G.Donaire.- El País/Entrevista* : "El juez Baltasar Garzón (Torres-Jaén, 1955) ha dirigido en su pueblo natal un curso sobre seguridad y crimen organizado promovido por la Universidad de Jaén. Otro de los temas que se han analizado es la corrupción urbanística.
Pregunta. ¿A qué achaca la fiebre constructora de los últimos años?
Respuesta. El urbanismo ha sido un sector un poco abandonado y se ha ido generando un magma que ha estallado en un momento determinado, entre otras causas, porque ha habido una supervaloración del suelo, una política de recalificaciones y una política urbanística muy depredadora y porque no se ha considerado un tema prioritario la lucha contra la corrupción, no ha estado en primera línea. Cualquier punto donde haya dinero y haya falta de control hay riesgo de corrupción. Tenga en cuenta que el sector de la construcción mueve cada año en el mundo la friolera de tres a cuatro trillones de dólares.
P. ¿Hay instrumentos legales adecuados para combatir esa corrupción? ¿Qué le parecen medidas como el POTA (Plan de Ordenación del Territorio) aprobado por la Junta de Andalucía para limitar los crecimientos urbanísticos?
R. Creo que los instrumentos que ya hay y los que se están desarrollando con carácter general, y otros como el POTA en Andalucía, son adecuados. Es preciso que se mantenga el equilibrio entre lo que es el desarrollo sostenido, el respeto al propio entorno y el ecosistema y a la ganancia desmesurada por parte de los dueños del suelo y del sector inmobiliario. Desde el punto de vista de la justicia social y desde la perspectiva de quienes quieren incorporarse al mercado de trabajo (los jóvenes, especialmente) no es entendible ni es ético ni moral que los precios del suelo y de la vivienda sean los que son.
P. ¿Es partidario de las penas de prisión en los casos de condenas por construcciones ilegales?
R. Yo soy partidario de la proporcionalidad de las penas. El Estado de Derecho está para que todos los respetemos. Hay que proteger la propiedad privada y poner coto a la depredación de aquellos que tratan de conseguir dinero fácil a costa de los demás, y que respondan en la justa medida. Si la infracción urbanística es grave, como lo estamos viendo en estos días con los incendios forestales, pues máxima dureza porque la agresión a la sociedad general es muy grave. Y si la obra es ilegal, la casa debe ser derribada, es la única forma de reparar el daño.
P. ¿Qué pensó al conocer que su nombre estaba en la lista de los jueces que fueron espiados por el servicio secreto italiano?
R. Fue un poco sorprendente que me incluyeran en esa lista de jueces espiados. Lo que yo puedo decir es que si lo que buscan o persiguen es tratar de amedrentar a alguna persona en la investigación que desarrollen, en mi caso lo tienen muy difícil, pues en ningún modo nos vamos a sentir intimidados y lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer exactamente igual, con mayor razón ahora. Pero bueno, eso son las deformaciones que a veces se producen en un Estado democrático, donde individuos se consideran autorizados a invadir el espacio privado de una persona porque de esa manera creen que van a conseguir que modifique su criterio. En mi caso no me preocupa demasiado.
* ELPAIS.com - Jaén - 03/08/2007
"Ha habido una política urbanística depredadora"
El precio de los alquileres y de las VPO expulsa a los jóvenes de Valencia
D.Barcala/El País* : "La Copa del América ha roto el mercado del alquiler en Valencia en el último año. "Lo que antes valía 500, ahora vale 800". Es el diagnóstico de las inmobiliarias y la percepción de los jóvenes y los inmigrantes, los más perjudicados por la permanencia de la renta fuera de la órbita. Los datos del último censo municipal muestran la huida de 30.000 personas hacia el área metropolitana. Las escasas viviendas protegidas terminadas en la capital (Aumsa crea 20 anuales) y su elevado precio (un 45% más caro que en los alrededores) complican aún más la independencia juvenil.
"Ya no quedan alquileres baratos, ahora la mayoría van de 1.000 a 1.500 euros", analiza Soledad de Checa, propietaria de un agencia inmobiliaria Porfinalquilo, en el centro de la ciudad. Esta empresa colabora con la agencia estatal del Ministerio de Vivienda. En su opinión, la promoción pública del alquiler es "el mejor método" para acabar con otra de las claves del encarecimiento de los pisos: las viviendas vacías. 60.000 sólo en la ciudad.
"Me piden por el alquiler de un piso 600 euros y a mí me da la risa". Paula, de 32 años, cobra por su trabajo de diseñadora 800 euros. Los fines de semana aprovecha para ganar un dinero extra como cocinera, camarera, e incluso, cantante. Aún así, con dos hijas, no ha podido aguantar el tirón de la subida de las rentas y se ha visto obligada a volver a casa con su madre. "Es fuerte ¿No?", resume. Desde hace tres años lleva buscando un piso protegido en Valencia sin éxito. "He ido al Ivvsa (Instituto Valenciano de la Vivienda), Aumsa (Sociedad Municipal de Actuaciones Urbanas), Infovivienda solidaria, hasta con la concejal de Bienestar Social", describe. "Sólo me dan palmaditas", subraya.
