ELPAÍS* : El Tribunal de Cuentas ha decidido instruir diligencias preliminares para determinar si hubo irregularidades en la creación del centro comercial Marineda Plaza en un polígono industrial de A Coruña. El tribunal ha notificado la apertura del expediente al ministerio fiscal y al Ayuntamiento de A Coruña, para que aporten sus consideraciones sobre el nombramiento de un delegado instructor que investigue el caso. La actuación del Tribunal de Cuentas, iniciada por la denuncia de un particular, se basa en determinar si en la operación hubo pérdidas para el patrimonio público. Marineda Plaza, uno de los mayores centros comerciales de Europa, que será inaugurado en unos meses, se está construyendo sobre una parcela de unos 95.000 metros cuadrados adquiridos en 2004 por la empresa promotora, Invest Cos.
En enero de 2006, el entonces alcalde coruñés, Francisco Vázquez, anunciaba que Ikea se instalaría en la parcela, aunque la multinacional sueca no adquirió hasta medio año después los 24.000 metros en los que ahora se asienta su tienda en A Coruña. Cuatro meses más tarde, el pleno municipal aprobaba provisionalmente una modificación del Plan General de 1998, con la que creaba una normativa específica para las grandes áreas comerciales, la 9.3. Entre otras variaciones, elevaba tanto la altura máxima de edificación como la superficie construible de cada parcela, pasando de los 11,5 metros de altura y del 70% de la extensión total que rige la normativa 9.2 de los polígonos industriales-comerciales, a los 18 metros y al 80%, "pudiéndose alcanzar el 100% de la parcela".
En diciembre de 2007, otro acuerdo plenario concedía esa calificación 9.3 a la parcela adquirida por Invest, y a otros terrenos comprados en la zona por la sociedad a particulares. Entre las fincas adquiridas estaban las instalaciones de Herederos de Ignacio de la Iglesia (empresa propiedad de la familia política del alcalde) y media docena de fincas que esta última había ido comprando en estos años. El pleno suprimió además a esta zona la consideración de Área de Planeamiento Remitido (APR). Es decir, se pasaba de estimarla como objeto de una futura planificación, a la definitiva de suelo urbano consolidado, según el plan vigente (a pesar de que en parte eran monte o labradío). La APR de la zona tenía marcada como tope de edificabilidad la entonces existente: 13.492 metros cuadrados, según la ficha catastral. Suprimir la APR suponía concederle a la finca una edificabilidad de más de 220.000 metros cuadrados construidos.
Además del incremento de edificabilidad, el suelo urbano consolidado exime a los propietarios de la obligación de ceder al Ayuntamiento el suelo necesario para viales y servicios generales, así como zonas verdes y equipamientos, y de ceder también la plusvalía generada por el aprovechamiento urbanístico, alrededor del 10% de la superficie. Sin embargo, la parcela estaba atravesada por el trazado de la Tercera Ronda de la ciudad, y la consellería entonces dirigida por la socialista María José Caride se negó a costear el replanteamiento del proyecto y las reformas para evitar los previsibles atascos que produciría una afluencia de usuarios que los promotores cifraban en 15 millones de personas al año. Invest Cos (tres de los mayores empresarios de Galicia: Manuel Jove, José Collazo y José Souto) suscribió un convenio con el Ayuntamiento por el que se comprometía a sufragar la construcción de una glorieta elevada, con 1,3 millones para las expropiaciones y 4,9 para las obras. La obtención de los terrenos, sin embargo, costó finalmente a las arcas municipales 2,5 millones de euros, 1,2 más de lo pagó la promotora del centro comercial.
Retraso en los pagos
El convenio entre el Ayuntamiento coruñés e Invest Cos, promotora del centro comercial Marineda Plaza, establecía que el pago de las obras de la rotonda y de las expropiaciones se debería realizar antes de finales de 2008. Sin embargo, las Administraciones implicadas no parecían tenerlo muy claro.
El 8 de abril de 2009, Ayuntamiento y Consellería de Infraestructuras firmaron otro acuerdo por el cual el Gobierno municipal se comprometía a financiar el coste de la glorieta. Un año después, el alcalde, Javier Losada, ofrecía a la Xunta adelantar el dinero de una obra que debería haber cobrado año y pico antes. Con los trabajos adjudicados definitivamente desde agosto, el pasado marzo el conselleiro Agustín Hernández declaraba no haber recibido la aportación municipal, y Losada admitía no sólo no haber recibido los 4,9 millones, sino que aseguraba que Invest Cos sólo tendría que pagar una vez que se presentase el plan de obra.
