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CANARIASAHORA* : El ex alcalde de Arona, Miguel Delgado (CC), otorgó por decreto en junio de 2003 una licencia urbanística al ex director ejecutivo de Servicios Territoriales del Ayuntamiento de Santa Cruz, Juan José Bértolo Cárdenas, que actuaba en representación de Urbanizaciones Mencey SL. Bértolo Cárdenas solicitó una licencia de reforma de un proyecto de construcción de 56 viviendas, locales comerciales, garajes y trasteros, en la parcela 15-4 de la urbanización Palm-Mar, ubicada en la ladera del Monumento Natural Montaña de Guaza, en el municipio de Arona.
Esta zona es la que el Ayuntamiento de Arona pretende ahora recalificar a urbana mediante la modificación de las normas de conservación de la Monumento Natural Montaña de Guaza.
El promotor, Juan José Bértolo, ha estado ligado al ex concejal de Arona Félix Sierra e incluso disponía de un despacho en el Ayuntamiento. Posteriormente, fichó por el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde fue designado por Miguel Zerolo como director ejecutivo de Servicios Territoriales, con un salario de 75.025,36 euros anuales. La retribución de Bértolo fue la tercera más alta en la pasada legislatura tras el gerente de Urbanismo, José Tomás Martín González (90.040,40 euros anuales) y el alcalde (78.014,97 euros).
De hecho, Juan José Bértolo participó, en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz, en la sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), de 29 de diciembre de 2004, donde se aprobaron definitivamente las normas de conservación del Monumento Natural de Ajuí, en Pájara, del Monumento Natural de Montaña Cardón, también en Pájara, y del Monumento Natural de Los Riscos de Tirajana.
Y Las Teresitas
En la misma sesión se analizaron las modificaciones puntuales P.G.O.U-92 de Santa Cruz para la rehabilitación de suelo y viabilizar la ejecución de actuaciones de viviendas protegidas a incluir en el Plan de Viviendas de Canarias 2002-2005. No obstante, en esa aprobación, se incluían las siguientes condiciones en el punto 2.5 Las Teresitas LA-6:
a) En clase de suelo, hay que incluir “Rústico” para el P.1.
b) El Suelo de Polígono 3 (Frente Playa) es Urbano No Consolidado de Renovación, conforme se concluyó en la Modificación aprobada recientemente.
c) La ordenación pormenorizada de los Polígonos 3 y 5 debe acomodarse a la Modificación aprobada.
Licencia anulada por el Juzgado
Se da la circunstancia que a raíz de una denuncia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife revocó la concesión de una licencia urbanística en la parcela 15-3 de Palm-Mar. Sin embargo, no se denunció la urbanización de la parcela 15-4, la de Bértolo Cárdenas, en la misma zona.
En la sentencia, de 22 de enero de 2007, se revoca la licencia “al encontrarse dentro de los límites del parque natural y en la zona de las laderas, en donde no habiéndose producido la adecuada adaptación al PIOT del PGOU del municipio ni de las normas de la Montaña de Guaza se concluye que el uso residencial es incompatible y por lo tanto se debe revocar la licencia concedida en su día por el Ayuntamiento de Arona, por lo que se debe declarar que el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho”. El promotor de la licencia en la parcela 15-3, Ignacio Pardo, es cuñado de la concejala del PP en Santa Cruz, Maribel Oñate.
Aprobado por la COTMAC
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) no puso condicionantes a la urbanización promovida por Juan José Bértolo en el límite de la Monumento Natural Montaña de Guaza, zona considerada Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1 en el Plan Insular de Ordenación del Territorio, por lo que pasó en el trámite de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. El viceconsejero de Ordenación del territorio, Miguel Ángel Pulido, ha declarado que el Plan Parcial El Varadero en El Rosario es ‘ilegal’, entre otras cuestiones por promoverse en un Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1, y ha advertido que se revisará en la próxima sesión de la COTMAC.
