propuestas en los plenos: "con nuestra presencia conseguimos, al menos, despertar el interés del consistorio hacia nuestro colectivo", asegura el regidor.
* Levante - 24.10.10
Foto: Poder ´chaletero´ en el Camp de Túria - levante
Málaga.- Los urbanizadores advierten de los retrasos en los PGOU
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SUR* : La salida de la crisis económica actual llegará «por primera vez sin haber hecho los deberes» con los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios. Es la advertencia lanzada por el presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial de Andalucía, Ricardo Arranz, quien calificó este hecho como «una irresponsabilidad enorme de las administraciones», tanto locales como autonómica, «por no haber exigido que se hicieran los planes o las adaptaciones a la Ley del Suelo».
«En las crisis anteriores esto sí se hizo, pero ahora nos vamos a encontrar con una Ley del Suelo absurda, sin ningún tipo de positivismo para el futuro», aseguró, al tiempo que señaló que esta legislación «no tiene nada que ver con lo que el mercado va a pedir».
A su juicio, la juventud «va a requerir productos diferentes a los que quisieron sus abuelos o sus padres», y puso como ejemplo a los jóvenes procedentes de los Emiratos Árabes, que «quizá prefieran vivir en hoteles», o a los alemanes: «La moda es que no quieren casas porque tienen que pagar IBI y la comunidad, y no quieren ataduras», explicó Arranz.
Críticas a la Ley del Suelo
El experto consideró que -urbanísticamente- «no se ha aprendido de los errores del pasado, sino todo lo contrario». «No se ha hecho nada», sentenció Arranz, al tiempo que reiteró que para poder paralizar «todo el desastre hipotético que se estaba haciendo, en vez de hacer una moratoria como pasó en Canarias o en Baleares, se hizo esta ley que distorsiona la realidad y que es tremendamente obsoleta y desquiciada». Para el empresario marbellí, la Ley del Suelo, con la que es muy crítico, «se hizo para parar a Marbella y el desastre del señor Jesús Gil», e insistió en que en vez de una ley debería haberse realizado una moratoria. «Cómo levantamos esa ley cuando ya está todo parado por el propio mercado», se preguntó.
«El mercado ha parado Marbella y la ley no tiene nada que decir del futuro de la provincia», expresó Arranz, para quien la situación actual desde el punto de vista empresarial y de creación de empleo «es nefasta». «Nadie se preocupa de allanar el camino para que cuando esto empiece a funcionar haya seguridad jurídica y no iniciemos un nuevo 'caso Malaya'».
El presidente de Fedur abogó por el «sentido común, lo más importante en el urbanismo», y lamentó la imagen que se ha dado de la Costa del Sol como lugar de corrupción «cuando se ha dado en otros puntos, pero Marbella, por la marca, ha sido más atractiva».
* SUR - EP. - 25.10.10
Foto: Mijas-Calahonda (Málaga) - J.Rojas, elpais.com
La hipoteca como sistema
VALENTÍ PUIG* : Somos la historia de una hipoteca. Hemos hipotecado la casa, el Estado, la parcela remota de los bisabuelos. Todo un horizonte de chalets adosados se agolpa en el pisapapeles con nieve que cristalizó en burbuja inmobiliaria. Teníamos un chiringuito en la playa y creímos estar a punto para ponernos los tirantes anchos de un agente de bolsa. A los dos días de fundar una empresa familiar nos fuimos al Nepal. Así quedó constituido un mundo virtual de ejecuciones hipotecarias. Hubo quien mandó un sobre a la caja de ahorros para entregar las llaves del apartamento con jacuzzi, pero, en realidad, nunca se habían celebrado banquetes de bodas tan fastuosos. Con el cobro de la primera entrega del ERE algunos se habrán ido una semana a Cancún. Todos estamos en alguna terapia de este tipo. De la homeopatía al impago.