Invest Cos sí había entregado en septiembre de 2009 los 1.375.000 euros para las expropiaciones (que el Ayuntamiento había aprobado en marzo por importe de 2.561.094 euros), pero no aportó los 4,9 millones para las obras hasta febrero de 2010, paralizando una investigación de la fiscalía sobre el incumplimiento del pago.
* El País - 27.12.10
Foto: Fachada del centro comercial Marineda Plaza, en A Coruña - elpais
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CANARIASAHORA/Tenerife* : Los opositores abrirán una oficina para dar un servicio gratuito de información y facilitar que todos los vecinos puedan hacer alegaciones a este PGO. El abogado y portavoz de la Plataforma contra el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, Felipe Campos, ha denunciado este lunes en Radio San Borondón que la Gerencia Municipal de Urbanismo no ha puesto a disposición de los ciudadanos el documento del PGO hasta el mediodía de este lunes. Según Campos, “para colmo, está incompleto”. “No existe una copia autenticada por el secretario del Ayuntamiento de que el documento se corresponde con el aprobado en el pleno extraordinario que a tal efecto se convocó el pasado día 21 y además tampoco incluye índice, tal y como exige la ley”, explica. El abogado asegura que “todo esto tiñe de nulidad el proceso”. En ese sentido, anunció que la Plataforma contra el PGO ha presentado en el consistorio un escrito solicitando la nulidad y exigiendo la ampliación del plazo de información pública.
En sus críticas, Campos explica que “el acceso digital al PGO a través de la web del Ayuntamiento es imposible”. El portavoz de los opositores al planeamiento añade que “ni se puede consultar ni bajar el archivo, lo que confirma las intenciones ya denunciadas por la Plataforma y por la oposición en el Ayuntamiento, de que el grupo de gobierno quiere aprobar este Plan de cualquier forma y a cualquier precio”.
De todas formas, como según la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el plazo de alegaciones comenzó el 25 de diciembre y finalizará el 24 de enero, la Plataforma confirma que ofrecerá un servicio gratuito a la ciudadanía, para informar y facilitar que todos los vecinos puedan hacer alegaciones a este PGO. Para ello, pondrán a disposición una oficina en la calle Ramón y Cajal de la capital tinerfeña, que abrirá todos los días mañana y tarde y los sábados por la mañana.
"Chapuza"
Felipe Campos recordó en la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria que “todo el proceso de aprobación de este nuevo PGO es fruto de una auténtica chapuza”. Ésta, según el abogado, hace que el trámite sea “totalmente nulo”.
Entre otras irregularidades estaría que la Gerencia de Urbanismo “tendría que haber convocado el Consejo Rector con tiempo suficiente y facilitando a todos los grupos políticos del ayuntamiento la información completa y exhaustiva a aprobar”.
Entre los casos más llamativos descubiertos por los opositores destaca que el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, cuando controlaba el área, “se concedió a sí mismo una licencia de obra ilegal para construir dos plantas más en la Clínica Parque”. En esa época, explicó el abogado, “Parejo era dueño de este negocio sanitario, que pasó de seis a ocho plantas y posteriormente impulsó en la revisión del PGO la legalización de esa obra para poder quedarse con esas ocho plantas”.
* Canarias Ahora - 27.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
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LAVOZDEASTURIAS* : La lucha de Icomos, la entidad que asesora a la Unesco en temas de patrimonio mundial, no ha hecho más que empezar. Esta semana ha estado uno de los responsables de la organización en Oviedo para revisar la modificación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) decretado por el PP; y Víctor Fernández Salinas ha sido contundente. “El PGOU daba protección a los edificios catalogados. Ahora quedan totalmente desprotegidos”. Éste es el caso del edificio ubicado el San Isidoro 22, en la plaza del Paraguas. El gobierno local ha dado permiso para derribar prácticamente la totalidad de la estructura para que vuelva a ser reconstruida. Icomos intentará detener el plan. El problema se encuentra, dice el profesor de Geografía en la Universidad de Sevilla, en que la modificación introducida en el PGOU fomenta la reconstrucción de los edificios catalogados por el propio plan municipal sin contemplar su rehabilitación.
Fernández Salinas estuvo inspeccionando el edificio. “Está claro que no es un monumento, pero sí que es un elemento representativo del casco antiguo de Oviedo. Se estructura se encuentra en buen estado, tiene sus valores y su reconstrucción es un error”.