En el informe que finalmente emitió el Cabildo de Tenerife, firmado por la Jefa de Servicio del Área de Planificación y Cooperación, Luz Reverón González, tampoco se hizo mención a que la urbanización aprobada por el Ayuntamiento es contraria al PIOT. Luz Reverón González fue la segunda en la lista de Zerolo a la alcaldía de Santa Cruz en las pasadas elecciones y ahora ocupa la concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento. Por su parte, Miguel Delgado abandonó la alcaldía de Arona en las elecciones de 2003 y en la pasada legislatura ocupó el cargo de consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife.
La fiscalía ha llamado a declarar a todo el equipo de gobierno de Arona de la legislatura 2003-2007 tras una denuncia presentada por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio. Fuentes de la acusación han informado a este diario que la investigación se va a extender al período 1999-2003, cuando Miguel Delgado ocupaba la alcaldía y Félix Sierra era concejal de Urbanismo, y a las cien licencias de primera ocupación que el actual alcalde, José Alberto González Reverón, ha anunciado que va a conceder pese a tener informes jurídicos contrarios.
* Canarias Ahora - RAMÓN PÉREZ ALMODÓVAR. Santa Cruz de Tenerife - 26/09/2007
Foto: Arona (Tenerife), monumento Natural Montaña de Guaza - arona.org
Un ex alto cargo promueve una urbanización en un monumento natural de Tenerife
La Fiscalía dice que `Malaya´ sigue abierta y anuncia más detenciones
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El auto que procesó finalmente a 86 implicados en el `caso Malaya no ha supuesto el punto y final de la investigación de la trama urbanística destapada en Marbella. Pese a que la policía dio por cerrado el caso a mediados de julio, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron que las pesquisas se mantiene aún abiertas, puesto que "quedan muchos datos" por recabar, incluso no se descartan nuevas detenciones.
Buena muestra de que la investigación no ha concluido fue el auto dictado la pasada semana por el nuevo instructor del procedimiento, el juez Óscar Pérez, en el que se advierte de una nueva línea de investigación declarada secreta con más imputados. Pese a que se ha iniciado una pieza separada para esclarecer los nuevos hechos delictivos, su tronco común es `Malaya´.
Al margen de las pesquisas, la instrucción continúa, incluso se intensifica desde el punto de vista judicial, con la práctica de nuevas diligencias, ya sean propuestas por el Ministerio Fiscal o las defensas. Además, está previsto que comience lo que se conoce como declaración indagatoria, que consiste en la comparecencia de los 86 procesados, que deberán afirmar o negar los hechos que se les imputan. Pero en ningún caso se trata de segundas declaraciones ante el magistrado, sino sólo un trámite para concretar su implicación en la trama urbanística.
Los bienes de Roca.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el juez aún no ha podido tasar el enorme patrimonio presuntamente ilícito del ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. El propio juez Miguel Ángel Torres, que instruyó la trama, destacó que es "ilusorio" pensar que se han intervenido todos sus bienes. Por el momento, la investigación lo tasa en más de 120 millones de euros, cantidad que el mismo Roca aseguró que debía al Estado. Además, el juez consideró que recibió más de 40 millones de euros en concepto de sobornos.
En cuanto al déficit causado en el Ayuntamiento de Marbella por los presuntos cohechos en la gestión urbanística, el caso no ha cuantificado dichas pérdidas o el desfalco en las arcas municipales, ya que sólo se ha investigado la última legislatura del GIL (2003-06), pero el juez estimó que Marbella podría haber perdido hasta 55 millones de euros por los negocios de Roca.
Por otro lado, fuentes de la Fiscalía indicaron que las piezas separadas de `Malaya´, como la trama de las grúas municipales o las presuntas actividades de blanqueo del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la tonadillera Isabel Pantoja, serán instruidas también por el juez Óscar Pérez, que aún no ha cerrado ningún caso.