Vicente González Móstoles, edil socialista en Valencia y arquitecto municipal de profesión, calcula que en los últimos años han emigrado 30.000 personas, "en su mayoría jóvenes", hacia el área metropolitana, según los datos del padrón. El concejal achaca al Ayuntamiento la falta de políticas de vivienda protegida. Aumsa, empresa pública dedicada a esa tarea, apenas crea VPO: tan solo 20 anuales. Los socialistas creen que la huida juvenil está apoyada en un encarecimiento de la vivienda protegida en la capital. Mientras que en Valencia el precio del metro cuadrado construido de VPO cuesta 1.630 euros, en los alrededores roza los 1.000.
Cuando algún afortunado encuentra un alquiler accesible, también se topa con otra explicación al sobreprecio del metro cuadrado: la mayoría de las casas de menor tamaño están vacías. En toda la provincia de Valencia hay 200.000 pisos deshabitados a pesar de que en la comunidad valenciana se han construido 300.000 viviendas nuevas en los últimos años.
Muchas parejas jóvenes han optado por cejar en su empeño de buscar casa en Valencia. Verónica, tiene 27 años y vive con su novio de 32 en Torrent. Entre los dos cobran 1.700 euros y la hipoteca les absorbe 800. Viven con lo justo para pagar un piso de más de 50 años de antigüedad, que no alcanza los 70 metros cuadrados y no dispone de garaje ni trastero. La independencia soñada se acabó al poco tiempo, cuando tuvieron que pedir ayuda a sus padres "para cubrir los gastos de comida, gasolina...", explican.
"Los propietarios se empeñan en poner alquileres altos y nosotros les avisamos: estáis provocando que realquilen las habitaciones", explica De Checa. Patricia Peiró, de 32 años, paga a medias con dos estudiantes chilenas 500 euros de alquiler. "El problema es que ellas se marchan en octubre y no sé qué voy a hacer", lamenta. Después del verano, Peiró hará frente al alquiler con 1.000 euros de sueldo. Para ella, el diagnóstico es claro: "La culpa es de la alcaldesa, que no da terreno para cooperativas de VPO".
El Ayuntamiento ha sido condenado por el Tribunal Supremo a reingresar en VPO 14 millones que obtuvo de la venta de suelo municipal y dedicó a otros equipamientos. A pesar de la condena, el mes pasado volvió a subastar patrimonio municipal del suelo por valor de siete millones de euros. Las leyes que regulan el urbanismo de las ciudades obliga a dedicar el patrimonio municipal del suelo a viviendas protegidas de manera directa o indirecta.
* ELPAIS.com - Valencia - 03/08/2007
Foto: Valencia, Palau_les_Arts - EFE (El País)
Una de cada seis viviendas en Andalucía está desocupada
EFE* : "El número de viviendas protegidas terminadas en Andalucía ha caído el 50 por ciento en la última década y se situó en 9.000 en 2006, mientras que el de las libres se ha multiplicado por cuatro y alcanzó la cifra de 120.000 ese mismo año, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Andaluces. Sin embargo, el 45 por ciento de los andaluces que se disponen a comprar una vivienda buscan primero en la oferta de vivienda pública que ofrecen las distintas administraciones ya que, entre otros aspectos, el precio por metro cuadrado se ha triplicado durante la pasada década.
Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre la situación jurídica y sociológica de la vivienda en Andalucía que presentó ayer el director del Centro de Estudios Andaluces, Alfonso Yerga, acompañado por las investigadoras Inmaculada Zambrano y Susana Mérida.
Andalucía es la primera comunidad autónoma en número total de viviendas, con más de cuatro millones, de las cuales 2.721.866 son consideradas domicilios habituales y el resto, 1.310.398 no principales.
De estas últimas, 630.301 son viviendas vacías que suponen el 48,1 por ciento del total de domicilios no habituales que existen en la Comunidad -dos puntos por encima de la media nacional- y que una de cada seis viviendas esté desocupada en Andalucía .
Este dato significa que existen más viviendas vacías que segundas residencias, ya que éstas suman 621.128 y las clasificadas de otros tipos no llegan a las 59.000, algo que no ocurre en el resto de España donde las segundas residencias superan en 3,9 puntos porcentuales a las desocupadas.
Málaga, en cabeza
El estudio destaca que las provincias con mayor número de viviendas vacías son Sevilla, con el 20,6 por ciento del total, y Málaga, con el 19,74 por ciento. Además, Málaga es la provincia que concentra el mayor número de segundas viviendas en Andalucía, con un 31,4 por ciento del total, casi siete veces más que la provincia de Jaén.
Respecto a las 2.721.866 viviendas principales que existen en Andalucía, 2.291.267 (el 84,1%) son en propiedad; 289.334 en alquiler (el 10,6 %) y 141.265 (5,3 %) tienen un régimen distinto, cifras similares a las del resto del país.
Por otra parte, el 50,3% de los andaluces que buscan una vivienda en propiedad pretenden emanciparse de sus familias, mientras que el 52,6 por ciento consideran que adquirir una vivienda supone una «carga pesada» para su economía.