Por este motivo, adelanta, va a remitir el caso a diversas instancias, la primera será a la secretaría del Consejo Patrimonial de la Unesco, al Ministerio de Cultura, al Principado y mantendrá informado de sus movimientos al propio consistorio. Las posiciones de la Unesco son totalmente contrarias al modelo del Fontán que defiende el edil de Urbanismo, Alberto Mortera, y el PP. Fernández Salinas mantiene que, con este tipo de actuaciones, se pierde la esencia real del patrimonio arquitectónico de la ciudad “para recrear un falso patrimonio, que convierte al casco antiguo en una ciudad de mentira”. El asesor de la Unesco en España criticó duramente el denominado modelo del Fontán porque es tan sólo una recreación; “lo que al final se consigue es un parque de atracciones ficticio”.
Fernández Salinas conoce bien Oviedo; fue uno de los principales artífices para frenar, en el invierno de 2008, el proyecto de las tres torres de viviendas de 133 metros de altura en la parcela del Vasco.
* La Voz de Asturias - 27.12.10
Foto: Fachada de San Isidoro 22 - lavoz
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ELPAÍS* : Enchufes con goteras, el techo semihundido, paredes desconchadas y cubos por el suelo para recoger el agua. La vivienda de Carmen Molina, ama de casa de 54 años, en la barriada La Navidad de Huelva, necesita una rehabilitación inmediata. Se trata de una de las 47 viviendas de titularidad municipal situadas en un barrio obrero de la capital onubense. El Ayuntamiento, gobernado por Pedro Rodríguez (PP), lleva prometiendo ayuda más de dos años. "El alcalde vino a visitarnos hace poco. Dijo que lo solucionaría antes del mal tiempo y así estamos", explica Molina señalando a todas partes. El frío y la lluvia llegaron, pero la ayuda no. El presidente de la Asociación de Vecinos de La Navidad, Manolo Luna, reivindica "una acción inmediata", antes de que ocurra "alguna desgracia que vayamos a lamentar".
Portando un documento con decenas de fotos, explica las averías casa por casa. Las reparaciones más urgentes deberían dirigirse, según el portavoz vecinal, a tres viviendas: la de Molina, en la calle Nochebuena, y otras dos cercanas. "Se nos cae a trozos el techo. Las puertas se estropearon. No pego ojo pensando en cambiar los cubos de las goteras, en si pasará algo. Aquí no se puede vivir", se enfada el marido de Carmen, Luis A., de 55 años. El matrimonio lleva 30 en el domicilio de mínimas proporciones donde, en ocasiones, se juntan 16 familiares. "Las construcciones son de tiempos de Franco y nunca se han reformado", remacha muy serio.
Un técnico del Ayuntamiento las visitó hace un par de semanas. El PP municipal asegura que se está elaborando el preciso informe pero que, en ningún caso, la asistencia es "muy urgente". Reconocen, eso sí, un "problema importante de filtraciones" en "al menos tres viviendas", pero culpan al PSOE de Huelva de "usar a las familias" como arma política contra el Ayuntamiento. "No somos una chistera de donde sale dinero. Hay prioridades", sentencian desde la Gerencia de Urbanismo.
El partido socialista de Huelva, es cierto, no se muestra ajeno a la polémica y carga contra la "desastrosa gestión" del Ayuntamiento, con más de 300 millones de euros de deuda, y "con demasiadas goteras" a tapar en los presupuestos de 2011. El PSOE culpa al PP de no tener "ni un euro" para temas tan imprescindibles como este. Elena Tobar, portavoz municipal socialista, sostiene que son "cientos de personas" las que "malviven", mientras el alcalde "mira hacia otro lado". Tobar, que ha visitado el barrio varias veces, le reprocha el "lamentable" estado de conservación de las infraestructuras, "incluso algunas de ellas cercanas a un estado ruinoso, con el correspondiente peligro que supone para los habitantes". Por ello ha presentado varias mociones, la última, del 13 de diciembre, en la que insta al equipo de gobierno a emprender "de forma urgente" la rehabilitación integral de todas las viviendas.
La situación, opina el PSOE, contrasta con el programa de rehabilitación de la Junta de Andalucía en las viviendas del mismo barrio con titularidad autonómica y que sigue en marcha.