* La Opinión de Málaga - J.A. Sau / R. Rivera - 25 de septiembre de 2007
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Segunda demolición por delito urbanístico en Madrid
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Juzgado de Ejecuciones Penales de Madrid ha ordenado la demolición de un edificio construido en suelo protegido incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo. La construcción fue denunciada inicialmente por los agentes forestales y en la causa se personó como acusación particular la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción. Se trata de la segunda demolición por delito urbanístico que se produce en la Comunidad de Madrid.
De nuevo, el Juzgado de lo Penal 12 de Madrid, ha hecho comparecer al responsable de una construcción ilegal en zona de máxima protección dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo, para instarle a que efectúe antes del doce de octubre de este año, la demolición, que deberá ser costeada por el infractor, de la edificación.
La persona condenada, el arquitecto Ricardo Carretié Barcaiztegui, fue requerido para que se personara en el Juzgado antes del verano. Sin embargo al eludir su presencia tuvo que ser requerido por la policía para que se presentara en septiembre de forma inexcusable.
La edificación ilegal de 200 metros cuadrados, se llevó adelante en el mes de enero de 1999, en la finca “El Guindo”, P.K. 13 margen izquierdo, carretera M-618, término municipal de Colmenar Viejo, parcela 35 A del Polígono 23. Esta construcción se levanta en Zona A1, de máxima protección, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El titular es la Sociedad Anónima Montenebro, cuyo administrador único es el arquitecto anteriormente mencionado.
La Sentencia, además de multa y demolición, condena al infractor a su inhabilitación especial para profesión y oficio ligada a las actividades de construcción durante un año, así como a condena de prisión de un año y medio.
El procedimiento Penal se inició por denuncia de los Agentes Forestales de la Comarca de Colmenar Viejo, en enero de 1999, habiendo advertido al hoy penado, cuando empezó la construcción, en otoño de 1998, que la misma suponía una infracción que podía ser constitutiva del delito de ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal). A pesar de ello y de las ordenes de paralización, siguió adelante, rompiendo los precintos que le fueron colocados, en tres ocasiones.
Hay que manifestar que el Juez de lo Penal 24, hizo referencias en la Sentencia, del buen hacer de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en el procedimiento penal, tanto en la instrucción del mismo, como en el juicio oral.
La Asociación para al Defensa del Valle del Lozoya y de la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción, ejerció la Acusación Particular, considera imprescindible que las órdenes de demolición se ejecuten para evitar la sensación de impunidad que actualmente existe entre las personas que construyen ilegalmente.
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid, 27 de septiembre
Foto: Pedriza_Cuenca_Alta_Manzanares - Pablo A. Salguero Quiles (enciclopedia.us.es)
Los juzgados de Cádiz han ordenado más de 20 demoliciones este año
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ELPAÍS* : La fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz quiere evitar el efecto llamada provocado por la sensación de impunidad de quienes incurren en delitos urbanísticos. Por eso, desde finales de primavera, la Audiencia de Cádiz dicta por norma sentencias de demolición en los casos de construcciones ilegales. Desde que se adoptó este acuerdo el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ha actuado en una veintena de casos que han acabado con una orden de demolición.
Se trata, en su mayoría, de juicios contra particulares que han levantado casas ilegales en Chiclana o Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras. "El criterio general de la Audiencia está siendo el de ordenar la demolición. Y esto se está trasladando hasta el punto de que ya hemos tenido bastantes sentencias de los juzgados de lo penal en los que se acuerda por conformidad. Los condenados aceptan una rebaja de su pena pero tienen que aceptar también la demolición", explica el fiscal.