Se nos fue la mano con las hipotecas inmobiliarias, ese sabio invento de los romanos siglos antes de que triunfase la sociedad del desperdicio y la autoestima narcisista. El derecho romano que configuró el paisaje de la Europa continental ha pasado a ser como esos cepos que los ayuntamientos te ponen en el coche por estar mal aparcado. Incluso los mileuristas añoran aquella época tan remota en la que al menos podían quejarse de algo. Somos criaturas del sistema hipotecario, por activa y por pasiva. Factores como la burbuja inmobiliaria o los activos tóxicos hipotecaron el sistema financiero. Luego había que ponerles freno a los talibanes del ultracapitalismo. Los gobiernos salieron al quite. Una concatenación de azares y colisiones macroeconómicas nutre hoy las colas del paro. Existen ya cementerios, como los de chatarra, con los restos oxidados de los planes de rescate.
Con qué facilidad las virtudes de la clase media pueden convertirse en vicios, como es pasar de sostener al Estado a depender del Estado. A estas alturas ya nadie confunde el FMI con la FIFA. Los comedores de beneficencia están sobresaturados. Andan hipotecadas la confianza y la credibilidad. Habremos perdido autoestima, un trabajo, capacidad adquisitiva, seguridad y patrimonio. Uno ya habla de los mercados de deuda como quien habla de sus suegros. Y los presupuestos siguen castigando a la clase media, lo que equivale a erosionar el zócalo de la sociedad occidental y, a la larga, del mundo global. Hipotecar de raíz a las clases medias acabaría con el Estado. Como hubo un sistema hegeliano, la hipoteca como sistema se hace Estado.
Empobrecidos por la crisis o en el paro, en el mejor de los casos agazapados en el pequeño ahorro, pedimos más fútbol, más Belén Esteban. Ya hemos hipotecado el carnet del gimnasio, las cuotas de la oenegé, la pequeña empresa autónoma, los cursos de danza de la niña, la colección de sellos de papá, la bicicleta estática, el gin-tonic al atardecer. A saber lo que nos pasa. En televisión, tragamos lo que sea. Pero son malos tiempos para instalarse un home cinema. Se hace ancha la escisión entre la psicología del consumidor y la psicología del ciudadano. De modo irreprensible, el sofá frente a la televisión te asedia con las imágenes triunfantes, insustituibles ya, de la banalidad. Telepresencia de lo cutre. Ráfagas de populismo de derechas o de izquierdas enturbian la ya precaria claridad mediática. Hipotecamos la opinión pública. Época de turboperiodismo, hipotecado por el share.
Hipotecar la memoria histórica fue, de entrada, parte del método. Únicamente ha sobrevivido un teléfono móvil con tarjeta de usar y tirar. Fluctúan imágenes de todo a un euro. Son los fósiles del futuro, con chip y una muestra de ADN incorporada, junto a la fecha de caducidad. Devolvemos las llaves de la memoria para que el olvido se quede con la casa de los padres por ejecución hipotecaria. Llevados por las aguas torrentosas de la deuda hemos visto pasar flotando el mobiliario de nuestros antepasados y, allá en el delta, sedimentan por acumulación las tierras patrimoniales que nunca hubiésemos imaginado que eran hipotecables. Ahí el mando a distancia se ha quedado sin pilas. Entre la telepizza y el zapeo convulso, la memoria de todos se desvanece. Precaria misión para el notario mayor del reino.
El siglo XXI se ha estrenado inventando la megahipoteca, la hipoteca total. Ingresamos masivamente en la era del patrimonio que sólo existe en la virtualidad. Las hipotecas ahora van por décadas perdidas, por generaciones desvinculadas. Fundamentalmente, se trata de hipotecar lo que ni siquiera se va a construir. Es así como han ido evolucionando la geología económica de este siglo, la anatomía del crédito y la inconsciencia de lo que se debe. Cuánta añoranza de la antigua Roma. El Homo videns tomó por real lo que le decían los haces electrónicos de la pantalla, hipotecó el Capitolio y hoy sólo le queda cenar de rollos primavera, en camiseta, mirando por televisión partidos de golf que no entiende. Ni tan siquiera nos anima el tecnofetichismo de los cajeros automáticos o usar a hurtadillas la PlayStation de los chicos. Vamos a hipotecar la OTAN, África, el petróleo. Incluso Obama parece estar hipotecado.
Al final resulta que quien reparte juego es China
* La Vanguardia - Opinión - 24.10.10