En la entrada de la casa de Carmen Molina, una foto gigante en la pared muestra la numerosa familia. Por encima de la imagen se apoyan numerosos cables que, según la mujer, han "sacado de la pared" para "evitar problemas" con el agua. Hipólito Molina, de 12 años, es uno de los nietos de Carmen y Luis. "Yo no me acerco a la cocina porque me dan calambrazos", salta encogiéndose de hombros y un tanto confuso. El abuelo señala al suelo y presume de haberlo arreglado él mismo, con su "propio dinerito". "Pero las cosas no son así", se indigna.
* El País - 27.12.10
Foto: Huelva, aérea - cacela-hispania
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Infraestructuras ha vuelto a dejar sin ejecutar prácticamente la mitad de los proyectos previstos en el programa de Infraestructuras del Transporte de los presupuestos de 2010. En las cuentas del año pasado se quedaron 21 actuaciones sin realizar. Todo son inversiones previstas para líneas de ferrocarril, estaciones o vías ciclistas, que se incluyen en esta área de la conselleria de la que es responsable el director general de Transportes, Vicente Dómine. Así lo admite el departamento que dirige Mario Flores en las respuestas a la batería de preguntas presentada por el diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras en las Corts, Francesc Signes. Los ferrocarriles valencianos iban a recibir una inyección inversora de 44,7 millones de euros en 2010. Se trataba de 66 proyectos que, en algunos casos, se trata de actuaciones modestas en presupuesto aunque importantes para las localidades en las que se ejecutan. Pero 32 de ellas han vuelto a quedarse en la cuneta. En algunos casos la conselleria se escuda en que «ya tiene el proyecto», aunque no explica las razones de por qué no inicia las obras.
Algunas de las actuaciones retrasadas «sine die» son de calado y se retrasan desde 2007, como la línea 8 del Metrosud o tranvía de l´Horta Sud, que aparece todos los años en los presupuestos pero que no termina de arrancar. Aunque también se retrasan actuaciones en marcha como la estación de Hermanos Maristas, en la Línea 2 de Metrovalencia desde la calle Alicante hasta Natzaret, en la que estaba previsto realizar una inversión de casi 3 millones de euros pero hasta el 8 de noviembre (fecha en la que se elaboraron las respuestas) «no se han invertido cantidades en la actuación objeto de la pregunta», admite la conselleria.
De los 44,7 millones previstos se han invertido 31,9 millones pero, como sucede en años anteriores, el pago de obras ya finalizadas constituye una rémora para las cuentas de infraestructuras. En 2010 se ha tenido que afrontar el abono de 2,8 millones de euros de la conexión de la Línea 5 con el tranvía de la costa (otros 2,6 millones de las obras de la línea 5 Puerto-Aeropuerto también debían pagarse en 2010 pero a 8 de noviembre no se habían abonado porque según la conselleria, se había producido una «retención de crédito». Otros 14,4 millones (la partida más elevada de todas las previstas ) también se destinaron a la plataforma reservada de Castelló, el tramo UJI-Paseo Ribalta, también inaugurado en 2008.
De las obras en construcción, la Línea 5 del Aeropuerto de Manises a Riba-roja es la que más inversión ha recibido, aunque no se ha ejecutado al cien por cien. De los 3,5 millones de euros distribuidos en tres partidas la dirección general de Ferrocarriles había ejecutado 3,2 millones. La línea está previsto inaugurarla a finales de 2011 o principios de 2012.
«Estas son las credenciales de Camps tras la llegada del AVE»
«El presidente de la Generalitat ha dejado de ejecutar 32 actuaciones de transportes del presupuesto de este año», lamenta el portavoz de infraestructuras del PSPV en las Corts, Francesc Signes. Pero, además, recuerda que las cuentas para el próximo año tampoco son nada halagüeñas. «En los presupuestos de 2011, el Consell de Camps ha hecho desaparecer 31 proyectos de ferrocarril de los presupuestos del próximo año en el cual la provincia de Alicante recibirá cero euros para infraestructuras de transporte, Valencia 35 y Castelló 4,6 millones. Medio millón menos de lo que costarán al Consell los sobrecostes del aeropuerto de Castelló», critica el portavoz socialista de Infraestructuras.
Unas cifras que para Signes «no constituyen unas buenas credenciales de Camps tras la llegada del AVE a Valencia el pasado 18 de diciembre y que vienen a retratar la importancia que le da a las infraestructuras de transporte de nuestra comunidad, aunque eso sí, esta vez Camps se ha podido hacer la foto que no pudo hacerse en la campaña electoral de 2003, cuando apareció en las vallas electorales con el AVE Madrid-Sevilla detrás de su cara. Esta vez el AVE es real y ha sido ejecutado por el Gobierno socialista». «Un año el de 2003 —asegura Signes— negro para las infraestructuras de nuestra comunidad ya que fue cuando Aznar rechazó el corredor mediterráneo por cuestiones puramente políticas tal como ya sabíamos pero que ahora se ha encargado de recordar el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea».