Con todo, las primeras demoliciones fruto de este criterio aún están por llegar, ya que los juzgados otorgan un plazo para que el condenado ejecute la sentencia. Núñez estima que en los próximos meses se podrán ver ya los primeros resultados: "Hasta ahora, cuando los casos iban por vía administrativa, se iniciaban recursos que pasaban por las diferentes instancias y el proceso era muy largo. En el caso de los procesos penales, una vez que la sentencia es firme no cabe ulterior recurso". Si se supera el plazo otorgado por la justicia, la fiscalía pediría que se llevara a cabo la demolición de forma subsidiaria.
Además de la mayor contundencia judicial, el fiscal reconoce que el incremento de agentes policiales dedicados al control urbanístico ha permitido una respuesta más eficaz. La intensidad del trabajo de la fiscalía se ha incrementado, y Núñez calcula que este año se superaran con creces las 77 diligencias abiertas en materia urbanística en Cádiz en 2006.
Donde no hay avances es en la actuación de los Ayuntamientos. "Subsiste la misma situación, la falta de ejercicio por parte de los Ayuntamientos, que no cumplen sus funciones sancionadora y de restablecimiento de la legalidad", lamenta el fiscal. Núñez, además, tiene que enfrentarse cada vez a "maquinaciones delictivas" más complejas, como la falsificación de documentos para cambiar la fecha de construcción de un edificio y que el delito prescriba.
Cárcel y multa en Córdoba
Por otra parte, la fiscalía de la Audiencia de Córdoba pide dos años de prisión para el dueño de una casa ilegal del entorno protegido de Medina Azahara. Esa zona está catalogada como Bien de Interés Cultural y, según la calificación provisional del fiscal, el acusado se construyó una piscina y amplió la casa sin tener los permisos oportunos. Además, el ministerio público solicita la demolición de lo levantado ilegalmente y el pago de una multa de 3.240 euros.
Las obras se acometieron en la urbanización Las Pitas, donde, según el último censo elaborado por la Junta de Andalucía, hay más de 150 viviendas ilegales, informa Manuel Planelles.
* ELPAIS.com - L. PALOMA - Cádiz - 26/09/2007
Foto: Cádiz - E.Ruíz (ELPAIS.com)
Montjuïc: la acrópolis parcelada
JOSEP MARIA MONTANER* : El Plan de Usos de Montjuïc, presentado por el Ayuntamiento de Barcelona en julio de 2006, pendiente del proceso participativo antes de su aprobación inicial, no va más allá de poner orden al estado de la cuestión, legitimando la evolución seguida en las últimas décadas como lugar de ocio, consumo y turismo, y como reserva para ir construyendo, y no afronta las tres mayores dificultades: la excesiva subdivisión y privatización, su problemática accesibilidad y relación con los barrios colindantes, y la amenaza a parte de su memoria y a sus valores medioambientales.
Montjuïc, durante siglos reserva de vestigios geológicos y arqueológicos, enclave de bosques espontáneos, lugar de control militar, cantera para alimentar la construcción, plataforma de campos de cultivo, a principios del siglo XX se convirtió en la alternativa para crear símbolos, levantar pabellones y experimentar una renovación pedagógica. La exposición de Industrias Eléctricas, pensada para 1917 y finalmente realizada en 1929, y los jardines escalonados proyectados por Jean-Claude-Nicolás Forestier y Nicolau Maria Rubió i Tudurí, poseían una idea unitaria de ciudad noucentista: un sistema de paseos y plataformas, relacionados por escaleras y ejes de agua, que aportaba las reservas de verde, museos e hitos necesarios para la naciente metrópoli del siglo XX.
A partir de la dictadura y del porciolismo se inició su uso intensivo, como trastero para ir urbanizando, explotado como parque para ferias, atracciones y un Poble Espanyol como recinto cerrado. El proyecto de Josep Lluís Sert para la Fundación Joan Miró, que se situó sobre un alto muro de contención que destrozaba la continuidad de los jardines Laribal de Forestier y de Rubió i Tudurí, favoreció la tendencia a la fragmentación. Y el proceso se agudizó con los Juegos Olímpicos y la barrera de la plataforma del Anillo Olímpico y su torre de telecomunicaciones no operativa.