La vivienda fue la tercera preocupación de los andaluces en 2005, por detrás de la sanidad y la educación, mientras que en 1997 era la quinta, según el informe.
* SUR - 02.08.2007
Foto: Vdevivienda, manifestación Andalucía /indymedia.org
La corrupción cotidiana
Eugenia JIMÉNEZ GALLEGO* : "EL fraude y la corrupción urbanística se han convertido en algo familiar de tan comentado en los medios, y trivializado desde que los trata no sólo el telediario, sino los programas del corazón. Es decir, desde que la operación Malaya se convirtió en un reality show con formato de serie en el que se han ido desgranando capítulos melodramáticos con aire folclórico. ¡Qué país! Sin embargo, no se ha valorado suficientemente el impacto sobre la cultura popular de todo este desaguisado. Yo empecé a tomar conciencia de ello la primera vez que unos alumnos de bachillerato acudieron a pedirme orientación, y me preguntaron con desparpajo qué tenían que estudiar para conseguir un buen puesto en un Ayuntamiento “como el de Marbella”, con el fin de enriquecerse con rapidez.
Desde entonces observé cuál estaba siendo la reacción del ciudadano de pie ante el escándalo, y cuál fue mi sorpresa al constatar que la emoción que embargaba a la mayoría no era la indignación hacia los que roban a un pueblo, sino la envidia –el famoso pecado nacional–.
En la cultura actual, dominada por el consumismo, la búsqueda obsesiva del placer individual y la imagen, el medrar sin esfuerzo termina siendo la máxima aspiración, y ante ello sobran lo que parecen ser trasnochados escrúpulos morales. Además, ni siquiera la cárcel resulta ejemplarizante, porque la opinión popular es que estarán libres en poco tiempo, y entonces seguirán disfrutando de las riquezas que se da por sentado que tendrán a buen recaudo, a nombre de algún testaferro. Sin contar con la fama televisiva que han alcanzado, que aún efímera y negativa, no deja de ser tremendamente atrayente para muchos.
Hablemos claro, lo terrible de esta situación es que los españoles no creen que se trate de casos puntuales, sino que presuponen directamente que la concejalía de Urbanismo de cada localidad se dedica al enriquecimiento de particulares. Es más, predomina la idea de que la clase política en su conjunto carece de honradez por definición. Hasta el punto de que se vota a determinados candidatos, aún a sabiendas de que se enriquecen ilegalmente a costa de las arcas municipales, con el siguiente terrible argumento: “Si todos van a robar, al menos que sea uno que también haga algo por el pueblo”.
En este contexto ¿quién puede sorprenderse de que la implicación de los ciudadanos en la vida política sea cada vez menor? Y la de los jóvenes, que han crecido ya dando esta idea por supuesta, roza la indiferencia más absoluta. No sólo eso, sino que este clima termina afectando gravemente los niveles de conciencia moral, hasta el punto de que el mandamiento de “no robarás” parece haber quedado desfasado, si lo robado es un bien colectivo. Es decir, que atracar a la vecina del quinto nos daría cierto apuro, pero no nos asaltan escrúpulos morales al traernos como recuerdo el albornoz del hotel de vacaciones, cobrar el subsidio de desempleo mientras trabajamos, enchufar a un conocido poco competente, falsificar facturillas, llevarnos a casa materiales de la empresa en la que trabajamos o rendir en ella lo mínimo posible.
Claro, si partimos de que los demás nos roban de una manera u otra, empezando por los que están más arriba, esta pequeña corrupción cotidiana parece casi un ejercicio de legítima autodefensa, para… equilibrar las cuentas. Ante esta situación, demandamos más control y penas más severas cuando somos nosotros los perjudicados o son muy ambiciosos los delincuentes, mientras mantenemos una sonrisa cómplice para las irregularidades propias y cercanas. Sin recordar que, desde que los hombres se organizaron para cazar el primer mamut, las comunidades humanas han progresado mediante la cooperación, aunando esfuerzos por un proyecto común. Porque no es cuestión de autoexigirnos honestidad sin tacha –ya se sabe, aquello de “…que tire la primera piedra…”–, sino de supervivencia, pues este individualismo nuestro tan feroz, que dilapida lo comunitario, es un tremendo lastre para el progreso de cada empresa, de cada ciudad, de todo el país. Y es importante que se endurezcan los controles y las leyes, pero nunca serán suficientes si no recuperamos también principios éticos que frenen esas tentaciones, tan humanas también.Los políticos corruptos, que debían velar por nuestros intereses, tienen la grave responsabilidad de haber cometido este delito no sólo contra los bienes, sino además contra las conciencias ajenas. Pero nosotros tenemos también la responsabilidad individual de decidir nuestro papel en esta obra: ciudadanos exigentes con sus gobernantes y cooperadores con su comunidad, o bien imitadores de segunda de esos cacos de altos vuelos.
* Eugenia Jiménez Gallego. Psicóloga
* Huelva Información - 3 de Agosto de 2007