* Levante - 27.12.10
Foto: Valencia, infraestructuras trenes abandonadas - rtve
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CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : Hace unos días, este periódico recogía unas declaraciones del fiscal especializado en materia de urbanismo en las que mostraba su perplejidad ante los "continuos cambios en la legislación urbanística", dado que ello "dificulta su trabajo diario", poniendo como ejemplo el caso del municipio lucense de Barreiros, en el que la Xunta está equipando una urbanización declarada ilegal. A ello añadía la paradoja que se produce en ocasiones en el ámbito urbanístico, en el que "desde el punto de vista penal se siguen unas actuaciones y desde el punto de vista político esa ilegalidad que la fiscalía persigue no se traduce en la demolición de la obra". Ante estas declaraciones conviene efectuar una serie de matizaciones. Ciertamente, es razonable que la fiscalía muestre su preocupación por los continuos cambios en la normativa urbanística, en la medida en que los delitos urbanísticos presuponen la realización de "obras no autorizables en el suelo no urbanizable" de conformidad con la normativa administrativa en materia de urbanismo; pero esta preocupación solo tiene sentido si va referida al momento presente y al futuro, y siempre que se aclare que el motivo de la preocupación reside exclusivamente en tener que estudiar a cada paso una nueva normativa para saber si existe delito o no.
Sin embargo, la preocupación carece de fundamento si nos referimos al pasado, es decir, a actuaciones penales que (como sucedió en el caso de Barreiros) la fiscalía emprendió en su día, por considerar que se habían concedido licencias para la construcción de edificaciones que infringían la normativa entonces vigente, al tratarse de suelo no urbanizable. En efecto, los evidentes indicios de delito de prevaricación urbanística, que llevaron acertadamente a la fiscalía provincial de Lugo a presentar una denuncia penal, permanecen inalterados, sin que en modo alguno se puedan ver afectados por la posterior decisión de la Xunta de legalizar la situación de Barreiros, a través de un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación provincial.
Resulta muy claro, a mi juicio, que no tienen efecto retroactivo favorable las modificaciones de los planeamientos urbanísticos que conviertan en urbanizables terrenos en los que se había realizado una construcción delictiva, con arreglo a la normativa a la sazón vigente. Es cierto que hay que admitir siempre la aplicación retroactiva de la norma penal favorable al delincuente, pero esa retroactividad no tiene por qué aceptarse cuando se trata de normas extrapenales (en este caso, administrativas) a las que se remiten los delitos. En este caso el criterio que debe regir es el de determinar si la modificación en la normativa administrativa supone, o no, un cambio en la valoración de la conducta antes considerada delictiva que afecte a la esencia o al sustrato del delito (cambio que se produjo, por ejemplo, en el delito de insumisión al modificarse la normativa reguladora del servicio militar). Pues bien, parece claro que en las modificaciones de los planeamientos urbanísticos tiene lugar una mera variación del objeto material del delito (la calificación del suelo), producida tras su consumación, que no puede subsanar la lesión al bien jurídico de la ordenación del territorio ni alterar la valoración social del delito de construcción ilegal ya cometido (así, construir en zona verde seguirá lesionando siempre el bien jurídico, con independencia de que posteriormente la zona verde se convierta en edificable). De lo contrario, se llegaría, además, a la inadmisible conclusión de que quedaría en manos de las autoridades administrativas (fundamentalmente, las municipales) la eliminación de delitos previamente cometidos, vaciándose así de contenido, en la práctica, los delitos contra la ordenación del territorio.
Por idéntica razón, hay que rechazar que un cambio en la normativa administrativa pueda servir para eliminar retroactivamente la sanción penal por un delito de desobediencia a una orden de demolición, puesto que conviene recordar que, cuando no se ejecuta una orden de demolición de una obra ilegal dictada por la autoridad judicial, se comete indudablemente un delito del artículo 410 del Código penal. De ahí que lo único que debe preocupar a la fiscalía (y a todos los ciudadanos) en este punto es que muchos de quienes tienen encomendada la misión de perseguir y enjuiciar delitos no se hayan enterado todavía de que el citado delito de desobediencia existe de antiguo en nuestro Código.
* El País - Opinión - 27.12.10
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