La última operación que desvirtúa el carácter público de Montjuïc es el hotel de lujo en Miramar, inaugurado estratégicamente tras las elecciones municipales. Esta apropiación exclusivista y elitista del espacio legitima la privatización de uno de los enclaves más privilegiados por su situación y sus vistas sobre el puerto, y mutila aún más el sentido popular de la montaña.
Si Montjuïc es un buen muestrario de plantas, árboles y pájaros, desde los cactus de los jardines Mossèn Costa i Llobera hasta la flora mediterránea del Jardín Botánico, pasando por la colonia de cernícalos en el Morrot, está tan subdividido que también lo es de todo tipo de vallas, muros, cercas, jardineras que obstaculizan el paso, separaciones, divisiones y fronteras.
El segundo problema no resuelto es la inadecuada accesibilidad, a favor del recorrido de vehículos privados y autobuses turísticos, y falta de una buena infraestructura de transporte público, de la cual la principal insuficiencia es el endémico retraso de la línea de metro que uniría el centro histórico con el MNAC, haciéndolo menos inaccesible. Ello viene agravado por el uso abusivo e inaceptable que muchas ferias hacen de la avenida de Maria Cristina cerrándola al público. No sólo provocan la disminución de visitantes al MNAC, al pabellón de Mies o al Caixafòrum, sino que taponan el más importante acceso peatonal y simbólico a Montjuïc.
Al mismo tiempo, sigue siendo prácticamente inexistente la conexión peatonal con los barrios colindantes. Falta un plan de movilidad integral que, además de potenciar las rutas turísticas rodadas, tenga en cuenta los recorridos desde los barrios cercanos. Esto queda patente en las dificultades de accesibilidad desde Poble Sec o desde otros núcleos urbanos que quedan separados de Montjuïc por fuertes desniveles y por áreas abandonadas y peligrosas. El nuevo plan de usos no enriquece la calidad de vida y de equipamientos cotidianos de los barrios cercanos: Can Clos, el Polvorí, Font de la Guatlla, la Satalia y Poble Sec.
Y esto enlaza con la tercera cuestión: la amenaza a las pervivencias biológicas y patrimoniales de una montaña que, tal como se sostiene en el número 101 (2007) de La Veu del Carrer, de la FAVB, debería ser reserva biológica y geológica, y en realidad está sometida a movimientos de tierra y mal mantenida, y acumula basura; una parte de los caminos históricos utilizados por los vecinos han ido siendo recortados, deshechos o borrados, y lugares de alto valor medioambiental, como los acantilados del Morrot, la laguna de la Foixarda y los alrededores del castillo, siguen en peligro.
El plan de usos deja constancia de algunos de los grandes logros conseguidos, como el Jardín Botánico y el nuevo teleférico, y propone una serie de actuaciones poco justificadas, como definir más fachadas y accesos a la montaña, o reforzar un nuevo paseo F, además del ya existente paseo K y del que está en obras, el Camí del Cim, que va de los jardines de Miramar, pasando por los jardines Joan Brossa, el Mirador del Alcalde, las murallas del castillo y el Jardín Botánico hasta el Mirador del Migdia y la calle del Foc.
No parece, por tanto, que haya voluntad de resolver ninguna de las tres tendencias negativas que dominan la montaña: aumenta el impacto de la fragmentación ocasionada por más construcciones y plazas de aparcamiento en superficie; se mantienen las dificultades de relación y accesibilidad con el centro y con los vecindarios cercanos, y la protección de los espacios de interés natural prioritario, en especial el Morrot (desde su base, La Riviere), el Camí de l'Esparver y el Turó del Port, sigue siendo insuficiente. En definitiva, un parque que debería ser más integral, accesible y público es cada vez más una urbanización parcelada y acumula más impactos de edificios y actividades.
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
* ELPAIS.com - Tribuna - 27/09/2007
